11 Millones de Abusos

Escribe Juan Francisco Rojas

Ahora que los 11 millones de teléfonos móviles en nuestro mercado se exhiben como indicador de crecimiento, bienestar y prosperidad de los peruanos, resulta difícil aceptar que esa cifra sea expresión del número de consumidores satisfechos con el servicio que reciben de las empresas prestadoras.

Un número importante de peruanos es cliente –en simultáneo- de las dos principales compañías prestadoras del servicio. No se trata de una vocación por la contratación compulsiva del servicio móvil, sino más bien de la expresión de ingenio para enfrentar las significativas diferencias de tarifa que las compañías aplican cuando las llamadas se realizan entre los usuarios de una u otra empresa a la competidora.

Con este método, son muchos los clientes que han logrado reducir su facturación mensual, discriminando llamadas por tipo de operador. Sin embargo, esta práctica no es algo de lo que debiéramos estar orgullosos, sino avergonzados. ¿Cómo se explica que las compañías con posición de dominio puedan desarrollar este tipo de estrategias, sin que ninguna autoridad actúe? ¿No estamos acaso ante una conducta anticompetitiva?

La medición del consumo es un tema clave en materia de telefonía móvil y, en general, de todos los servicios públicos. No son pocas las veces que los usuarios sienten que el período de su tiempo contratado literalmente “se esfuma”. La posibilidad de reclamar es inexistente, y los equipos que se venden no realizan la función de control. En muchos casos, la función sí existe en el equipo, pero las compañías no la programan y mucho menos le dan algún crédito.

Las compañías se limitan a poner a disposición del usuario “información” sobre el nivel progresivo de consumo, la misma que se cuidan de señalar es sólo referencial. En un caso, indican los minutos consumidos y, en otro, el monto de dinero remanente.

¿El regulador tiene algún programa de verificación de la adecuada medición del consumo? ¿Realiza alguna fiscalización? En caso lo hiciera, ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles las sanciones? Cuando el universo de consumidores es muy grande, el error de cómputo – incluso insignificante- es suficiente para procurar una gran ganancia ilícita a las empresas prestadoras.

La publicidad es otra muestra del abuso. Es imposible encontrar disponibles las “ofertas” que se publicitan: teléfonos a un sol; tarifas económicas; modelos con última tecnología a bajos precios; recarga maravillosa. El consumidor que acude por la promoción, termina adquiriendo otro producto, pues el ofrecido no está disponible o las restricciones no comunicadas en la publicidad desnaturalizan la oferta. La autoridad garante de la publicidad auténtica, guarda silencio.

Lo que es más grave: no existe consumidor razonable que pueda comparar cuál servicio es el más conveniente en función al tiempo asignado y al valor de la llamada. La dispersión de la información parece elaborada a propósito para impedirlo. El regulador no hace nada por generar información transparente.

Finalmente, los 11 millones de peruanos han sentido las más intensas muestras de afecto por las compañías prestadoras que colapsaron el día del terremoto. El argumento baladí de éstas: saturación de las líneas.

El sentido común dice que los espacios se van llenando progresivamente, dejando fuera a los que llegan al final. En el Perú, si todos los usuarios deciden usar el teléfono, las compañías no pueden establecer un orden de acceso y el sistema colapsa. Probablemente el sentido común no se aplique en la telefonía móvil.