Germán Alarco Tosoni
Investigador CENTRUM Católica
Hace dos semanas nos invitaron a conversar con un grupo de las nuevas autoridades regionales y locales que gobernarán Cajamarca a partir del próximo año. Se trató de los temas económicos internacionales y nacionales de nuestra competencia. Se alertó sobre cómo hacer frente a las prácticas corruptas del sector privado - público y cómo abordar las iniciativas de trabajo y proyectos conjuntos entre estos dos sectores. Se comentó que hay que aprovechar el ímpetu emprendedor, pero hay circunstancias en que es necesario evaluar con mucho cuidado las propuestas que comenzarán a recibir.
Un primer tema a resaltar es que efectivamente puede haber espacios interesantes de colaboración entre el sector privado y el público. Un buen ejemplo son los Hospitales de la Solidaridad en Lima. La necesidad de servicios de salud es creciente. Las respuestas tradicionales de más salud privada o pública independientes enfrentan más problemas que la salida conjunta. También hay que diferenciar entre las asociaciones pública-privada (APP) autosuficientes y las co-financiadas. En las primeras, que se autofinancian, el gobierno debe recibir un monto fijo y una proporción de los ingresos futuros, garantizar acceso universal y exigir mayor calidad en la prestación de los bienes o servicios.
Los proyectos cofinanciados implican que el gobierno deberá financiar parcial o totalmente su operación cotidiana. Aquí lo primero por hacer es analizar las ventajas y desventajas de operar bajo este nuevo esquema. Hay que realizar análisis económico, considerando sus ventajas económicas y sociales. El análisis financiero no basta. Es imprescindible evaluar los flujos financieros del proyecto a valor presente, ya que la suma de los pagos por realizar puede ser superior a lo tradicional. Se deben analizar las condiciones que podrían establecer los privados, evitando externalidades negativas a terceros, a los usuarios o la comunidad en general.
No hay que rechazar la participación del sector privado en la prestación de servicios regionales y locales. Bajo toda circunstancia hay que aliviar los procedimientos y trámites que puedan dilatar las iniciativas privadas. Sin embargo, hay que ser cuidadosos si el relajamiento de estas normas afecta el medio ambiente, la seguridad pública o los intereses de los probables afectados y/o beneficiados: trabajadores, otros prestadores y la comunidad. En el caso de las APP co-financiadas las exigencias deben ser mayores. Las experiencias del gobierno central en el puerto de Paita e IIRSA Norte y Sur, entre otras, no son ejemplo de cómo hacer bien las cosas (La Primera, 24/12/2010, p.10).
