Pregunta repetida: ¿para cuando la reforma tributaria?
Armando Mendoza
La información recientemente publicada por el Banco Central de Reserva sobre la evolución de la economía durante los primeros meses del año arroja resultados tajantes: la inversión privada se ha desacelerado dramáticamente, y se espera que crezca apenas 2.5% este 2009. Lo cual es lógico, sí se piensa un poco, porque en el actual contexto de desaceleración económica e incertidumbre, el empresariado es renuente a arriesgarse e invertir.
Y es que más allá de visiones románticas que presentan a los empresarios como heroicos y desinteresados benefactores del país, la realidad es más bien prosaica: el real motor y motivación del empresariado es simple y llanamente el lucro, operando e invirtiendo según la racionalidad de maximizar ganancias y minimizar costos y riesgos, lo cual es finalmente su legítimo derecho. Sí la economía se desacelera, el empresariado simplemente se resguarda y allí quedo el patriotismo.
Esto nos deja entonces con el estado como el principal, por no decir el único, agente dispuesto a invertir en este escenario recesivo. Así, hoy resulta evidente la importancia de políticas públicas contraciclicas como el mecanismo más rápido y efectivo, pese a sus limitaciones, para combatir la recesión. En el Perú, lo mismo que en Estados Unidos, China, Europa y el resto del mundo, es el estado el que ha tenido que arremangarse y meterse a empujar la economía, implementando programas de estimulo y expandiendo el gasto. Obviamente, estas políticas expansionistas tienen un costo considerable. Así se estima que el costo de las medidas de estimulo económico establecidas en Perú para el periodo 2008-2010, equivaldrá a 3.2% del PBI. (Véase gráfico)
Ahora bien, sí el estado tiene que gastar más, el problema que surge es como cuadrar las cuestas, pues como resultado del desbalance entre ingresos y egresos, el déficit fiscal para el 2009 y el 2010 alcanzara 1.8% y 1.7% del PBI, respectivamente. El Gobierno ha optado por financiar su déficit con mayor endeudamiento, lo cual es un paliativo de corto plazo que deja un sabor amargo a los que recordamos el elevado costo que tuvimos, y aun tenemos que pagar, por el manejo irresponsable de la deuda pública en los años 80 y 90.
Así, ¿qué ideas podemos extraer de la actual situación? Primeramente, que el estado, hoy más que nunca resulta indispensable e irremplazable -por más que a nuestros neoliberales les duela- como regulador y promotor de la economía. En segundo lugar, que la agilización e incremento de la eficiencia en el gasto público es una tarea pendiente. Pero una tercera cuestión es reconocer la insuficiencia de los ingresos fiscales, pese al auge relativo de los últimos años, y la necesidad de incrementar dichos ingresos, única manera de garantizar la solvencia del estado en el mediano y largo plazo, porque endeudarse para salir del paso es una receta peligrosa que, tarde o temprano, nos va a reventar en la cara.
Con una presión impositiva que actualmente apenas llega al 14% del PBI -muy por debajo de los estándares internacionales- no podemos llegar lejos. La falta de voluntad política para reformar y expandir la tributación, la estamos pagando ahora con un estado desfinanciado. Así, incrementar los ingresos fiscales, sustancial y sostenidamente, tiene que ser la prioridad de la agenda nacional, pues mientras no concretemos una real reforma tributaria, el estado Peruano seguirá siendo una entidad endémicamente débil.
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