Escribe Juan Francisco Rojas
Parece que finalmente el consenso se ha logrado, tanto la Ministra de Transportes como el Presidente del Osiptel han señalado que la regulación en telecomunicaciones en el Perú no ha caminado adecuadamente. En efecto, hoy se ha puesto en evidencia que las instituciones encargadas de esa labor, no han sabido actuar a la altura de las circunstancias y tampoco han podido dar cumplimento al mandato constitucional de proteger el interés de consumidores y usuarios.
La regulación es imprescindible en los mercados en los cuales la libertad de elección de los consumidores no existe. En ese escenario, la regulación es el único instrumento de defensa de los consumidores frente a las prácticas comerciales abusivas. Si la regulación no es efectiva, el resultado es la consolidación del abuso y el grave costo social que conlleva la pérdida de credibilidad en el sistema.
Atrás quedaron las predicas de “tecnicismo” para encubrir posiciones ideológicas y las extrañas teorías aquellas en virtud de las cuales la competencia - inexistente en los mercados regulados- sería la solución a cualquier comportamiento empresarial ilegal. Los que con este discurso hicieron de los reguladores organismos intocables e insensibles a la necesidad del país, son responsables de la situación de descrédito que éstos viven hoy.
¿Qué debiéramos tener a la vista en el proceso de reforma? Primero, recomponer el sentido común y asumir que la regulación cumple el papel de gestor del equilibrio inexistente entre los consumidores y la empresa. La razón de ser de la regulación descansa en la necesidad de generar condiciones de protección al consumidor frente al poder que significa un monopolio. Este es el mandato constitucional.
Segundo, revisar todos los mecanismos de designación de funcionarios, desde los cuadros políticos hasta los cuadros de línea y administración. Está claro que la influencia de la Escuela de Chicago en los reguladores no ha sido satisfactoria para un país modesto como el Perú. Adicionalmente, sería importante ubicar los casos comprobados de “captura” de funcionarios del regulador y aprender de la experiencia. De la misma forma, es necesario que los representantes de consumidores y usuarios tengan una participación prioritaria en la definición de las políticas del regulador.
Tercero, sería conveniente terminar con participación en temas importantes de profesionales que ejercen la actividad privada y que asumen la función pública sólo por tiempo parcial, como en un directorio empresarial. Este esquema se presta a malas influencias y no asegura la independencia de criterio de los convocados. La regulación es una labor estatal y debe ser asumida por profesionales a tiempo completo y dedicación exclusiva.
Cuarto, las normas de regulación deben ser modificadas para establecer sanciones claras, procedimientos expeditivos, respeto a los derechos de los investigados, labor de instrucción de los órganos de investigación, e información transparente. El procedimiento administrativo es un proceso de tensión permanente pues debe expresar adecuadamente el discurrir del interés público y, a la vez, cautelar los intereses privados.
Finalmente, esta es una oportunidad que se abre a costa del sacrificio de los consumidores que durante más de diez años han padecido de la inoperancia y pasividad de los organismos de regulación. Es importante entonces, darles un espacio en la definición del nuevo marco legal. El Congreso tiene la palabra.
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