Félix jimenez
La primera vez que en nuestro país se efectuaron elecciones en pleno crecimiento económico y con una población que exigía transformar el modelo primario exportador, fue al inicio de la década de los años 60. En 1959 se había promulgado la ley de industrialización y la economía crecía por encima del 8% anual. Fueron elecciones accidentadas. Ganó Fernando Belaúnde Terry, fundador de Acción Popular, en nuevas elecciones convocadas por un gobierno militar surgido de un contragolpe de Estado. Pero también fueron los años del primer pacto infame del APRA con la derecha. Se aliaron con la Unión Nacional Odriísta (UNO) para enfrentar al líder acciopopulista durante todo su gobierno. Boicotearon su propuesta de colonización vial que favorecía la incorporación al mercado interno de vastas tierras a la agricultura y que, en perspectiva, apuntaba a la interconexión sudamericana. ¿Se acuerdan de la marginal de la selva y de su versión ampliada, la unión vial de países vecinos para alcanzar la integración del continente? Además, aliados al capital financiero de la época, la coalición APRA-UNO imposibilitó la revolución del crédito cuyo objetivo era expandirlo orientando el ahorro interno hacia el desarrollo nacional.
Se creó así una industria incapaz de articular la economía y el mercado internos, y de modificar la composición del comercio exterior. En el interior del país, particularmente en las regiones más apartadas, se sufrió este abandono: crecieron la pobreza y la migración, pero también la desesperanza y el rencor que posteriormente sirvieron de caldo de cultivo para la subversión terrorista. Esa industria, surgida de la transacción y la componenda, después parasitó y exigió una alta protección efectiva de los gobiernos militares de Velasco y Morales Bermúdez. El efecto negativo de la coalición APRA-UNO sobre el Desarrollo Nacional fue después exacerbado por el irresponsable y corrupto gobierno alanista de 1985-1990, cuyas consecuencias, ahora, muchos de sus antiguos críticos no quieren recordar: se redujo el PBI per cápita y la producción industrial en 30%; se destruyó la capacidad adquisitiva del salario; y, aumentó la pobreza de 16% a 45% y el subempleo de 42.4% a 73.1%.
Ahora, a pocos días de la segunda vuelta electoral, Alan reedita ese pacto infame. Como el aprismo lo hizo, primero, durante la “convivencia con el pradismo”, y después, con la “superconvivencia con Odría”, el alanismo aprista de hoy pacta con la mafia fujimontesinista. Este es, además de una capitulación ante los representantes del entreguismo y del mercantilismo neoliberal, un pacto de impunidad. Así como el pacto APRA-UNO pervirtió el proceso de industrialización, este nuevo pacto infame pretende castrar el reclamo de transformación del modelo económico neoliberal que la amplia mayoría de la población expresó con su voto en la primera vuelta electoral.
Durante casi 45 años perdimos la oportunidad de crecer construyendo país. No permitamos que el alanismo prolongue este drama histórico. Las propuestas del alanismo (bajar el SOAT, desaparecer los services que su propio gobierno creó, apoyar la libre desafiliación de las AFPs, bajar tarifas públicas, titulación, etc.) tienen como objetivo crear la sensación de un «cambio responsable» para que nada cambie. El alanismo, al igual que la derecha neoliberal, acepta el TLC negociado con EEUU; rechaza la nacionalización del Estado y de las actividades estratégicas; y, por lo tanto, renuncia a la construcción de un Estado soberano y de una economía nacional.
Pero la reedición del pacto infame también impedirá la cura Moral de nuestro país. Para el alanismo aprista la lucha contra la corrupción no es una política de Estado. Por eso advertimos que este nuevo pacto infame va a impedir --ya lo está haciendo-- que la decencia se instale definitivamente en todos los peruanos como el supremo valor moral de la política y de las relaciones sociales y personales.
Artículo publicado en La República, Junio 2996
Se creó así una industria incapaz de articular la economía y el mercado internos, y de modificar la composición del comercio exterior. En el interior del país, particularmente en las regiones más apartadas, se sufrió este abandono: crecieron la pobreza y la migración, pero también la desesperanza y el rencor que posteriormente sirvieron de caldo de cultivo para la subversión terrorista. Esa industria, surgida de la transacción y la componenda, después parasitó y exigió una alta protección efectiva de los gobiernos militares de Velasco y Morales Bermúdez. El efecto negativo de la coalición APRA-UNO sobre el Desarrollo Nacional fue después exacerbado por el irresponsable y corrupto gobierno alanista de 1985-1990, cuyas consecuencias, ahora, muchos de sus antiguos críticos no quieren recordar: se redujo el PBI per cápita y la producción industrial en 30%; se destruyó la capacidad adquisitiva del salario; y, aumentó la pobreza de 16% a 45% y el subempleo de 42.4% a 73.1%.
Ahora, a pocos días de la segunda vuelta electoral, Alan reedita ese pacto infame. Como el aprismo lo hizo, primero, durante la “convivencia con el pradismo”, y después, con la “superconvivencia con Odría”, el alanismo aprista de hoy pacta con la mafia fujimontesinista. Este es, además de una capitulación ante los representantes del entreguismo y del mercantilismo neoliberal, un pacto de impunidad. Así como el pacto APRA-UNO pervirtió el proceso de industrialización, este nuevo pacto infame pretende castrar el reclamo de transformación del modelo económico neoliberal que la amplia mayoría de la población expresó con su voto en la primera vuelta electoral.
Durante casi 45 años perdimos la oportunidad de crecer construyendo país. No permitamos que el alanismo prolongue este drama histórico. Las propuestas del alanismo (bajar el SOAT, desaparecer los services que su propio gobierno creó, apoyar la libre desafiliación de las AFPs, bajar tarifas públicas, titulación, etc.) tienen como objetivo crear la sensación de un «cambio responsable» para que nada cambie. El alanismo, al igual que la derecha neoliberal, acepta el TLC negociado con EEUU; rechaza la nacionalización del Estado y de las actividades estratégicas; y, por lo tanto, renuncia a la construcción de un Estado soberano y de una economía nacional.
Pero la reedición del pacto infame también impedirá la cura Moral de nuestro país. Para el alanismo aprista la lucha contra la corrupción no es una política de Estado. Por eso advertimos que este nuevo pacto infame va a impedir --ya lo está haciendo-- que la decencia se instale definitivamente en todos los peruanos como el supremo valor moral de la política y de las relaciones sociales y personales.
Artículo publicado en La República, Junio 2996
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