Nuevas políticas internas contra la crisis

Germán Alarco Tosoni

Investigador principal CENTRUM Católica

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El espacio abierto por el cambio del equipo ministerial y las indefiniciones existentes con relación al denominado plan anticrisis generan la oportunidad para proponer cuatro nuevas políticas frente a la crisis, respecto de otras ya comentadas por diversos colegas. Nos referimos al reforzamiento institucional, diseñar e implementar una nueva política industrial, mejorar la distribución del ingreso e impulsar la inversión pública con candados.

El Congreso de la Republica debe modificar la Ley Orgánica del BCRP para incorporar como funciones complementarias a la estabilidad monetaria, la de contribuir a maximizar los niveles de ocupación y moderar las tasas de interés en el largo plazo como la Reserva Federal norteamericana. Asimismo, se debe redefinir las funciones del MEF orientándolas al crecimiento y empleo con un “balance razonable” en las finanzas públicas e introducir en forma permanente la política fiscal anticíclica con la regla de balance estructural u otra transparente que se active bajo condiciones que se revisen periódicamente.

La nueva función para el BCRP no vulneraría su independencia, reconocería que la política monetaria no es neutral, no afectaría el régimen de metas de inflación y no implicaría que se retorne a algunas experiencias negativas del pasado. Obviamente impondría mayores retos y contribuiría a orientar la política económica bajo objetivos comunes. Por otra parte, es erróneo que el Banco no sea parte de la Comisión multisectorial anticrisis, donde tampoco participan la Superintendencia de Banca y Seguros, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y el sector académico.

La política industrial es necesaria para mejorar la articulación al interior de un sector productivo en particular o entre diferentes sectores. Se debe promover una mayor participación de los insumos y bienes de capital de origen nacional, y una mayor contribución del valor agregado en el producto al adicionar más conocimiento a los bienes y servicios. La ruta y principios desarrollados por Fajnzylber, en la década de los ochentas, y de Rodrik recientemente son muy útiles. En forma complementaria, la mejora en la estructura de distribución funcional del ingreso no sólo es una cuestión de equidad. Se trata de una problemática con importantes connotaciones macroeconómicas en periodos de crisis. Una participación decreciente de las remuneraciones en el producto genera menores niveles de demanda y de actividad económica, neutralizando las políticas expansivas anticrisis por el lado de la inversión pública. No puede haber mercado interno cuando las remuneraciones (sueldos y salarios) son un poco más del 20% del producto. Una política de “cero despidos” durante la crisis es parte de este esquema.

Debemos retornar a la fórmula más ortodoxa de un mayor gasto de capital a cargo del sector público. El camino de las asociaciones públicas-privadas cofinanciadas, donde el sector público transfiere recursos al sector privado continúa con problemas, ya que existen incentivos perversos a renegociar continuamente los contratos y requerir ex post montos superiores a los que se establecieron en el concurso respectivo. Los mayores costos financieros y rendimientos redundarían en tarifas más elevadas que impactan en particular sobre los más pobres debido a la inequidad en la distribución del ingreso. El traslape entre constructores y operadores de infraestructura puede dar lugar a ganancias extraordinarias, razón por la cual habría utilizar la ruta más tradicional y ensayar la imposición de candados para evitar posibles abusos.