Recursos Naturales y Medio Ambiente

sábado, 26 de mayo de 2007

¿Dejar sepultados nuestros Recursos Naturales No Renovables?

Escribe Juergen Schuldt

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Nadie en su sano juicio le propondría a gobierno alguno –y menos a uno en cuyo derredor campea la miseria- que deje inexplotados los recursos petroleros o mineros que posee en el subsuelo. Sin embargo, recientemente, el economista Alberto Acosta: Ministro de Energía y Minas del Ecuador, ha propuesto esta aparentemente peregrina idea para determinados lotes de petróleo ubicados en su Amazonía, a pesar de los elevados precios del crudo y recordando que un tercio del presupuesto nacional se basa en esas exportaciones.

En su propuesta, apoyada por el presidente Rafael Correa, se trataría de dejar de explotar un bolsón de petróleo, estimado en 920 millones de barriles (40% de los cuales son reservas probadas) a lo largo del próximo cuarto de siglo, ubicado en la zona selvática de Ishpingo-Tambococha-Tibutini (ITT) de las provincias de Pastaza y Napo, próximos a la frontera noreste del Perú. Este bloque abarca nada menos que un millón de hectáreas de bosque húmedo del Parque Nacional y Reserva de la Biósfera Yasuní, declarado como tal por la UNESCO en 1989.

Por supuesto que estamos hablando de cifras multimillonarias. Si una empresa (privada o pública, nacional o extranjera) explotara ese pozo, el más grande del Ecuador, en los siguientes 25 años producirían un valor bruto de nada menos que US$ 29.000 millones (que ciertamente habría que recalcular en términos de valor presente), que le generarían utilidades netas por US$ 18.000 millones. Anualmente, estas últimas equivaldrían a un promedio de US$ 720 millones, asumiendo un precio de US$ 32 por barril (recuérdese que se trata de crudo pesado) y un costo unitario de US$ 12.

Partiendo de esos datos, lo que el gobierno ecuatoriano exige es que se le pague anualmente apenas la mitad de esas utilidades netas por el hecho de mantener enterrado el oro negro en ese lugar. Esa cifra no deriva de un capricho, sino que se obtiene de la estimación -que aquí no viene al caso- de los costos de oportunidad de la conservación y los de la pérdida de servicios ambientales en ese ecosistema. Ese dinero se ‘recaudaría’, tanto por el patrocinio de la comunidad internacional para asegurar la condonación de parte importante de la deuda externa multilateral (cercana a los US$ 5.000’), de la bilateral y de la que tiene con el Club de París (US$ 800’), como de donaciones de gobiernos, ONGs y personas que apuestan por la iniciativa. Con ese financiamiento se crearía un fondo de compensación, manejado quizás por un organismo internacional, de preferencia ambientalista, a través de un fideicomiso, destinándolo a obras sociales, de ecoturismo, de conservación del medio ambiente y para el desarrollo de fuentes alternativas de energía.

¿A guisa de qué se pide ese monto de dinero, que tampoco es una fortuna? Básicamente, según la contundente argumentación del Ministro, porque ello permitiría evitar los problemas que la explotación petrolera generara durante las últimas cuatro décadas en el país, especialmente en la zona de Lago Agrio, a cargo de Texaco. En efecto, en este nuevo caso se arruinaría la flora y fauna de la zona, se envenenarían las aguas y tierras –es decir, el sustento y la salud- de los colonos, a la vez que se desintegraría a las comunidades nativas huaorani que ocupan la zona (básicamente las etnias tagaeri y taromenani) y que no tienen interés ni necesidad alguna de incorporarse a la ‘civilización’. A pesar de no tener voz y voto, con lo que no le rinden rédito político alguno al gobierno, éste viene asumiendo su defensa. De otra parte, en estrecha relación con el cuidado de la biodiversidad, tienen toda la razón que se les pague por el oxígeno que genera el bosque húmedo impoluto para el planeta, evitando que –por el consumo de esa mayor producción petrolera- se agrave aún más el efecto invernadero; en este caso por la generación de CO2, externalidad negativa que ha sido valorada en US$ 4.400 millones para todo el periodo. A lo que se añade el hecho que, de explotarse el crudo pesado, habría que invertir en una termoeléctrica y una planta de conversión para posibilitar su transporte, con lo que se añadiría una nociva carga adicional sobre el medio ambiente.

De esta manera, el gobierno ecuatoriano cumpliría con la necesidad -por todos compartida- de ocuparse de uno de los más importantes ‘bienes públicos globales’. Además, este esfuerzo, si tuviere seguidores que respetaran esos mismos criterios, al contribuir a aumentar el precio internacional, aceleraría los esfuerzos a escala internacional por sustituir energías sucias por otras menos dañinas. Éste es también el propósito del Ministro, quien viene alentando la inversión en hidroeléctricas y, sobre todo, en energías alternativas, solar y eólica. Todo lo que no quiere decir que en otras zonas del país sigan explorando y explotando petróleo, siempre y cuando existan las condiciones para evitar los daños mencionados.

¿No creen que eso es suficiente para pedir esa pequeña suma anual de US$ 350 millones de la comunidad internacional? ¿No es sumamente ‘rentable’ ese gasto, especialmente para los ciudadanos de los países del Norte, a cambio de que se respete el medio ambiente en un mundo que cada vez sufre más de la petro-dependencia y su impacto sobre el clima? Bien dice el sociólogo ecuatoriano Javier Ponce sobre esta proposición: “¿Es un sueño? No necesariamente, si se tiene en cuenta el enorme valor simbólico que podría tener en el mundo un paso de esta naturaleza y de estas dimensiones, en pleno clímax de la amenaza del calentamiento global. Sería una primera medida concreta, en la que las sociedades del Norte reconozcan a un país amazónico por su esfuerzo por conservar un espacio que contiene la mayor biodiversidad del planeta y es una de las 24 áreas prioritarias para la vida silvestre del mundo”.

¡Cuánto podríamos aprender en el Perú de este caso paradigmático –diría que hasta de repercusión mundial- que nos obliga a pensar más allá del estrecho horizonte de nuestras narices y que privilegia el verdor de nuestras selvas amazónicas frente al del verde dólar!

Comments

One Comment

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Juan dijo...

La posición de ecuador no es novedosa a nivel internacional. De años atrás se ha planteado el tema de deuda por conservación del ambiente. Y los gringuitos parecen dispuestos a atracar, lo que sería bueno en realidad si ellos también hicieran más esfuerzos para reducir el calentamiento global. Lo novedoso es que ello se plantee directamente desde el gobierno,como una cuasi política de estado. Asumiendo que el gobierno ecuatoriano dispone de recursos alternativos (debemos observar que en Ecuador el movimiento ecologista está a la vanguardia y la alternativa a la explotación petrolera sería el turismo amazónico), ello podría sostenerse siempre y cuando los (des)equilibrios macroeconómicos del corto y mediano plazo no exijan mayor explotación del crudo ecuatoriano. Ello nos lleva a recordar que en el marco de la cooperación binacional Perú- Ecuador, Se considera conectar un ducto desde la zona petrolera sur oriental "ecuacha" a la zona de inicio del Ramal Norte del Oleoducto Nor Peruano (ONP) para poder trasladar su petróleo desde sus campos a Bayóvar y de alli a Guayaquil o a los mercados internacionales. Mientras tanto, en la selva amazónica peruana continúan las prospecciones, así como nuevas perforaciones y el ingreso de más contratistas petroleras que hará más dificil el control de daños de nuestra biodiversidad.

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