NO SIEMPRE HAY UN FINAL FELIZ

Kurt Burneo

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Ha sido conocido que recientemente se ha incrementado el contingente de nuevos inversionistas (principalmente personas naturales) en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), atraídos por la rentabilidad de ésta , mucho mayor que cualquier otra alternativa de inversión. Si bien la anécdota está marcada -dada la creciente demanda por sus servicios- por el incremento de los montos mínimos de inversión y/o el aumento en las comisiones por parte de las Sociedades Agentes de Bolsa (SABs) dado que estas instituciones tienen la exclusividad en la operatividad de las operaciones en la Bolsa, lo que sí debe llamar la atención es que este furor por invertir en Bolsa estaría siendo inducido en no pocas personas naturales sobre la base de mirar sólo el lado feliz de este tipo de inversión: rentabilidad creciente. Pero creo que también debería informarse públicamente respecto a los riesgos implicados en este tipo de inversiones. Miremos más detenidamente lo que está pasando.

Cuando hay un exceso de demanda por un bien o servicio como seria el caso de los que prestan las SABs (con carácter de exclusividad para operar en la Bolsa de valores) ocurren -tal como viene sucediendo a la fecha- formas distintas de racionamiento: desde la elevación de los montos mínimos de inversión hasta el incremento de las comisiones de 1 a 2%. Ciertamente, el crecimiento de la demanda por los servicios de las SABs es importante, considerando que en estas últimas semanas se registra en promedio un ingreso de 100 nuevos inversionistas diarios, además esta mayor dinámica de crecimiento de inversionistas puede haberse propulsado por las expectativas generadas a partir de la presentación en estos días de los Estados Financieros al primer trimestre de este año de las empresas listadas en Bolsa.

En general la entrada de nuevos inversionistas al demandar acciones, bonos y/o otros papeles disponibles en Bolsa por supuesto que tienden a sostener y/o elevar el precio de estos y claro los que compraron antes a precios menores tienen la posibilidad de hacer ganancias; pero este es solo un lado de la moneda, el otro –y es allí donde debería enfatizarse la información- es que este tipo de inversiones por el carácter especulativo que tienen, implican también riesgos de pérdida para los inversores; cuando por factores externos por ejemplo, el precio de estos instrumentos empieza a reducirse con lo cual los que compraron antes dicho papeles a un precio mayor observan que no podrán recuperar lo que invirtieron y de continuar dicho proceso cuanto mas esperen en vender (y efectivizar la pérdida) estas pérdidas podrían ser aún mayores; al existir masivamente ventas en la Bolsa el derrumbe de los precios es inevitable y las pérdidas para no pocos inversionistas también. El punto es saber cuan conscientes son estos nuevos inversores en la Bolsa de riesgos como los descritos; sobretodo aquellos los que hoy están tomando créditos personales con los bancos para invertir en Bolsa.

Ciertamente, una parte sustancial de los fundamentos de la macroeconomía peruana dejada por la administración anterior, se han venido manteniendo, lo cual sumado a la poca probabilidad de cambios fuertes en el precio internacional de materias primas en el corto plazo indicarían que no se esperaría un comportamiento desfavorable de la Bolsa; que como sabemos además de la preponderancia de las acciones de empresas mineras las industrias de consumo masivo y constructoras son también relevantes en su comportamiento, presentando todos estos sectores buenas perspectivas aún este año. Aunque ello no significa que al conocerse en estos días los balances de las empresas listadas ocurran procesos de toma de ganancias y con ello reducciones temporales en el precio de algunas acciones implicando también algún grado de recomposición de portafolios de los inversores, pero fuera de esto, la tendencia de la Bolsa no dejaría de ser favorable cuando menos en el corto plazo; pero esto último no invalida en lo absoluto la necesidad de los inversores de estar informados sobre los riesgos que este tipo de inversiones implican. Sería interesante saber que hacen al respecto la propia BVL, y las SABs.

Con implicancias distintas pero no por ello menos relevantes, cabe advertir que los incrementos en los precios en Bolsa de los distintos papeles que se transan en ella deben de ser mirados con mas detenimiento; no sólo cuando la diferencia en el caso del precio de las acciones es cada vez mayor respecto al precio real de una firma -si es que no existieran los fundamentos que sustenten un real mayor nivel de este último-; sino también cuando precios en Bolsa cada vez mas altos podrían no estar reflejando el riesgo de crédito asociado a los emisores..

A manera de conclusión, creo que es indispensable y con un carácter preventivo el que se deba hacer de conocimiento público los riesgos de pérdidas que también están implicados en toda inversión bursátil. Debemos de recordar que una de las condiciones para que los agentes económicos tomen decisiones eficientes es el contar con información adecuada y en mi opinión esto último es una carencia aun pendiente de resolver.

Escribe Alan Fairlie Reinoso

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El mes de abril ha sido prolífico en cumbres y giras, y el gobierno peruano ha sido muy claro en sus preferencias aunque no tanto en sus objetivos.

Cumbre energética

Desarrollada en Caracas, su Declaración Final llama a una eliminación de las asimetrías energéticas de la región, administrando mejor el superávit de los países andinos para cubrir el déficit de los del cono sur, y se ha creado un organismo coordinador de ministros de energía.
Pero, se dio una decisión trascendental: la creación de UNASUR, en reemplazo de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Ecuador logró no solo la sede del organismo, sino también la propuesta del primer secretario general. Se dijo por sus mentores que había que avanzar más allá del comercio, y que esa había sido la limitación de organismos regionales e iniciativas preexistentes.

Eso no es exacto. Por lo menos en teoría, la Comunidad Andina es multidimensional y su abandonado diseño estratégico desarrollaba un conjunto de ejes que justamente buscaban desarancelizar el proceso de integración. Lo mismo ocurre con los objetivos y mecanismos planteados por la Comunidad Sudamericana de Naciones que además había sido la continuidad de las cumbres sudamericanas que impulsó Brasil. Parece más bien un cambio de sigla, antes que un cambio cualitativo respecto a lo que se había venido planteando y desarrollando anteriormente.

Claro está, es un gran triunfo político para el presidente Chávez y sus aliados sudamericanos. Pero, lo fundamental hubiera sido reforzar la convergencia y la integración sudamericana a partir de los mecanismos existentes.

En esta importante reunión se dieron un conjunto de diálogos bilaterales, de las que una vez más estuvo ausente el Presidente peruano, sistemático grave error que está llevando a un menor protagonismo del país en el ámbito regional y la identificación plena y casi excluyente con el eje que propicia Estados Unidos (García tampoco asistió a la cumbre eurolatinoamericana). No asistió a Caracas, pero envió una afectuosa carta personal a la presidenta chilena ratificando -como si nada hubiera ocurrido desde entonces-todas las promesas que le hiciera en su visita a Chile. Noparticipamos de la iniciativa de países exportadores de gas sudamericano, pero sí estamos dispuestos a venderle gas -noelectricidad- a Chile que ahora habla de asimetrías y la necesidad de compensarlas (cuando lo afectan), pero que se niega en el caso de la relación bilateral con el Perú a definir una relación que las elimine discutiendo y solucionando además los problemas pendientes.

Giras presidenciales

A la pasada gira de Bush por América Latina, le siguió la de Chávez en una eficaz respuesta política. A las propuestas de TLC y la cooperación compasiva planteada por Bush, Chávez respondió con lasiniciativas del ALBA referidas a las misiones de salud, educación, empresas mixtas, la cooperación energética y proyectos de apoyoproductivo. En la batalla de ideas parece haberle ido mejor a Chávez.

Luego de estas movidas, la presidenta chilena viajó a Colombia, México y otros países de centro américa, afianzando el eje pro-Washington. Lula fue a tranquilizar a Uruguay antes de la llegada de Bush para salvaguardar el MERCOSUR, y después impulsó la alianza del etanol con Estados Unidos, buscando aminorar luego la controversia en ese temacon Venezuela.

Después de la cumbre energética, Lula volvió a viajar esta vez a Chile y Argentina, buscando afianzar su posición luego del protagonismo venezolano. A Chile fue con una nutrida delegación ministerial, que busca hacer más densa la relación bilateral no solo en el plano económico-comercial, sino de la cooperación. Mientras, acá la alianza estratégica con el Brasil avanza a paso de tortuga.

El presidente García aparte de la visita a Chile, casi como disculpándose por la que primero hizo a Brasil, viajó a Colombia (en medio de su polémica con Venezuela y Ecuador, así como de las acusaciones de vínculos del gobierno con los paramilitares). Luego, accediendo a la intensa presión de los apologistas locales del TLC, finalmente viajó a Estados Unidos para sumarse a los lobbies, emisarios y ministros, que fueron a pedir por el TLC y lanzar loas al modelo de libre mercado e inversión.

En suma, giras pro-Washington y ausencias en reuniones que promuevenla integración regional. Subordinación con el gigante del norte y el vecino del sur, constituye el claro mensaje político del actual gobierno, que entra en contradicción con la histórica tradición de Cancillería y de su propio partido.

SERÁ POSIBLE ACABAR CON EL NARCOTRÁFICO EN EL PERÚ?

(Un Ejercicio Aplicado De Teoria Microeconómica Y De Políticas Pro-Mercado)

Escribe Jurgen Schuldt

(Primer borrador de discusión: prohibida su reproducción escrita, electrónica, verbal o musical)

“No a la ‘Coca Cero’, sí al ‘Narcotráfico Cero’”

Evo Morales

I

Como consecuencia de las diversas movilizaciones sociales de las últimas semanas, lideradas por los gremios productores de hoja de coca, ha vuelto a pasar a primer plano de la discusión pública nacional el tema del tráfico ilícito. Una vez más, renace la preocupación gubernamental la cuestión en torno a las formas como se puede y debe enfrentar la grave problemática de la proliferación de los cultivos ilegales de coca. Es decir, de aquella proporción de hoja que se destina –en el país o fuera de él- a la producción de la pasta básica y/o de la cocaína, que viene fortaleciendo amenazadoramente los carteles del narcotráfico y de sus aliados[1] en el Perú, entre las muchas consecuencias negativas bien conocidas[2] que ejerce esta actividad dentro de nuestras fronteras y en los países consumidores.

El enfoque y las interrogantes

Por supuesto que no hay recetas mágicas, ni de las que resolverán el problema de la noche a la mañana. Pero todos sabemos que no han funcionado –aunque no lo quieran reconocer sino unos pocos solitarios analistas y vilipendiados políticos- las políticas hasta ahora adoptadas por nuestros gobiernos[3]. Por lo que el planteamiento de cualquier otra propuesta que contribuya a la discusión y/o al alivio del problema puede ser muy útil, por más utópica o ingenua que parezca a primera vista[4].

Adoptaremos, respondiendo adrede a los signos de los tiempos, el instrumental económico ortodoxo para diseñar una peculiar propuesta, que puede ser útil plantear siquiera como punto de partida y que consideramos una solución de transición en la larga marcha que habría de culminar en la eliminación de la posibilidad del tráfico de coca para producir sus derivados ilegales.

Obviamente, para comenzar, descartamos de plano la ingenua solución friedmaniana o ‘liberal’, que propone la legalización de la droga[5], porque terminaría inundando el mercado nacional y mundial, tanto con coca, pasta básica y cocaína (como con heroína), por cierto de muy buena calidad, a la vez que por esa ruta –y esto es lo más grave- se acabaría con las frágiles tierras y el endeble equilibro ecológico –de por sí amenazado- de gran parte de nuestra ceja de selva e importantes segmentos de la selva.

Plantearemos el problema desde dos ámbitos cruciales de la cadena productiva de la cocaína, cada uno de los cuales exige de políticas distintas, pero que se refuerzan entre sí, por lo que deben adoptarse paralelamente. Se trata básicamente de una propuesta dirigida a modificar el esquema monopsónico de la comercialización de la hoja de coca y la forma de enfrentar el tráfico de los precursores químicos. Nos limitaremos aquí a una perspectiva primordialmente microeconómica convencional. Asimismo, solo trataremos la problemática desde una visión estrictamente doméstica, sin considerar sus efectos en los demás países productores de coca o en las regiones consumidoras del mundo[6]. Los demás aspectos y medidas están planteadas con toda claridad y realismo –en oposición a las largamente adoptadas y fracasadas políticas oficiales- en lo que se debería denominar la “Doctrina Cabieses”[7], con la que coincidimos plenamente, tanto por su erudito diagnóstico como por las políticas integrales que propone, pero que extenderemos aquí únicamente en algunos aspectos aparentemente marginales.

En ese entendido intentaremos responder a dos interrogantes críticas, a partir de las cuales es posible plantear políticas dirigidas al fin que proponemos, las que deben complementarse con las sugerencias más completas de Cabieses, que abarcan todos los campos –político, psicosocial, jurídico y demás- que abarca y en los que se desenvuelve el ‘cluster’ coquero:

• Primera cuestión:¿cómo evitar que la hoja de coca llegue a manos de los traficantes? Paradójicamente, a pesar de que no se prohibirá el cultivo y venta de la hoja de coca, con la respuesta-propuesta que haremos sobre esta cuestión, paulatinamente se evitaría el acceso de los acopiadores a este insumo-base para la fabricación de la droga.

• Y segunda: ¿cómo evitar que los insumos químicos (los denominados ‘precursores’) necesarios para transformarla en pasta básica lleguen a los fincas cocaleras o las zonas de concentración de la hoja seca? Con lo que, obviamente, se pretende evitar que los agricultores se conviertan también -o más de lo que ya están- en procesadores de pasta básica.

En la medida de lo posible, respetando la lógica de los economistas ortodoxos, las propuestas van dirigidas a establecer los incentivos necesarios para encontrar las soluciones -o una aproximación a ellas- a través de mecanismos de mercado, que ahora anima tanto las acciones del presente gobierno y que incluso podrían contribuir a alcanzar el sueño del ‘grado de inversión’[8]

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II

Del Monopsonio Coquero

En cuanto a la primera interrogante planteada, nuestra sugerencia va dirigida a modificar la actual estructura del mercado[9], que puede ser caracterizada como un monopsonio a nivel de valle o cuenca (o de oligopsonio a escala regional o nacional). Es decir, se trata de un mercado caracterizado por la existencia de un gran comprador de hoja de coca en cada cuenca, valle o región. Ciertamente en algunos casos se trata de oligopsonios, en que compiten entre sí dos o tres vigorosos compradores[10]. Aquí mantendremos el supuesto del monopsonio simplemente por razones de simplificación analítica[11]. Y ese poderoso comprador único no es otro que el influyente acopiador de las hojas de coca que sirve de intermediario a uno de los carteles del narcotráfico, ya que el comercializador estatal (ENACO) apenas influye en el mercado.

La Propuesta en síntesis

En ese entendido, proponemos enfrentar a ese monopsonio –que actúa en el ‘mercado negro’- con otro productor de igual o similar poder financiero y administrativo, que podría ser ejercido –en otras condiciones- por una profundamente transformada NEO-ENACO[12] (o, para estar en línea con el espíritu liberal del gobierno, ¡entregárselo en concesión a uno o más operadores privados!), que actualmente –a nivel nacional- apenas adquiere 2.800 toneladas métricas de las 8.700 TM que se venden-consumen legalmente[13] y que representan un minúsculo 5,6% de la producción total de hojas, que ascendería a unas 50.000 TM anuales en el estimado más conservador.

Descentralizando la renovada ENACO[14], estableciendo una miríada de oficinas en las zonas cocaleras y facilitándole una suma similar o superior de dinero a la que manejan los acopiadores del narcotráfico. Con ello este nuevo demandante se incorporaría en mejores condiciones a la competencia en el mercado ilegal, que ya no lo sería tanto. Con ello, apenas se hayan creado las condiciones legales-administrativas-políticas necesarias, el mercado de la hoja de coca se transformaría en un duopsonio, en que se enfrentaría el monopsonio controlado por los narcotraficantes y el monopsonio controlado por la nueva ENACO y los gremios de productores de coca. Naturalmente el precio del kilo de hoja de coca subiría inicialmente, acercándose al que regiría en condiciones de competencia perfecta (ver Anexo II sobre el equilibrio en condiciones de monopsonio, duopsonio y competencia perfecta).

El segundo aspecto esencial de la propuesta es que se liberalizaría el comercio de la hoja de coca, siempre y cuando el productor esté registrado y llegue a un acuerdo para no ampliar el área del cultivo y coopere –a través de su gremio cocalero y demás organizaciones[15]- con NEO-ENACO en el control y denuncia de los cultivos no autorizados. Con lo que naturalmente se terminaría con las erradicaciones voluntarias o ‘programadas’ (es decir, de las forzosamente aplicadas por la policía).

Pero, antes de analizar las demás consecuencias de estos lineamientos generales, detengámonos un momento, ya que esta propuesta -que parece exótica a primera vista- requiere de una explicación más detallada de las acciones que habría que adoptar antes de implementarla. En lo fundamental se trataría de combatir al actual monopsonio con sus propias armas (pero, dentro de la Ley): tanto con el masivo flujo de dinero que manejan y los altos precios que pagan (el quíntuple del mercado ‘oficial’) y las alianzas que se establecerían con las asociaciones ‘institucionalizadas’ de productores de coca. Ciertamente ello requerirá de negociaciones a nivel internacional y la elaboración de las leyes pertinentes, que el Congreso debería dictar en un lapso prudencial (no mayor a los seis meses).

En ese entendido, de lo que se trataría es que ambos compradores entren en ‘competencia’, en la esperanza que –a la larga- NEO-ENACO termine convirtiéndose en el nuevo monopsonio, hasta que se encuentre una solución para las 50.000 o bastante más familias de agricultores dedicadas a esta actividad, sea por la posibilidad de desarrollar cultivos alternativos adecuados, sea por otras actividades productivas que podrán financiarse ellos mismos por las ganancias que acumularían en un periodo de 5 a 10 años, que es lo que duraría el acuerdo en torno a este Programa Temporal de Liberalización Selectiva del cultivo y comercialización (PROTELICUCO). Para ello, deben darse una serie de condiciones para que este segundo competidor (el oficial o el oficialmente reconocido) del nuevo mercado duopsónico pueda competir exitosamente con el actual monopsonista:

El gobierno debe estar convencido que estas políticas tendrán éxito en el mediano plazo y debe poseer la voluntad política necesaria para que la NEO-ENACO (o el concesionario privado) entre al mercado como si fuera un comprador más –tan importante como el monopsonio ilegal actual- de toda hoja de coca que provenga de cultivadores inscritos, tal como se describen más abajo. Lo que, obviamente, exige una Ley específica al respecto, para lo que seguramente se podría conseguir una mayoría absoluta en el Congreso.

NEO-ENACO debe entrar al mercado, no fijando un precio de antemano, sino pagándolo en función a la oferta y la demanda, intentando comprar –a la larga- la oferta completa al precio vigente (pagadero en US$, por lo menos mientras continúe la presión a la baja del tipo de cambio).

1. Para lo que NEO-ENACO requiere el dinero necesario para afrontarla, cuyo monto –para que culmine exitosamente su paulatina conversión en monopsonista- debe ascender a un mínimo de US$ 150 millones para comprar toda la producción (si fuese de 50.000 TM y el precio llegara a US$ 3 por kilo), si bien –como es obvio- siempre existirán algunas ‘filtraciones’. Aquella cifra se podría duplicar y hasta cuadruplicar[16], lo que seguirá siendo un ‘regalo’ frente a los costos que ya tiene y que irán en aumento si adoptamos la actitud de que “A la coca no hay que mirarla de costado” (‘El Comercio’, marzo 22; p. A1).

El dinero mencionado, para que la nueva ENACO tenga éxito, provendría de los países consumidores como EEUU y la UE, que son –teóricamente- los más interesados en que no ingrese la droga a sus territorios. Es fácil demostrar que el dinero que entregarán al gobierno peruano no solo será una suma irrisoria, sino que será muchísimo menor que la que actualmente asignan para controlar las fronteras y para financiar las consecuencias del tráfico de esta droga en su propio territorio (prisiones, juicios, hospitales, asesinatos, muertes por sobredosis, corrupción, inseguridad ciudadana, lavado de dinero, etc.)[17].

En caso contrario, si de la negociación que el gobierno peruano tendría con los gobiernos de los países consumidores de droga del Norte –comenzando con EEUU y la UE- no tuviesen interés con acabar con el flagelo que los aqueja, el financiamiento provendrá del Estado peruano, usando una pequeña fracción de las reservas internacionales netas (RIN) v que están apolillándose en las arcas del Banco Central (la cifra mencionada equivaldría a un 0,7% de las RIN y, más realistamente, a un 1,4% de su Posición de Cambio). Ciertamente, el BCR es independiente y no sería sensato que el gobierno lo presione políticamente para que libere una porción de sus tenencias de divisas, a no ser que el Directorio considere que vale la pena invertir en acciones de EPRICUCO (la empresa particular encargada de acopiar la hoja de coca seca), en caso se otorgue la concesión al sector privado.

2. Los que venden la hoja a la NEO- ENACO tienen que estar inscritos en el padrón que ese organismo abrirá para tal efecto y en el que figurará la zona exacta en que se cultiva la hoja, con el nombre del propietario del fundo y el hectareaje plantado. Tarea que requeriría, por lo menos, de un año de trabajo muy intenso. Este grupo de productores de hoja de coca tiene absoluta libertad para cultivar su producto, pero debe vendérselo obligatoriamente a la empresa estatal o, en su caso, a la concesionaria.

Esta tarea de empadronamiento, así como las demás que aquí se sugieren, debe ser coordinada con los gremios y asociaciones provinciales y distritales de productores de hoja de coca, que son los que mejor conocen las condiciones de la producción y comercialización. Además, como ha señalado ‘El Comercio’ (2007b), al tratarse de organizaciones altamente ‘institucionalizadas’ resultaría fácil la coordinación y concertación de actividades conjuntas entre gobierno y productores, tanto para asegurar el registro, como para controlar que no se expandan los cultivos.

Habrán muchas neo-oficinas de ENACO en las zonas cocaleras, tanto para pagarle a los vendedores como para –de ser necesario- venderle a los consumidores tradicionales o industriales de la hoja la cantidad que demanden a precios módicos (por no decir ‘subsidiados’)..

3. Aprobación de una Ley que permita expropiar las tierras de quienes estén inscritos y no le vendan el total de la hoja de coca a ENACO. Los cálculos pertinentes se pueden hacer fácilmente según el hectareaje, medido por la propia empresa (en colaboración con las organizaciones de cocaleros, como la CENACOP, la Central Nacional de Agricultores Productores de Coca del Perú) y según la zona en que se encuentren los cultivos, lo que permite determinar su productividad.

Pero, y esto es aún más importante, el gobierno también podrá expropiar –sin compensación alguna- a quienes no estén inscritos, produzcan coca y le vendan la hoja a los intermediarios de los carteles. Aparte de las condenas a cadena perpetua a que se verían sometidos. Las tierras serían redistribuidas a campesinos sin propiedades, a los que se les dará el apoyo necesario para reforestar o para plantar cultivos ‘alternativos’ (los adecuados y no los que se vienen sugiriendo actualmente, como el café, el cacao, la palma aceitera y similares que nos adecuados para la zona) si no quiere perder la tierra recién adquirida.

III

De manera que la NEO-ENACO (o la gran corporación privada: Empresa Privada de Cultivo y Comercialización de Coca, EPRICUCO) entraría en competencia –en superiores condiciones financieras y políticas- con el monopsonio actualmente existente, de valle en valle, de cuenca en cuenca, de región en región. ¿A qué más lleva todo esto, aparte de lo señalado en los párrafos anteriores?

Por el lado positivo:

Permitiría seguir produciendo hoja de coca por unos años a quienes viven de ella actualmente, sin la zozobra actual y sin ver reducido su nivel de vida como sucede ahora por la erradicación ‘voluntaria’ o forzosa. Es decir, se le daría las seguridades del caso a los productores en su actividad productiva y de comercialización de la hoja, en tanto que –siempre que estén inscritos- ya no se erradicarán cultivos y no serán perseguidos por la policía y demás ‘fuerzas del orden’.

Con el dinero acumulado por percibir precios de mercado, poco a poco, a lo largo del lapso de transición -de 5 a 10 años- la oferta de hoja irá en descenso, a medida que se encuentran cultivos o actividades alternativas sensatas a la actualmente desempeñada. A la larga el proceso culminaría cuando la cantidad de coca producida alcance para cubrir las demandas del consumo tradicional y de las industrias farmacéutica, de gasesosas y similares.

La policía ya no tiene que concentrarse en áreas tan extensas para control la proliferación ilegal de cultivos, que de ahí en adelante se centraría únicamente en zonas en que se estaría ampliando la frontera de producción. Con este objetivo en mente, sin embargo, es esencial la colaboración de los gremios y asociaciones provinciales y distritales de productores de coca. Es decir, se debe privilegiar el control social, más que el policíaco-represivo.

Ya no requeriremos de la cooperación internacional ni la de donantes[18], ya que a los países se les entraegará la cantidad completa de hojas a su precio de mercado, que es –como hemos dicho- un ganga frente a lo que ahora gastan en su lucha contra el narcotráfico y sus secuelas.

Todas las demás ligadas al cultivo: menos presos, menos asesinatos, menos lavado de dinero, menos corrupción, menos drogadictos, menos prostitución, menos penetración de las instituciones y el Estado, menos terrorismo, etc.

Por el lado negativo:

1. Inicialmente, sin duda, por la ‘guerra’ que se desataría entre ambos competidores por conseguir la mayor tajada de las compras totales, la cotización de la hoja aumentará en 10 a 30% de la que rige –en las condiciones actuales- en el ‘mercado negro’, dependiendo del incremento de la elasticidad de la oferta a que daría lugar esta nueva competencia. Con lo que la renovada ENACO tendrá que hacer un esfuerzo grande para pagar el precio de mercado (bastante más alto al de competencia monopsónica). A mediano plazo se estabilizaría algo por debajo del precio del ‘mercado negro’, como es característico a todo duopsonio (ver Anexo II). Y, finalmente, a la larga, se estabilizaría el precio, una vez que se haya retirado de la competencia el monopsonista original (es decir, para cuando NEO-ENACO haya eliminado a la competencia con el apoyo de las asociaciones de productores de coca).

Ello incentivará a otros productores a ampliar la frontera de producción, pero se corren el riesgo de ser expropiados en sus únicas propiedades y sustento de su familia y, para cuando se lleve a cabo la reforma judicial, condenados a cadena perpetua.

2. Sin duda, inicialmente, habrán -como ahora con la política de erradicaciones- represalias muy drásticas de parte de los narcotraficantes y los acopiadores de la hoja de coca (incluidos los senderistas): asesinato de comuneros que venden la hoja a ENACO, cuyas oficinas y camiones de recojo serían dinamitadas seguramente en muchas oportunidades. Desde un punto de vista práctico éste quizás sea el punto más débil de la propuesta, como lo es también el de la erradicación de la hoja que se aplica actualmente. Pero, por otro lado, sería absolutamente sorprendente que el gobierno se resigne a dejar de enfrentarse al monopsonista coca-acopiador. De otra parte, los propios cocaleros se organizarían –como una forma aggiornada de los ronderos- para fortalecer y defender el derecho que se le da de vender tranquilamente su producción a buenos precios. En ese sentido, el retiro de los competidores se procesará en unos pocos años, siempre que se cuente con la colaboración de los gremios representativos de los productores de hoja, así como de los mismos agricultores.

Se seguirá depredando y polucionando la ceja de selva por el uso intensivo de fertilizantes y pesticidas, en el afán del productor por incrementar la productividad de sus cultivos. Lo que terminaría cuando se encuentren las soluciones adecuadas a sus dificultades económicas.

Un problema que surgirá inmediatamente, será el del amontonamiento de hojas de coca en los almacenes del ‘nuevo’ competidor. ¿Qué hacer con las hojas de coca que adquirirá neo-ENACO? En vez de quemarlas, si el Programa es financiado por los países del Norte, les entregaríamos toda la producción, la que seguramente repartirían entre sus pobladores a precios irrisorios (apenas para cubrir los costos logísticos, de empaque, de transporte y almacenaje). A la larga, esos consumidores demandarán nuestras bolsitas filtrantes, ya que les permitirá diversificar los sabores de sus infusiones, así como darles algo más de la energía que han ido perdiendo crecientemente por el estrés y la monotonía del mundo moderno.

De otra parte, en caso que el gobierno peruano tenga que financiar todo el Programa, se sugiere que -para el primer año de aplicación, que sería el 2008 (cuando se haya culminado el catastro de productores)- que el gobierno peruano le done una bolsa de 200 gramos de hojas de coca –para que degusten el manjar como infusión- a las 250 millones de familias que viven –es un decir- en las zonas urbanas de China (los excelentes sistemas de distribución que existen allá y la buena voluntad de su gobierno transportarían la hoja por el Pacífico y de ahí a las urbes, sin contraprestación alguna)[19]. En la esperanza que, a la larga, esos agradecidos consumidores (por más que muchos no aprecien este tipo de obsequios) se conviertan en clientes habituales de té de coca, para variar el sabor y potenciar su desgastada energía por sus extendidas horas de trabajo –oferta que será bienvenida a medida que se convierta en una verdadera ‘economía de mercado’- de sus tradicionales infusiones. Les venderíamos esa misma cantidad en los años siguientes, con lo que el programa se iría autofinanciando paulatinamente. Lo mismo puede hacerse con otros fanáticos de los tés, como la India, Gran Bretaña, Turquía y similares[20].

Por supuesto que para reducir los costos de transacción -evitando el almacenamiento y las complicaciones de la distribución- podría diseñarse un sistema de producción y venta figurada: al campesino se le paga la suma que recibió el año anterior, sin que produzca nada. Lo ideal, en ese caso, sería que se le exija que reconstituya y reforeste la zona que cultivaban, con lo que contribuirían a sanear el medio ambiente y obtendrían algo más de dinero al momento de la tala de los árboles (o de lo que ahí cultiven).

Incentivos para la captura de insumos

A pesar de los altos precios de la hoja, muchos productores se aventurarán a producir pasta básica, dado el enorme margen de ganancia que ello les procuraría y por más cadenas perpetuas a las que se arriesgarían. Por lo que será necesario atacar el problema de los ‘precursores’ que se utilizan para su producción, como por fin lo ha entendido el presente gobierno. Este es un tema muy complejo ya que son más de dos docenas de insumos los que deberían captarse. Aunque ayudaría y será necesaria, no bastaría la colaboración de los gremios de productores de hoja de coca, por lo que se requiere una medida adicional.

Para ello, la propuesta consiste no solo en aumentar el número de guardias y de puestos de control policial (como ingenuamente propone el gobierno), sino en pagarle en efectivo a los que logren decomisar esos insumos, a razón del 80% de su precio de mercado. Es decir, los miembros de las garitas (sedentarias o nómadas) –en carreteras, trochas, ríos, riachuelos, aeropuertos- que logren ese cometido se repartirían esa cifra, que puede llegar a montos muy apreciables, bastante mayores a los que obtienen por ‘coimisiones’ para dejar pasar los cargamentos. Los miembros de la comisaría, la guarnición de las FFAA o cualquier otra institución podrían aumentar así sus ingresos sustancialmente por encima de sus remuneraciones oficiales[21]. Esta propuesta se podría hacer extensiva a las asociaciones regionales, provinciales y distritales de productores de coca, así como a los gobiernos regionales-provinciales-distritales, cuando alguna de ellas denuncie o capture alguno o varios de los cargamentos de precursores químicos.

Naturalmente esta medida requiere de un financiamiento inicial adicional, aunque a la larga –debido al margen del 20%- se terminaría autofinanciando.

Sintetizando

Como se habrá observado, finalmente prácticamente todo desemboca en un simple cálculo de costo-beneficio, en el que los incentivos juegan un papel central. Y, en la medida en que la producción de droga es una cadena productiva integrada (y de ‘producción conjunta’ en la jerga microeconómica), es necesario cortar los segmentos críticos –a través de mecanismo de mercado- que permitan romper el círculo vicioso e impedir la producción de droga.

En las propuestas actuales, en las que se viene insistiendo desde hace treinta años, como se ha reiterao infinidad de veces, solo se atacan –muy ingenuamente- los extremos más débiles de la cadena: los productores de hoja de coca y los comerciantes minoristas. En lo que aquí postulamos es el ataque de los dos ejes centrales de este ‘cluster’: los grandes acopiadores y los comerciantes de los precursores químicos, así como a los que los nutren y hacen posibles, a saber: los narcotraficantes y los industriales-importadores-contrabandistas, respectivamente.

Por supuesto que todo este proceso requeriría de paciencia, voluntad y, sobre todo, mucho tiempo, por eso de que ‘Andemos despacio que estamos apurados’, que habría dicho –no recuerdo quién- el Quijote, Napoleón o la Madre Teresa.

Naturalmente, aquí hemos presentado una política de drogas-cero casi exclusivamente economicista, por lo que resulta indispensable incorporarla como subconjunto de la ‘Doctrina Cabieses’, que trata los temas interdisciplinaria e intertemáticamente, planteando los aspectos legales, medicinales, de negociación, producción, sociopolíticos y demás que son indesligables entre sí y que forman parte sustantiva de cualquier propuesta integral e integradora.

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[1] Entendiendo por tales, desde los comerciantes de insumos para producir la droga, pasando por los agentes comercializadores, hasta los grupos subversivos.

[2] En lo que sí estamos de acuerdo con Milton Friedman (1998), quien ha publicado cataratas de textos sobre la materia.

[3] Véanse, a este respecto, los trabajos de Hugo Cabieses, en el Anexo III.

[4] El autor de este texto confiesa su absoluta ignorancia en el tema que desarrollará en la presente nota, por lo que gran parte de la información aquí presentada deriva de textos elaborados por Hugo Cabieses, considerado con mucha razón por el diario Página/12 de Buenos Aires como “uno de los mayores expertos de América Latina sobre Narcotráfico” (marzo 5, 2007). Nosotros añadimos que, además, se trata del único autor que viene planteando hace décadas las políticas y propuestas adecuadas para contribuir a una solución realista de esta compleja problemática.

[5] Véase su posición en una de las últimas y más explícitas entrevistas sobre la materia, otorgada a Randy Paige en 1991: www.druglibrary.org/schaffer/Misc/friedm1.htm

[6] En vista que los países del Norte no están haciendo lo suficiente en materia de interdicción, sino todo lo contrario, y si tenemos en cuenta que la demanda sigue creciendo porque su elasticidad-ingreso es mayor a la unidad. Tampoco consideraremos el impacto que estas propuestas ejercerían sobre nuestros vecinos productores de hoja de coca.

[7] Una versión sintética magistral de sus planteamientos puede encontrarse en los ‘trece puntos’ de su ponencia “Presente y Futuro de la Coca – Algunas Propuestas Propias y lo que dice el Tribunal Constitucional sobre Coca y Política de Drogas”, Lima, 19 de marzo 2007. Véanse, además, sus textos más extensos, nombrados en el Apéndice III bibliográfico y el texto breve que sintetiza su posición (reproducida en este blog).

[8] Que hoy en día está más lejos que nunca, dada la convulsión social y política que ha generado el problema por el manejo gubernamental errado, al margen de sus negativos efectos sobre la corrupción, la criminalidad, el lavado de dinero y las demás consecuencias endógenas que le son inmanentes.

[9] Los economistas hablan de las siguientes variedades de vendedores, cada cual con sus diversas subcategorías: monopolio, oligopolio, competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio y monopolio. En el mercado de ‘factores’ (compradores) se habla de oligopsonio, duopsonio y monopsonio (aparte de la competencia perfecta).

[10] Por el momento dejamos de lado el caso en que los campesinos realizan ‘producción conjunta’ (hojas de coca y pasta básica), aún cuando la situación también es de monopsonio (el comprador único lo es de pasta).

[11] Nótese que, por el lado de la oferta, la estructura de mercado es de ‘competencia monopolística’ en el sentido que le diera Edward Chamberlin (1946). Es decir, el pequeño margen monopólico viene determinado por la ubicación del vendedor, que en el caso de la hoja de coca viene representado por una gran cantidad de personas que ofrece el producto homogéneo en diversos espacios.

[12] El ‘neo’ quiere llamar la atención sobre el hecho de que esta institución tiene que reorganizarse y reformarse desde la base, administrativa, legal, personal y sociopolíticamente.

[13] Para el año 2003 se estimó que en el país 3,8 millones de personas (es decir, casi 15% de la población total del país) consumían 8.700 TM de hojas de coca, sea para el chaccheo o ritos ancestrales (pagos a la pachamama, corte de pelo, matrimonio, velorio, culto a los apus, etc.), sea para producción artesanal o industrial (a usarse como infusión, medicinal u otros fines lícitos). Lo que significa que el consumo por persona alcanzaría a 2,29 kilos anuales. Ver también: Cabieses, “Coca: Terminar con el Sometimiento”, entrevista concedida a Manuel Robles Sosa, 22 de marzo 2007).

[14] O, en su caso, la(s) empresa(s) privada(s) que gane(n) la(s) concesión(es) por regiones o cuencas.

[15] Pensemos en la ‘Central Nacional de Agricultores Cocaleros del Perú’ (CENACOP) y/o la ‘Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú’ (CONPACCP), así como en las asociaciones y federaciones regionales, provinciales y distritales de cocaleros (ver una lista de las principales y de sus respectivos líderes en ‘El Comercio’, abril 22, 2007, p. a24).

[16] En el extremo, en el país se podría producir hasta 200 TM, que –a un precio de US$ 3- exigiría el desembolso de US$ 600’, que tampoco es una suma exagerada.

[17] Nótese que, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Harvard, el gobierno norteamericano se ahorraría US$ 7.700 millones (sic) sólo con la legalización de la marihuana. Por supuesto que, insistimos, nuestro propósito no es legalizar la comercialización y el consumo de cocaína.

[18] Es importante insistir en el hecho de que no se trata de que esos países nos donen y cooperen con nosotros. Es todo lo contrario: somos nosotros los que los ayudamos a resolver su grave problema de drogadicción y narcotráfico.

[19] Por supuesto que no podemos garantizar que el gobierno de China no reparta las hojas y que utilice esta commodity para producir cocaína, que es parte de su tendencia –más que hacia el vicio- a comprar materias primas para convertirlas en productos industriales de alto valor.

[20] El mercado mundial de té lícito llega a 3 millones de TM, con lo que nuestras miserables 50.000 TM no le harían mella a los principales productores, cuyas cifras pueden consultarse en un informe de ‘El Comercio’, aparecido en la separata ‘Mi Negocio’ del 22 de marzo 2007, p. 5.

[21] Aunque es un tema como para discutir, pensamos que no resulta conveniente motivar en ese mismo sentido a personas, familias o comunidades nativas, porque podría llevar a instaurar una poco conveniente civilidad de ‘soplones’.

COCA & COCALEROS: PDA = PDAA

Escribe Hugo Cabieses

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Al final de la pirotecnia mediática, se abrirá una mesa de diálogo con los agricultores cocaleros. Ha sucedido así en los 14 conflictos cocaleros que se han producido desde 1999. Pero me preocupa que a esta mesa el gobierno no lleve nuevas propuestas sino más de lo mismo. El "Plan de Desarrollo Agrario para las Zonas Cocaleras 2007-2011" por US$ 83 millones promulgado el 20 de Abril (RM Nro. 275-2007-AG), es lo mismo que hacen desde hace 20 años, tanto la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). El Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) ha tenido pequeños éxitos, pero enormes fracasos, sin que se haya realizado una evaluación seria e independiente de lo realizado. Considero grave que se repitan los errores estratégicos del PDA.

Es saludable que el ministro considere junto con los cocaleros, que el "problema" de la coca es agrícola, pero mi objeción central al Plan es que se trata de promover monocultivos de exportación para cumplir con una fórmula equivocada: coca = cocaína = US$ = exportación. Por lo tanto, se debe ubicar un producto exportable que reemplace a la coca. Esta estrategia no tiene viabilidad agro-ecológica en zonas de selva alta. Pero además, no tiene sostenibilidad económica más allá de algunos pocos años ya que "el suelo no aguanta".

El Plan impulsará el quinteto anti-ecológico de "cultivo motor de exportación": café, cacao, palma aceitera y palmito, sin contar el arroz que es de consumo interno y el sacha inchi que considero interesante para mercados nacionales. La coca para el "narcotráfico" – no la cultivada tradicionalmente - es el sexto cultivo anti-ecológico que se quiere sustituir. Pero su erradicación provoca tanto o más efectos medio-ambientales negativos que los productos estrella del PDA. A esto se agrega ganadería mayor, reforestación en plantación de especies "rentables" y caña de azúcar para bio-combustibles. Las vacas "pisan" la ecología y tumban bosques para pastos. La caoba y el cedro son para los nietos de los agricultores. Plantar para bio-combustibles como quieren los presidentes Bush y Lula significa cambiar alimentos por "gasolina verde". Con todo esta Plan, tendremos la mejor contribución para que el Perú sustituya cultivos de coca por calentamiento global.

El camino para la selva alta es otro: 1) evaluación seria e independiente de lo realizado hasta ahora con el PDA; 2) catastro y empadronamiento de agricultores cocaleros y no cocaleros para apoyar su organización gremial y empresarial; 3) consulta con los agricultores y profesionales que conozcan los límites agropecuarios de selva alta; 4) estrategia orientada principalmente a mercados locales, regionales y nacionales; 5) sostenibilidad alimentaria, basada en biohuertos (vitaminas y calcio) y minigranjas (aves menores y cuyes) junto con acuicultura (no tilapia, sino paco, gamitana, paiche y caracol) y zoocriaderos (picuro y ronsoco), para proteínas y nutrición familiar; 6) agro-forestería en pequeña producción con agricultura orgánica (biol y cobertizos) y siembra por contrato, crédito campesino supervisado y asistencia técnica en la chacra; 7) programa de desarrollo forestal con especies de corta y mediana maduración y no maderables como castaña y caucho, asociado con acuicultura, apicultura y ovino de pelo (no vacas); y, 8) ecoturismo y turismo vivencial sustentable, articulado a cadenas de valor locales.

La exportación agrícola para selva alta es una quimera y hay que decírselo a los agricultores con todas sus letras, desandando lo andado. Nuestra principal riqueza exportable es la biodiversidad de estas zonas, el ecoturismo, el manejo integral y sostenible de los bosques - no su tala y quema para productos de exportación -, la captura de carbono y los fondos disponibles para ello. Insistir en el PDA impulsado por USAID y ONUDD en los últimos 20 años, además de continuar "adictos al fracaso", es impulsar la eclosión ecológica y un verdadero Plan de Destrucción de la Agricultura Amazónica (PDA) en reemplazo de los cultivos de hoja de coca.

SOBREDEMANDA E INFORMACION

Escribe Kurt Burneo

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Pareciera que el gran contingente de nuevos inversionistas (principalmente personas naturales) atraídos por las rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima ha originado un exceso de demanda por los servicios de las Sociedades Agentes de Bolsa (SABs) teniendo como resultado la ocurrencia de racionamientos vía incrementos de comisiones como también de montos mínimos para invertir. Pero este incremento en la demanda también revelaría la necesidad que tanto la Bolsa de Valores de Lima (BVL) la CONASEV y las propias SABs desarrollen campañas educativas de carácter informativo y preventivo sobre las posibilidades y riesgos implicados en toda inversión bursátil; campañas dirigidas principalmente hacia estos nuevos inversores (sobretodo personas naturales) , dado que pareciera que ellos estarían actuando inducidos mirando solamente el lado bonito de la inversión en Bolsa. Tratemos con algo más de detalle el tema.

Cuando hay un exceso de demanda por un bien o servicio como seria el caso de los que prestan las SABs (con carácter de exclusividad para operar en la Bolsa de valores) ocurren -tal como viene sucediendo a la fecha- formas distintas de racionamiento: Desde la elevación de los montos mínimos de inversión hasta el incremento de las comisiones de 1 a 2%. Ciertamente, el crecimiento de la demanda por los servicios de las SABs es importante, considerando que hacia finales del 2006 existían 230,000 inversionistas en la BVL y actualmente suman alrededor de 300,000, además esta mayor dinámica de crecimiento de inversionistas puede haberse propulsado por las expectativas generadas a partir de la presentación en estos días de los Estados Financieros al primer trimestre de este año de las empresas listadas en Bolsa.

Que duda cabe que la rentabilidad que exhibe hoy la Bolsa es un incentivo poderoso para nuevos inversionistas, así tenemos que el Indice General bursátil sigue mostrando una tendencia ascendente alcanzando el día 24 de abril 20,773 puntos, incluso estos inversionistas nuevos no solo son locales sino también extranjeros que traen dólares y los cambian en soles (contribuyendo a la apreciación del sol) para comprar bonos del gobierno y acciones de empresas locales. En general la entrada de nuevos inversionistas al demandar los instrumentos financieros disponibles en Bolsa por supuesto que tienden a sostener y/o elevar el precio de estos y claro los que compraron antes a precios menores tienen la posibilidad de hacer ganancias, pero este es solo un lado de la moneda, el otro –y es allí donde debería enfatizarse la información- es que este tipo de inversiones por el carácter especulativo que tienen, implican también riesgos de pérdida para los inversores.

Ciertamente, una parte sustancial de los sólidos fundamentos de la macroeconomía peruana dejada por la administración anterior se han venido manteniendo, lo cual sumado a la poca probabilidad de cambios fuertes en el precio de materias primas en el corto plazo indicarían que no se esperaría un comportamiento desfavorable de la Bolsa, lo que no significa que al conocerse los balances de las empresas listadas ocurran procesos de toma de ganancias y con ello reducciones temporales en el precio de algunas acciones implicando también algún grado de recomposición de portafolios de los inversores, pero fuera de esto, la tendencia de la Bolsa no dejaría de ser favorable cuando menos en el corto plazo.

Pero también cabe advertir que los incrementos en los precios en Bolsa de los distintos instrumentos que se cotizan en ella deben de ser mirados con mas detenimiento; no sólo cuando la diferencia en el caso del precio de las acciones es cada vez mayor respecto al precio real de una firma si es que no existieran los fundamentales que sustenten un mayor nivel de este último; sino también cuando precios en Bolsa con tendencia creciente podrían no estar reflejando el riesgo de crédito asociado a los emisores..

Finalmente, creo que es indispensable y con un carácter preventivo el que se pueda hacer de conocimiento público los riesgos de pérdidas que también están implicados en la inversión bursátil; mas aún cuando es sabido que actualmente hay personas ( sobretodo naturales) que estarían tomando créditos personales con los bancos para financiar sus inversiones en la Bolsa de valores. Debemos de recordar que una de las condiciones para que los agentes económicos tomen decisiones eficientes es el contar con información adecuada y en mi opinión esto último es una carencia aun pendiente de resolver.

Cruzada de valor por una tasa de interés cierta y comparable

Juan Francisco Rojas

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Hace unos días el investigador de Centrum – Católica, Miguel Ángel Martin Mato, realizó una presentación sobre los peligros derivados de la concentración en el mercado de los servicios bancarios en el Perú. La Cruzada que Martin Mato ha emprendido tiene un objetivo simple y legítimo: los consumidores deben conocer cuál es el costo del dinero y cuál es la institución bancaria que cobra los precios más bajos.

El costo del dinero se expresa en la tasa de interés, y los bancos debieran indicar -con claridad- cuál es la tasa de interés anualizada que cobran por los créditos que conceden. Además, debieran incluir en la tasa de interés los cobros que se trasladan a los consumidores bajo el concepto de comisiones, portes y gastos. Según Martin Mato, con este sencillo procedimiento se pondría fin al cobro de comisiones, portes y gastos, pues el cobro por esos conceptos se incorporarían a la tasa de interés y acabaría una práctica destinada a evitar que los consumidores conozcan el verdadero costo del dinero.

La propuesta matemática es simple: si la tasa de interés se anuncia en el orden del 9 ó 10%, pero, además, la institución bancaria cobra S/. 5,00 por comisiones, S/. 15,00 por remisión de la información, y S/. 10,00 por gastos administrativos, la tasa de interés real no será ya del 9 ó 10%, pudiendo alcanzar el orden del 14 o 15% (las cifras utilizada no son exactas, son sólo referenciales). Asimismo, si se oferta una tasa de interés del 5% y no se indica – con claridad – que se trata de una tasa mensual, se está encubriendo una oferta de tasa anual del orden del 60%. Para evitar esta distorsión los países que protegen los derechos de los consumidores obligan a que todos los que ofrecen un crédito indiquen en sus anuncios únicamente una tasa anualizada y exigen que esa tasa incluya todos los costos secundarios del crédito, pero que influyen en el costo del dinero. Así, el consumidor tiene la información real y puede comparar las distintas ofertas financieras, es decir, puede saber el verdadero costo del dinero.

¿Por qué las entidades bancarias en el Perú no facilitan la información a los consumidores? ¿Cómo se explica que las entidades bancarias no quieran competir? Las respuestas posibles pueden ser muchas, pero una se presenta como la más cercana: la situación, tal como se encuentra, asegura altas rentabilidades para las entidades bancarias y grandes perjuicios para los consumidores. El mercado concentrado, donde cuatro entidades financieras se reparten el mayor universo de consumidores, no aconseja incentivar la competencia, pues ésta solo hace que ganen los consumidores.

Lo curioso de todo esto es que las leyes en el Perú ya contemplan esta exigencia desde el año 1992, cuando entran en vigencia las normas de protección al consumidor en publicidad comercial y exigen que la publicidad no falte a la verdad por falsedad, omisión o ambiguedad. Cómo es obvio, los grandes ausentes en la consolidación de este abuso son los organismos reguladores que han permitido que la mala información sea la regla y que los derechos de los consumidores se vean afectados.

La cruzada que ha emprendido Martin Mato es una cruzada de valor y como es obvio enfrenta enemigos de gran poder y capacidad de acción. Esta cruzada no cuestiona el monto de la tasa de interés, únicamente busca que se le conozca con claridad. ¿Quizá sea tan alta la tasa de interés verdadera que es mejor que no se le conozca?

Estamos advertidos y debiéramos participar activamente de la cruzada.

Escribe Alan Fairlie Reinoso

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En las negociaciones con EEUU se aplicó la estrategia del "TLC sí o sí", lo que llevó a concesiones máximas a Toledo convalidadas por el nuevo partido de gobierno con su voto en un Congreso de salida. Se rechazó la ampliación del ATPDEA y se renunció a una negociación conjunta con andinos. Esa estrategia fracasó.

El nuevo gobierno pudo buscar una renegociación del TLC y ampliación del ATPDEA con otros andinos, dados los cambios previsibles en el Congreso Norteamericano. Ahora la mayoría demócrata lo plantea (laboral, ambiental, propiedad intelectual, principalmente) y la respuesta del Gobierno es negativa: el texto no se toca, sólo veamos cartas adjuntas (lo que no acepta EEUU).

Se planteó que no había costos y que estábamos listos. Hoy se habla de un período de adecuación de 2 años, pero no se discute los costos ni compensaciones que se darán adicionalmente con la renegociación.

Así como en EEUU el debate es sobre la nueva política comercial y sus intereses globales (donde nuestra capacidad de incidencia es reducida), aquí deberíamos discutir una estrategia de competitividad y política comercial que no haga depender la conquista de mercados de preferencias temporales.

Se podría plantear:

• Ampliación del ATPDEA el máximo posible, con los andinos y la Secretaría General.
• Aún si son dos años, se puede renegociar con nuevo Congreso y nuevo gobierno de EEUU.
• Aceptar propuesta demócrata a cambio de: excepciones y compensaciones en agricultura, compras públicas (eliminar trato nacional), y que las cartas adjuntas sobre conocimientos tradicionales y biodiversidad formen parte del Texto y tengan cumplimiento obligatorio.
• Propiciar discusión sobre costos y beneficios de nuevas propuestas.
• Formar comisión multipartidaria del Congreso que acompañe el proceso y la estrategia a seguir al igual que otras negociaciones en curso (Chile, UE, Asia). f) Impulsar decididamente la integración andina (descartando definitivamente el retiro) y confluencia con iniciativas sudamericanas como Banco del Sur, energía, etc. Desde allí fortalecer negociación con UE, buscando flexibilidades que también se plantearían en
  renegociación con EEUU.
• Avanzar principalmente en estudios de impacto para acuerdos con países asiáticos como China (Acuerdo de alcance parcial) de menor profundidad que los anteriores.
  
  

Lamentablemente no vemos voluntad política del Gobierno para otra
estrategia que no sea el continuismo del "sí o sí".