Por Jurgen Schuldt
Prof. de economía de la U. del Pacífico
Pasado mañana nuestra principal confederación de trabajadores dará a conocer su “Plan para la Defensa del Empleo y la Economía Popular”, que es bastante más que eso. A diferencia de las propuestas de otros gremios, que acostumbran proponer medidas para beneficio propio, observamos una serie de lineamientos generales y propuestas concretas que van más allá de sus intereses inmediatos y nos permiten calificar ese programa como una estrategia nacional de desarrollo de largo plazo alternativa a la actual, anclada en principios que deben adoptarse desde la coyuntura a partir de siete conjuntos de políticas específicas. En esencia de lo que se trata es de reactivar y ampliar el mercado doméstico del país, sin descuidar la necesidad de procurarnos las divisas necesarias para hacerlo.
La aspiración más importante radica en “defender la producción nacional para dinamizar el mercado interno”, lo que se lograría impulsando el gasto en las regiones, eliminando las barreras burocráticas, suspendiendo las facilidades que otorgan los TLC y afectan la producción y el empleo nacionales, para lo que también convendría regresar a las tarifas arancelarias previas a los dos últimos recortes; estableciendo un programa especial para ofrecer crédito barato al agro, a las MYPES y a la vivienda de familias pobres; reconvirtiendo las deudas de US$ a soles; asegurando un incremento gradual del tipo de cambio “para mejorar la competitividad de la producción y el equilibrio del sector externo”. En relación a este, se exige un “mayor énfasis en la integración regional para aprovechar los mercados cercanos” a través del impulso de la integración económica regional y el apoyo a la internacionalización de empresas peruanas, así como la diversificación de los mercados.
Ligado a lo anterior proponen “elevar la productividad del agro y la soberanía alimentaria”, promoviendo “la concertación para incrementar la productividad agropecuaria, penalizando la especulación y acaparamiento y derogando los decretos que despojan de sus tierras a las comunidades” de sierra y selva. Proceso que sería potenciado por propuestas “en defensa de la micro y pequeña empresa”, tales como las compras estatales dirigidas de manera preferente a las MYPES y el respaldo a las operaciones con garantía automática a favor de las radicadas en el agro y las urbes. No menos importante es la “protección de los más pobres”: pensiones estatales a los mayores de 65 años que no tienen empleo, implementación del seguro de salud universal y programas sociales que combinen empleo temporal y mejoramiento de la infraestructura productiva. Por lo que postulan una política fiscal anti-cíclica a través del incremento del gasto público en “infraestructura, en obras de corta maduración que generen empleo masivo y aumenten el consumo de las familias pobres que consumen básicamente productos nacionales”, cuyos gastos se sustentarían en una tributación redistributiva y reactivadora, centrada en el aumento de los impuestos directos más que en los pesados y regresivos tributos indirectos.
Finalmente, la necesidad de “proteger el empleo con Trabajo Digno” implica la reconversión laboral de los trabajadores cesados por la crisis; el impulso de una política de incentivos para que las empresas lleven a cabo la capacitación laboral y la innovación tecnológica; el aumento general de las remuneraciones del sector público, de las pensiones y del salario mínimo a 750 soles; el establecimiento de un seguro temporal de desempleo; acuerdos tripartitos para evitar despidos y recortes de salarios; el aumento del número de inspectores para fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales; etc.
El gobierno, el parlamento y las empresas tienen la palabra.
Este artículo también lo puede leer en http://aeperu.blogspot.com
Prof. de economía de la U. del Pacífico
Pasado mañana nuestra principal confederación de trabajadores dará a conocer su “Plan para la Defensa del Empleo y la Economía Popular”, que es bastante más que eso. A diferencia de las propuestas de otros gremios, que acostumbran proponer medidas para beneficio propio, observamos una serie de lineamientos generales y propuestas concretas que van más allá de sus intereses inmediatos y nos permiten calificar ese programa como una estrategia nacional de desarrollo de largo plazo alternativa a la actual, anclada en principios que deben adoptarse desde la coyuntura a partir de siete conjuntos de políticas específicas. En esencia de lo que se trata es de reactivar y ampliar el mercado doméstico del país, sin descuidar la necesidad de procurarnos las divisas necesarias para hacerlo.
La aspiración más importante radica en “defender la producción nacional para dinamizar el mercado interno”, lo que se lograría impulsando el gasto en las regiones, eliminando las barreras burocráticas, suspendiendo las facilidades que otorgan los TLC y afectan la producción y el empleo nacionales, para lo que también convendría regresar a las tarifas arancelarias previas a los dos últimos recortes; estableciendo un programa especial para ofrecer crédito barato al agro, a las MYPES y a la vivienda de familias pobres; reconvirtiendo las deudas de US$ a soles; asegurando un incremento gradual del tipo de cambio “para mejorar la competitividad de la producción y el equilibrio del sector externo”. En relación a este, se exige un “mayor énfasis en la integración regional para aprovechar los mercados cercanos” a través del impulso de la integración económica regional y el apoyo a la internacionalización de empresas peruanas, así como la diversificación de los mercados.
Ligado a lo anterior proponen “elevar la productividad del agro y la soberanía alimentaria”, promoviendo “la concertación para incrementar la productividad agropecuaria, penalizando la especulación y acaparamiento y derogando los decretos que despojan de sus tierras a las comunidades” de sierra y selva. Proceso que sería potenciado por propuestas “en defensa de la micro y pequeña empresa”, tales como las compras estatales dirigidas de manera preferente a las MYPES y el respaldo a las operaciones con garantía automática a favor de las radicadas en el agro y las urbes. No menos importante es la “protección de los más pobres”: pensiones estatales a los mayores de 65 años que no tienen empleo, implementación del seguro de salud universal y programas sociales que combinen empleo temporal y mejoramiento de la infraestructura productiva. Por lo que postulan una política fiscal anti-cíclica a través del incremento del gasto público en “infraestructura, en obras de corta maduración que generen empleo masivo y aumenten el consumo de las familias pobres que consumen básicamente productos nacionales”, cuyos gastos se sustentarían en una tributación redistributiva y reactivadora, centrada en el aumento de los impuestos directos más que en los pesados y regresivos tributos indirectos.
Finalmente, la necesidad de “proteger el empleo con Trabajo Digno” implica la reconversión laboral de los trabajadores cesados por la crisis; el impulso de una política de incentivos para que las empresas lleven a cabo la capacitación laboral y la innovación tecnológica; el aumento general de las remuneraciones del sector público, de las pensiones y del salario mínimo a 750 soles; el establecimiento de un seguro temporal de desempleo; acuerdos tripartitos para evitar despidos y recortes de salarios; el aumento del número de inspectores para fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales; etc.
El gobierno, el parlamento y las empresas tienen la palabra.
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