Kurt Burneo

Ultimamente observo una fuerte presencia en medios de varios ministros opinando  sobre las distintas propuestas de los candidatos presidenciales. Al margen que sus opiniones  pueden ser discutibles como cualquier otra, el caso es que bizarramente entran al debate entre los candidatos –quizás para tratar de bajarle la llanta al que lidera las encuestas y darle una mano a los 2 candidatos preferidos del Presidente Garcia-.

Adicionalmente como en el caso del Ministro de Economía, intentan constituirse como el referente o gran decidor sobre cuáles propuestas son plausibles y cuáles no lo son.  ¿Es esa la función que debería tener este funcionario? ¿No hay temas de su competencia hoy que debiesen ocupar su atención y tiempo?

“Francamente, es irresponsable ofrecer aumentos de sueldos en un Estado que tiene un millón o más de servidores públicos” señaló el lunes pasado el Ministro de Economia aludiendo a una versión distorsionada de la propuesta del candidato que lidera las encuestas, y digo distorsionada, porque esta sólo está referida, al caso de los maestros de escuelas públicas, con aumentos graduales asociados a la indispensable mejora en indicadores de la calidad del servicio educativo luego de una evaluación hecha por entes independientes y resultado de procesos integrales de capacitación previos a los maestros.

Por lo demás y al estar  tan preocupado por la responsabilidad, sería bueno preguntarle al Ministro, porqué hasta ahora no se ha culminado con la efectivización de la homologación de los salarios de los docentes de universidades públicas con los magistrados del Poder Judicial, asunto que se deja como presente griego a la siguiente administración o finalmente frente al anunciado (desde el 28 de julio pasado) pero no realizado, aumento salarial a militares y policías, ¿Cuales son las previsiones presupuestales correspondientes a este anuncio? Que para variar deberá ser honrado por la siguiente administración.  ¿Cuán responsable es dejar estos regalitos presupuestales?  

Por añadidura el Ministro de economía critica que se ofrezca una reducción de precios de los alimentos citando como ejemplo una propuesta electoral (que es la del candidato que lidera las encuestas) que plantea que tal como ocurría en el periodo 2001-2006, la gente compre 10 panes por un sol. Refiere haciendo caricatura de la propuesta que se está planteando control de precios.  Nada más alejado de la realidad: Hoy con 1 sol se compra 7 panes, y claro con una coyuntura de precio internacional del trigo al alza, mayores costos de producción presionan a un coyuntural mayor precio del pan. Pero ¿Acaso  esta alza en el precio internacional del trigo es eterna? ¿No hay nada que hacer para promocionar productos sustitutos al pan hecho con harina de trigo, posibilitando que la cantidad demandada reaccione con más fuerza ante un aumento en el precio del producto, limitándose así el alza en el precio al consumidor? ¿El Estado debe de seguir cruzado de brazos frente al oligopolio actual existente en la producción y distribución de productos derivados de la molinería, hecho que facilita el rápido traslado de cualquier aumento en el costo hacia el precio final y  lento (cuando no inexistente) traslado de un menor costo del insumo en la forma de una rebaja al precio al consumidor? ¿La actual expansión del crédito por encima del 20% acaso no facilita la efectivización de precios mas altos?

Sí debería interesarle al Ministro, la exagerada y desordenada expansión del crédito  desde inicios del 2010  hoy a tasas superiores al 20% anual. Cada vez es  más común llamadas a nuestros domicilios y trabajos, de distintas instituciones financieras e incluso casas comerciales, avisándonos que tenemos una tarjeta de crédito disponible o, si ya contábamos con ella, nos dicen que nuestra línea de crédito se ha extendido…..…sin que lo hayamos pedido, además de anunciarnos  precalificaciones hechas para invitarnos a tomar préstamos hipotecarios.  ¿Es esto deseable?.

Hoy, el mayor crédito facilita una artificial mayor demanda  en el sector inmobiliario, alejándose el precio de mercado desde hace  buen tiempo del precio real o fundamental (burbuja que le llaman) como parece que estaría ocurriendo: En el 2006 el precio del m2 de un departamento en Lima era de US$ 516 luego de crecer sostenidamente pasa a US% 966 en el 2010 con una perspectiva al alza. El aumento del precio de los terrenos que en algunos distritos llega al 300%, del ingreso y sobretodo del crédito hipotecario explican lo descrito. Considérese que cuando menos en el nivel socioeconómico A no es infrecuente que adquieran más de 1 predios para revender o arrendar, práctica que funciona muy bien hasta que no se pinche la burbuja en gestación; pero en fin  ellos especulan y que asuman su riesgo, pero el pinchazo también afectará a aquellos que toman un crédito hipotecario y usan el predio para vivir en él. Si en este boom, el precio de la vivienda y el crédito correspondiente digamos es de 100, al romperse la burbuja el predio pasa a valer por ejemplo sólo 80 pero su deuda siempre estuvo y estará basada en los 100 inflados, con lo cual la pérdida patrimonial es clara. Debo advertir que en algunos casos, usar el ratio precio de venta/alquiler anual como indicativo para evaluar si hay o no una burbuja inmobiliaria es discutible puesto que ambos componentes de este ratio están diferenciadamente afectados por el impulso del crédito. ¿No tiene cosas que hacer el Ministro de Economía?

José I. Távara

Profesor PUCP

Arrancó la campaña electoral pero aún no sabemos si los candidatos tendrán la voluntad y el coraje de enfrentar, con estrategias y metas explícitas, el problema central de la pobreza que aun afecta a millones de compatriotas y se transmite a sus siguientes generaciones. Debería indignarnos y avergonzarnos que los niños y niñas pobres de nuestro país, no puedan acceder aún, en pleno siglo XXI, a servicios básicos de calidad que les permitan estar y crecer sanos, bien nutridos y educados, desarrollarse plenamente y ser felices.

La codicia de los poderosos y el cinismo de nuestros líderes han generado mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza. Hemos avanzado muy poco en salud y educación, retrocedido en seguridad, y no se ha reformado el Estado para ponerlo al servicio de los ciudadanos. La reforma de los sistemas de pensiones ha fracasado por excluyente, pues sólo alcanza al 15% de la PEA, uno de los niveles más bajos de América Latina. Más del 70% de los adultos mayores carecen de protección social, una cifra que se eleva al 98% en las familias pobres rurales. Según proyecciones demográficas, el porcentaje de mayores de 65 años se elevará del 6% actual al 16% en el 2050, lo cual elevará la demanda por servicios de salud y seguridad social.

La desprotección de las personas mayores, genera mecanismos de transmisión y agudización de la pobreza. Hacerse cargo de ellas puede representar, para una familia pobre, permanecer en la pobreza o caer en la pobreza extrema. Por ello es urgente poner en marcha un sistema de pensiones solidarias no contributivas, es decir que no requieren de cotización previa a la seguridad social.

Estos sistemas se encuentran ampliamente difundidos a nivel mundial, y en la región destacan Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Costa Rica y Uruguay. Ellos permiten otorgar pensiones a personas mayores de familias pobres, que no están cubiertas por los sistemas contributivos. Según un estudio publicado el 2009 por la Mesa de Lucha Contra la Pobreza, otorgar una pensión solidaria de sólo 100 soles mensuales a personas pobres mayores de 65 años, que no reciben otra pensión, tendría un alto impacto en reducir la pobreza, a un costo total del orden del 0.25% del PBI (alrededor de mil doscientos millones de soles de hoy).

En agosto pasado el gobierno anunció un plan piloto de pensiones solidarias, pero se limita a los mayores de 75 años en extrema pobreza de 3 departamentos, con una partida de solo 2 millones de soles. Es urgente avanzar hacia un sistema con mayor alcance y cobertura, y por ello es impostergable una reforma integral de los otros pilares de la seguridad social, incluyendo los sistemas contributivos. Necesitamos un régimen de AFP menos confiscatorio y más equitativo con los trabajadores. Sin una expansión de la cobertura de estos sistemas, que pasa por una nueva ley de AFP, reformas en el régimen público de la ONP, y una reforma tributaria con crecimiento del empleo formal, será más difícil asegurar la sostenibilidad financiera de las pensiones solidarias, y de la seguridad social en general.

El Ministro de Economía considera irresponsable que los candidatos ofrezcan subir los sueldos, y su argumento podría extenderse a las pensiones solidarias propuestas en éste artículo. Bien vistas las cosas, sin embargo, lo irresponsable es continuar postergando, como lo han hecho los últimos gobiernos, reformas fundamentales en la tributación, la seguridad social, la salud y la educación, de las cuales depende el desarrollo de nuestro país y el bienestar de las futuras generaciones. Esperemos que gane el candidato con la voluntad y la capacidad de liderar estas reformas, de manera firme y efectiva.

Armando Mendoza

Como en otras ocasiones, nuevamente las sobreganancias mineras han parecido en la agenda pública; y, como en una trama bien ensayada, ya han surgido las voces que se pronuncian en contra de su establecimiento, alegando que no es necesario gravar las sobreganancias, pues ya contamos con el Aporte Minero Voluntario (“Óbolo Minero”), y que, más bien, hay que extender la vigencia de dicho Óbolo.

Lo que olvidan los promotores del Óbolo es que existe una multitud de razones para estar en contra de su continuidad, por motivos de su ineficiencia, poca transparencia e inequidad tributaria. Aquí, algunas de las razones más evidentes para pedir su liquidación:

• Porque en 4 años de vigencia el Óbolo ha recaudado sólo US$ 595 millones de dólares; que equivale apenas al 8% de lo recaudado en igual periodo por el impuesto a la renta del sector minero (US$ 7,287 millones) y el 2.5% de sus utilidades declaradas. Así, el Óbolo se ha ganado bien su nombre; pues es, literalmente una propina, un capillo, una ¨yapita¨; gracias, taita.

• Porque por toda la eficiencia y dinamismo que se prometió al dejar en manos privadas su manejo; en la práctica el Óbolo se mueve con igual pachocha que la satanizada inversión pública, pues a noviembre del 2010 apenas había ejecutado el 58% de sus recursos disponibles. Considerando que es un programa con 4 años de existencia; resulta cuestionable que en todo este tiempo apenas haya utilizado la mitad de sus fondos.

• Porque ni siquiera hay reglas claras sobre quien aporta y quien no; pues, como su nombre lo indica, es “voluntario”; siendo sólo 39 las mineras participantes; pero existiendo una cantidad nada despreciable de empresas que han zafado cuerpo.

• Porque como algún empresario minero ha reclamado, lo que el Perú necesita es un estado fuerte y eficiente, que tenga presencia efectiva en todo nuestro territorio; pero eso no sucederá mientras persistamos en privatizar a rajatabla las funciones y deberes del estado, inventando engendros como el FORSUR o el Óbolo.

• Porque, lógicamente, las mineras orientan las inversiones del Óbolo a sus zonas de operación, a fin de ganar legitimidad social. Es decir, seguimos concentrando recursos en localidades que ya reciben canon, regalías, fondos privados de la minería, etc., cuando la idea de gravar las sobreganancias es destinar lo recaudado a un fin especial, de alcance nacional; por ejemplo, inversión en ciencia y tecnología.

• Porque nos pone al nivel de una republiqueta bananera; un estado fallido incapaz de regular soberanamente la distribución de la renta que sus recursos naturales; no quedándole otra que mendigar un billetito extra. El Perú no puede aceptar esa clase de tratamiento: si queremos ser un país desarrollado, empecemos a exigir el respeto debido.

• Y finalmente, porque ya es hora de establecer un régimen tributario minero como Dios manda, con reglas claras y equitativas para todos, que regule el tratamiento de las sobreganancias, tal como se hace en otros países.

Así que por estas, y otras razones, lo que deberíamos estar discutiendo y acordando en relación al Óbolo, es su liquidación, no su extensión. Así de claro.

Capitalismo oligárquico y transnacional

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

La discusión sobre la naturaleza del capitalismo peruano no es trivial, menos aún en esta coyuntura. Las particularidades del modo de producción son útiles para explicar su forma de operación, márgenes de maniobra y las posibilidades de reacción ante señales económicas. Existen diferentes tipos de capitalismo. En esta oportunidad utilizamos la taxonomía de los profesores estadounidenses Baumol, Litan y Schramm, que publicaron en 2007 un libro sobre el capitalismo bueno y malo, donde distinguen cuatro modalidades principales: el oligárquico, el gerencial o dominado por grandes empresas, de Estado y de emprendedores. En un país cualquiera coexisten los diferentes modelos, aunque la predominancia de uno sobre otro explicaría porque el capitalismo es más o menos dinámico e irradiaría beneficios a núcleos importantes de la población.

Modalidades empresariales

El capitalismo oligárquico existe cuando el poder y el dinero están muy concentrados en unas cuantas personas, sean estas nacionales o extranjeras. Es la peor forma de capitalismo, ya que estos maximizan exclusivamente sus ingresos y riquezas, agravando la desigualdad y contribuyendo marginalmente al crecimiento. El capitalismo dirigido por el Estado – dicen los autores - puede ser exitoso, tal como ocurrió en los países asiáticos, pero enfrenta riesgos en las limitadas capacidades de los funcionarios públicos. El capitalismo de las grandes empresas también ha sido positivo, pero estas empresas son reacias a tomar riesgos, a innovar y a invertir creando nuevas oportunidades de negocios. En cambio, el capitalismo emprendedor está compuesto por emprendedores radicales o muchas valiosas empresas que generan y son motores del crecimiento.

Estructura nacional

El elemento básico de la clasificación anterior es la estructura de propiedad que implica una dinámica y comportamiento particular. Campodónico (2010), a partir de la clasificación de Fitzgerald, muestra que la participación del capital extranjero como porcentaje en la generación del PBI representó el 10% en 1950, 22% al inicio del Gobierno Militar en 1968 y 28% en el año 2000. Con información del Perú Top 10,000 Companies (2010) esta ascendería a 30.6% del PBI durante 2008, aunque en 2007 fue equivalente al 34.5% del PBI. La mayor presencia del capital extranjero tiene como contrapartida una menor presencia del capital nacional que redujo su participación del 43% del PBI en 1950 a menos del 28% en el 2000. Con la nueva información al 2007, el sector empresarial nacional sólo generaría entre el 24 y 25% del PBI. Obviamente si se suma el sector informal (no empresarial) su participación sería ligeramente menor al 60%, más una presencia estatal entre el 5 y 6% del producto.

La predominancia del capital extranjero es una forma de capitalismo oligárquico, ya que el control de los medios de producción está en pocas manos. Para el país no es relevante que la empresa sea cerrada o de capital abierto; lo que importa es que está en manos de accionistas foráneos. No existe información sobre la concentración de la propiedad en manos de los capitalistas nacionales, ni de su dispersión. Sin embargo, a pesar de que se ha incrementado el número de nacionales que participan en el capital de las empresas que operan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), no es evidente que los accionistas principales hayan perdido control de sus respectivas empresas. Asimismo, este capitalismo en pocas manos se refleja en que el número de empresas listadas en la BVL es menor ahora que antes. En 2008 habían sólo 199 empresas, respecto de 230 en el año 2000 (Banco Mundial, WDI, 2009).

La segunda modalidad nacional es el capitalismo gerencial o de grandes empresas. Maximixe (2010) estimó los niveles de concentración en las principales ramas de la manufactura, a cargo de grandes empresas. La concentración es alta en la cerveza, jabones, industria avícola, harinera, aceites, cemento y otras como el transporte aéreo y el sector financiero. Sólo las actividades concentradas de la manufactura generan alrededor del 12% de la canasta de bienes de consumo, con lo riesgos consiguientes. Por último, tanto el capitalismo de Estado como de emprendedores son marginales. La actividad emprendedora, tan importante en los años noventas (De Althaus, 2007), ahora sería menos dinámica que antes como resultado de la crisis económica internacional y la apreciación del sol.

Mejores prácticas y buen capitalismo

La clasificación comentada tiene sus problemas, pero puede ser útil al Perú. De acuerdo a una visión ortodoxa, nuestras posibilidades de alcanzar el “capitalismo bueno” son menores. Más que de innovaciones, en el medio se lee sobre mayores precios y menores remuneraciones reales. Las decisiones económicas básicas de qué, cómo y para quien producir se realizan principalmente desde afuera. Los elementos tradicionales de los precios relativos, las infinitas posibilidades de producción y consumo son más teoría que realidad.

Son muy pocas las empresas peruanas que innovan y operan con las mejores y más modernas prácticas empresariales. Para America´s Best Plants de IW, no sólo hay que esmerarse en los temas tradicionales de la calidad, clientes, tecnologías, flexibilidad, optimización de inventarios, desarrollo de nuevos productos y procesos, mantenimiento, seguridad y medio ambiente, capacitación, productividad y costos. Es fundamental que los trabajadores participen cada vez en la toma de decisiones, que ganen más; que los precios decrezcan en lugar de aumentar, acompañados de una reducción aún mayor en los costos. Si de capitalismo se trata, este es el que deberíamos procurar alcanzar.

19-1-2011.

Kurt Burneo

En estos últimos años una experiencia cada vez más común para muchos peruanos es el continuo llamado a nuestros domicilios y trabajos, de distintas instituciones financieras e incluso casas comerciales, avisándonos que tenemos una tarjeta de crédito disponible o, si ya contábamos con esta tarjeta, nos dicen que nuestra línea de crédito se ha extendido…..…sin que lo hayamos pedido, también es profusa las precalificaciones para invitarnos a tomar préstamos hipotecarios.  En general,  ¿Una cada vez mas amplia magnitud de crédito  será en principio siempre bueno sin importar sus dimensiones? Independientemente de ser calificado otra vez como  aguafiestas y ahora por algunos mezquino -quizás sólo por decir la verdad sobretodo en época electoral- creo que  moderar la expansión del crédito  y en general de la demanda interna y del crecimiento del PBI como resultado resulta necesario, dadas las distorsiones que pueden estar generando. Veamos por qué a partir de 2 hechos.

Lo objetivo es que el  crédito desde principios del 2010 muestra tasas de crecimiento cada vez mayores: En enero de dicho año, la tasa de expansión anualizada de los créditos al sector privado fue de 9% en los meses siguientes esta se fue incrementando, hasta alcanzar una tasa de crecimiento de 20.2%.al mes de noviembre ¿Que efectos principales se  originan con este fuerte crecimiento del crédito?

Como todas las cosas en la vida, bueno es culantro pero no tanto. Los excesos son malos y creo que el caso de una desordenada expansión en la disponibilidad crediticia, no es  la excepción al señalamiento anterior.. Si bien en principio, una mayor disponibilidad crediticia permite adelantar gasto de consumo e inversión que sin el crédito no sería posible, permitiendo que el grueso del gasto en la economía se sostenga en el tiempo, lo que a su vez induce a una mayor necesidad de producción para abastecer este gasto sostenido, posibilitando el aumento del nivel de actividad económica en el país, hasta allí todo bien.  El caso es que cuando estas tasas crecen excesivamente sin mayor preocupación  (con laxos controles) por las autoridades económicas, si creo que  hay la necesidad de advertirlo.

Un grupo de estas distorsiones  se generan en mercados donde las expectativas juegan un papel fundamental como  el inmobiliario, más aun cuando el precio de mercado se aleja notablemente durante buen tiempo del precio real o fundamental (burbuja que le llaman) como parece que estaría ocurriendo, al observar que mientras que en el 2006 el precio del m2 de un departamento en Lima era de US$ 516 luego de crecer sostenidamente pasa a US% 966 en el 2010 con una perspectiva al alza. El aumento del precio de los terrenos que en algunos distritos llega al 300%, el aumento del ingreso y sobretodo del crédito dado que se adquiere principalmente via créditos hipotecarios explican lo descrito. Considérese que cuando menos en el nivel socioeconómico A no es infrecuente que adquieran más de 1 predio para la reventa o arriendo, práctica que funcionan muy bien hasta que no se pinche la burbuja en gestación pero en fin  ellos especulan y que asuman su riesgo, el tema es que este pinchazo también afectará a aquellos que toman un crédito hipotecario y usan el predio para vivir en él. Si en este boom el precio de la vivienda y el crédito correspondiente digamos es de 100, al romperse la burbuja el predio pasa a valer solo 80 pero su deuda siempre estuvo y estará basada en los 100 inflados con lo cual la pérdida patrimonial es clara. 

 Por otro lado debo advertir que en algunos casos usar el ratio precio de venta/alquiler anual como indicativo para evaluar si hay o no una burbuja inmobiliaria es discutible puesto que ambos componentes de este ratio están diferenciadamente afectados por el impulso del crédito. Dicho sea sólo de paso este desmesurado crecimiento crediticio, valida también  la efectivización de precios más altos y con ello de la fuerte suba actual en el precio de alimentos; así que morigerar la expansión crediticia es como via política económica se puede moderar expansiones de precios sin tener que establecer control directo sobre estos, como se hacía durante el primer gobierno aprista. Esta es la gran diferencia entre un cirujano y un carnicero.

Finalmente, nunca está demás ser precavido en política económica, buscar moderar la expansión del crédito se inscribe en esta línea.

José de Echave

El pasado mes de diciembre, el oro batió un récord histórico al cotizarse por encima de los US$ 1,425 dólares la onza, continuando una tendencia al alza: el año 2010 la cotización del oro aumentó un 25% en relación al 2009.

La crisis, los ajustes que se siguen haciendo en las economías de la zona euro, las fluctuaciones del  dólar, las presiones inflacionarias, la guerra de divisas, entre otros factores, han ayudado a perfilar al oro como el más seguro valor de refugio para los inversionistas. La ecuación parece ser la misma: mientras los fundamentos de la economía mundial se degradan, el oro se hace más fuerte.

Las proyecciones para este año siguen al alza, pese a que la demanda del sector de fabricación de joyas ha retrocedido en un 23%. Cabe recordar que la estructura del consumo mundial del oro sigue siendo predominantemente joyería (por encima del 50%), seguida de piezas y monedas (13%); aplicaciones industriales (11%); inversiones (7%), otros usos (18%).

Luego de tres años de declive, la producción de oro en el mundo aumentó el  2009 a 2,553 toneladas. China mantiene desde hace tres años el primer lugar como país productor, con 320 toneladas de oro producidas. Australia ocupa el segundo lugar con 268 toneladas; Sudáfrica y Estados Unidos se disputan el tercer lugar con alrededor de 200 toneladas por país y el Perú ocupa el quinto lugar, superando apenas a Rusia, con una producción de 178 toneladas.

Por el lado del consumo mundial, China también ocupa el primer lugar (432 toneladas), luego de desplazar a la India, que hasta hace poco era el indiscutible número uno del consumo mundial de oro. Al parecer, los precios elevados han impactado en la demanda de la India, principalmente orientada al rubro de joyería. Finalmente, China también aparece como el país que ha incrementado sus reservas estratégicas: de 400 toneladas el año 2003 a 1,054 toneladas en 2009.

¿Y cómo estamos por casa? Un primer dato muestra que la producción de oro está fuertemente concentrada. Tres empresas dan cuenta del 55% de la producción nacional: Yanacocha representa el 28% de la producción nacional, seguida de Barrick Misquichilca (20%), Buenaventura (7%).

Lo cierto es que el boom del oro que se inició en la década del 90, con la entrada en producción de Yanacocha, Pierina y otras operaciones, ha venido decayendo en los últimos años: el 2005 alcanzamos un pico de 206 toneladas de oro, para luego caer a 166 toneladas el 2007, manteniéndonos en las 178 toneladas en los últimos años. 

Pese a la caída de la producción y debido al factor precio, el oro ha venido disputándole al cobre el primer lugar de las exportaciones mineras: el 2009 las exportaciones auríferas alcanzaron los US$ 6,802 millones y hasta noviembre 2010 suman US$ 6,986 millones.

¿Qué hacer? Aparentemente se presentan dos caminos. Uno que anuncia proyectos mineros por 41 mil millones de dólares, que deben ser sacados adelante como si no ocurriese nada en el país y los conflictos mineros fuesen de otro planeta. El segundo, que propone una estrategia nacional de desarrollo que incluye la minería, pero que toma en cuenta temas claves como el agua, la agenda integral ambiental, los derechos de las comunidades y el ordenamiento del territorio. Todo indica que sólo así el país podrá  aprovechar de manera responsable los recursos mineros en una coyuntura favorable como la actual.

Industrias Extractivas: Sobre Clavos e Impacto Económico

Armando Mendoza

Aunque es indudable que las industrias extractivas (notoriamente la minería y los hidrocarburos) han tenido y tienen un impacto económico considerable, no sólo al nivel nacional, sino también regional y local; la realidad es que existen preguntas pendientes en relación a las reales dimensiones de dicho impacto, dado que; frecuentemente; las cifras que se presentan resaltando dicha contribución, sólo dicen parte de la historia.

Ejemplo de lo anterior es el caso de las compras de la minería: acorde a fuentes oficiales, en el año 2008 el volumen total de compras de dicho sector ascendió a unos S/. 19,600 millones de soles; suma enorme; de la cual -oficialmente- sólo el 15% correspondió a compras efectuadas en el extranjero. Igual de importante es que de dichas compras, un 20% (casi S/. 4,000 millones de soles) calificaron como locales y regionales (véase gráfico).

Fuente: Ministerio de Energía y Minas e Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

El problema es que al examinar esas cifras surge la cuestión de cuantas de dichas compras corresponden realmente a bienes producidos en el país, con valor agregado domésticamente, y cuantas compras son de bienes foráneos, pero que al adquirirse a intermediarios nacionales (por ejemplo, un importador) sufren una alquimia maravillosa, pues clavos ¨made in China¨ pasan a considerarse como si fueran ¨made in Perú¨.

Igual sucede al nivel local y regional: una compra ¨local¨ no implica que el bien adquirido haya sido producido localmente, con lo que en la práctica el nivel de encadenamiento y articulación entre una industria extractiva y su entorno podría ser más limitado de lo que las cifras y etiquetas oficiales sugieren.

Lo anterior refleja los problemas existentes para evaluar el impacto de la minería y otras actividades extractivas, y su vinculación con las economías regionales y locales; en particular en rubros claves tales como la generación de empleo o el desarrollo productivo; y; en ese sentido; a menudo la propaganda y el publicherry le ganan al sentido crítico, alimentando expectativas injustificadas que luego no se cristalizan, convirtiéndose en fuentes de conflictos.

Por otro lado, es innegable que el encadenamiento entre las industrias extractivas y las economías regionales y locales exige una diversidad de requisitos y condiciones; como mano de obra capacitada; que en algunas zonas no es posible satisfacer. Así, es necesario evaluar críticamente las oportunidades que las industrias extractivas pueden generar para los agentes locales; con una visión realista de que oferta local podría razonablemente desarrollarse, y que no.

Ciertamente, no siempre es posible hacer un análisis desapasionado, pues las demandas y expectativas alrededor de los proyectos mineros, petrolíferos, etc., con frecuencia se desbandan (en ocasiones, por culpa de las mismas empresas) en una mezcolanza de intereses económicos, sociales y políticos. Sin embargo, es una tarea que vale la pena emprender como parte de un proceso de desarrollo hacia ¨adentro¨; para que (¿quién sabe?) quizás algún día los clavos dejen de ser ¨made in China¨ o ¨made in Lima¨, y sean ¨made in Cotabambas¨.

Germán Alarco El sistema económico predominante a nivel mundial es el régimen capitalista. Sus componentes principales son la propiedad privada de los medios de producción, las ganancias como motor de las decisiones, el intercambio a través de los mercados y la presencia de trabajadores asalariados. Este régimen es el mal menor respecto de otras modalidades superiores, como las autogestionarias y de la economía solidaria. A pesar de su dinámica depredadora, cuando hay presencia del Estado, ha demostrado tener mayor capacidad para promover el crecimiento económico, de auto organizarse y conducir a la mayor parte de la población a niveles de ingreso superiores. No hablamos de bienestar. Sin embargo, esta historia del capitalismo virtuoso parece aún lejana al Perú. Los profesores Baumol, Litan y Schramm publicaron en 2007 un libro sobre el capitalismo bueno y malo. Dividieron a las economías capitalistas en cuatro categorías amplias: capitalismo oligárquico, capitalismo dirigido por el Estado, capitalismo de grandes empresas o gerencial y el capitalismo emprendedor. El capitalismo oligárquico existe cuando el poder y el dinero están muy concentrados en unas cuantas personas. Es la peor forma de capitalismo, ya que estos maximizan exclusivamente sus ingresos y riquezas, agravando la desigualdad. El capitalismo dirigido por el Estado – dicen los autores - puede ser exitoso, tal como ocurrió en los países asiáticos, pero enfrenta riesgos en las limitadas capacidades de los funcionarios públicos. El capitalismo de las grandes empresas también ha sido positivo, pero estas empresas son reacias a tomar riesgos, a innovar y a invertir creando nuevas oportunidades de negocios. En cambio, el capitalismo emprendedor está compuesto por empresarios radicales o muchas valiosas empresas que generan y son motores del crecimiento. El reto está, en cada momento, en encontrar la mejor combinación para gozar y alcanzar el capitalismo bueno. Aterrizando en el Perú, nos daremos cuenta que predomina la modalidad menos positiva, la oligárquica, donde la presencia del capital transnacional es mayor en la minería, Hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones y las grandes cadenas comerciales. También hay mucho del capitalismo de las grandes empresas en sectores como la cerveza, jabones, industria avícola, harinera, aceites, cemento y otras como el transporte aéreo. El capitalismo emprendedor basado en gran medida en las exportaciones no tradicionales, que nos sacó del hoyo en la década de los noventas, ahora permanece estancado. Bajo estas circunstancias, ¿será posible alcanzar el capitalismo bueno?

Por Francisco Durand
Sociólogo

La política de prohibición de drogas empezó en EEUU en 1922, junto con el alcohol. El propósito era frenar el consumo de opio, marihuana y cocaína, lo que constituía ante todo un problema de “mal comportamiento social”, y de salud en los casos de sobredosis y adicción. Sin embargo, tal política no ha dado resultados y ha creado un problema más grave de violencia y corrupción.

La prohibición del alcohol duró hasta 1933 porque fue inútil y generó violencia. La de las drogas, más sumergida en el miedo y la psicosis, continúa y se ha elevado a la categoría de guerra.

Nixon declaró la Guerra Contra las Drogas en 1968 en momentos que se disparó el consumo y la experimentación. Como odiaba a los hippies, y quería ley y orden, aumentaron las sanciones, y Washington ‘externalizó’ el problema. Era una conspiración externa y había que  “atacar las fuentes”,  como si su consumo se iniciara en la oferta de coca-cocaína y marihuana de América Latina. Así fue como Estados Unidos y Colombia empezaron a fumigar las plantaciones de marihuana. Mientras tanto, el consumo de hierba bajó un tanto en los EUA, pero se convirtió en productor, al mismo tiempo que degustaba más de la cocaína, moda que empezó en Hollywood.

El presidente Reagan (1980-1988) insistió en “atacar la fuente” inaugurando políticas de erradicación forzosa en Perú y Bolivia. Para cuando otro republicano, Bush padre, llegó al poder (1988-1992), se encontró con que se vendía crack cocaine hasta en frente de la Casa Blanca, una droga particularmente destructiva y popular entre pobres y negros.

En los noventas continuó la erradicación en los Andes, llegándose al absurdo de tener un Plan Cero Coca en un país cocalero como Bolivia, y donde se inventaron los cultivos alternativos para apaciguar a los campesinos. Luego empezó la Guerra Contra los Carteles en Colombia. Bush llegó a invadir Panamá en 1989 para sacar del poder al general Noriega, socio de Pablo Escobar. Hacia 1993, Escobar y su Cartel de Medellín eran historia y pronto el Cartel de Cali sería liquidado.

Se generalizaba la guerra, pero el problema se complicaba más. Cuando cayeron los carteles colombianos, aparecieron los “minicarteles”; entonces, las FARC y los paramilitares comenzaron a plantar coca en sus territorios (venía menos de Perú) y autorizar la fabricación de pasta y cocaína para comprar armas. Siguió el Plan Colombia con Clinton en 1999, impulsado por el general McCaffrey, ex jefe del Comando Sur, que metió al Pentágono en la Guerra contra las Drogas.

Y llegó el efecto globo. Ante la ofensiva del Plan Colombia y la erradicación aérea, el cultivo de coca cayó en Colombia, pero volvió en el Perú en zonas nuevas (VRAE, San Gabán) y viejas (Huallaga). También en Bolivia (Chapare), donde los movimientos cocaleros lograron bloquear la erradicación y desarrollaron una contraofensiva cultural para defender la “coca sagrada”.

En el norte cambió la relación de los carteles colombianos con los mexicanos de la frontera (Golfo, Juárez y Tijuana, bien establecidos en tres corredores). Desde los años ochenta, los paisas buscaban transportar cocaína por una mejor ruta (Miami se cerraba) y se asociaron con los cuates. Los carteles fronterizos crecieron a pesar de la represión y aparecieron otros nuevos (Federación de Sinaloa).

El de Sinaloa, situado en el Pacífico, comenzó a fabricar directamente cocaína en Perú desde el 2005, con lo cual empezaron los descabezamientos. Para esa fecha el consumidor estadounidense había dejado el crack y pasaba a las metanfetaminas, drogas artificiales. Sinaloa y otros carteles mexicanos entraron al negocio al controlar la importación de insumos de la India. Tijuana se convirtió en la ciudad con más farmacias per cápita del mundo. 

El 2000 se inauguró una política más agresiva en México. El Cartel de Sinaloa, situado al medio del país, intentó aprovechar el debilitamiento de sus rivales para evitar “el derecho de piso”, desatando una ola de violencia extrema. El cartel del Golfo recurrió entonces a los Zetas, sicarios de origen militar entrenados por EEUU, obligando al Estado a intervenir. Cuando se inicio esta Guerra contra los Carteles, con Calderón el 2006, México tenía ya 8 (3 en la frontera, el de Sinaloa, más sus antiguos socios de la Familia de Michoacán y Beltrán Leyva, a los que se debe añadir los Zetas y el menos conocido de Oaxaca).

Calderón ha logrado neutralizar a varios de los jefes de la Familia Michoacana, a dos hermanos Beltrán Leyva y dos más del cartel del Golfo (Osiel y Ezequiel Cárdenas), pero los Zetas y el de Sinaloa siguen creciendo. Los carteles mexicanos son ahora los más poderosos. Al 2010, a pesar de guerrear entre ellos y contra los estados de EEUU y México, manejan el 90% del tráfico de cocaína a Estados Unidos, el 50% de la marihuana y el 50%  de las metanfetaminas. En México se pagan mordidas de US$ 3 millones mensuales. Desde diciembre del 2006 han muerto 28,000.

Mientras tanto, EEUU vive una psicosis fronteriza. Ante el temor a un ataque terrorista (acentuado desde el 11 de setiembre del 2001), ante la persistencia del tráfico humano, ante el continuo flujo de drogas, y un tsunami de violencia, México se ha convertido en su nueva pesadilla. Han aumentado los muros, se han puesto cámaras, sensores, aviones sin piloto, y hay más guardias y soldados; pero ¿algún progreso?

Bueno, han aumentado las deportaciones a un ritmo de 392,000 en los últimos 9 meses del 2010 mientras desciende el flujo de indocumentados. Hay más interdicción, pero el tráfico de drogas sigue probablemente por corrupción (al igual que la venta de armas de EEUU a México, hay 7,000 dealers en estados norteamericanos fronterizos). Hay más. Como se gana menos en EEUU con la cocaína, los carteles colombianos y mexicanos usan la ruta africana (Senegal y Nigeria) para llevarla a Europa, donde aumenta el consumo y pagan más. El precio de cocaína en EEUU ha bajado, pero sube la pureza (lo cual todavía estimula el consumo); sigue la preferencia por la marihuana, se sigue consumiendo algo de heroína y aumenta el de drogas artificiales.

¿Alguna lección? La prohibición crea un mercado negro y se mantiene la demanda, la oferta tiende a estabilizarse y relocalizarse a pesar de la represión; pero ante el peligro y las altas ganancias, surgen mafias. Si se eliminara la prohibición y se tratara en clínicas la adicción y otros problemas sociales, se reduciría la violencia y la corrupción al caer la ganancia de los carteles; pero es probable que aumente el consumo. No obstante, el ahorro generado al suspender la guerra permitiría pagar los tratamientos e introducir un nuevo sistema de control. Pero si no cambiamos vamos a seguir como canoa en el pongo de Manseriche, a punto de naufragar en los rápidos o estrellarse contra las paredes del cañón.

Waldo Mendoza Bellido

Una de las pocas propuestas atendibles de Humala es el del tratamiento tributario que debe darse a la minería. Su propuesta ha tenido tanta pegada que hasta PPK se lo ha comprado, matizándolo. Más candidatos prometerán cobrar más a las mineras, aunque algunos, como García en 2006, lo harán solo para la foto.

Hay razones que justifican el tratamiento discriminatorio a la minería.

Primero, porque el mineral es un recurso no renovable. Solow y Stiglitz plantearon en 1974 que la explotación de minerales reduce el stock de capital natural de la economía. En 1977, Hartwick, en la regla que lleva su nombre, propuso que el Estado tome parte o la totalidad de la renta o ganancia extraordinaria, y lo invierta, para mantener el capital total intacto.

Segundo, porque el mineral es del Estado, tal como lo establece el Art. 66 de Nuestra Constitución. Solo por ser dueño, el Estado debe recibir un pago por el derecho a explotar el recurso, adicional al pago de impuesto común a otros sectores

Tercero, porque dada la dificultad del ingreso de nuevas firmas a este tipo de industrias, porque el recurso natural es un factor fijo, existe renta, incluso en el largo plazo.

El carácter no renovable de los recursos y la propiedad estatal de los mismos, justifican, por si solos, la aplicación de un impuesto, por encima de lo que pagan los otros sectores, al margen de si existe o no renta. Es decir, aun cuando no haya renta, el estado debe recibir un pago por ser propietario y porque necesita renovar el stock de capital destruido por la explotación de recursos no renovables.

En esa dirección, debe considerarse la creación de un impuesto específico para la minería, similar al de Chile, como un porcentaje de la renta imponible. La tasa a aplicar debiera permitir alcanzar un monto de ingresos para el Estado, incluyendo las regalías, que permita financiar la inversión en capital físico y humano necesario para reponer el stock capital natural perdido por la explotación minera. Para reparar el defecto del canon y el óbolo minero, estos recursos debieran gastarse en las zonas pobres del país que no gocen de la bonanza minera.

Con una contribución mayor de la minería al fisco y el buen uso de esos recursos, el actual modelo de desarrollo, que triplicó el PBI en los últimos 10 años, puede quedarse a vivir en el Perú.

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Hace dos semanas nos invitaron a conversar con un grupo de las nuevas autoridades regionales y locales que gobernarán Cajamarca a partir del próximo año. Se trató de los temas económicos internacionales y nacionales de nuestra competencia. Se alertó sobre cómo hacer frente a las prácticas corruptas del sector privado - público y cómo abordar las iniciativas de trabajo y proyectos conjuntos entre estos dos sectores. Se comentó que hay que aprovechar el ímpetu emprendedor, pero hay circunstancias en que es necesario evaluar con mucho cuidado las propuestas que comenzarán a recibir.

Un primer tema a resaltar es que efectivamente puede haber espacios interesantes de colaboración entre el sector privado y el público. Un buen ejemplo son los Hospitales de la Solidaridad en Lima. La necesidad de servicios de salud es creciente. Las respuestas tradicionales de más salud privada o pública independientes enfrentan más problemas que la salida conjunta. También hay que diferenciar entre las asociaciones pública-privada (APP) autosuficientes y las co-financiadas. En las primeras, que se autofinancian, el gobierno debe recibir un monto fijo y una proporción de los ingresos futuros, garantizar acceso universal y exigir mayor calidad en la prestación de los bienes o servicios.

Los proyectos cofinanciados implican que el gobierno deberá financiar parcial o totalmente su operación cotidiana. Aquí lo primero por hacer es analizar las ventajas y desventajas de operar bajo este nuevo esquema. Hay que realizar análisis económico, considerando sus ventajas económicas y sociales. El análisis financiero no basta. Es imprescindible evaluar los flujos financieros del proyecto a valor presente, ya que la suma de los pagos por realizar puede ser superior a lo tradicional. Se deben analizar las condiciones que podrían establecer los privados, evitando externalidades negativas a terceros, a los usuarios o la comunidad en general.

No hay que rechazar la participación del sector privado en la prestación de servicios regionales y locales. Bajo toda circunstancia hay que aliviar los procedimientos y trámites que puedan dilatar las iniciativas privadas. Sin embargo, hay que ser cuidadosos si el relajamiento de estas normas afecta el medio ambiente, la seguridad pública o los intereses de los probables afectados y/o beneficiados: trabajadores, otros prestadores y la comunidad. En el caso de las APP co-financiadas las exigencias deben ser mayores. Las experiencias del gobierno central en el puerto de Paita e IIRSA Norte y Sur, entre otras, no son ejemplo de cómo hacer bien las cosas (La Primera, 24/12/2010, p.10).

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

La responsabilidad social empresarial (RSE) es importante. Se trata de una metodología de gestión, mediante la cual las empresas se comprometen a participar en el desarrollo sostenible del país y del mundo. La empresa debe asumir un rol como agente de cambio para mejorar el entorno en el que se desenvuelve. Se debe preocupar por sus stakeholders: colaboradores-trabajadores, clientes, proveedores, accionistas, comunidad, medio ambiente y gobierno, más allá de maximizar beneficios para sus dueños. Ahora se valora bien a estas empresas.

La RSE, como toda creación humana, puede ser implementada en serio o como una simple estrategia de promoción para mejorar el entorno de los negocios. RSE no es el simple asistencialismo hacia las comunidades aledañas. Tampoco es preocuparse por el medio ambiente explotando a sus propios trabajadores. No puede haber RSE si no se cumplen con las obligaciones tributarias o cuando las operaciones van contra el medio ambiente. No se puede ser socialmente responsable cuando se considera bien a los clientes pero se aprovecha en exceso de los proveedores. Es una práctica incompleta tratar bien a los colaboradores pero afectar negativamente a las comunidades vecinas. La RSE es una forma de pensar integral puesta en acción. Obviamente se trata de un concepto en proceso de construcción.

En cuanto a lo novedoso. No puede haber una empresa socialmente responsable que tenga ganancias extraordinarias en el largo plazo. Esto reflejaría que se trata de un monopolio o un cartel que aumenta los precios al reducir las cantidades producidas. Al hacerlo genera reducción del excedente de los consumidores y pérdida social. La situación es más dramática cuando las ventas de estas empresas son mayoritariamente al mercado interno. La ganancia extraordinaria debería convertirse en ordinaria al trasladar autónomamente estos mayores beneficios a los otros stakeholders del proceso. Utilidades excesivas son la contrapartida de menor poder de compra y bienestar para la sociedad.

La RSE también implica obligaciones más allá de los que están alrededor de las comunidades aledañas. La producción generalizada de bioetanol o de productos de agroexportación, ante tierras y recursos hídricos escasos, podría generar problemas nacionales en términos de producción alimentaria y afectar la seguridad alimentaria del país. Una menor disponibilidad de alimentos y mayores precios no es una práctica socialmente responsable. Finalmente, tampoco puede haber RSE con empresas mineras y de hidrocarburos de grandes utilidades en medio de un país pobre y extremadamente desigual (La Primera, 7/1/2011, p.10).

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Estamos en época preelectoral. Para tomar decisiones debemos considerar elementos objetivos como las propuestas de gobierno de los candidatos, partidos o frentes políticos respectivos. Existen otros criterios de evaluación relativos a la trayectoria del líder y grupo que lo rodea y más subjetivos, que ahora no abordaremos. A estas alturas de la contienda presidencial, el Partido Nacionalista ha emitido 10 propuestas básicas. PPK ha lanzado un breve plan de gobierno de 55 páginas con 25 compromisos y existen anuncios de que en enero del 2011 veremos los documentos completos de Solidaridad Nacional, Perú Posible, Fuerza 2011 y del Partido Nacionalista.

Un partido y candidato sin propuesta de gobierno concreta es la improvisación absoluta. No merece consideración alguna. La planeación es una actividad necesaria para las personas, grupos intermedios como asociaciones, empresas y para todos los niveles de gobierno. Pensar en el futuro y planear estratégicamente le otorga a un país mejores posibilidades de un adecuado desarrollo, que si actúa sólo en función del corto plazo (D´Alessio, 2010). Una propuesta de gobierno debe ser atractiva y reflejar la realidad que todos percibimos, incluir un diagnóstico detallado, plantear la visión y misión del país, definir objetivos y metas precisas, proponer estrategias y políticas, decir cómo se van implementar y demostrarnos que son viables. Este el contenido mínimo que puede tener variantes dependiendo si se trata de la planeación prospectiva o estratégica.

Las propuestas estratégicas y políticas concretas deben ser antecedidas de un diagnóstico riguroso de la realidad. Su omisión es sinónimo de problemas. En la realidad de cualquier país subdesarrollado coexisten los problemas estándar asociados a las carencias de educación, salud, vivienda, infraestructura, alimentación e ingresos, entre otros. También hay problemas no estándar vinculados a problemas estructurales de la economía y sociedad, evolución y tendencias de la economía internacional o de coyuntura nacional e internacional de diferente naturaleza. Las propuestas de solución que sólo atienden un tipo de problema son incompletas.

Los problemas detectados deben ser compartidos por todos. La alineación entre el diagnóstico, objetivos, propuestas y políticas concretas es fundamental. Se deben enfrentar problemas concretos. Todas las medidas involucran un costo que debe ser tomado en cuenta. No se trata de hacer un listado de buenas intenciones. Hay que demostrar que el plan es coherente y viable. Sin embargo, al realismo hay que agregarle un poco de sueños (La Primera, 17/12/2010, p.10).

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Los indicadores económicos tradicionales del Perú al cierre del año 2010 fueron positivos. El crecimiento de la producción fue elevado y la inflación baja. No se registraron mayores sobresaltos en las finanzas públicas, la balanza de pagos y en el desempeño del sector financiero. Sin embargo, esta situación positiva coexistió con el agravamiento de la desigualdad, del deterioro de los ingresos de los trabajadores dependientes e independientes y los mayores problemas estructurales tradicionales asociados a la desarticulación productiva, heterogeneidad estructural, mayor vulnerabilidad del modelo primario exportador y el surgimiento de la enfermedad holandesa.

La situación de las variables económicas en los países desarrollados al cierre del 2010 fue negativa, a excepción de la China y algunas economías emergentes. El ritmo de crecimiento de los EE.UU se ha desacelerado y los programas de austeridad de los países europeos ya están generando efectos negativos sobre la demanda y producción. Los niveles de endeudamiento y de déficit público están por encima de los estándares tradicionales y es muy probable que se susciten nuevas necesidades de rescate. Otros países de mayor tamaño siguen en la lista amarilla: España, Italia u otros. Estos programas transfieren recursos de la Unión Europea, pero reducen el nivel de actividad económica.

El menor ritmo económico afectará, sin lugar a dudas, las posibilidades de exportación de China hacia EE.UU y Europa. La menor demanda externa de China, de los EE.UU. y Europa impactará negativamente en la demanda externa y en los precios internacionales de nuestros productos de exportación. Siguen sobre la mesa la posibilidad de otros conflictos, como el de una guerra comercial o cambiaria que involucre a las principales potencias mundiales. En esas circunstancias, el agravamiento de la situación económica internacional sería mayor, aunado a que los instrumentos económicos convencionales de la política monetaria y fiscal han perdido potencia o son imposibles de aplicar ante la mayor presencia de los Republicanos en el Congreso y Senado norteamericano. Es imprescindible afrontar la problemática distributiva y de un cambio tecnológico incluyente.

La crisis económica internacional está presente y sigue mutando. Los impactos de la economía internacional sobre la peruana parecerían inminentes. No se puede desechar un nuevo shock externo negativo. La combinación de este elemento con las debilidades estructurales de nuestro patrón productivo son el caldo de cultivo perfecto para que se agrave nuestra situación económica y social (La Primera, 31/12/2010, p.10).

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

La semana pasada se presentó tanto la Alianza por el Gran Cambio como el programa Perú, ahora o nunca del candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski (PPK). El documento de 55 páginas define como reto principal eliminar la pobreza. Se establecen once metas, los principales medios y las acciones principales: trabajo digno, agro próspero, ordenamiento ambiental - territorial y urbano, educación y tecnología, salud-agua y saneamiento, seguridad – cultura - deporte y participación, crecimiento y reorganización gubernamental. Termina enumerando 25 compromisos para un país sin pobreza y oportunidades para todos.

Nadie podría estar en contra de las metas que se establecen en el documento. Destaca en primer lugar un país sin pobreza extrema, medio ambiente limpio, trabajo formal para 80% de los peruanos, servicios básicos para todos, aseguramiento universal, carreteras asfaltadas, terrenos para vivienda y un Metro para Lima. Asimismo, propone seguridad y justicia efectivas, educación básica y tecnológica de calidad, apoyo a emprendedores, mejora del sistema de defensa civil y descentralización efectiva. La propuesta incorpora el costo aproximado de algunas medidas, expresadas como porcentaje del PBI. Sin embargo, esa información es insuficiente para evaluar si el programa es viable o no.

En lo económico, PPK señala que “no hemos hablado mucho de política económica porque allí vamos más o menos bien”. El modelo primario exportador y de servicios permanecería incólume. Se apuesta por repetir las políticas de la época del Pdte. Ronald Reagan y de la heterodoxia peruana (1986-1987) del gobierno de García I de reducir los impuestos para alentar la economía y aumentar –dicen ellos- la recaudación tributaria. PPK propone reducir gradualmente el IGV y el impuesto a la renta. Se olvida de la mayor presión tributaria de países con ingresos similares al peruano.

La propuesta no toma en cuenta las condiciones recesivas y de inestabilidad de la economía internacional, ni las características estructurales, ni coyunturales de nuestra economía. Confunde mejora tecnológica con más educación. Para PPK no hay problema alguno con la desigualdad creciente, ni la desarticulación productiva y heterogeneidad estructural. Ignora los efectos de la apreciación del sol y la enfermedad holandesa que erosionan la competitividad de los otros sectores productivos transables diferentes a la minería y los hidrocarburos. Casi todo se resuelve con mejor educación, salud y condiciones de vida. Hay algunas ideas interesantes, pero se trata de la misma receta para todo tiempo, lugar y circunstancia (En: la Primera, 10/12/2010, p.10).

por: Santiago Roca, Profesor Principal, Universidad ESAN

Desde antes de la Ronda de Uruguay en las negociaciones del GATT, los países desarrollados se quejaban del trato desigual y discriminatorio que recibían sus inversiones y expresaban su malestar por los requisitos de desempeño que algunos países en desarrollo colocaban a las inversiones extranjeras: a) ratios de contenido local de insumos, b) límites de importación en relación a sus exportaciones, c) ratios de contratación y empleo local, c) obligación de transferir tecnología, d) metas sociales y medidas de seguridad, etc.

Por eso con apoyo de EEUU, Canadá, la Unión Europea y el Japón, logran aprobar en 1994, el acuerdo de eliminación de las medidas de inversión relacionadas con el comercio, denominado por sus signos en inglés, TRIMs, como parte del paquete que dio pie a la creación de la Organización Mundial de Comercio, OMC. El TRIMs prohíbe a los gobiernos tomar medidas en relación a la inversión extranjera que atenten contra el trato nacional¹ y de nación más favorecida² que forma parte de los principios de la OMC y obliga a la eliminación de los requisitos de desempeño, arriba señalados.

Según algunos, el TRIMs impone restricciones a las acciones de los gobiernos sin restricciones recíprocas a las acciones de las empresas multinacionales. El acuerdo fue tan cuestionado que tuvo que especificarse que no se trataba de eliminar la regulación que cada país soberano colocara a la entrada de inversión extranjera sino que solo limitaba las opciones de política del gobierno una vez admitida la inversión y solo sí las medidas causaban efectos restrictivos en el comercio (difícil saber que significa eso).

De ese tiempo a esta parte, en el Perú, este esquema se ha ido desbalanceando aún más, a favor de la inversión extranjera, sea a través de concesiones unilaterales del gobierno, por medio de acuerdos bilaterales de inversión ó más recientemente a través de los capítulos de inversión aprobados en los tratados de libre comercio.

En términos generales, hoy día en el Perú, los inversionistas extranjeros no tienen restricciones casi de ningún tipo, no hay ningún requisito de desempeño, se benefician de incentivos tributarios que los exoneran de pagar impuestos bajo determinadas condiciones, firman convenios de estabilidad jurídica en los cuáles no se les puede cambiar la legislación ni la tributación, están protegidos contra la denegación de justicia, pueden someter sus disputas a arbitrajes internacionales sin sujetarse a la constitución y leyes nacionales, se les ha reducido las posibilidades de que por razones de interés público puedan ser afectados, no se promueve ni regula la transferencia de tecnología, y pueden no cumplir regulaciones ambientales y de seguridad nacional, entre otros, además de muchos otros privilegios.

¿Y los inversionistas nacionales, no gozan ellos de estos privilegios? A ellos, se les cambian los tributos, no tienen estabilidad jurídica, tienen que someterse a los tribunales nacionales, pueden ser expropiados más fácilmente, están sujetos a las nuevas políticas e intereses públicos, deben transparencia en los procedimientos, etc.

En los últimos 20 años, algunos países como el Perú se han ido al otro extremo, en vez de emparejar el trato a la inversión extranjera, han revertido la tortilla, protegiendo y privilegiando al capital extranjero por encima del capital nacional.

De repente a CONVEAGRO, a la Sociedad Nacional de Industrias, a ADEX ó a las Pymes se le ocurre ordenar un estudio y elevar una demanda a la OMC para quejarse de la discriminación y falta de igualdad de trato que sufren frente a los inversionistas extranjeros. De seguro el Gobierno Peruano sería sancionado por incumplir los acuerdos internacionales en contra de los inversionistas nacionales.

1 Igual trato para nacionales que para extranjeros

2 Si se concede una ventaja a un país se tiene que hacer lo mismo con los demás países.