Escribe José de Echave
Esta semana, en escenarios distintos, se han debatido aspectos claves relacionados con la minería. Por un lado, la Convención Minera de Arequipa que convocó a las principales empresas y autoridades del sector. Por otro lado, el conflicto en la sierra de Piura, que también ocupó la atención de los medios y provocó una visita apurada del primer ministro que buscaba desactivar la consulta anunciada. Estos escenarios reflejan las brechas que existen en la minería en el Perú.
¿El crecimiento minero se detiene?
En los pasados quince años la minería peruana ha estado en el mayor ciclo expansivo de los últimos sesenta años. En la década del 90 el crecimiento del producto minero alcanzó un promedio anual de 8.6% y en los primeros seis años de la presente década llegó a 7.6%. Las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual 2008-2010 del MEF, señalan que el sector minería e hidrocarburos crecerá 6.4% el 2008, 7% el 2009 y 12% en el 2010.
El proyecto es que la expansión siga y para los próximos cinco años se anuncian más de 11 mil millones de dólares en inversiones. Para lograr la meta, la idea fuerza del gobierno y las empresas es blindar el marco legal, esperando que los recursos vía canon, aportes voluntarios y regalías, ayudarán a generar la aceptación de las poblaciones locales. Por lo tanto, la consigna parece ser no mover nada y olvidarse de cualquier reforma.
Sin embargo, todo indica que algo viene fallando. El crecimiento minero comienza a mostrar síntomas de agotamiento: el año pasado el PBI minero creció apenas 0.5% y en lo que va del año viene cayendo en más de 2 puntos porcentuales, destacando el derrumbe de la producción del oro (-23 %).
La respuesta del gobierno y las empresas es que el estancamiento de la producción se debe a los conflictos y no les falta razón. El problema es que a continuación explican que estos conflictos son en realidad provocados por la acción de organizaciones antimineras, que desinforman y manipulan a las poblaciones. La figura es casi una confrontación entre buenos contra malos; o como ha dicho esta semana el primer ministro, patriotas contra antipatriotas, que no quieren que el Perú se desarrolle. ¿Es así de simple? La realidad parece ser más compleja.
Los verdaderos problemas
Un análisis del Banco Mundial concluye que los conflictos mineros se producen porque: (1) los ingresos generados por la minería no llegan a las comunidades afectadas; (2) se realiza minería en áreas socialmente sensibles; (3) la degradación ambiental es un serio problema; (4) un sistema de regulación inadecuado y una débil capacidad gubernamental que limita la contribución de la minería al desarrollo. Cualquier parecido con nuestra realidad no es coincidencia.
Un primer punto de la agenda pendiente de la minería en el Perú es la gobernabilidad: es necesario recuperar capacidad efectiva de gestión pública. Entre otras dimensiones, creando una autoridad independiente que enfrente el gran reto de la degradación ambiental en el país. Según el Banco Mundial, el costo de la degradación ambiental en el Perú es de 8,200 millones de soles, lo que equivale al 3.9% del PBI. Este mismo organismo acaba de cuestionar aspectos técnicos de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la limitada capacidad del Ministerio de Energía y Minas para revisar, realizar consultas y evaluar estos estudios de manera eficiente.
Otro tema relevante de la agenda minera es cómo promover mecanismos de participación ciudadana que sean al mismo tiempo serios, oportunos e informados. El debate sobre la consulta de Majaz expresa en parte esta frustración de poblaciones que no son adecuadamente informadas y cuyas opiniones no tienen ninguna influencia en la toma de decisiones. Parte de la agenda también está relacionada con el tema laboral y la necesidad de mejorar las condiciones del mayoritario empleo precario que se da en el sector.
EL APORTE FISCAL DE LA MINERIA
El tema de los ingresos fiscales provenientes de la minería debe retomarse con seriedad, más aún en una situación de bonanza de precios. Las sobreganancias obtenidas por las empresas, debido al incremento de las cotizaciones, suman US$ 10,563 millones en el período 2002-2006. En este contexto, entre los distintos impuestos que se recaudan en minería, el que ha mostrado mayor dinamismo es el Impuesto a la Renta, que se aplica sobre las ganancias. La participación del sector en la recaudación total de este impuesto, de apenas 7.7% durante 1998-2001, subió a 22.9% durante el período 2002-2006, alcanzando un 37.0% durante 2005-2006.
Sin embargo, en un reciente estudio realizado por CooperAccion, se destaca que la participación relativa del sector minero en la recaudación total de tributos internos es aún baja: entre 1998-2006, la presión tributaria promedio de la minería (11.1%) estuvo por debajo de la presión tributaria promedio del país para ese mismo período (13.1%). Tres factores explican esta baja participación de la minería en la recaudación de tributos internos: 1) el Impuesto a la Renta no es el más importante dentro de la estructura tributaria del país, 2) una mínima participación en la recaudación del IGV, impuesto que es el de mayor importancia en la estructura tributaria del país; y 3) una política tributaria sectorial muy permisiva.
Se hace necesario abordar estos y otros puntos adicionales, ausentes hoy en día en los mecanismos de la política minera en el Perú. A estas alturas, está claro que el marco legal e institucional que se creó a inicios de la década pasada y que demostró ser sumamente eficaz para captar inversiones muestra síntomas de agotamiento.
Todo indica que será muy difícil revertir esta situación sin abordar cambios en las reglas de juego y sin tener una actitud de mayor apertura y tolerancia en temas cruciales que están a la base de los conflictos. Las empresas y el gobierno deberían ser los primeros interesados en proponer un debate serio que permita abordar estos y otros temas.
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