Conflicto amazónico

Por Pedro Francke
Economista

Todos sabemos que la verdadera causa de la guerra de Irak fue el petróleo. George W. Bush desató esa guerra aduciendo que había allí armas de destrucción masiva, y no las había. Las verdaderas razones de esa guerra fueron asegurarse el control de las enormes reservas petroleras de Irak y, de paso, convencer a algunos millones de estadounidenses a que votaran nuevamente por Bush.
No ha sido, sin duda, la primera guerra del petróleo. Se cuentan por docenas los conflictos armados causados por el oro negro. Lo que se ha discutido poco en el Perú es que nuestro último gran conflicto interno, el de los pueblos indígenas de nuestra amazonía, tiene esa misma razón.

El gran reclamo de esos pueblos amazónicos es la derogatoria de una serie de Decretos Legislativos que permiten que los territorios donde esos pueblos viven sean expoliados de sus recursos con mayor facilidad. Tratando a los indígenas como “perros del hortelano”, los Decretos facilitan que sus bosques sean depredados y sus aguas contaminadas. Pero el asunto de fondo es el empecinamiento de Alan García en explotar todo el petróleo que hay allí, a como dé lugar, rápidamente. Por cierto, lo que pasa con el petróleo en la selva es parecido a lo que pasa en gran parte de la sierra con la minería: fierro a fondo con la explotación, aunque eso se haga violentando leyes, afectando a los pueblos allí asentados y con enormes costos ambientales y de salud. En varios casos, los mismos Decretos Legislativos también favorecen ese proceso con la minería.

La anterior huelga amazónica logró la derogatoria de los Decretos Legislativos 1015 y 1073 que legalizaban y profundizaban la política de otorgar concesiones sin diálogo con los pueblos indígenas. Pero siguen vigentes otros decretos, como el Decreto Legislativo 1089 que permite que vía Cofopri sus tierras les sean arrebatadas (lo que también le puede suceder a los campesinos de la sierra). En la anterior huelga, el gobierno prometió revisar estos Decretos. Solo tras ardua lucha, se logró que la Comisión de Constitución del Congreso aprobara la inconstitucionalidad del DL 1090, pero los parlamentarios apristas han maniobrado para demorar su discusión y voto en el Pleno.

El principal reclamo de los indígenas de nuestra amazonía es que los territorios sobre los que tienen derechos, el bosque del que depende su supervivencia, sean respetados. Engañados por el gobierno y enfrentados a una situación extrema, la fuerza de su movilización solo puede asombrar a quienes quieren cerrar los ojos a la realidad. ¿Hasta cuándo en el Perú los pueblos indígenas esperarán por el respeto que se merecen como cualquier otro ciudadano? La actual protesta indígena se explica porque su salud y su vida están amenazadas, y tienen la ley de su parte. Pero reconocer que tienen la razón facilitaría además promover otras opciones de desarrollo amazónico basadas en el aprovechamiento del agua, el bosque y la biodiversidad en alternativas como el turismo ecológico, la venta de la captura de gases invernadero y los bionegocios. Cosa que este gobierno, con grandes señales de corrupción asociada a las inmensas riquezas de nuestros recursos naturales y con falta de respeto a las comunidades campesinas y nativas, a quienes con desprecio llama “perros del hortelano”, no está dispuesto a hacer. Hace falta otro gobierno en el que la economía sea puesta al servicio de la persona humana y no como está ocurriendo hoy.