Actualidad Económica Pobreza como solución Javier Iguíñiz Echeverría. Jefe del dpto de Economía PUCP. ¿Por qué disminuye tan lentamente la pobreza económica? Hay muchas respuestas técnicamente razonables, pero en esta oportunidad proponemos una razón que puede parecer chocante: la pobreza no baja más rápido porque, para muchos, es la solución para lograr objetivos intermedios que se consideran más prioritarios. Algunos ejemplos de argumentación inicial y sencilla, entre muchos, pueden ilustrar a qué nos referimos. 1. Se ha dicho a menudo que la mejor manera de mantener la capacidad competitiva de la economía peruana es manteniendo, y hasta reduciendo, los costos laborales, esto es, principalmente los salarios. Hoy, con los bajos salarios predominantes, eso significa que conviene mantener a los asalariados el mayor tiempo posible en la pobreza. Se diría, pues, que el progreso del país depende de la prolongación de la pobreza. 2. Otra manera de competir es por medio de la formación de cadenas productivas. Felizmente no faltan casos en los que dichas cadenas constituyen medios para difundir tecnología, mejorar la calidad de los productos y recibir cada vez mejores precios. Lamentablemente, para muchos empresarios, particularmente en el lado de la comercialización la solución del problema de la competitividad es el mantenimiento de la pobreza de muchas familias de la ciudad y el campo. Las diferencias entre el precio final de un producto y el pago por unidad que reciben los campesinos o los confeccionistas son enormes. 3. También se esgrime que mantener bajos los salarios reales e incluso bajarlos es conveniente para que las empresas contraten más mano de obra. Así, la solución al problema de la falta de empleo es mantener la pobreza de los que trabajan. El pobre debe ayudar con su pobreza a otros más pobres. En esta mirada cortoplacista, la expansión de la demanda que resulta del mayor poder de compra salarial y los efectos de frenar la expansión del tamaño de mercado interna sobre la inversión y el cambio técnico no es materia de interés ni del Estado ni de los organismos multilaterales. 4. Hemos tratado de razones que esgrimen quienes impulsan el mantenimiento de la pobreza por el mayor tiempo posible. Ahora debemos recordar el planteamiento que primó durante la alta inflación de los años 70 y 80. En aquella época se esgrimió que la razón de la inflación era la existencia de un "exceso de demanda". En otras palabras, la población tenía un poder de compra "excesivo". La política de estabilización antiinflacionaria consistió en reducir esa demanda. En concreto, se trató y logró con gran eficacia reducir los salarios reales mucho más de lo que caía el producto per cápita y, de ese modo, aumentar la pobreza. En la práctica, aumentar la pobreza era la herramienta que concientemente se impulsó para bajar la inflación. 5. Un argumento también común es que la mejor manera de reducir la pobreza es bajar los precios de los bienes y servicios y que, para ello, es necesario mantener bajos los costos en general y los laborales en particular. Luchar por mayores salarios o mayores precios agrícolas es visto así como un ataque a la economía familiar de los consumidores. Nuevamente, la teoría y la práctica son miopes pues la manera más eficaz para bajar precios de manera permanente no es la compresión salarial sino el cambio técnico que permite subir salarios, mejorar el ingreso campesino y, a la vez, bajar precios. No pretendemos afirmar que, fuera de algunos casos excepcionales, haya quien se felicite de aumentar la pobreza o disfrute haciéndolo. Dentro de las vigentes reglas de la competencia hay muchas situaciones que empujan, incluso obligan, sobre todo a los pequeños empresarios a defender su actividad manteniendo en la pobreza a sus operarios. El Estado colabora a esa respuesta empobrecedora, por ejemplo, al no darle importancia al cambio tecnológico y a su difusión, al rechazar una legislación laboral más equilibrada, al desincentivar con la precariedad laboral actual la capacitación en la empresa, al no proveer de mercados alternativos a campesinos acorralados por monopsonistas, al mezquinar recursos públicos a la educación y a la atención de la salud obligando a gastos familiares que atentan contra los proyectos de inversión en pequeña escala. Para demasiados, con mucha influencia en la economía y el Estado, y para otros, acorralados por la competencia en el mercado, la pobreza ajena, deseándolo o no, es más una solución que un problema. Es natural que el compromiso realmente existente en contra de la pobreza por parte de quienes tienen más poder para influir en su evolución sea, en el mejor de los casos, débil. La reducción de la pobreza, cuando termina ocurriendo, es un subproducto que no pocos lamentan. La tarea del Estado respecto de la labor empresarial es ampliar las posibilidades de competir y hacer negocio sin te ner que basarse para ello en la prolongación o aumento de la pobreza, no es seguir las demandas de los empresarios más mezquinos y miopes, de los menos socialmente responsables.

Escribe Juan Francisco Rojas

Parece que finalmente el consenso se ha logrado, tanto la Ministra de Transportes como el Presidente del Osiptel han señalado que la regulación en telecomunicaciones en el Perú no ha caminado adecuadamente. En efecto, hoy se ha puesto en evidencia que las instituciones encargadas de esa labor, no han sabido actuar a la altura de las circunstancias y tampoco han podido dar cumplimento al mandato constitucional de proteger el interés de consumidores y usuarios.

La regulación es imprescindible en los mercados en los cuales la libertad de elección de los consumidores no existe. En ese escenario, la regulación es el único instrumento de defensa de los consumidores frente a las prácticas comerciales abusivas. Si la regulación no es efectiva, el resultado es la consolidación del abuso y el grave costo social que conlleva la pérdida de credibilidad en el sistema.

Atrás quedaron las predicas de “tecnicismo” para encubrir posiciones ideológicas y las extrañas teorías aquellas en virtud de las cuales la competencia - inexistente en los mercados regulados- sería la solución a cualquier comportamiento empresarial ilegal. Los que con este discurso hicieron de los reguladores organismos intocables e insensibles a la necesidad del país, son responsables de la situación de descrédito que éstos viven hoy.

¿Qué debiéramos tener a la vista en el proceso de reforma? Primero, recomponer el sentido común y asumir que la regulación cumple el papel de gestor del equilibrio inexistente entre los consumidores y la empresa. La razón de ser de la regulación descansa en la necesidad de generar condiciones de protección al consumidor frente al poder que significa un monopolio. Este es el mandato constitucional.

Segundo, revisar todos los mecanismos de designación de funcionarios, desde los cuadros políticos hasta los cuadros de línea y administración. Está claro que la influencia de la Escuela de Chicago en los reguladores no ha sido satisfactoria para un país modesto como el Perú. Adicionalmente, sería importante ubicar los casos comprobados de “captura” de funcionarios del regulador y aprender de la experiencia. De la misma forma, es necesario que los representantes de consumidores y usuarios tengan una participación prioritaria en la definición de las políticas del regulador.

Tercero, sería conveniente terminar con participación en temas importantes de profesionales que ejercen la actividad privada y que asumen la función pública sólo por tiempo parcial, como en un directorio empresarial. Este esquema se presta a malas influencias y no asegura la independencia de criterio de los convocados. La regulación es una labor estatal y debe ser asumida por profesionales a tiempo completo y dedicación exclusiva.

Cuarto, las normas de regulación deben ser modificadas para establecer sanciones claras, procedimientos expeditivos, respeto a los derechos de los investigados, labor de instrucción de los órganos de investigación, e información transparente. El procedimiento administrativo es un proceso de tensión permanente pues debe expresar adecuadamente el discurrir del interés público y, a la vez, cautelar los intereses privados.

Finalmente, esta es una oportunidad que se abre a costa del sacrificio de los consumidores que durante más de diez años han padecido de la inoperancia y pasividad de los organismos de regulación. Es importante entonces, darles un espacio en la definición del nuevo marco legal. El Congreso tiene la palabra.

EscribeFélix Jiménez

Economista Ph. D.

Profesor Principal del PUCP

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Un amigo que había leído mi artículo anterior sobre este mismo tema, me preguntó: ¿Cómo se orientan las inversiones? ¿Estás proponiendo utilizar aquellas medidas «primitivas» del pasado, exoneraciones tributarias y subsidios, que ya fracasaron porque afectaron terriblemente la caja fiscal? ¡No!, le respondí. Convendrás conmigo –le dije-- que muchos de los que gobernaron nuestro país cuando «favorecieron» a la inversión privada, emplearon un lenguaje oblicuo, porque no les importó su orientación ni las condiciones en la que se llevaba a cabo. Y, lo que es peor, siempre miraron hacia afuera cuando declamaron sobre producción y crecimiento económico. No es casual que el llamado modelo exportador tiene, en nuestro país, la antigüedad de sus oligarquías. Para estas, exigirle «condiciones de desempeño» a la inversión extranjera –como la que acaba de hacerle el pueblo piurano a la Minera Majaz-, era considerado una «conspiración» contra el crecimiento y desarrollo. Hay que leer Redoble por Rancas, de Manuel Scorza, para no olvidar a La Oroya convertida en un páramo.

Los gobernantes deben saber que la inversión privada nacional tiene limitaciones de financiamiento y de mercado, que la inversión extranjera no los tiene. Esta última, dirigida fundamentalmente a la producción de «commodities» (minería, petróleo y gas) o de servicios de alta tecnología (telefonía y electricidad), tiene financiamiento y mercados asegurados. No pasa lo mismo con la inversión privada nacional. ¿Por qué las medianas, pequeñas y micro empresas no crecen y aumentan su productividad sostenidamente? ¿Por qué estas empresas también anhelan exportar y ganar, sin hacer cambios técnicos o innovaciones en sus procesos de producción y sin mejorar las remuneraciones de sus asalariados? ¿Por qué cerca del 30% de los trabajadores de las pequeñas empresas y más del 50% de los trabajadores de las micro empresas, perciben salarios menores que el mínimo?

¿Qué hechos –me preguntó mi amigo-- impiden que se produzcan en nuestro país mejoras sostenidas en la productividad? Respondí: los mismos que obstaculizan la inversión privada nacional. No hay financiamiento ni mercados internos en expansión para ejecutar proyectos productivos de mediano y largo plazo. La gran mayoría de empresas (medianas, pequeñas y micros), no pueden innovar sus procesos de producción para hacerse más productivas. No hay proyecto de inversión cuya rentabilidad supere las tasas de 30% o 45% promedio de los créditos que obtienen en el mercado, con una inflación que no supera el 3% anual. Si la «revolución del crédito» que proponía Belaúnde para derrotar a la oligarquía financiera no hubiera fracasado, otra sería la situación. El «ruido político» de la coalición APRA-UNO de esos años, constituido de motu proprio en «primer poder del estado», nos hizo perder la oportunidad de desarrollarnos. Hay que expandir el mercado de capitales, adecuando su marco regulatorio, para que las medianas y pequeñas empresas puedan financiar proyectos de mediano y largo plazo emitiendo bonos con garantías soberanas o de instituciones financieras internacionales. Imagínate –-le dije-- la «revolución capitalista» que ocurriría en el país si las diez o veinte empresas, con los mejores antecedentes crediticios, se asociaran para emitir un bono garantizado de sólo cinco años de plazo, para empezar, a tasas equivalentes a la cuarta parte de la tasa promedio que hoy pagan.

Por otro lado, la limitación de mercado ha generado una propensión a mirar y admirar todo lo que está «fuera de nosotros mismos». Fracasó también la «Colonización Vial» de la que nos hablaba en los años sesenta el presidente Belaúnde, por las mismas razones que fracasó su «Revolución del Crédito». Para crear y expandir los mercados internos, poniendo en valor tierras aun no explotadas de la sierra y de la selva del país, hay que ocupar el territorio con infraestructura económica y social (buenas carreteras, telecomunicaciones, electrificación, aeropuertos, módulos de escuelas y colegios, hospitales, canales de riego, etc.); pero en serio, no la infraestructura de «sierra exportadora» ni los caminos rurales que financian las conocidas instituciones multilaterales. Sólo así los empresarios nacionales arriesgarán sus capitales para producir, abasteciendo tanto el mercado interno como el mercado externo. Con mercados en expansión ya no será imposible que las empresas introduzcan cambios técnicos en sus procesos de producción para producir más y mejor, es decir, para aumentar su productividad y, por ende, su competitividad. Es, además, la manera de integrar la economía con la geografía y demografía del país, de construir una verdadera Nación.

La ideología neoliberal –le dije a mi paciente amigo-- ha resucitado el viejo fenómeno de fines del siglo XIX conocido como la «carrera hacia el fondo» (Race to the Bottom). Es la competencia entre países para atraer inversiones que dio lugar al desmantelamiento de los estándares regulatorios. El mismo fenómeno ocurrió en los Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX, cuando sus estados compitieron entre sí para atraer empresas y capitales a sus localidades. El resultado de este tipo de competencia fue la reducción generalizada de impuestos y el abaratamiento generalizado de la mano de obra, que hicieron más desigual la distribución del ingreso y aumentaron el porcentaje de población en situación de pobreza.

Esta es la receta de nuestros neoliberales criollos. Para estos, la competitividad en los mercados internacionales se conserva o se gana con salarios bajos y, si acaso, manteniendo a la abrumadora mayoría de los trabajadores con salarios por debajo del mínimo. Esta es la base del modelo exportador que preconizan. Poco se habla de los modos de mejorar la productividad que es la manera genuina de ganar competitividad en los mercados internacionales. La razón, imagino, es que hablar sobre este tema necesariamente nos conduce a mirar hacia adentro para mirar mejor hacia afuera.

Para terminar –dije--, la creación de mercados internos y el desarrollo del mercado de capitales, adecuándolos al objetivo de construir Nación, son tareas que deben ser parte de la lucha política, en esta primera década del siglo XXI, para enfrentar a la derecha y al entreguismo de nuestro país. Para enfrentar a los que hoy reencarnan a José Rufino Echenique (1851-1855), el de la consignación del guano, con su peculiar lotización del mercado internacional; a Mariano Ignacio Prado (1876-1879), el de la inefable ley de bases de la minería; a Eduardo López de Romaña (1899-1903), el del primer Código de Minería; a Manuel Apolinario Odría (1948-1956), el del segundo Código de Minería y de la primera depreciación acelerada de activos; y, a Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000), el de los contratos de estabilidad jurídica y tributaria, y restaurador de la depreciación acelerada de activos. Esta es, pues, también la manera de enfrentar en estos años, al gobierno del aprismo alanista, el del «óbolo» minero, que, al igual que los anteriores, representa, como dice ese ilustrado periodista César Hildebrant, «la economía primaria del saqueo colonial, la subasta invertida del Perú como commodity».

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Escribe Waldo Mendoza Bellido
Profesor del Departamento de Economía de la PUCP

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En el 2006, por primera vez desde la implementación del Sistema de Metas Explícitas de Inflación, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) incumplió con el compromiso de mantener la inflación entre 1.5 y 3.5 por ciento anual. El nuevo Directorio, modificó la banda en enero de este año, comprometiéndose a mantener la inflación entre 1 y 3 por ciento anual. En el 2007, parece que la inflación volverá a salirse de la banda.

La política monetaria ha estado guiada, desde enero de 2002, por un esquema consistente en mantener la inflación en 2,5 por ciento anual, con un margen de tolerancia de un punto hacia arriba (3.5 por ciento anual) y hacia debajo de dicha tasa (1.5 por ciento anual). Ese compromiso fue cumplido entre el 2002 y el 2005.

El nuevo directorio debutó en el 2006 con una inflación a diciembre de 1.14 por ciento anual. En enero de este año, interpretando la baja coyuntural de la inflación como permanente, el BCRP anunció su nuevo compromiso de mantener la inflación en 2 por ciento anual, con una tolerancia de un punto porcentual hacia arriba y hacia debajo. La medida se tomaba, según el BCRP, para reforzar su compromiso de mantener el poder adquisitivo de la moneda en el largo plazo y para aproximar la inflación local a las tasas de inflación de nuestros principales socios comerciales.

El debut de la nueva banda parece que no será auspicioso. La inflación acumulada a agosto de este año ya ha alcanzado la cifra de 2,39 por ciento. Dadas las tendencias de los precios internacionales del trigo- que ya impactó en el precio del pan - y del petróleo, podría apostarse que la inflación de los próximos meses estará, por un buen tiempo, por encima del 3 por ciento anual. Mal debut de la nueva banda. Probablemente, con la banda anterior, la inflación se hubiera mantenido dentro del rango meta, y la autoridad monetaria no tendría las dificultades que tiene hoy.

¿Cuáles son los márgenes de acción para procurar que la inflación se mantenga al interior de la banda o, en caso de salirse de la banda, retorne rápidamente?

Una opción es dejar que el dólar se desplome, como se hizo en el 2004, cuando la inflación estaba en 4,61 por ciento anual en julio y terminó en 3,49 por ciento al finalizar ese año, apoyado en la reducción del tipo de cambio desde S/ 3.44 en julio a S/ 3.28 en diciembre.

¿Puede replicarse este método? En teoría sí, y el BCRP sabe cómo hacerlo, aunque la situación financiera internacional es distinta a la que se observaba en el 2004, por lo que para hacer caer el tipo de cambio nominal probablemente hay que hacer algo más que dejar de comprar dólares.
Como en el 2004, probablemente el BCRP necesitará también del apoyo del MEF para impedir que la elevación del precio internacional del petróleo se traslade al precio local de los combustibles. Esto significa inyectar recursos al fondo de estabilización del precio de los combustibles.

Otras opciones, como la puesta en marcha de subsidios o controles de precios de algunos productos particulares, ya empezaron a plantearse desde el ejecutivo. Es un método de control de la inflación observado en nuestro país en el periodo 1985-1990, y es lo que hacen actualmente países vecinos como Argentina o Venezuela. Esperemos que no prospere el tránsito a esta opción más primitiva de control de la inflación.

¿DE DONDE PECATA MÍA?

Escribe Armando Mendoza

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Como las garúas y los resfriados, el debate del Presupuesto Público para el año próximo casi se ha convertido en otra tradición de septiembre, pues por estas fechas el Gobierno presenta al Congreso su propuesta e, inmediatamente, florecen por doquier políticos y “expertos” clamando contra la voracidad del Estado, exigiendo rebajar impuestos y recortar gastos, formula perfecta para hacer felices a todos. Muy bonita esa formula, pero ello significa que funcione.

Ciertamente, el Estado es culpable de desperdicios y derroches, lo que impone racionalizar el gasto público. Pero ojo: “racionalizar” no significa “recortar”. Asimismo, es fácil y provechoso políticamente hablar de bajar impuestos a secas, pues a todos –o a casi todos- nos fastidia pagarlos, ¿verdad?. El problema es que los impuestos, guste o no, son un mal necesario, pues financian los bienes y servicios que permiten que funcionemos como país. ¿Acaso los médicos, maestros, policías, etc. trabajan gratis? ¿Acaso los hospitales, escuelas, carreteras, etc. se construyen solos? ¿Acaso los programas sociales tienen cero costo? ¿Acaso la reconstrucción de Pisco y la atención a los damnificados del terremoto sale por canje? ¿De donde, pecata mía, va a salir el financiamiento, si no es de la sacristía de la tributación?

Es una peligrosa fantasía la que se viene propalando: que al Estado le sobra el dinero, así que podemos reducir impuestos despreocupadamente. De hecho, lo que ya resulta risible es ver al ex Ministro de Economía –ese mismo, Kuczynski- declarando con el mayor cuajo que, si pues, hay que reducir impuestos. Claro, te creemos Pedro Pablo, seguro que tienes razón. Pero… sí es tan sencillo bajar impuestos, ¿por qué no lo hiciste cuando eras Ministro?.
Sí queremos reducir impuestos, entonces debemos tomar conciencia de los pros y contras. Por ejemplo, veamos el caso del IGV. Es cierto que nuestro IGV del 19% es de los más altos de Latinoamérica, y que al gravar el consumo tiene un impacto negativo e indiscriminado sobre el nivel de vida de la población. De acuerdo, planteémonos entonces la reducción del IGV. Pero cada punto de reducción son cientos de millones de soles menos para el fisco. ¿Con qué los sustituiremos? ¿cómo hacemos para que cuadre la caja fiscal?. ¡Por supuesto! recortemos gastos…. ¿y qué gastos hay que recortar? ¿cuánto y a quién le quitamos? ¿recortamos recursos a la Policía Nacional, al Ministerio de Salud o al Vaso de Leche?. Ya se ve, no es tan sencillo como parece.

Lo que necesitamos es reordenar y agilizar el gasto público, priorizando rubros claves como lucha contra la pobreza, desarrollo rural, mejora educativa, etc. y, ADEMÁS, incrementar los ingresos, porque incluso en estos momentos de supuesto auge fiscal, no alcanza para construir un Estado moderno y eficiente que proporcione los servicios fundamentales. Nuestra presión tributaria actual apenas es 15% del PBI, muy por debajo del mínimo necesario (18 – 20%) para que un Estado funcione. Necesitamos una reforma tributaria en serio, que reduzca la informalidad, que ponga un alto a los privilegios tributarios, que elimine exoneraciones absurdas. Que haga que pague más el que más gana. Lo que no necesitamos es esa ramplonería de “bajemos el IGV a 15% y ya después vemos”.

La Reforma del Estado y la Reforma Tributaria son asuntos críticos que no pueden tratarse a la ligera, sino mediante propuestas viables, sostenibles y que maximicen el beneficio del país. Esa es la diferencia entre responsabilidad y demagogia, esa demagogia que tanto “experto” muestra ahora. Para hacer tortillas, hay que romper huevos, y, para construir Perú, hay que pagar impuestos.

Escribe Javier Mujica Petit

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El 2006 las utilidades crecieron 140% en el Perú, pero los salarios de quienes las produjeron no corrieron la misma suerte. Los salarios de los empleados crecieron solo 1%, y los de los obreros cayeron 3%¹. Resultados similares acompañan la bonanza peruana hace más de media década. Y los salarios no participan en ella porque carecen de herramientas para equiparar la balanza.

En el Perú hay muy pocos sindicatos y muy poca negociación colectiva. La legislación heredada de Fujimori no solo no protege al trabajador, sino que facilita esta transferencia negativa de ingresos. Es, en cierto modo, una precondición de esta forma de hacer ganancias, y ello explica porqué tanta resistencia empresarial al cambio.

Diversas evaluaciones acerca del funcionamiento de este modo de hacer negocios han sido efectuadas por la OIT, y todas coinciden en que el Perú tiene que cambiarla para armonizar su conducta con los estándares internacionalmente aceptados en materia de trabajo decente². Una oportunidad para hacerlo – y de paso fortalecer la confianza de quienes creen que estamos dando pasos efectivos en esa dirección – es aprobar la Ley General de Trabajo, que el Consejo Nacional del Trabajo y la Comisión del Trabajo del Congreso han conciliado en más del 80%. Pero el gobierno no quiere, porque ello lo enfrentaría con quienes más se benefician de esta forma de hacer las cosas. Y en vez de ello, opta por dictar decretos supremos que parchen la legislación que no se quiere modificar.

El último de ellos es el DS 019-2007-TR (1.9.07), que incorpora precisiones a las facultades de los inspectores del Ministerio de Trabajo previstas en el reglamento de la Ley General de Inspección. Esta es la sexta modificación a la legislación sobre inspecciones laborales ocurrida desde 2001, y cuesta creer que revierta lo que todas las anteriores no pudieron³.

Toda modificación que haga más efectiva la aplicación de la ley laboral debe ser bienvenida, pero en este caso hay más de un motivo para dudar. Primero, porque formalmente los reglamentos son actos administrativos, no legislativos. La finalidad del reglamento es facilitar la aplicación de la ley, no modificar su contenido. Y la fuente de la mayor parte de abusos que se cometen en el Perú – y que hay que cambiar - es de orden legal, no reglamentaria.

El reglamento aprobado dice que solo se fiscalizarán las disposiciones laborales que forman parte de nuestro derecho interno⁴, sin mención a los estándares internacionales en materia de derechos fundamentales en el trabajo, ratificados por Perú, cuyo margen de protección es notoriamente más amplio. Tipifica nuevas faltas, sin considerar que las normas sobre inspección del trabajo son normas de procedimiento y no normas atributivas de derechos. Conforme al principio de legalidad, toda infracción debe constar expresamente en la ley. Si esto no sucede, las infracciones alegadas por los inspectores pueden ser cuestionadas judicialmente por no ajustarse a lo que dice la ley. Lo que no ocurriría si dichos supuestos formaran parte de la Ley General del Trabajo.

Mientras esto ocurre, el proyecto de Presupuesto de la República para 2008 no altera sustancialmente la ínfima cantidad de recursos asignados al MTPE; de modo que los inspectores laborales cuentan hoy con más funciones, pero seguirán sin disponer de medios adecuados para ejecutar su tarea⁵. ¿Alguien puede creer que así van a cambiar las cosas?

1 OIT, Panorama Laboral 2006.

2 Ver en particular “Perú: Propuesta de Programa Nacional de Trabajo Decente, 2004-2006, Oficina Subregional de la OIT para los Países Andinos, Lima, 2003, en http://www.mintra.gob.pe/contenidos/institucional/consejo_nacional_del_trabajo/logros/inf_trab_dec.pdf

3 Ver DL Nº 910, RM. Nº 027-2001-TR, DS. Nº 010-2001-TR, Ley 28806, DS. Nº 016-2006-TR) y DS. Nº 019-2007-TR.

4 Art. 22 del DS 019-2007-TR

5 Ver más información y comentario al respecto en http://aeperu.blogspot.com/2007/09/inspecciones-del-trabajo.html

Escribe Kurt Burneo

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Un hecho curioso está ocurriendo actualmente. Mientras que la política monetaria en soles empieza a tomar un prudente carácter contractivo, la política monetaria en dólares se hace expansiva. La pregunta es: ¿Cuál será el efecto neto de mover ambos componentes de la política monetaria en direcciones opuestas por parte del Banco Central de Reserva (BCR)? A continuación explicaré lo que viene sucediendo.

Es conocido que recientemente el BCR elevó la tasa de interés de referencia en soles de 4.75 a 5%. Esta alza de la tasa de interés de corto plazo moverá en la misma dirección las tasas de interés en soles de plazos más largos contribuyendo así a moderar el crecimiento de la demanda interna. Esta acción es en mi opinión correcta ya que se ha observado últimamente un incremento en la inflación subyacente, la cual como sabemos denota la tendencia inflacionaria asociada a los fundamentos.

Pero esta política monetaria contractiva en soles contrasta con lo que viene decidiendo el BCR en lo que respecta a dólares. En los últimos 11 meses, la remuneración al encaje en moneda extranjera se elevó de 2.5 a 3.5% anual. Esta remuneración es la tasa de interés que el BCR le paga a los bancos comerciales por el encaje, es decir por la parte de los depósitos en dólares que estos no pueden prestar y que están obligados a inmovilizar en el Banco Central. Si consideramos que este encaje en dólares alcanza los US$ 3,000 millones, resulta que con esta elevación de la remuneración al encaje a los bancos comerciales se les ha incrementado sus ingresos en unos US$ 30 millones por año.

Para comprender por qué esta elevación de la remuneración al encaje en dólares es una medida de política monetaria expansiva, hay que preguntarse por el destino que le pueden dar los bancos a estos ingresos adicionales de US$ 30 millones por año. Si, por ejemplo, los bancos deciden traspasar estos mayores ingresos a las empresas y familias que piden crédito bancario vía una rebaja de la tasa de interés activa en dólares, es claro que esta elevación de la remuneración al encaje conducirá a un aumento de la demanda agregada vía la reducción del costo del crédito.

Esta decisión del BCR, además iría en sentido contrario a la necesidad de desdolarizar la economía, necesidad cuya vigencia se asocia entre otras cosas, porque una aún alta dolarización es un factor explicativo del por qué no se ha mejorado nuestra calificación de riesgo con más rapidez) . ¿Y por qué esta acción es contraria a la desdolarización? Una mayor remuneración al encaje en dólares le permitiría a los bancos reducir su tasa de interés activa en dólares, lo que haría más atractivos los préstamos en dicha moneda respecto a los préstamos en soles, lo cual a su vez implicaría una mayor dolarización de los créditos bancarios. Hay que recordar los préstamos en dólares representan aun hoy mas del 50% del total de préstamos bancarios.

¿Cuál será el efecto neto sobre la demanda agregada de bajar la tasa de interés activa en dólares y subir la tasa de interés activa en soles? No lo sé. Lo único que está claro es que, cuando miremos los estados financieros de los bancos al final del año, veremos que parte de las potenciales utilidades del BCR que hubieran sido transferidas al MEF aparecerán en ellos como ganancias de la banca múltiple; esto cuando menos es una muy llamativa contraparte microeconómica que surge de una decisión de política macro en general y monetaria en particular. Sería interesante que el Banco Central explique las razones de esta decisión.

Escribe José de Echave

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Esta semana, en escenarios distintos, se han debatido aspectos claves relacionados con la minería. Por un lado, la Convención Minera de Arequipa que convocó a las principales empresas y autoridades del sector. Por otro lado, el conflicto en la sierra de Piura, que también ocupó la atención de los medios y provocó una visita apurada del primer ministro que buscaba desactivar la consulta anunciada. Estos escenarios reflejan las brechas que existen en la minería en el Perú.

¿El crecimiento minero se detiene?

En los pasados quince años la minería peruana ha estado en el mayor ciclo expansivo de los últimos sesenta años. En la década del 90 el crecimiento del producto minero alcanzó un promedio anual de 8.6% y en los primeros seis años de la presente década llegó a 7.6%. Las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual 2008-2010 del MEF, señalan que el sector minería e hidrocarburos crecerá 6.4% el 2008, 7% el 2009 y 12% en el 2010.

El proyecto es que la expansión siga y para los próximos cinco años se anuncian más de 11 mil millones de dólares en inversiones. Para lograr la meta, la idea fuerza del gobierno y las empresas es blindar el marco legal, esperando que los recursos vía canon, aportes voluntarios y regalías, ayudarán a generar la aceptación de las poblaciones locales. Por lo tanto, la consigna parece ser no mover nada y olvidarse de cualquier reforma.

Sin embargo, todo indica que algo viene fallando. El crecimiento minero comienza a mostrar síntomas de agotamiento: el año pasado el PBI minero creció apenas 0.5% y en lo que va del año viene cayendo en más de 2 puntos porcentuales, destacando el derrumbe de la producción del oro (-23 %).

La respuesta del gobierno y las empresas es que el estancamiento de la producción se debe a los conflictos y no les falta razón. El problema es que a continuación explican que estos conflictos son en realidad provocados por la acción de organizaciones antimineras, que desinforman y manipulan a las poblaciones. La figura es casi una confrontación entre buenos contra malos; o como ha dicho esta semana el primer ministro, patriotas contra antipatriotas, que no quieren que el Perú se desarrolle. ¿Es así de simple? La realidad parece ser más compleja.

Los verdaderos problemas

Un análisis del Banco Mundial concluye que los conflictos mineros se producen porque: (1) los ingresos generados por la minería no llegan a las comunidades afectadas; (2) se realiza minería en áreas socialmente sensibles; (3) la degradación ambiental es un serio problema; (4) un sistema de regulación inadecuado y una débil capacidad gubernamental que limita la contribución de la minería al desarrollo. Cualquier parecido con nuestra realidad no es coincidencia.

Un primer punto de la agenda pendiente de la minería en el Perú es la gobernabilidad: es necesario recuperar capacidad efectiva de gestión pública. Entre otras dimensiones, creando una autoridad independiente que enfrente el gran reto de la degradación ambiental en el país. Según el Banco Mundial, el costo de la degradación ambiental en el Perú es de 8,200 millones de soles, lo que equivale al 3.9% del PBI. Este mismo organismo acaba de cuestionar aspectos técnicos de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la limitada capacidad del Ministerio de Energía y Minas para revisar, realizar consultas y evaluar estos estudios de manera eficiente.

Otro tema relevante de la agenda minera es cómo promover mecanismos de participación ciudadana que sean al mismo tiempo serios, oportunos e informados. El debate sobre la consulta de Majaz expresa en parte esta frustración de poblaciones que no son adecuadamente informadas y cuyas opiniones no tienen ninguna influencia en la toma de decisiones. Parte de la agenda también está relacionada con el tema laboral y la necesidad de mejorar las condiciones del mayoritario empleo precario que se da en el sector.

EL APORTE FISCAL DE LA MINERIA

El tema de los ingresos fiscales provenientes de la minería debe retomarse con seriedad, más aún en una situación de bonanza de precios. Las sobreganancias obtenidas por las empresas, debido al incremento de las cotizaciones, suman US$ 10,563 millones en el período 2002-2006. En este contexto, entre los distintos impuestos que se recaudan en minería, el que ha mostrado mayor dinamismo es el Impuesto a la Renta, que se aplica sobre las ganancias. La participación del sector en la recaudación total de este impuesto, de apenas 7.7% durante 1998-2001, subió a 22.9% durante el período 2002-2006, alcanzando un 37.0% durante 2005-2006.

Sin embargo, en un reciente estudio realizado por CooperAccion, se destaca que la participación relativa del sector minero en la recaudación total de tributos internos es aún baja: entre 1998-2006, la presión tributaria promedio de la minería (11.1%) estuvo por debajo de la presión tributaria promedio del país para ese mismo período (13.1%). Tres factores explican esta baja participación de la minería en la recaudación de tributos internos: 1) el Impuesto a la Renta no es el más importante dentro de la estructura tributaria del país, 2) una mínima participación en la recaudación del IGV, impuesto que es el de mayor importancia en la estructura tributaria del país; y 3) una política tributaria sectorial muy permisiva.

Se hace necesario abordar estos y otros puntos adicionales, ausentes hoy en día en los mecanismos de la política minera en el Perú. A estas alturas, está claro que el marco legal e institucional que se creó a inicios de la década pasada y que demostró ser sumamente eficaz para captar inversiones muestra síntomas de agotamiento.

Todo indica que será muy difícil revertir esta situación sin abordar cambios en las reglas de juego y sin tener una actitud de mayor apertura y tolerancia en temas cruciales que están a la base de los conflictos. Las empresas y el gobierno deberían ser los primeros interesados en proponer un debate serio que permita abordar estos y otros temas.

Las Vicisitudes del Tratado de Libre Comercio en el Congreso de los Estados Unidos

Escribe Pedro Francke

Está por acabar el segundo tiempo del partido llamado TLC y el resultado final todavía está por decidirse. ¿Llegará un gol de último minuto como el de Paolo Guerrero que nos permitiera empatar a Colombia?

Cuando firmaron las enmiendas al TLC y las hicieron aprobar en el Congreso, el gobierno de Alan-Confiep saltó de alegría. Como su política era "TLC si o si", no importaban las condiciones. Pensaron que las exigencias de los demócratas norteamericanos de que se respeten los derechos laborales eran un discurso vacío.

Pero luego los representantes de ese grupo, Charles Rangel y Sander Levin, dijeron que no aprobarían el TLC si no se cumplían las condiciones laborales incluidas
en las enmiendas. Cuando estos congresistas norteamericanos norteamericanos visitaron Perú en agosto pasado, "García y su gobierno anunciaron su 'firme compromiso' de modificar el marco legal en cinco renglones clave para ajustar su legislación en concordancia con el TLC. Esos renglones corresponden al establecimiento de contratos a plazo fijo, contratación de servicios externos (outsourcing), derecho de los trabajadores a la huelga, disposiciones sobre discriminación sindical y protección del derecho de los trabajadores a organizarse". Así lo dice un informe del Congreso estadounidense.

Lo cierto es que en el Perú no se respeten derechos laborales mínimos. Dos tercios de los trabajadores mineros están en services o subcontratas, a pesar de la promesa del entonces candidato García de "acabar con las services abusivas". La lista de trabajadores que tratan de hacer un sindicato y son despedidos, es larguísima y crece
cada día. Una mujer embarazada, Nora Delgado, ha sido despedida hace poco de IPAE, centro de formación empresarial, impunemente. Ello contradice claramente los derechos básicos de los trabajadores aprobados internacionalmente así como en las enmiendas al TLC. Un informe detallado al respecto puede verse en http://alianzapdl.blogspot.com/.

Cierto también es que el actual gobierno prácticamente no ha hecho nada al respecto. Por el contrario, ha trabado la aprobación de la Ley General de Trabajo, que podría iniciar algunas mejoras en este sentido. Los empresaurios peruanos quieren seguir compitiendo en base al cholo barato, aunque ello no desarrolle el país. Mientras la economía crece al 7% anual y las ganancias de las empresas alcanzan récords, los salarios promedio no aumentan nada.

A los empresaurios les cuenta tanto aceptar que se repongan derechos
laborales, que ya algunos empiezan a preferir que no se apruebe el TLC. Roque Benavides, ex - presidente de la Confiep, ahora ha dicho que “se avance lo más rápido en la aprobación del TLC (...) pero sin aceptar ponernos de rodillas (…) Sinceramente no se acaba el mundo si no lo ratifican, tendremos que exportar a otros mercados”.

¿Podrá el gobierno convencer a los demócratas que en el Perú se respetan los derechos laborales, cuando eso no es verdad? ¿Cederá el gobierno Alan-Confiep y repondrán algunos derechos a los trabajadores? ¿O dejarán que el TLC se vaya por la borda?
El segundo tiempo del partido TLC acaba en unas semanas. Pero puede haber tiempos suplementarios.

Jurgen Schuldt / G-12

Universidad del Pacífico

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Desde el año pasado la economía norteamericana sufre una notoria disfunción eréctil, en el sentido que su aparato productivo y de reproducción del capital no logra –usando la definición de la Real Academia- “levantarse, enderezarse o ponerse rígido”. En efecto, aunque aún en forma leve, ha venido cayéndose, encorvándose y ablandándose, opinión que comparten crecientemente los expertos internacionales en la materia, justamente aquellos que hasta hace poco ridiculizaban a quienes venían pronosticando una recesión. Más aún, de acuerdo a esos especialistas, el problema sería de origen estrictamente financiero y no estaría enraizado en causas macroeconómicas y tecnológicas más profundas, las que a nuestro entender están asociadas con la reducción de la rentabilidad de los sectores reales, vinculada al agotamiento de la revolución tecnológica que sustentó el auge precedente.

A partir de ese diagnóstico, la Reserva Federal (FED) considera que podrá afrontar el problema como lo hiciera frente a la última recesión, que se prolongó de marzo a noviembre de 2001, derivada del estallido de la ‘burbuja del Internet’ y demás innovaciones que se habían desarrollado desde los años ochenta y que permitieron un crecimiento económico fulminante. Ese evento marcó el fin de la revolución tecnológica que se había sustentado en las ganancias que ofrecían las inversiones en la microelectrónica, las telecomunicaciones, la biotecnología y los nuevos materiales.

En esa oportunidad aplicaron políticas monetarias y fiscales expansivas muy agresivas, a tal grado que, en el año 2001 la Reserva Federal redujo once veces la tasa de interés referencial (interbancaria), recortándola de 6,5% a 1,75%, llevándola posteriormente incluso al 1%. Gracias a ese milagroso Viagra macrofinanciero, la flacidez de la economía desapareció, creciendo a tasas muy elevadas hasta el año pasado. Dicho crecimiento estuvo sustentado fundamentalmente en el consumo y la inversión que se ubicaron en la construcción y su entorno, dado que las utilidades en los sectores de servicios y manufacturas se habían ido desinflando. Tuvieron suerte que hubiese ese espacio para hacer ganancias y así, como consecuencia de los exageradamente optimistas ‘espíritus animales’ de los empresarios, se dio un proceso impresionante de sobreinversión. Este ha dado lugar a la ‘burbuja hipotecaria’ que ha estallado hace poco y viene castigando duramente a las capas medias y, sobre todo, a los más pobres, a quienes se les había extendido créditos sin mayor base denominados ‘subprime’ o, más precisamente, ‘NINJA’ (‘No Income, No Job or Assets’), es decir aquellos que se otorgaban irresponsablemente a quienes no tenían ingresos, ni trabajo, ni activos.

En su desesperación por la debacle financiera actual, el 17 de agosto pasado el Banco Central (FED) redujo la tasa de descuento (a la que presta al sistema financiero) en medio punto (de 6,25 a 5,75%), otorgándose además un plazo de repago mayor (hasta de 30 días) que el usual. Lo que disparó los préstamos diarios de la FED de un promedio de US$ 300 millones durante los últimos años, a US$ 1.600’ en los últimos días, que no es otra cosa que una llanta-salvavidas que se lanzó al sector financiero para que no se ahogue y, con él, toda la economía y gran parte del mundo. Todavía hace tres semanas el presidente del FED estimaba que el mayor peligro era la inflación, por lo que ya no se expandiría tanto el crédito. Pero desde el fin de la semana pasada –luego de la reunión de expertos en Wyoming- volteó abrupta y casi exclusivamente su atención a la recesión potencial. Lo que significa que habrá reducciones adicionales de la tasa de descuento y, por supuesto también, de la tasa de los fondos federales, la que se decidirá el 18 de setiembre en que se reúne el Comité de Operaciones de Mercado Abierto (FOMC). Esta última seguramente se rebajará cuidadosamente en un cuarto de punto y en seguidillas mes a mes, aunque hay quienes han propuesto reducirla radicalmente en un punto porcentual, como el connotado Martín Feldstein.

El problema es que esta vez la receta del macro-viagra no habrá de funcionar como se espera, ya que las inversiones aparentemente no tienen adonde ir, dada la antes mencionada reducción de las rentabilidades de los sectores reales. Agotado el macroestimulante, “el maletín de trucos macroeconómicos se ha quedado vacío”, como bien lo ha dicho Bradford de Long. De manera que parece que le ha llegado la hora a EEUU. El carnaval que han festejado sus ciudadanos durante el último quinquenio ha terminado y no hay pócima que les permita seguir creciendo. Como en la más común de las deficiencias eréctiles, la falta de testosterona de los empresarios y la calcificación de las arterias de la estructura económica es lo que está a la base de la crisis norteamericana. El auge previo y sin precedentes –desde 1991 a 2001 sin una sola recesión- agotó la revolución tecnológica a que aludiéramos. Debido a la sobreinversión en estos sectores y los ligados a ellos, atada a una reducción del ahorro doméstico (familiar y gubernamental), todo el proceso de crecimiento fue financiado con ahorro externo masivo, que ha crecido exponencialmente desde 2002 y que el año pasado llegó a la asombrosa cifra de 811.500 miles de millones (6,2% del PIB).

Lo antedicho significa que, en ausencia de factores reales que puedan impulsar los espíritus animales, tendrán que arreglar sus irresponsables déficits fiscal y externo, mientras madure una nueva revolución tecnológica que les permita volver a alzar vuelo. Ajuste que por supuesto no parecen querer afrontar. De una parte, porque ya comenzó el ‘ciclo político de la economía’ con la mira puesta en las elecciones presidenciales y congresales del próximo año, ya que el actual Bush bien recuerda que su padre perdió las elecciones de 1992 por la recesión de julio 1990 a marzo 1991, dejándole el mando a Clinton, quien por ello exclamara contento el famoso: “It’s the economy, stupid”. De otra parte, indirectamente, por las agresivas actitudes que vienen mostrando los grupos de presión norteamericanos (congresistas, lobbies, gremios empresariales y sindicatos) que promueven el proteccionismo, ya no solo a través de cuotas o barreras para-arancelarias, sino también a través de la construcción de muros kilométricos para que nadie entre por la frontera sur; o inventando enemigos inexistentes para promover lucrativas guerritas por aquí y allá; o intentando poner de rodillas a China para que revalúe el yuan, como lo lograran con Japón en 1985 con el Acuerdo del Plaza. Todos los que son indicadores de que están recurriendo al consejo de curanderos para resolver sus problemas de senectud, cuando bien deberíamos saber que, por más que ingieran yohimbina o la “mosca española”, ese julepe de escarabajos secos que tanta fama afrodisíaca tiene, finalmente tendrán que afrontar las consecuencias de sus irresponsabilidades, que han sido llevadas más allá de lo aconsejable y que si lo siguen haciendo –aún sin viagras de por medio- el infarto (es decir, el ‘hard landing’) será explosivo. Y ya sabemos las consecuencias que eso significa para nuestros países, por más acolchonados que estemos en nuestras boyantes reservas internacionales netas y nuestros ‘sanos fundamentos macroeconómicos’.

1.150 palabras con espacios.

Década de 1990 REFORMA LABORAL COMPARADA

5 países de AMÉRICA LATINA: CUADRO DE SÍNTESIS

Aspectos específicos de la reforma laboral	Argentina	Brasil	Chile	Colombia	Perú
1. Nuevas modalidades contrato temporal	X	X			X
2. Extensión período de prueba	X				X
3. Ampliación causales despido			X		X
4. Nuevo régimen de indemnizatorio despido (cesantía)	X	X		X	X
5. Modificación del monto indemnización x terminación laboral	X		X	X	X
6. Salario mínimo integral				X	X
7. Flexibilidad horaria	X	X		X	X
8. Flexibilidad salarial por convenio colectivo					X
9. Exenciones a la Ley laboral por Ley Pymes	X	X		X	X
10. Traslado a la negociación de determinados aspectos relación laboral	X	X			X
11. Nuevas formas de solución extrajudicial de conflictos	X				X
Fuente: Vega Ruiz, María Luz, La reforma laboral en América Latina un análisis comparado, en 2003 Políticas Públicas, inclusión social y ciudadanía, Klaus Bodener (editor), pag 67 Elaboración propia