Juan Francisco Rojas
La regulación mejora el funcionamiento de los mercados. Sin embargo, mala regulación puede fomentar el abuso de la posición de dominio a favor de los monopolios u oligopolios. El Gobierno ha logrado, con la promulgación del Decreto Legislativo Nº 1084, Ley de Cuotas de Pesca en la captura de anchoveta en el litoral peruano, que los grupos de poder en dicho mercado, puedan consolidar sus ventajas y excluir abusivamente la competencia de las embarcaciones y de las plantas procesadoras independientes
Desde la promulgación de la norma – falsamente amparada en la adecuación normativa para satisfacer el TLC con los Estados Unidos - se advirtió que existía una manipulación de estos grupos para eliminar la competencia y que detrás de los estudios “técnicos” financiados precisamente por ellos, se trataba de dominar abusivamente el mercado.
El tiempo ha confirmado las especulaciones. El libreto ha sido ejecutado a perfección y el resultado es exitoso: el abuso de posición de dominio exclusorio eliminará a los agentes independientes y consolidará el dominio de los poderosos e influyentes grupos pesqueros.
La acción inicial estuvo orientada a asegurar que la norma premiara la capacidad de bodega y no los rendimientos históricos de captura de las embarcaciones. Con esta opción se aseguraba que las flotas de embarcaciones vinculadas a las grandes plantas procesadoras obtuvieran las cuotas más grandes, mientras que las cuotas reducidas fueran para los barcos independientes. Asimismo, con la asignación de cuotas, las flotas vinculadas a las grandes plantas, aseguraban el recurso sin la necesidad y el riesgo de salir a buscarlo en zonas del mar alejadas de sus plantas.
El segundo acto ha consistido en no utilizar las flotas pesqueras propias para capturar el recurso en la campaña de este año y extrañamente pagar precios exorbitantes a las embarcaciones independientes para la descarga de la pesca en sus plantas y no en las plantas independientes. Con esta acción, se ha logrado poner en riesgo la continuidad de las plantas independientes que no tiene capacidad financiera para pagar los precios impuestos abusivamente por los líderes. En paralelo, se logra dar apariencia de un pago ventajoso para embarcaciones independientes. Sin embargo, en el tercer acto, una vez eliminadas las plantas independientes, las grandes plantas vinculadas a las grandes flotas, únicamente se proveerán del recurso con sus propias flotas, con la consiguiente desaparición de los pescadores independientes.
Al final, el mercado estará conformado por grandes plantas con grandes flotas pesqueras que manipularán el precio del recurso a su antojo. La competencia inexistente asegurará a éstos recuperar las pérdidas que podrían estar enfrentando en el proceso de eliminar a sus competidores mediante el abuso que su posición de dominio les permite, y gracias a la regulación hecha a medida.
¿Quiénes se perjudican? Una gran cantidad de tripulantes de barcos han perdido ya sus trabajos. También lo han hecho los técnicos vinculados a la actividad de mantener los barcos como son mecánicos, electricistas, soldadores, torneros, reparadores de redes, entre otros. Al cerrase las plantas independientes, una gran cantidad de obreros se sumarán a los perjudicados, así como, el daño de las actividades económicas conexas.
El combate contra los monopolios u oligopolios es un mandato constitucional. Fomentar su acción abusiva por decretos legislativos es inconstitucional. El Estado debiera garantizar la competencia.
[1] Plantas procesadoras de harina de pescado.
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