Enrique Fernández-Maldonado Mujica1
Ante el requerimiento del periodista, el Ministro de Trabajo respondió: “El problema del empleo informal depende de un conjunto de factores. El primero es que la economía crezca. El segundo es contar con inspección del trabajo. El tercero es crear una conciencia de no tolerancia al trabajo en negro. El cuarto es ir buscando distintas soluciones a los bolsones de informalidad; por
ejemplo, con simplificación registral y poniendo restricciones en las licitaciones públicas a las empresas que no tengantrayectoria de cumplimiento. Lo que nosotros no creemos es en bajar
aportes y contribuciones a la seguridad social (…) No existe evidencia empírica, en ningún lugar del mundo, que la rebaja de aportes ayude a generar empleo formal”.
Quien declara no es, ciertamente, el Ministro de Trabajo Mario Pasco Cosmópolis; si no su par argentino, Carlos Tomada, consultado por la explotación laboral en su país (Página/12, 24/08/08). La cita viene a cuento porque, a diferencia de su homologo peruano, Tomada marca una prudente distancia con lo que fue el paradigma dominante en los noventa, basado en el abaratamiento del
factor trabajo como fórmula para generar empleo.
No sucede lo mismo en el Perú, donde el gobierno aprista opta por mantener un modelo de relaciones laborales con resultados tan mediocres como contraproducentes. Hoy sabemos que la flexibilización laboral que acompañó el ajuste estructural contribuyó poco o nada a promover el empleo adecuado (éste creció por debajo del empleo informal); polarizando, por el contrario, los
mercados de trabajo al concentrar el ingreso en pequeñas capas empresariales y profesionales, mayoritariamente urbanas; como señalan recientes encuestas sobre estratos socioeconómicos y consumo.
¿Por qué insistir, entonces, con políticas fracasadas?
Una hipótesis sugerida es que, para el gobierno, implementar una reforma redistributiva a favor del trabajo – en un país con una endémica debilidad sindical y escaso debate político – resulta un objetivo tan caro como disfuncional a su alianza empresarial, principal beneficiaria con el armazón legal del fujimorismo y toledismo. Esta pista explicaría el desahucio y defunción anticipada de la Ley General del Trabajo, desplazada por el “caballo de Troya” en que devino la Ley Mypes.
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