Escribe Javier Mujica
El tema viene a cuento a propósito de la próxima visita al Perú de los legisladores demócratas Rangel y Levin. En efecto, la difícil situación de los derechos laborales en nuestro país no es el único tópico que inquieta a una parte importante de los legisladores demócratas. La posible irreversibilidad de nuestra privatizada seguridad social, es otro de los temas que motiva una amplia discusión entre quienes aún no deciden si aprueban o no el tratado. Para quienes promovemos una revisión de lo hecho en este campo durante los años 90 se trata de un tema grave sobre el que hay que debatir.
La seguridad social constituye un derecho humano, conforme al cual todas las personas deben disponer de una protección adecuada cuando - por alguna razón ajena a su control - pierdan sus medios de vida. A pesar de tratarse de algo tan esencial, en el Perú más de las 3/4 partes de la población carece de protección en materia de seguridad social. Desde mediados de los años 30, nuestro país ha intentado ampliar permanentemente su cobertura de protección en el ámbito de la salud y las pensiones. Primero, incluyendo a los trabajadores dependientes de un empleador; luego a sus familiares y, finalmente, a otras categorías de trabajadores no protegidas. Ese proceso se trunco en los años 90, cuando el sistema entró en crisis acicateado por el agudo desfinanciamiento provocado por los latrocinios del Estado y políticas económicas que empobrecieron substantivamente los ingresos de sus aportantes, (cuando no su expulsión a la desocupación y la informalidad), así como por la privatización impuesta por Fujimori, inspirada en el modelo de Pinochet.
Pese a sus publicitadas bondades, estudios del Banco Mundial y del BCR demostraron que el sistema privatizado no solo ha supuesto costos más altos para los ciudadanos, en términos de comisiones y riesgos, además de tasas de retorno más bajas que las de los sistemas públicos, sino que, tampoco ha conducido a una ampliación de la cobertura de protección de los peruanos. Y ello constituye una verdadera bomba de tiempo para el país.
La reversión de las aristas más graves de esta privatización ha sido planteada por entidades que van desde el Banco Mundial y la OIT, a organizaciones de pensionistas y sectores vinculados a los sistemas de Salud. Estos esfuerzos corren el riesgo de verse cancelados a partir de los candados introducidos por el TLC con los EE.UU. Su Anexo II consigna que nuestro país carece del derecho a adoptar medidas que puedan significar una afectación o menoscabo al acceso otorgado a los inversionistas norteamericanos respecto del “mercado” de la seguridad social, no obstante que una excepción a una cláusula de este tipo sí fue incluida en el TLC que EEUU negoció con Colombia. (Anexo II-5).
Aunque en el mismo Anexo II (pg. 10) se indica que el Perú puede adoptar ciertas medidas con respecto al tratamiento nacional y otras normas legales relativas a la seguridad social, ello no altera la norma referida al “acceso al mercado” ya referida. Y la consecuencia de ello es que si se introducen cambios al sistema, pese a esta prohibición, el Perú será demandado ante Tribunales Arbitrales internacionales y condenado al pago de indemnizaciones por haber afectado, no las ganancias reales, sino las expectativas de ganancia de estos inversionistas. Algo que, por lo menos, deberíamos discutir.
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