¿Impuestos?

a mi no, hermanito

Escribe Armando Mendoza

Con la presente expansión de los ingresos fiscales, tenemos la oportunidad de encarar -por enésima vez- la cuestión de una Reforma Tributaria integral, que eleve la recaudación razonable y equitativamente, asegurando la sostenibilidad de programas y servicios estatales. El problema es que, como siempre, ya surgen sectores que asumen la presente situación como la oportunidad para plantear “propuestas” tributarias, que en la práctica se reducen a exigir exoneraciones y rebajas en sus impuestos.

Sin duda, muchos planteamientos de esos sectores son legítimos, porque más de una vez la administración tributaria ha pecado de incoherencia y arbitrariedad. Pero también es innegable que en muchos de esos reclamos contra los “abusos” de la SUNAT subyace el “¿impuestos?, a mi no, hermanito”, la búsqueda de la rebaja, la exoneración, la condonación. Y es que para muchos, la única “reforma” tributaria que interesa es aquella que rebaje sus impuestos como sea, sin importar las consecuencias para el Estado y el país. De ello es culpable la gran transnacional, el pequeño comerciante, el profesional independiente, etc., pues esa cultura perniciosa que disculpa y celebra el eludir tributos, existe por doquier.

Es conocida la relación entre presión tributaria y progreso económico y social. Así, no es casual que los países más desarrollados registren niveles de tributación altos, mientras los países pobres y atrasados registran niveles reducidos. La presión tributaria promedio en la Unión Europea se acerca al 40% del PBI. ¿Aquí? a duras penas es 15% del PBI, sin siquiera llegar a la modesta meta de 18% planteada por el Acuerdo Nacional suscrito años atrás por los principales partidos políticos, incluyendo al que hoy gobierna.

Ello preocupa, porque pese a la relativa bonanza de las arcas públicas –que nadie sabe cuanto durara- el Estado aún no logra una recaudación que garantice nuestros requerimientos en salud, educación, seguridad ciudadana, etc. Pruebas al canto: la reciente propuesta para facilitar que los trabajadores de empresas microfamiliares accedan a pensión de jubilación y seguridad social, ha sido puesta entredicho por el MEF, pues con la presente presión tributaria (15% del PBI) resulta imposible financiar dicha propuesta de justicia laboral. Más claro, ni el agua: con los niveles presentes de recaudación alcanza para parchar aquí y allá, pero no para una mejoría general y sostenible del nivel de vida de los peruanos.

Pero claro, no olvidemos la otra cara de la moneda. ¿Por qué deberíamos afanarnos en pagar impuestos a un Estado que no cumple con proveernos servicios adecuados? ¿Por qué tributar a un Estado que nos fuerza a pagar guachimanes, a tener a nuestros hijos en colegios particulares, a atendernos en clínicas privadas?. Así, una reforma tributaria que no vaya de la mano con la modernización y fortalecimiento del Estado no tiene sentido. Urge un Estado que gaste eficientemente nuestros impuestos. Que tome de nosotros, pero que nos devuelva beneficios. Que nos haga sentir que tributar vale la pena.

Ese es el dilema que encaramos: asumir un compromiso común para construir un Estado moderno y eficiente, lo que exige asegurar su financiamiento mediante el incremento sostenido –le cueste a quien le cueste- de la presión tributaria. ¿Estará el Gobierno dispuesto a asumir ese compromiso?. En momentos en que disfrutamos de un auge fiscal relativo y temporal, resulta fuerte la tentación de dejar de lado una reforma tributaria conflictiva y políticamente costosa, y más bien optar por no hacerse problemas, cediendo al canto de sirenas del “a mi no, hermanito”. Ya sucedió en el pasado y los resultados nunca fueron buenos. Ojala no suceda de nuevo y sepamos aprovechar esta época de vacas gordas para fortalecer y ampliar la tributación, porque ya hay indicios de que los próximos años no serán tan holgados.