Juan Francisco Rojas
Profesor PUCP
La Defensoría del Pueblo es una institución joven. Los últimos cinco años de gestión se han caracterizado por una marcada ausencia en los temas relevantes a los derechos fundamentales de los ciudadanos, particularmente aquellos que tienen que ver con la regulación de los servicios públicos y el mercado; lo que pone en evidencia que la próxima designación del titular de esta entidad, que debe producirse antes de fin de año, representa un reto para el Congreso.
Es lamentable que la Defensoría se haya limitado al registro estadístico de los conflictos sociales; o al comentario de éstos cuando ya culminaron; a la elaboración de tediosos y nada amigables informes que, con mucho esfuerzo y texto, “descubren”, por ejemplo, el mal estado de las comisarías; o, lo que es peor, haya apostado por una presencia intrascendente en los medios de comunicación.
Es equivocado que se haya enarbolado la neutralidad de la institución; ésta va bien con organismos internacionales, del tipo de la Cruz Roja, pero de ninguna manera en un organismo que, por mandato constitucional debe ejercer la defensa del pueblo. Precisamente, el que reclama atención, auxilio, y defensa para sus derechos fundamentales, que son cotidiana y contumazmente afectados por el Estado y sus funcionarios.
¿Se habrán enterado en la Defensoría que en los hospitales públicos no se atiende ni a los casos de emergencia, cuando el ciudadano no puede pagar? ¿habrán escuchado que en la mayoría de empresas a destajo, los derechos laborales no se conocen? ¿habrán visto por televisión los suplicios de los que reclaman por facturación indebida en servicios públicos ante los reguladores? ¿Conocerán de los diseños legales absurdos para el trámite de reclamos y denuncias? ¿tendrán claro que gran cantidad de indemnizaciones del SOAT se pierden por desconocimiento de los deudos? ¿Y qué podrán decir de los miles que están en las cárceles sin condena? ¿O los que sufren de la extorsión policial o de los procesos judiciales que no terminan nunca? ¿O de la contaminación ambiental generada por algunas industrias?
¿Estará la Defensoría al tanto que el gobierno modificó el Código de Defensa del Consumidor mediante un inconstitucional Decreto de Urgencia? ¿O que la lucha contra la discriminación se ve afectada por interpretaciones administrativas y judiciales que buscan restringir su ámbito de prohibición?
Si para tomar posición en algunos de estos temas, la Defensoría requiere un abundante estudio, de numerosas páginas, y de grandes presentaciones públicas, que terminan con una tímida recomendación, entonces resulta preferible confiar la defensa de los derechos humanos al periodismo de investigación que tiene mayor efecto en la conciencia ciudadana y en las autoridades.
Este Congreso tiene la oportunidad de elegir un Defensor del Pueblo que no tenga miedo a llamar las cosas por su nombre, enérgico y firme. Que esté dispuesto a ejercer su iniciativa legislativa para plantear los correctivos que se necesitan; que ejerza su prerrogativa de control constitucional de las leyes; que sepa usar los medios de comunicación para ser incómodo a los organismos del Estado; que asuma el liderazgo en los conflictos sociales, respaldando y poniéndose al frente de aquellos que tengan justicia; y que esté dispuesta a trabajar por los más indefensos y débiles de la sociedad, particularmente, los que sufren el abuso en la regulación de los servicios públicos y la insensibilidad del mercado.
Esperemos que el Congreso no se equivoque.
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