Por Pedro Francke
Profesor , PUCP.
Profesor , PUCP.
Para que los programas sociales sean eficaces y logren resultados, el establecer la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad es fundamental. A final de cuentas, el que las familias salgan de la pobreza, los niños estén sanos y bien nutridos y no haya más discriminación, no depende solamente del Estado: también depende de lo que hagamos los ciudadanos, las familias y las comunidades.
Por ello, el primer punto que deben considerar los programas sociales es no generar desincentivos a que las personas y las comunidades realicen su mejor aporte a los cambios y logros sociales que queremos. Un dicho popular establece que “el muerto se hace más pesado cuando tiene quien lo cargue”. Por eso, el simplemente hacer regalos y entregar subsidios sin establecer reglas y mecanismos para promover que los beneficiarios pongan su mejor esfuerzo, es una mala política. A veces, “sin querer queriendo” en el pasado los programas sociales han generado desincentivos que promueven comportamientos negativos, como cuando se entregaban canastas alimentarias a las familias con niños desnutridos, por lo que algunas familias mantenían a sus hijos en condición de desnutrición para seguir recibiendo la ayuda estatal.
Un enfoque microeconómico simple indica que si el Estado regala bienes o servicios, uno de los efectos que causa es reemplazar el esfuerzo de las familias por obtenerlos. Por eso, es importante que los programas sociales incluyan también reglas o condiciones que eviten este efecto, estableciendo que la ayuda social del Estado exige también una corresponsabilidad, con compromisos muy específicos y monitoreados, de quienes los reciben.
Pero no solo hay que considerar los incentivos individuales sino también los colectivos. En un país como el Perú donde el Estado tiene serias deficiencias, la acción comunitaria es muy importante. Si la intervención estatal deja de lado los grupos sociales y solo ve a los individuos, o peor aún si además introduce fracturas en la organización social, estamos promoviendo una anomia social que recarga responsabilidades en el Estado y disminuye las posibilidades de una acción colectiva de promoción social desde la sociedad. En cambio, programas como Foncodes aprovechan los grupos comunitarios, otros como el vaso de leche y los comedores populares promueven la organización social y hay nuevas políticas y programas que buscan favorecer la asociatividad entre pequeños productores agropecuarios.
Además, frente a los serios problemas de exclusión y de corrupción que tiene el Estado, una de las fuerzas que debe movilizarse para lograr cambios sustanciales en este terreno es precisamente la sociedad civil. Desde luego que la voluntad política, la promoción de comportamientos éticos y los sistemas de control juegan un rol. Pero la denuncia y exigencia desde abajo, sobre todo hoy que tenemos un Estado descentralizado, son fundamentales. La sociedad tiene que ser activa para lograr la transformación del Estado.
El trabajo conjunto entre Estado, comunidades y familias es una orientación básica para tener buenos resultados sociales.
