Escribe Javier Mujica
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Hay un sector del empresariado peruano que vive atrapado en un mar de contradicciones. Y ese mar no se parece en nada al de eishia. Desean que las Ministras de Trabajo y Comercio seduzcan al Congreso norteamericano y obtengan, con embelesos sobre mejoras en la condición de los trabajadores peruanos, lo que ni lobbystas, ni enviados especiales, ni la embajada del Perú en el imperio, lograron hasta hoy: la ratificación del TLC entre Perú y los EE.UU. Pero, a la vez, hacen lo indecible para evitar que se apruebe una Ley General del Trabajo (LGT) que contenga las previsiones mínimas requeridas para que los trabajadores peruanos salgan del hondo pozo en que los sumió la oscura noche del Fujimorismo.
Empresarios y gobierno creen que basta con decir que ratificamos todos los convenios de la OIT en materia de derechos fundamentales, o que el número de inspectores crecerá a 250, para que los gringos se despreocupen y ratifiquen el TLC. Ojala fuera tan simple: Perú ha ratificado el 100% de los convenios fundamentales y 62 de los 159 convenios vigentes en la OIT; pero, según la misma OIT, 37 de los convenios ratificados (59.7 % del total) no son cumplidos adecuadamente. Y los gringos lo saben.
El 2003, Perú negoció un acuerdo con la OIT para implementar un “Programa para la Promoción del Trabajo Decente en el Perú 2004-2006”. Uno de sus ejes era promover la libertad sindical para crear el poder de negociación necesario para eliminar el gran número de practicas inaceptables (sic) existente en el país. El programa nunca se aplicó.
En el Perú oficial y empresarial predomina una orientación que valora la protección laboral como un obstáculo para el crecimiento económico, la mejora de la competitividad y la generación de empleo. Y todo ello se expresa en una generalizada precarización de las condiciones de empleo: trabajadores sin contrato, protección o seguridad social. Algo muy parecido a lo que internacionalmente se conoce como dumping social. Y los gringos saben lo que eso significa.
El país vive una radical tercerización de las actividades productivas mediante el uso extendido de services cuyo fin es burlar los derechos de los trabajadores; una sostenida degradación de los sistemas de control del fraude a la ley (con un MTPE que cuenta con menos del 1% del Presupuesto de la República); y una severa restricción del ejercicio de las libertades sindicales. Los índices de sindicalización en el sector privado cayeron a niveles 6 veces menores a los de hace 20 años; y en el sector público, salvo en los sectores de educación, salud y municipalidades, los sindicatos dejaron de existir. Al reducirse al mínimo la negociación colectiva (y las estadísticas del MTPE circulan en los EE.UU. como pan caliente), se ha deteriorado el nivel de ingreso de trabajadores, que además carecen de suficientes provisiones legales y protección judicial para ejercer sus derechos. Y los gringos también lo saben.
Gracias a las leyes de promoción del sector agrario y la micro y pequeña empresa, decenas de miles de trabajadores urbanos y rurales, dedicados a actividades vinculadas a la exportación, están sujetos a un régimen laboral discriminatorio que les reconoce menores derechos que los establecidos por la legislación laboral común. En el Perú, además, se requiere 20 trabajadores para constituir un sindicato, mientras que en Chile 8. Y como el 97,6% de las empresas en el Perú corresponden a establecimientos con menos de 20 personas, ese es el porcentaje de los que carecen de autorización legal para constituir un sindicato. Y así la lista podría seguir…
Las personas que discriminan en eishia y en el Perú no ven lo que ven todos los demás. Por eso un buen consejo es que si desean vivir en paz, y además hacer buenos negocios, hagan lo que deben hacer sin necesidad de que les caiga un nuevo operativo como el de la Empleada Audaz.
Empresarios y gobierno creen que basta con decir que ratificamos todos los convenios de la OIT en materia de derechos fundamentales, o que el número de inspectores crecerá a 250, para que los gringos se despreocupen y ratifiquen el TLC. Ojala fuera tan simple: Perú ha ratificado el 100% de los convenios fundamentales y 62 de los 159 convenios vigentes en la OIT; pero, según la misma OIT, 37 de los convenios ratificados (59.7 % del total) no son cumplidos adecuadamente. Y los gringos lo saben.
El 2003, Perú negoció un acuerdo con la OIT para implementar un “Programa para la Promoción del Trabajo Decente en el Perú 2004-2006”. Uno de sus ejes era promover la libertad sindical para crear el poder de negociación necesario para eliminar el gran número de practicas inaceptables (sic) existente en el país. El programa nunca se aplicó.
En el Perú oficial y empresarial predomina una orientación que valora la protección laboral como un obstáculo para el crecimiento económico, la mejora de la competitividad y la generación de empleo. Y todo ello se expresa en una generalizada precarización de las condiciones de empleo: trabajadores sin contrato, protección o seguridad social. Algo muy parecido a lo que internacionalmente se conoce como dumping social. Y los gringos saben lo que eso significa.
El país vive una radical tercerización de las actividades productivas mediante el uso extendido de services cuyo fin es burlar los derechos de los trabajadores; una sostenida degradación de los sistemas de control del fraude a la ley (con un MTPE que cuenta con menos del 1% del Presupuesto de la República); y una severa restricción del ejercicio de las libertades sindicales. Los índices de sindicalización en el sector privado cayeron a niveles 6 veces menores a los de hace 20 años; y en el sector público, salvo en los sectores de educación, salud y municipalidades, los sindicatos dejaron de existir. Al reducirse al mínimo la negociación colectiva (y las estadísticas del MTPE circulan en los EE.UU. como pan caliente), se ha deteriorado el nivel de ingreso de trabajadores, que además carecen de suficientes provisiones legales y protección judicial para ejercer sus derechos. Y los gringos también lo saben.
Gracias a las leyes de promoción del sector agrario y la micro y pequeña empresa, decenas de miles de trabajadores urbanos y rurales, dedicados a actividades vinculadas a la exportación, están sujetos a un régimen laboral discriminatorio que les reconoce menores derechos que los establecidos por la legislación laboral común. En el Perú, además, se requiere 20 trabajadores para constituir un sindicato, mientras que en Chile 8. Y como el 97,6% de las empresas en el Perú corresponden a establecimientos con menos de 20 personas, ese es el porcentaje de los que carecen de autorización legal para constituir un sindicato. Y así la lista podría seguir…
Las personas que discriminan en eishia y en el Perú no ven lo que ven todos los demás. Por eso un buen consejo es que si desean vivir en paz, y además hacer buenos negocios, hagan lo que deben hacer sin necesidad de que les caiga un nuevo operativo como el de la Empleada Audaz.
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