Por José I. Távara
Profesor PUCP

El grave conflicto que enfrenta a mi Universidad con el Arzobispo de Lima tiene, entre sus antecedentes, la difusión de un modelo de universidades católicas desde fines de los años 60, en el contexto de renovación y apertura generado por el Concilio Vaticano II. Este modelo fue diseñado en 1967 durante la “Conferencia de Land O’Lakes”, en la cual participaron obispos y autoridades de Universidades católicas de EEUU, de congregaciones religiosas y también el entonces Rector de la PUCP, el P. Felipe Mac Gregor, S.J.

Para este grupo de líderes católicos, la mejor manera de servir a Dios desde la Universidad era buscando la verdad en la excelencia académica al servicio de la sociedad. Por ello era indispensable asegurar “una verdadera autonomía y libertad académica frente a autoridades de cualquier tipo, laico o religioso, que sean externas a la propia comunidad académica”, como “condiciones esenciales de vida, crecimiento y sobrevivencia para las universidades católicas, y para todas las universidades”.

La presencia del catolicismo en la Universidad se afirmaría mediante una enseñanza teológica de calidad, iluminada por el Concilio Vaticano II, la asesoría constante y el servicio a la Iglesia, y, por cierto, con la prioridad otorgada al análisis de problemas que los cristianos consideran fundamentales, como la pobreza, el desarrollo y la construcción de la paz. La fe católica no podría difundirse en las universidades mediante restricciones y edictos, sino a través del compromiso y el testimonio al interior de la comunidad académica, en un clima de libertad y gratuidad.

La mayoría de Universidades católicas que adoptaron este modelo –libertad académica, autonomía institucional y diálogo entre fe y razón– ocupan hoy un lugar destacado en los rankings de excelencia académica. Sus autoridades también lograron establecer relaciones estrechas de cooperación con la mayoría de los obispos, con una comunicación fluida, respeto y confianza mutua al enfrentar los dilemas y desafíos del mundo moderno. Sus líderes entendieron bien que los laicos debían reflexionar sobre su fe desde su propia experiencia intelectual, y apostaron a que, en este proceso, el compromiso libremente asumido por los católicos traería cambios favorables para la humanidad y una renovación de la propia Iglesia.

Como lo sostuvo el padre Theodore Hesburgh, la reforma generó una universidad en muchos sentidos más católica y comprometida con la formación de buenos profesionales y buenos ciudadanos, más efectiva en anunciar el mensaje de salvación en el mundo moderno. Hesburgh sostenía que la Iglesia no estaba obligada a entrar a la vida universitaria, pero si decidía hacerlo debía respetar, ineludiblemente, las reglas establecidas de autonomía y libertad académica.

Lamentablemente, la opción por este modelo es hoy atacada por sectores ultraconservadores, que aspiran a imponer un modelo único –preconciliar e intolerante – y no vacilan en difamar y calumniar a las autoridades de la PUCP. Frente a ellos la PUCP defenderá sus principios y valores con todos los medios a su alcance, afirmando su compromiso con la fe católica y la excelencia académica al servicio de la sociedad. El largo conflicto que se avecina traerá costos elevados para todos: la PUCP distraerá valiosos recursos en defenderse, y la Iglesia podría perder no sólo su relación con una Universidad de prestigio, sino también la autoridad moral requerida para anunciar el evangelio en el mundo universitario peruano.

Por Francisco Durand
 Sociólogo, fundador y ex presidente de la Soc. Peruana de San Antonio

 “Somos un país de inmigrantes”, suelen decir con orgullo algunos estadounidenses, no dudando de completar estas frases con alusiones a “la tierra prometida”. En realidad, nunca hubo consenso. Desde hace 200 años el país se ha dividido entre movimientos a favor de la inmigración y movimientos “nativistas” antiinmigrantes. En el 2010 este debate arrecia, esta vez con los latinos.

 Hace cinco años el cónsul peruano en Houston visitó San Antonio. Eduardo Rivoldi contó que viajaría a Pearsall, un pueblo con un Centro de Detención en el que los inmigrantes esperaban ser deportados previa decisión del juez. “En Pearsall”, me dijo, “debo visitar a varias familias peruanas”. “¿Cómo?”, le dije, “¿a qué te refieres?”. Me reveló que familias enteras estaban en Pearsall en tanto no pueden separar a padres de hijos. Como el objetivo es deportarlos, todos van adentro.

 Lo ocurrido era parte de una nueva política impulsada por los estados fronterizos, que alguna vez fueron mexicanos, para frenar a los “indocumentados”. A veces menores de edad son deportados a pesar de ser ciudadanos en tanto nacieron en EUA. El gobierno federal también se ha endurecido. De acuerdo con enmiendas de la Constitución realizadas después de la Guerra Civil de 1860-65, cualquier persona nacida en el país es automáticamente estadounidense y goza de “protección igual ante la ley”. Creado ese derecho, un siglo después, comenzaron a ocurrir casos en los que mujeres embarazadas cruzaban la frontera –en cualquier punto de las 1.900 millas que la separan de México– para dar a luz y conseguir el ansiado certificado de nacimiento. Al principio, nadie les prestaba atención, hasta que la derecha comenzó a hablar de ‘anchor babies’, bebés ancla, en respuesta a las movilizaciones de indocumentados que estallaron en el 2006. Fue ese año cuando los latinos tomaron las calles gritando “el pueblo unido jamás será vencido”.  Las movilizaciones eran una respuesta a un endurecimiento de las autoridades de los estados fronterizos, como California, Arizona, Nuevo México y Texas, que arrestaban a los indocumentados, y querían “sellar la frontera” con un nuevo muro y más patrullas. A ello se sumaban casos como el del sheriff Dan Arpiago, de Arizona, famoso por usar la policía para buscar indocumentados. Aparecieron incluso milicias de rancheros y neoconservadores blancos dedicados a vigilar la frontera.

 En realidad, EUA es “un país de inmigrantes”, pero de blancos, así que el debate es más tenso cuando aparecen los “de color”, sobre todo aquellos que llegaron por su cuenta. Entre 1820, cuando emigraron los odiados irlandeses, católicos y peleadores, hasta el 2000 –momento en que predomina el inmigrante latino–, la suma de inmigrantes a EUA era de 66 millones. La mayoría –39 millones– vino de Europa, y a ellos hay que sumar 4 millones del Canadá. Este flujo blanco predominó hasta 1960. Los  otros migrantes comenzaron a llegar desde 1960, siendo 17 millones latinos y 9 millones asiáticos. Muchos latinos llegan  penetrando la enorme, agreste y semidespoblada frontera con México. Al 2011 hay 50 millones de latinos en una población total de 300 millones. Son la “minoría mayoritaria”, y pesan cada vez  más en las elecciones, lo cual obliga a los dos partidos a cortejarlos. 12 millones de latinos votan, representando el 8.7% del electorado, inclinándose a los demócratas.Pero son también un problema, en tanto de los 12 millones de indocumentados, 9 son latinos. Legales e ilegales viven juntos, incluso hay distintos estatus legales en una sola familia, así que no hay forma de separarlos políticamente. Eso les complica el problema a los partidos. 

 Tres factores han desatado el endurecimiento. Empezó cuando estados como Arizona, “invadidos” por gente “de distinta cultura”, comenzaron a perseguir a los indocumentados. Segundo, el ataque del 11 de septiembre del 2001 creó pánico e seguridad en la frontera. Tercero, la crisis económica y fiscal que sufre el país. Ahora EUA necesita menos mano de obra, y muchos ven a los latinos como transgresores que compiten con bajos salarios.  Esos tres factores explican la dificultad de los demócratas de aprobar una reforma migratoria que otorgue una amnistía y el relativo éxito republicano en exigir medidas duras, lo cual genera un empate. Empezó cuando la Cámara Baja, bajo dirección republicana, quiso aprobar en el 2006 una ley que criminalizaba a los inmigrantes ilegales. Fue rechazada por el Senado luego de las manifestaciones. Era difícil encarcelar y deportar a 12 millones. Muchas empresas y familias los necesitan, sea como mano de obra experta y pujante, o como obreros de construcción, cocineros y trabajadores agrícolas, así sean ilegales, o mejor dicho precisamente por ser ilegales al ser más baratos. A la parálisis del Congreso, siguió la deportación a cuenta gotas. En el 2006 hubo más de 250,000 deportados, en el 2009 llegaron a 387,000, y continúa subiendo. En cuanto a los detenidos en la frontera, la tendencia es al revés. El gobierno detuvo a 1´676,000 personas en el 2000. Luego vino el reforzamiento fronterizo del 2001, y para el 2010 la cifra bajó a 500,000. Una señal de aliento.

 Se acercan las elecciones y Obama necesita el voto latino. Ha comenzado a ablandar las políticas antiinmigrantes. Acaba de ordenar que en el caso de ilegales que ”no sean una amenaza” puede suspenderse la deportación. Los nativistas conservadores acusan a Obama de preparar ”una aministía por la puerta trasera”. Quieren eliminar a los bebés ancla invocando la enmienda constitucional de 1868 para que no baste con nacer en los EUA para ser ciudadano americano. Pero no tienen los votos. Mientras tanto los latinos se han organizado y ya no esperan lo que republicanos y demócratas puedan hacer.  Luchan por su cuenta por el DREAM Act, una ley para que los niños que vinieron con sus padres como ilegales puedan ser legales si estudian o se enlistan en las fuerzas armadas. Unos 200,000 de estos dreamers podrían quedarse en los EUA si se aprueba la ley. La batalla continúa en el paraíso, país que también puede parecerse a un infierno si se es latino indocumentado. Mientras tanto los cónsules latinoamericanos siguen visitando las cárceles, digo, los Centros de Detención. Los latinos siguen organizándose. Algunos comienzan a tener apoyo de sus gobiernos, factor que puede ayudar a inclinar la balanza. Esperamos que Torre Tagle se sume al esfuerzo.

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

La reducción de la calificación de la deuda norteamericana por parte de Standard & Poor´s está generando impactos en los diferentes mercados en el corto plazo. El conocimiento de los detalles del acuerdo bipartidario sobre el tope de la deuda en EUA es importante para evaluar los efectos probables sobre la economía internacional en el mediano y largo plazo. En esa perspectiva, diversos analistas señalan que el trato alcanzado es negativo para la demanda y producto estadounidense y por ende para la economía mundial. El mismo no impactará positivamente en las inversiones, no estimulará el crecimiento económico, ni corregirá la creciente concentración en la distribución del ingreso y afectará la creación de empleos. 

El acuerdo sólo permite una salida temporal al problema del tope de la deuda, ya que sólo la eleva en US$ 2,100 billones americanos (US$ 2.1 billones en nuestra denominación en español de aquí en adelante). La empresa consultora EIU estima para 2011 un déficit público equivalente al 9.2% del PBI. Con otro déficit, financiado a través de la emisión de bonos del Tesoro, entre el 6 y 7% en 2012 se alcanzaría el nuevo límite. Frente a esta realidad, en los documentos oficiales se señala que el acuerdo eliminaría toda la incertidumbre sobre el tema hasta 2013.

A cambio de esta salida, las contrapartidas exigidas son diversas. No hay aumento de impuestos y todos los ajustes se darían por el lado del gasto. Un primer componente, para los primeros diez años del acuerdo, autoriza recortes en los gastos por US$ 1 billón, entre gastos de defensa y otros sectores. Dentro de estos se prevé US$ 0.35 billones de reducción en gastos de defensa. El segundo componente se refiere a la creación de un comité específico que debe determinar reducciones adicionales en el déficit por US$ 1.5 billones. La fecha límite para votar estas sugerencias es el 23 de diciembre del 2011. Si no hay acuerdo, a partir del 2013, se iniciarían recortes automáticos del gasto doméstico y de defensa. Se protegerían los gastos en la seguridad social, Medicare y los programas a favor de grupos de menores ingresos.

Estos programas de reducción del déficit público a través del gasto público son perfectos para deprimir la demanda, en circunstancias en que la incertidumbre impacta negativamente sobre el gasto privado. Con menor demanda y capacidad instalada ociosa, las razones para invertir son reducidas. Con la salvedad de lo que pueda ocurrir con las exportaciones, el escenario de demanda-producción norteamericana sería depresivo, impactando negativamente en la generación de empleos y sobre la economía mundial (En: La Primera, 19/8/2011, p.13). 

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Las noticias periodísticas sobre la negociación del impuesto a las sobreganancias mineras entre los empresarios del sector y el gobierno tienen elementos positivos y otros que no lo son tanto. Es meritorio que el sector empresarial este reconociendo la necesidad de una aportación adicional al fisco, que las conversaciones se desarrollen en buenos términos y al parecer mostrando avances relevantes. Sin embargo, es problemático que prime el concepto de mantener la competitividad sobre el de rentabilidad, se establezca un único concepto de regalías con base a utilidades operativas, se pretenda replicar el régimen chileno y obtener desde el gobierno, según el diario Gestión, sólo 2,000 millones de soles adicionales.     

Las regalías e impuestos que se establecen sobre la minería son tan sólo un elemento que explicaría su mayor o menor competitividad internacional. Los factores fundamentales son la existencia del mineral, su ley, las facilidades técnicas-operativas para su extracción, capacidad del equipo, disponibilidad y costos de la mano de obra y en general los costos y gastos por tonelada de concentrado o mineral extraído. Una mayor presión tributaria en un país respecto de otro no implica necesariamente una pérdida de competitividad. El mayor costo o gasto se puede compensar con otra ventaja competitiva de la minería en el país.  

No es conveniente establecer un único concepto de regalías y el hacerlo sobre  utilidades operativas tiene bemoles. El sistema actual sobre las ventas debería mantenerse para evitar complicaciones con relación a las participaciones de los gobiernos regionales y locales. El recurso del subsuelo corresponde a la Nación y sobre el cual se debe exigir un pago fijo básico. Asimismo, para muchos analistas el régimen sobre utilidades establece incentivos a crear sobrecostos de todo tipo y los somete a los riesgos de una contabilidad creativa. El complemento sobre las utilidades operativas sería aceptable si se establecen todos los candados regulatorios necesarios con relación a depreciaciones, amortizaciones y otros costos. Sin embargo, aún podrían darse fugas.     

El régimen tributario chileno no debería ser nuestro punto de referencia. En 2010 sus utilidades netas fueron equivalentes al 24.9% de las ventas, respecto de un promedio peruano del 38.8%. La minería chilena es en promedio menos rentable que la peruana y por eso se pagan relativamente menos impuestos. En el Perú, con una recaudación fiscal de US$ 1,500 millones adicionales, la rentabilidad se reduciría al 29%, y si es US$ 2,000 millones al 24%, ligeramente superior al margen de Freeport o Newmont Mining a nivel mundial (En: La Primera, 26/8/2011, p.13).

Waldo Mendoza Bellido

Jefe del Departamento de Economía de la PUCP

La crisis rusa bajó nuestra tasa de crecimiento de 7 % en 1997 a -1 % en 1998. La crisis originada en los Estados Unidos la redujo de 10 % en 2008 a 1 % en 2009. La actual crisis internacional, que coincide con el descenso en el ritmo de crecimiento de nuestra economía, puede conducirnos al crecimiento cero si, como hasta ahora, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se mantienen en calidad de observadores.

La desaceleración de la economía es nítida. La tasa de crecimiento del PBI ha descendido desde el 10 % registrado en enero a 5 % en junio último. La tasa de crecimiento de la manufactura no primaria ha caído de 15 a 4 %, y  en el sector construcción, de 16 a – 3 %. En términos desestacionalizados, el PBI de la manufactura no primaria ha caído en el segundo trimestre  y la construcción ya registra dos trimestres consecutivos de caída.

Este enfriamiento made in Perú es previo a la crisis externa y tiene como determinante principal la parada en seco de la inversión pública, cuya tasa de crecimiento pasó del 22 % registrado en el segundo semestre de 2010 a alrededor de -18 % en el primer semestre de este año.

La crisis externa puede empujarnos al crecimiento cero. El mejor escenario externo es de un enfriamiento de la economía mundial que haga caer el precio y el volumen de nuestras exportaciones. El peor escenario es que caiga un banco europeo importante y que este evento gatille una nueva crisis financiera mundial, lo que para nosotros implicaría una salida virulenta de capitales.

¿Cuál debiera ser la respuesta de política macroeconómica para evitar el crecimiento cero? Actuar, de inmediato, preventivamente.

En el caso del MEF la respuesta es obvia: hay que restablecer el ritmo de crecimiento de la inversión pública. Si ésta creciese por encima de 40 % en el segundo semestre de este año, podríamos recuperar el ritmo de crecimiento de la construcción y ayudar así a la economía. En el caso del BCRP, debe rebajarse inmediatamente la tasa de interés de referencia para dinamizar el crédito al sector privado.

La economía peruana tiene los salvavidas suficientes en el BCRP y en el MEF. Lo peor que nos puede pasar es que esos salvavidas permanezcan guardados.

Pedro Francke

Iniciamos un nuevo gobierno justo en un momento en el que el escenario internacional registra también fuertes cambios. El primero es económico, a partir de los problemas de la deuda en Estados Unidos y Europa, con fuertes repercusiones sobre los llamados “mercados emergentes”. El segundo es social, con fuertes protestas en Inglaterra y Chile.

En estas circunstancias, surgen 2 preguntas para el Perú: ¿el sentido de la “Gran Transformación” del nuevo gobierno es concordante con los cambios políticos internacionales o nos estaríamos yendo en una dirección opuesta al cambio mundial? ¿las nuevas condiciones de la economía mundial favorecen o impiden la aplicación de las políticas propuestas para el Perú?

LA IMPORTANCIA DE LO EXTERNO

Recordemos que vivimos en tiempos de globalización. Hoy la predominancia de unas ideas sobre otras en el mundo tiene mucha influencia en cada país; de ahí esta búsqueda de muchos analistas por entender al gobierno de Ollanta Humala como “chavista”, “lulista” u otro.

En el aspecto económico, bástenos recordar que 6 de 7 crisis económicas en el Perú fueron causadas por problemas en el sector externo. Hace apenas 2 años, al inicio de esta crisis internacional, una mala política económica detuvo por un año nuestro crecimiento económico.

El enfoque nacionalista buscar reducir estas dependencias, pero eso no sucede de la noche a la mañana. Reevaluar las condiciones internacionales es fundamental para entender mejor las opciones de política que están a nuestro alcance y las barreras para su aplicación.

POLITICA INTERNACIONALES: NECESIDADES Y ACTORES

A nivel internacional, la situación actual de la crisis indica claramente la necesidad de un mayor peso del estado y de las políticas sociales. Las respuestas de política económica han sido insuficientes y la necesidad de nuevos paquetes de estímulo y de respaldo financiero a los países con dificultades, es obvia. Las protestas en Inglaterra, por su parte, vuelven a mostrar la importancia de las políticas de inclusión y cohesión social.

A pesar de ello, en los diversos países de Estados Unidos y Europa, existen importantes corrientes políticas e ideológicas que insisten en que el problema es que hay estados que gastan demasiado y han generado una deuda demasiado pesada.  Por eso, la principal dificultad que los analistas ven para que la economía se recupere en Estados Unidos y Europa es principalmente política, dado el entrampamiento que en ambos lugares existe para tomar las medidas necesarias (en Estados Unidos por la polarización generada desde la ultra-derecha republicana del Tea Party; en Europa por las relaciones entre los países y con el gran financiador que es Alemania).

Los países en desarrollo, por su parte, son las economías a quienes mejor les ha ido en el contexto 2009 en adelante, en buena parte por la aplicación de políticas anticíclicas.

ECONOMIA: CRISIS Y RESPUESTAS

Como en la anterior oportunidad (2008-2009), los problemas financieros en Estados Unidos y Europa traen consigo la paradoja de que los inversionistas, al sentir un mayor riesgo mundial, se van a lo que consideran seguro, fluyendo del sur al norte. Es en los países en desarrollo en los que, en las últimas semanas, las caídas de la bolsa han sido mayores; mientras que paradojalmente los bonos del tesoro norteamericano suben de precio.

Al mismo tiempo, las expectativas de una menor demanda mundial han llevado a que los precios de muchas de nuestras materias primas han caído un poquito. El cobre, por ejemplo, ha caído de 4,40 la libra a cerca de 4, precio que aún está por encima de lo que hemos tenido antes. Nada cerca al derrumbe de precios del 2009.

Esta evolución, sin embargo, aún está sujeta a altos niveles de incertidumbre, tanto a nivel internacional como nacional. Siendo todavía incierta la magnitud del choque que pueda sufrir la economía peruana, la dirección es segura: se trata de un choque negativo y por lo tanto habrá que estar listos para reaccionar en consecuencia con una política económica expansiva. Subestimar la crisis del 2008-2009 nos resultó costoso.

Al mismo tiempo, hay que tener claro que los precios de los minerales todavía están sumamente altos, por lo que se mantienen las posibilidades de obtener recursos para el fisco mediante el impuesto a las sobreganancias mineras.

BUSCANDO RESPUESTAS

En el terreno ideológico, es notoria la crisis de liderazgo en la política económica mundial.  Pero ojo que la discusión de Estados Unidos y Europa con quienes señalan un sobreendeudamiento como causa de la crisis, no se aplica al Perú: mientras que para los países del norte se habla de una deuda pública que supera su PBI anual, en el Perú no llega ni a la tercera parte de éste.

En la medida que enfrentemos un choque externo recesivo,  éste deberá ser respondido con un paquete de estímulo fiscal. Así, la necesidad de un mayor gasto social que sustente las políticas de inclusión social propuestas, coincide tanto con una política económica que debe ser expansiva como con la posibilidad, que se mantiene vigente, de aplicar un impuesto a las sobreganancias.

En resumen, el contexto internacional ha cambiado pero no impidiendo el giro hacia la inclusión social que el Perú reclama. A seguir adelante.

Por Fernando Eguren Presidente de CEPES.

 El miércoles 24 el presidente del Consejo de Ministros dará a conocer de forma más detallada la orientación del nuevo gobierno: el discurso presidencial el 28 de julio fue aun muy general. Una de las expectativas es saber cómo se distanciará el gobierno de Humala del discurso del Perro del Hortelano. Esencialmente excluyente, este discurso guió la política de Alan García que se tradujo en la entrega de los recursos naturales a la gran inversión minera, petrolera y agraria, en la exclusión de poblaciones y comunidades locales, la pequeña agricultura y en la escasa preocupación por los impactos ambientales.

 La ‘inclusión’ ha sido un concepto muy utilizado por Gana Perú en la campaña electoral y en los primeros días de su gobierno. Y por buenas razones, dado el reconocimiento de la situación de marginación –de exclusión– de una buena parte de la población. Pero la significación del concepto no ha sido precisada; por momentos pareciera que inclusión es igual a ‘redistribución’ a través de programas sociales: cuanto más recursos redistribuidos, habría más inclusión. Aun cuando esta forma de redistribución es necesaria, su resultado puede ser contrario a lo deseado: mantener la exclusión. Después de todo, la superación de la pobreza –y el acceso a la ciudadanía plena– pasa por la participación activa en la actividad económica, social y política. Son los que no participan –los excluidos– los que reciben los beneficios de dichos programas.

 Por tanto, y para no referirme sino al plano de la economía, la ‘inclusión’ pasa por un acceso más equitativo de la población a los activos productivos y, en el caso de los trabajadores dependientes, a condiciones laborales más justas. En el caso de los espacios rurales, la inclusión supone un acceso más equitativo de campesinos y pequeños agricultores a las tierras agrícolas. Un discurso sobre la inclusión, por lo tanto, debería hacer referencia al proceso de concentración de la propiedad de la tierra en nuevos latifundios, un típico proceso de exclusión. ¿Habrá límites al acaparamiento de tierras? También debería hacer referencia a las condiciones laborales de los asalariados rurales. Informes de inspectores del Ministerio de Trabajo y estudios independientes dan cuenta de que en muchas empresas agroexportadoras con gestión muy moderna y tecnologías de punta no se respeta la legislación laboral y se erigen obstáculos para la libertad sindical. ¿Se aplicará el Ministerio de Trabajo a sancionar estas violaciones de la normatividad vigente? Un gran número de pequeños agricultores –quizá más de medio millón– orientan la mayor parte de su producción al mercado, y son el sustento de la seguridad alimentaria del país. Pero están excluidos del acceso al crédito, la información, la asistencia técnica y adecuados sistemas de comercialización. ¿Cuáles serán las políticas que contribuirán a su mejor inclusión?

 La exclusión también tiene una dimensión territorial. En gran parte del país, sobre todo en la sierra y la selva, las poblaciones rurales están mal comunicadas, mal informadas, mal remuneradas, con deficientes servicios de educación y de salud, lo cual se expresa en que tienen menos oportunidades económicas, sociales y políticas. Sin embargo, son estas poblaciones rurales las que sostienen muchas de las economías regionales. En el esperado discurso ante el Congreso ¿cuáles serán las medidas que promuevan la disminución de las brechas existentes entre estos territorios y aquellos urbanos y costeños?

Luis Gamero Russo, economista

Los representantes Demócratas y Republicanos del Congreso norteamericano lograron un consenso de última hora para evitar la cesación de pagos, pero el acuerdo fiscal resulta insuficiente, poco probable, e inoportuno. Veamos.

Resulta insuficiente porque, en una primera etapa, no se ataca la reforma tributaria (para aumentar la recaudación impositiva y la base tributaria), ni la reforma social (para evitar el incremento explosivo del gasto en seguridad social que se ve venir), justamente los dos aspectos más controversiales del debate bipartidista. Además, los recortes iniciales no son muy grandes (menos de US$ 1 trillón anual a partir de 2012), y aún en su segunda etapa se piensan recortar tan solo US$ 1.5 trillones más;  lo que teóricamente avizora una reducción insuficiente del déficit fiscal y de la deuda pública en el mediano y largo plazo (se estiman al menos US$ 4 trillones de “ahorros netos” para que haya efecto alguno).

Pero si vemos el cuadro siguiente, notamos más bien que las barras suben todos los años; entonces el acuerdo entre republicanos y demócratas no recorta realmente el gasto, simplemente limita el crecimiento del mismo. Lo que significa que el gobierno federal gastará más dinero en cada uno de los siguientes 10 años.

La poca certeza en la concreción final del acuerdo radica en que, recién en una segunda etapa, se buscarán los resultados de una profundización del mismo y que dependerá de una comisión bipartidista del Congreso; la cual se abocará a tratar de lograr un consenso antes de Noviembre, sobre todo en las dos reformas cruciales: tributaria y social. Pero sus resultados no serán fáciles de conseguir, a pesar de que se ha incluido una cláusula automática de recortes forzosos de gastos y de aumentos tributarios si no llegan a un acuerdo consensuado. ¿Lograrán consenso o se aplicará la cláusula automática? La duda persiste dada la actual situación de antagonismo político entre los dos partidos y sus respectivas actitudes de rigidez para ceder y negociar de buena fe.

Finalmente, el acuerdo fiscal norteamericano llega en un momento muy inoportuno: cuando la recuperación económica de los EE.UU. está más débil que nunca, y los recortes fiscales, aunque insuficientes a mediano y largo plazo para reducir la deuda, podrían precipitar una segunda recesión en el corto plazo.

Después de revisar las cifras del primer trimestre de este año, vemos que el crecimiento económico norteamericano mostró un magro 0.4% anual, seguido de un exiguo 1.3% para el segundo trimestre. Se calcula que se necesitaría un crecimiento económico sostenido de 2.5% anual o más para que los EE.UU. puedan lograr reducir la relación estructural  de su deuda con su PBI.

Pero a pesar de todo, el acuerdo fiscal era necesario, aún con sus defectos, pues dejaron pasar el tiempo temerariamente y el país estaba por estrellarse contra la pared. Y desafortunadamente, esta última circunstancia parece ser el catalizador inevitable de la resolución imperfecta de muchas crisis.

El Mejor

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Por Enrique Fernández-Maldonado
Sociólogo

Escucho a los trabajadores de Ripley y Saga que reclaman salarios justos y mejores condiciones laborales, y me pregunto por las limitaciones de un modelo pensado para atraer inversiones al costo que sea. No solo en materia laboral, donde la falta de garantías para los trabajadores juega a favor de las inequidades sociales, sino también en materia de política económica, donde la hegemonía de un modelo de producción, acumulación y consumo impide la posibilidad de un crecimiento sostenible, inclusivo y democrático.

Hay quienes recurren a la mentira para defender la actual política económica, afirmando que cualquier cambio en el modelo podría “detener lo avanzado”. Como Jaime de Althaus, para quien el carácter primario exportador de nuestra economía es un mito que las exportaciones no tradicionales y la importación de bienes de capital se encargarían de desmentir.

La realidad, sin embargo, es otra: ni el modelo laboral (pensado para “incentivar las inversiones”) garantiza el acceso a un trabajo decente, ni el modelo económico permite “desenganchar” el crecimiento de la explotación y exportación de materias primas.

En efecto: gracias a las leyes laborales que heredamos del fujimorismo, tiendas comerciales con una presencia importante en el mercado local fijan salarios “básicos” de 100 soles, que completan pagando “comisiones” por ventas. Un criterio abusivo por donde se le mire: bajo este sistema los ingresos laborales dependen no de la productividad ni de las horas laboradas por los “colaboradores”, impedidos de negociar con el comprador o cliente, sino del precio y calidad del producto, competencia exclusiva de la empresa. Si a esto sumamos la negativa de estas firmas a negociar una mejor distribución de los ingresos (superiores, en el caso de Ripley, a los US$ 1,000 millones en 2010), nos encontramos en las antípodas de la responsabilidad social empresarial.

Pero hay más. Invito a quien lea esta columna a realizar el siguiente ejercicio: visite una tienda Ripley o Saga, y revise el etiquetado de los artículos de vestir. Hágalo varias veces hasta formarse una opinión. Verá que la mayoría es mercadería elaborada –no por las Mypes de Gamarra o Chincha, cuya tasa de “mortalidad” producto del dumping social supera las mil empresas por año– en China, país del que proviene el 77% de nuestras importaciones textiles (Gestión, 8/08/11). Un modelo de negocios que amplía considerablemente el margen de utilidades… generando empleos en el exterior.

No solo eso: empresas como Ripley son acusadas de presentar publicidad engañosa sobre sus productos, ofertas y promociones; de inducir al endeudamiento ofreciendo sistemas de crédito con intereses excesivos y descuentos inexistentes; por tener sistemas de atención de reclamos e información al cliente deficientes; por cobrar servicios de seguros no solicitados; por “tercerizar” o “triangular” con otras empresas para eludir responsabilidades, entre otras prácticas reñidas con las buenas prácticas empresariales (ww.aspec.org). 

Por eso, quienes abogan por la continuidad de este modelo falsean la realidad para esconder sus contradicciones. Pasan por alto la importancia de contar con un sector público eficiente no solo en la prestación de servicios básicos, sino también en la promoción de la actividad económica local y productiva. Solo así se podrá superar la pobreza y avanzar hacia un crecimiento inclusivo y sostenible. Objetivo esquivo si se mantienen las actuales reglas de juego, favorables a los grandes grupos de poder económico.

Por Pedro Francke
Profesor , PUCP.

Para que los programas sociales sean eficaces y logren resultados, el establecer la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad es fundamental. A final de cuentas, el que las familias salgan de la pobreza, los niños estén sanos y bien nutridos y no haya más discriminación, no depende solamente del Estado: también depende de lo que  hagamos los ciudadanos, las familias y las comunidades.

Por ello, el primer punto que deben considerar los programas sociales es no generar desincentivos a que las personas y las comunidades realicen su mejor aporte a los cambios y logros sociales que queremos. Un dicho popular establece que “el muerto se hace más pesado cuando tiene quien lo cargue”. Por eso, el simplemente hacer regalos y entregar subsidios sin establecer reglas y mecanismos para promover que los beneficiarios pongan su mejor esfuerzo, es una mala política. A veces, “sin querer queriendo” en el pasado los programas sociales han generado desincentivos que promueven comportamientos negativos, como cuando se entregaban canastas alimentarias a las familias con niños desnutridos, por lo que algunas familias mantenían a sus hijos en condición de desnutrición para seguir recibiendo la ayuda estatal.

Un enfoque microeconómico simple indica que si el Estado regala bienes o servicios, uno de los efectos que causa es reemplazar el esfuerzo de las familias por obtenerlos. Por eso, es importante que los programas sociales incluyan también reglas o condiciones que eviten este efecto, estableciendo que la ayuda social del Estado exige también una corresponsabilidad, con compromisos muy específicos y monitoreados, de quienes los reciben.

Pero no solo hay que considerar los incentivos individuales sino también los colectivos. En un país como el Perú donde el Estado tiene serias deficiencias, la acción comunitaria es muy importante. Si la intervención estatal deja de lado los grupos sociales y solo ve a los individuos, o peor aún  si además introduce fracturas en la organización social, estamos promoviendo una anomia social que recarga responsabilidades en el Estado y disminuye las posibilidades de una acción colectiva de promoción social desde la sociedad. En cambio, programas como Foncodes aprovechan los grupos comunitarios, otros como el vaso de leche y los comedores populares promueven la organización social y hay nuevas políticas y programas que buscan favorecer la asociatividad entre pequeños productores agropecuarios.

Además, frente a los serios problemas de exclusión y de corrupción que tiene el Estado, una de las fuerzas que debe movilizarse para lograr cambios sustanciales en este terreno es precisamente la sociedad civil. Desde luego que la voluntad política, la promoción de comportamientos éticos y los sistemas de control juegan un rol. Pero la denuncia y exigencia desde abajo, sobre todo hoy que tenemos un Estado descentralizado, son fundamentales. La sociedad tiene que ser activa para lograr la transformación del Estado.

El trabajo conjunto entre Estado, comunidades y familias es una orientación básica para tener buenos resultados sociales. 

Waldo Mendoza Bellido

Jefe del Departamento de Economía de la PUCP

La nueva crisis que amenaza al mundo puede frenar nuestro crecimiento económico. Una gran lección de la última crisis es que la soberbia es una mala consejera. En octubre de 2008, en la clausura de la CADE, Alan García dijo “yo les garantizo un crecimiento económico de 6.5 %”. El Banco Central de Reserva (BCRP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) creyeron en ese mensaje, reaccionaron a destiempo, y ya sabemos lo que pasó.

En la década pasada, la crisis rusa redujo nuestro crecimiento de 7 %  en 1997, a -1 % en 1998. La primera crisis global de este siglo lo hizo caer de 10 % en 2008 a 1 % en 2009. Que no se repita.

Cualquiera sea su naturaleza, las crisis externas significan, en lo inmediato, una reducción del precio de nuestros minerales (con excepción del oro) y una salida de los capitales de corto plazo.

El menor precio de los minerales reduce la recaudación y eleva el tipo de cambio. La salida de capitales reduce la oferta crediticia, hace caer la bolsa de valores y también eleva el tipo de cambio. Estos factores enfrían a nuestra economía.

Es difícil,  a estas alturas, decir cuál será el tamaño de esta crisis. No puede descartarse, sin embargo, que puede ser tan o más grande que la de 2008-2009.

Primero, porque ahora habrían varios “epicentros,” en Europa, además de Estados Unidos. Segundo, porque los márgenes para hacer política fiscal y monetaria expansiva en el centro casi no existen. Tercero, en el afán de no ser degradados como Estados Unidos, muchos países europeos pondrán en marcha ajustes fiscales.

En nuestro país, la capacidad de responder es hoy mayor que en 2008, porque el BCRP tiene casi US $50 000 millones de reservas y el MEF cuenta con cerca de US $6 000 millones en el Fondo de Estabilización Fiscal.

En 2008, la crisis externa nos encontró en pleno auge económico; ahora nos encuentra en plena fase de desaceleración. El BCRP y el MEF deben empezar a hacer uso de estas fortalezas. El BCRP debe bajar la tasa de interés de referencia, y vender dólares para inyectarlos al sistema financiero y evitar un alza desmedida del tipo de cambio. En el caso del MEF, la inversión pública es la variable central de política, pero ojo con los cuellos de botella que impidieron su uso a tiempo en la crisis anterior.

Armando Mendoza

Con cada día, se hace más evidente que hemos entrado a un periodo de volatilidad financiera y desaceleración económica global; y que con la reciente reducción del rating crediticio de los EE.UU., se ha iniciado una reacción en cadena de consecuencias impredecibles. En estas circunstancias; es bueno hacer memoria y rescatar las lecciones de la pasada recesión del 2009 para la política económica; no sólo sobre lo que se debe hacer, sino también; y en particular; sobre lo que no se debe hacer.

-1ro. No asumir que estamos “blindados”

Si algo deben evitar los ejecutores de la política económica, es caer en el triunfalismo barato del 2008-2009; cuando, ante las crecientes señales de desaceleración económica, el gobierno proclamó que “estábamos blindados”, perdiéndose un tiempo valioso en reaccionar ante la crisis.

Por supuesto, la realidad dejo en claro que no estábamos para nada “blindados”, pues la economía se desaceleró brutalmente en el 2009, con un crecimiento casi nulo del PBI (0.9%), que, en opinión de más de un conocedor, en realidad fue un decrecimiento real.

Ojala esta vez dejemos de lado las declaraciones bombásticas, y se asuma con realismo y responsabilidad (pero, sin histerias) que vamos a ser impactados y es necesario tomar medidas al respecto.

-2do: Aplicar el sentido común

Si alguna lección podemos extraer del pasado, es que la respuesta estatal debe basarse en el sentido común. Es decir: ante una desaceleración económica y contracción de la inversión privada, la respuesta debería ser expandir el gasto público para alimentar el crecimiento. Así de simple.

El problema es que esta lección a veces se olvida. Justamente eso pasó en el 2008, cuando ante las señales clarísimas de recesión, el entonces Ministro de Economía, Valdivieso, salió con la peregrina idea de “modular” el gasto público, contrayéndolo; es decir, el equivalente a querer curarse la gripe bañándose en agua helada.

Ojala, esta vez prevalezca la sensatez y se apliquen políticas contracíclicas. En ese sentido, la rápida implementación de algunas propuestas del gobierno; tales como la pensión 65 o la expansión de Juntos; podrían tener un beneficio secundario: contribuir a incrementar la demanda interna y moderar la corriente recesiva.

-3ro. No posponer las reformas

En la presente coyuntura, sin duda más de uno saldrá a pescar a río revuelto, proclamando que no es el momento de hacer olas, y, por ello, hay que archivar el impuesto a las sobreganancias mineras, suspender la renegociación de los contratos de Camisea, patear para adelante la reforma laboral, etc., etc., etc.

No caigamos en esa trampa. Justamente en coyunturas como la actual debe tomarse conciencia de la necesidad de tener bases sólidas para nuestro desarrollo económico y social; y, por ello, hay que avanzar en la reforma tributaria, la reforma laboral, el proceso de descentralización, la revisión de la política comercial, entre otros temas críticos que no debemos posponer.

En suma, estamos en un periodo que exige un manejo firme y responsable de la política económica; pero que ello debería ser un acicate para el cambio; porque una crisis, bien administrada, puede ser una oportunidad; y esa es una lección que vale la pena recordar.

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Los sucesos de las últimas semanas en torno a la discusión, elevación y secuelas a propósito del tope de endeudamiento en los EUA son ilustrativos para todo el mundo. El balance de resultados es negativo tanto en una perspectiva de mediano plazo como de corto plazo de acuerdo a lo que viene ocurriendo en los mercados de valores, financieros y de capitales internacionales. Asimismo, se olvida que los responsables de este desenlace son precisamente quienes contribuyeron a la detonación de la reciente crisis económica internacional: el Partido Republicano y las agencias calificadoras de riesgos.

La detonación del tercer trimestre del 2008 fue el resultado de la acumulación de elementos estructurales y coyunturales que fueron retroalimentados tanto por las políticas liberales de los republicanos norteamericanos como por la ampliación del gasto público durante la administración del Pdte. Busch. La reducción de impuestos a los grupos de más altos ingresos se inició con Reagan en los ochentas, pero continuó en los siguientes gobiernos. A estas políticas se sumaron tanto las costosas aventuras militares en Afganistán e Irán y el equivocado rescate bancario que se inició con un paquete por US$ 800 billones americanos. La fórmula republicana de menos impuestos, más gastos militares y menos regulación fueron los ingredientes básicos para explicar la última crisis económica internacional.

Standard & Poors, una de las principales empresas calificadoras de riesgos internacionales, que acaba de reducir la calificación de la deuda de EUA, fue corresponsable de esta crisis. No hicieron comentarios cuando se otorgaron créditos hipotecarios subprime a los Ninjas (ciudadanos sin ingresos, sin empleo, ni activos); no ajustaron a la baja los paquetes de estos créditos que se vendieron a otros bancos comerciales y de inversión. Tampoco ajustaron las calificaciones de quienes adquirieron estos activos incobrables. En síntesis, actuaron con total complacencia, maximizando exclusivamente sus ingresos, mientras que las malas deudas crecían, se transferían y reproducían a nivel global.

Estos actores contribuyeron significativamente a la crisis. Ahora están jugando su revancha, perjudicando al mundo y a las grandes mayorías de nuestros países. El gobierno también es culpable por su blandura al no haber esclarecido, sancionado y revertido estas políticas perniciosas. Es bueno concertar, pero otra cosa es ceder en los principios. No hay que permitir que los intereses particulares de unos pocos se impongan a la mayoría, menos aún cuando estos fueron culpables de los problemas. Sirva esta lección al Pdte. Obama y a nuestros países.

Luis Gamero Russo, economista

Después de un intenso debate ideológico entre dos visiones económicas totalmente antagónicas entre los Republicanos y los Demócratas, el Congreso norteamericano aprobó el 2 de Agosto el levantamiento del límite de la deuda pública de los EE.UU.  Sin esta aprobación, el Ejecutivo norteamericano no hubiera podido seguir cumpliendo con sus obligaciones corrientes y de deuda, y hubiera entrado en cesación de pagos.

De manera sucinta, los Republicanos, que pasaron a dominar la Cámara Baja, abogaban por un gobierno más chico y con impuestos más bajos; mientras que los Demócratas, que aún controlan el Senado, insistían por mantener un gobierno más grande y con características de economía del bienestar, aunque aceptaban ciertos recortes de gastos, sobre todo en Defensa.

A pesar de lograrse el consenso, la principal clasificadora de riesgo, Standard & Poor’s, decidió rebajar la calidad del riesgo crediticio norteamericano del máximo de AAA que tenía desde 1917, a AA+ y con perspectivas negativas. Esta nueva clasificación norteamericana es un punto más baja que la que hoy tiene Australia, Canadá, Suiza, entre otros países, y debilita al Presidente Obama con miras a su posible reelección en Noviembre del 2012.

Además, se esperan repercusiones negativas para la economía norteamericana, sobre todo porque esta reclasificación encarecerá el costo del crédito (una subida de 1% en la tasa de interés eliminaría como US$1.3 trillones de ahorros al déficit fiscal), y pondrá en peligro su anémica recuperación económica.

Y aunque el mercado financiero internacional se muestre nervioso en el corto plazo, su tendencia negativa de las últimas semanas se debería, más bien, al bajo crecimiento económico norteamericano (0.4% en el primer trimestre 2011, y 1.3% en el segundo) y sus débiles perspectivas en el mediano plazo, además de la complicada situación de deuda en varios países europeos que tampoco muestran señales de dinamismo económico alguno. Y más bien, ahora las apuestas se están inclinando hacia el lado negativo de una muy probable segunda recesión mundial.

Por lo que, sin faltarle cierta razón a su análisis, habría que ser realista y considerar el informe de Standard and Poor’s sobre la reclasificación de riesgo norteamericano no como la voz de Dios, ni algo por el estilo. Más bien, al contrario, ya que habría que recordar que esta opinión viene de una de las tres clasificadoras de riesgo que en plena crisis del 2008 pensaban que las “hipotecas basuras” eran inversiones de primera; que años antes clasificaron a Enron Corp. como inversión AAA hasta días antes que se desvaneciera por completo; y que, obviamente, su proyección econométrica, con un error de US$ 2 trillones, no merece crítica alguna.

Por Santiago Roca Profesor Principal, Universidad ESAN

 El Comisionado de la Unión Europea, el más alto cuerpo colegiado que dirige los destinos de Europa, anunció la semana pasada la asignación de 7 billones de euros en el 2012 solo en fondos concursables para impulsar la innovación, ciencia y tecnología en los Estados de la Unión. Estos fondos son solo una pequeña parte del compromiso estratégico de poner la I&D en lo más alto de la agenda política para el crecimiento y el empleo, comprometiéndose a invertir una meta de 350 billones de euros anuales (3% del PBI europeo) en su plan estratégico hacia el 2020, por una “Unión Europea Innovadora sostenible, inteligente e inclusiva”, aprobado en octubre del 2010. La innovación significa “cambios que aceleren y mejoren la manera como se conciben, añade valor, desarrollan, producen y se accede a nuevos productos, procesos industriales y servicios; cambios que crean empleos, mejoran la vida y construyen mejores sociedades”. Según ellos, es la única manera que Europa puede mantener el crecimiento sostenible y crear trabajos buenos y bien pagados que soporten las presiones de la globalización sin que disminuyan los niveles de vida. 

La Europa Innovadora es una de las siete iniciativas de bandera de la estrategia de Europa al 2020. Entre los objetivos al 2020 se piensa: i) atraer un millón de nuevos investigadores, ii) fomentar las “asociaciones europeas innovadoras” por la cual se atraerá a los actores relevantes para coordinar la inversión, simplificar las regulaciones y estándares en I&D, movilizar demanda a través del gasto público, y lograr un marco integral coherente y positivo, y, iii) revitalizar los esfuerzos para construir un área de investigación en Europa. La primera Asociación Europea Innovadora, por ejemplo, se dedicará en forma piloto al área de la “vejez activa y saludable”. Europa se ha trazado ser el líder mundial en la producción de bienes y servicios para la vejez y el alargamiento de la vida y sostener parte de su crecimiento y competitividad atendiendo este segmento de mercado con inmenso potencial futuro en el mundo. 

 El Perú apenas invierte 0.15% de su PBI en ciencia, tecnología e innovación y no tiene planes, objetivos ni metas específicas para el 2021. ¿Qué prioridades se tienen acerca de los sectores y actividades con mayor potencial futuro? ¿Cómo nos organizamos para hacer que el sector privado, principalmente medianas y pequeñas empresas nacionales, innove, añada valor y dé sostenibilidad al crecimiento, creando mejores puestos de trabajo y mayor productividad? 350 billones de euros en I&D al año en la UE equivalen a invertir aproximadamente 3.5 veces el PBI del Perú. Los 7 billones que acaban de lanzar los europeos solo para concursos en el 2012 equivalen a aproximadamente 7.15% del PBI del Perú. Guardando las diferencias, es grato el anuncio del Primer Ministro, en su discurso el viernes pasado en el Encuentro Científico Internacional 2011, de que el presente gobierno priorizará la innovación, calidad y competitividad como instrumentos transformadores de la actividad productiva nacional. Facebook

Waldo Mendoza Bellido

Jefe del Departamento de Economía de la PUCP

Presidente, sus retos son más complejos que los que encontró Garcia en 2006. El García converso se presentó claramente como de derecha, por lo que su relación con Wall Street fue amorosa; la economía ya había alcanzado velocidad de crucero- 8 por ciento de crecimiento en julio de ese año-, y él no se había comprometido a grandes políticas contra la desigualdad. Usted, en cambio, con un programa de centro izquierda, tiene que lidiar con Wall Street, encuentra una economía al borde de la recesión y está obligado a cumplir con el electorado.

Las vacaciones de García

Dado el punto de partida, García pudo tomarse un descanso de 5 años sin hacer prácticamente nada. Su método consistió en replicar lo que había hecho Toledo. La política monetaria es la misma que nació en 2002; la política fiscal, salvo fallas humanas del ministro Benavides, es un calco de la de Toledo; los nuevos Tratados de Libre Comercio son simples adendas a los que ya se había hecho con los Estados Unidos.

García tuvo además muy buena suerte. Durante su gobierno, el precio mundial de las exportaciones se elevó en casi 60 por ciento. El crecimiento heredado de Toledo y los  altos precios de los minerales le permitieron a Garcia contar con más recursos fiscales que cualquier otro presidente. La recaudación subió en más S/. 35 000 millones en los últimos 5 años. Con estos recursos caídos del cielo, Garcia hizo un montón de obras que las mostró como prueba inobjetable de su éxito.

El tema de la confianza

Para no interrumpir el crecimiento económico, se dice que bastaría que usted genere “confianza” entre los agentes económicos. Dar confianza implica, en nuestro Wall Street cholo, que usted garantice que nada va a cambiar, que todo va a seguir igual.

La tesis de la confianza parece explicar el nombramiento de los titulares del Ministerio de Economia y Finanzas y del Banco Central de Reserva (BCRP), desde donde se decide el 90 por ciento de la política económica. Según usted, sin embargo, eso tiene remedio, pues usted es quien “pone la receta en el Gobierno”. Quiero creerle.

La amenaza de la recesión

Usted encontrará una economía amenazada por la recesión. Según los indicadores desestacionalizados del BCRP, los dos sectores que generan más empleo, la industria y la construcción, están en franca caída. El PBI de la manufactura no primaria ha descendido en el segundo trimestre de este año y el PBI del sector construcción, medido por el consumo interno de cemento, ha caído durante los dos primeros trimestres de este año

Esta amenaza de recesión se presenta en un contexto muy especial. En primer lugar, la actual situación de la economía mundial es grave. En segundo lugar, según las encuestas recientes del BCRP, las expectativas del sector privado (sobre las ventas, la demanda, la contratación de mano de obra), lucen cada vez más deprimentes. Por último, el ritmo anual de crecimiento del crédito total al sector privado ha empezado a caer en junio, debido a la política monetaria restrictiva del BCRP.

La lucha contra la desigualdad

El camino para reducir la desigualdad es más o menos claro. Hay que elevar por lo menos en un par de puntos porcentuales la presión tributaria e inyectar parte de esos recursos allí donde se necesite. (Su Ministro Castilla ha anunciado que la presión tributaria de 2016 alcanzará el 20 por ciento del PBI. ¿Está hablando en serio?).

Existen sobradas razones para que el principal aporte de los dos puntos de presión tributaria venga de la minería. Existen sobradas razones también para hacer una reforma de la política social que actualmente está en manos de los que no tienen ni poder ni calificación. Hay que darle a la política social poder y calificación.

¿Quién está a cargo de la política social? Todos, o sea, nadie. ¿Quién podría encargarse? Me parece que el MEF.

Uno, porque en el MEF está la gente más calificada y estable. Dos, porque es el MEF quien asigna el presupuesto. Tres, en Chile, el SNIP y los programas sociales están concentrados en el MIDEPLAN, y funciona muy bien. Cuatro, el Presidente tendría un solo un interlocutor, el Ministro de Economía, a quien cortará el cuello si la política fracasa.

En términos prácticos, un Vice Ministerio en Asuntos Sociales sería suficiente para poner en práctica estas políticas. No tiene sentido crear un nuevo Ministerio, por costoso e innecesario. El costo de armar un nuevo ministerio puede tener 100 mejores usos alternativos

En resumen

Usted tiene el reto de corto plazo de recuperar el ritmo de crecimiento económico de los últimos años y, además, reducir la desigualdad. En estos días, deberá dictar las políticas apropiadas para alejar la amenaza de la recesión. No se le vaya a ocurrir aplicar la receta de un conjunto grande de despistados para quienes basta con restaurar la confianza.

Al mismo tiempo, la receta deberá contener las políticas que inauguren un estilo de gobierno en el que el candidato cumple, por primera vez en la historia contemporánea, con las promesas electorales.

Suerte, presidente.

Edgardo Cruzado Silverii

Las fiestas patrias se fueron, tenemos nuevo presidente, las vacaciones se han terminado y cuando el temporal sobre nuestra economía parecía disipado apareció, en el horizonte, el fantasma de una potencial suspensión de pagos de la deuda pública de Estados Unidos. Los mercados internacionales han reaccionado con nerviosismo, las bolsas sintieron el pánico de los inversionistas y los problemas financieros de Europa, en particular España, Italia y Bélgica, se agudizaron. Al momento de escribir esta columna el presidente Obama, junto con los representantes Demócratas y republicanos en el Congreso, anunciaba que se alcanzaba un acuerdo para incrementar el espacio fiscal para el endeudamiento, pacto que asegura hasta las elecciones presidenciales (2013) el cumplimiento de las obligaciones financieras de la mayor potencia mundial.

La amenaza no está muerta, solo anda de parranda. La verdad es que la situación económica de Estados Unidos, con todo lo que implica, abandona la condición de temporal para ponerse a niveles de tormenta eléctrica.. Para Obama, junto al partido Demócrata, la autorización de ampliar el espacio fiscal de endeudamiento debía ser acompañado con mayores impuestos a las grandes fortunas, que permita bajar la presión de la deuda sobre las cuentas fiscales y potencie la capacidad del gobierno para fomentar la alicaída economía americana. En cambio, para los republicanos, la ruta es muy diferente; el gobierno puede tomar más deuda pero la condición, establecida en la negociación, es disminuir el gasto público del gobierno americano en una proporción similar a la nueva deuda.

La economía americana esta fría, sus tasas de crecimiento industrial son bajas y sus niveles de Desempleo altos, el gasto público tiende a disminuir y la administración se está quedando sin herramientas para protegerse del fantasma de la recesión.

Los responsables de nuestra gestión económica tienen motivos para preocuparse, ya sabemos que la crisis en el norte nos afecta de manera impredecible, pero no afecta. También deben preocuparse los responsables de las políticas de inclusión, el escenario no pinta favorable, la economía nos mete miedo y, como en Estado Unidos, los pobres terminan pagando los platos rotos con la disminución del dinero para programas sociales. No tenemos que espantarnos, pero si preocuparnos.