Waldo Mendoza Bellido
Profesor del Departamento de Economía de la PUCP
Parece que las gestiones del presidente García pasarán a la historia por mutilar las funciones básicas que debe cumplir el Estado. En su primera administración, redujo a la mitad la presión tributaria, dejando al gobierno sin los recursos para financiar sus actividades fundamentales. En su gestión actual, con la creación de un conjunto de instituciones paralelas, está recortando las tareas propias de un Estado moderno.
La amputación de las funciones estatales en el periodo 1985-1990 se dio con la inédita reducción de la presión tributaria. Al finalizar el gobierno del presidente Belaunde, en el primer semestre de 1985, la presión tributaria era de 15 por ciento del PBI y permitía financiar el gasto público, que alcanzó el 15 por ciento del PBI.
Para principios de 1990, la presión tributaria había caído exactamente a la mitad del nivel heredado. La reducción de tasas impositivas -como la del IGV, de 10 a 5 por ciento, del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, que se recortó en alrededor de 10 puntos porcentuales, y la recaudación del ISC a los combustibles, que prácticamente desapareció, debido al congelamiento del precio de los combustibles-, la incompetencia en el cobro de tributos y la hiperinflación, cumplieron con la tarea sucia de liquidar la recaudación.
Esa presión tributaria no alcanzaba para financiar el gasto público necesario para que el Estado cumpla con sus funciones mínimas. Según las cifras oficiales, a pesar que el BCRP financiaba los requerimientos del gobierno a través de la emisión, el gasto público en ese periodo, como porcentaje del PBI, fue el más bajo de la historia contemporánea. El sueño liberal de un estado pequeño se había alcanzado, aunque por una vía vedada.
A pesar del tiempo transcurrido, parece que el segundo gobierno del presidente García no será muy distinto al primero, en lo que se refiere al cumplimiento de las tareas esenciales de un Estado moderno.
En el año 2006, así como antes, en 1985, el presidente García heredó una economía con finanzas públicas saneadas. Coincidentemente, la presión tributaria que recibió en el 2006, era la misma que heredó 22 años atrás: 15 por ciento del PBI.
La política y la administración tributaria actual son distintas al del periodo 1985-1990. Con la excepción de la absurda propuesta de bajar el IR a las empresas que reinviertan parte de sus utilidades, justo ahora que estamos en pleno auge económico y en medio de un boom de inversión privada, tanto el MEF como la SUNAT tienen ahora la convicción y los instrumentos para impedir la reducción de la presión tributaria; y con un BCRP independiente, la inflación alta es ahora una imposibilidad práctica. En consecuencia, la opción de limitar las funciones del Estado a través de la evaporación de los tributos no es mas una amenaza.
Está germinando, sin embargo, un camino más sutil, peligroso, de recortar las funciones del Estado. Este método, tan dañino como el anterior, consiste en reemplazar progresivamente a las instituciones formales del estado por otras nuevas, o por “zares”, cuando lo que corresponde es fortalecer las instituciones existentes.
Los ejemplos sobran y para muestra van algunos. Se detecta un problema de crecimiento económico con inadecuada redistribución de ingresos y se crea el Pacto Social. Para enfrentar a los daños del terremoto del Sur del Perú, se implementa el FORSUR, que está actualmente en emergencia. Debido a la incapacidad para realizar una sencilla operación de compra de patrulleros, el Ministerio del Interior solicita el auxilio de la Oficina de Apoyo de Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS). Para combatir, según el gobierno, la corrupción, con opinión en contra de la Contraloría General de la República y el Poder Judicial, se crea una Oficina Nacional Anticorrupción a cargo de una “zarina” anticorrupción.
Si esta ola de creación de instituciones paralelas continúa, a este ritmo, como respuesta a cada problema, real o imaginario, podríamos llegar a extremos inverosímiles. Por ejemplo, frente a la inflación desbordándose de la franja estipulada por el BCRP, podría pasar que se nombre a un “zar” antiinflación que reemplace o apoye al actual presidente del BCRP en encauzar la inflación hacia el rango meta.
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