Germán Alarco El sistema económico predominante a nivel mundial es el régimen capitalista. Sus componentes principales son la propiedad privada de los medios de producción, las ganancias como motor de las decisiones, el intercambio a través de los mercados y la presencia de trabajadores asalariados. Este régimen es el mal menor respecto de otras modalidades superiores, como las autogestionarias y de la economía solidaria. A pesar de su dinámica depredadora, cuando hay presencia del Estado, ha demostrado tener mayor capacidad para promover el crecimiento económico, de auto organizarse y conducir a la mayor parte de la población a niveles de ingreso superiores. No hablamos de bienestar. Sin embargo, esta historia del capitalismo virtuoso parece aún lejana al Perú. Los profesores Baumol, Litan y Schramm publicaron en 2007 un libro sobre el capitalismo bueno y malo. Dividieron a las economías capitalistas en cuatro categorías amplias: capitalismo oligárquico, capitalismo dirigido por el Estado, capitalismo de grandes empresas o gerencial y el capitalismo emprendedor. El capitalismo oligárquico existe cuando el poder y el dinero están muy concentrados en unas cuantas personas. Es la peor forma de capitalismo, ya que estos maximizan exclusivamente sus ingresos y riquezas, agravando la desigualdad. El capitalismo dirigido por el Estado – dicen los autores - puede ser exitoso, tal como ocurrió en los países asiáticos, pero enfrenta riesgos en las limitadas capacidades de los funcionarios públicos. El capitalismo de las grandes empresas también ha sido positivo, pero estas empresas son reacias a tomar riesgos, a innovar y a invertir creando nuevas oportunidades de negocios. En cambio, el capitalismo emprendedor está compuesto por empresarios radicales o muchas valiosas empresas que generan y son motores del crecimiento. El reto está, en cada momento, en encontrar la mejor combinación para gozar y alcanzar el capitalismo bueno. Aterrizando en el Perú, nos daremos cuenta que predomina la modalidad menos positiva, la oligárquica, donde la presencia del capital transnacional es mayor en la minería, Hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones y las grandes cadenas comerciales. También hay mucho del capitalismo de las grandes empresas en sectores como la cerveza, jabones, industria avícola, harinera, aceites, cemento y otras como el transporte aéreo. El capitalismo emprendedor basado en gran medida en las exportaciones no tradicionales, que nos sacó del hoyo en la década de los noventas, ahora permanece estancado. Bajo estas circunstancias, ¿será posible alcanzar el capitalismo bueno?

Por Francisco Durand
Sociólogo

La política de prohibición de drogas empezó en EEUU en 1922, junto con el alcohol. El propósito era frenar el consumo de opio, marihuana y cocaína, lo que constituía ante todo un problema de “mal comportamiento social”, y de salud en los casos de sobredosis y adicción. Sin embargo, tal política no ha dado resultados y ha creado un problema más grave de violencia y corrupción.

La prohibición del alcohol duró hasta 1933 porque fue inútil y generó violencia. La de las drogas, más sumergida en el miedo y la psicosis, continúa y se ha elevado a la categoría de guerra.

Nixon declaró la Guerra Contra las Drogas en 1968 en momentos que se disparó el consumo y la experimentación. Como odiaba a los hippies, y quería ley y orden, aumentaron las sanciones, y Washington ‘externalizó’ el problema. Era una conspiración externa y había que  “atacar las fuentes”,  como si su consumo se iniciara en la oferta de coca-cocaína y marihuana de América Latina. Así fue como Estados Unidos y Colombia empezaron a fumigar las plantaciones de marihuana. Mientras tanto, el consumo de hierba bajó un tanto en los EUA, pero se convirtió en productor, al mismo tiempo que degustaba más de la cocaína, moda que empezó en Hollywood.

El presidente Reagan (1980-1988) insistió en “atacar la fuente” inaugurando políticas de erradicación forzosa en Perú y Bolivia. Para cuando otro republicano, Bush padre, llegó al poder (1988-1992), se encontró con que se vendía crack cocaine hasta en frente de la Casa Blanca, una droga particularmente destructiva y popular entre pobres y negros.

En los noventas continuó la erradicación en los Andes, llegándose al absurdo de tener un Plan Cero Coca en un país cocalero como Bolivia, y donde se inventaron los cultivos alternativos para apaciguar a los campesinos. Luego empezó la Guerra Contra los Carteles en Colombia. Bush llegó a invadir Panamá en 1989 para sacar del poder al general Noriega, socio de Pablo Escobar. Hacia 1993, Escobar y su Cartel de Medellín eran historia y pronto el Cartel de Cali sería liquidado.

Se generalizaba la guerra, pero el problema se complicaba más. Cuando cayeron los carteles colombianos, aparecieron los “minicarteles”; entonces, las FARC y los paramilitares comenzaron a plantar coca en sus territorios (venía menos de Perú) y autorizar la fabricación de pasta y cocaína para comprar armas. Siguió el Plan Colombia con Clinton en 1999, impulsado por el general McCaffrey, ex jefe del Comando Sur, que metió al Pentágono en la Guerra contra las Drogas.

Y llegó el efecto globo. Ante la ofensiva del Plan Colombia y la erradicación aérea, el cultivo de coca cayó en Colombia, pero volvió en el Perú en zonas nuevas (VRAE, San Gabán) y viejas (Huallaga). También en Bolivia (Chapare), donde los movimientos cocaleros lograron bloquear la erradicación y desarrollaron una contraofensiva cultural para defender la “coca sagrada”.

En el norte cambió la relación de los carteles colombianos con los mexicanos de la frontera (Golfo, Juárez y Tijuana, bien establecidos en tres corredores). Desde los años ochenta, los paisas buscaban transportar cocaína por una mejor ruta (Miami se cerraba) y se asociaron con los cuates. Los carteles fronterizos crecieron a pesar de la represión y aparecieron otros nuevos (Federación de Sinaloa).

El de Sinaloa, situado en el Pacífico, comenzó a fabricar directamente cocaína en Perú desde el 2005, con lo cual empezaron los descabezamientos. Para esa fecha el consumidor estadounidense había dejado el crack y pasaba a las metanfetaminas, drogas artificiales. Sinaloa y otros carteles mexicanos entraron al negocio al controlar la importación de insumos de la India. Tijuana se convirtió en la ciudad con más farmacias per cápita del mundo. 

El 2000 se inauguró una política más agresiva en México. El Cartel de Sinaloa, situado al medio del país, intentó aprovechar el debilitamiento de sus rivales para evitar “el derecho de piso”, desatando una ola de violencia extrema. El cartel del Golfo recurrió entonces a los Zetas, sicarios de origen militar entrenados por EEUU, obligando al Estado a intervenir. Cuando se inicio esta Guerra contra los Carteles, con Calderón el 2006, México tenía ya 8 (3 en la frontera, el de Sinaloa, más sus antiguos socios de la Familia de Michoacán y Beltrán Leyva, a los que se debe añadir los Zetas y el menos conocido de Oaxaca).

Calderón ha logrado neutralizar a varios de los jefes de la Familia Michoacana, a dos hermanos Beltrán Leyva y dos más del cartel del Golfo (Osiel y Ezequiel Cárdenas), pero los Zetas y el de Sinaloa siguen creciendo. Los carteles mexicanos son ahora los más poderosos. Al 2010, a pesar de guerrear entre ellos y contra los estados de EEUU y México, manejan el 90% del tráfico de cocaína a Estados Unidos, el 50% de la marihuana y el 50%  de las metanfetaminas. En México se pagan mordidas de US$ 3 millones mensuales. Desde diciembre del 2006 han muerto 28,000.

Mientras tanto, EEUU vive una psicosis fronteriza. Ante el temor a un ataque terrorista (acentuado desde el 11 de setiembre del 2001), ante la persistencia del tráfico humano, ante el continuo flujo de drogas, y un tsunami de violencia, México se ha convertido en su nueva pesadilla. Han aumentado los muros, se han puesto cámaras, sensores, aviones sin piloto, y hay más guardias y soldados; pero ¿algún progreso?

Bueno, han aumentado las deportaciones a un ritmo de 392,000 en los últimos 9 meses del 2010 mientras desciende el flujo de indocumentados. Hay más interdicción, pero el tráfico de drogas sigue probablemente por corrupción (al igual que la venta de armas de EEUU a México, hay 7,000 dealers en estados norteamericanos fronterizos). Hay más. Como se gana menos en EEUU con la cocaína, los carteles colombianos y mexicanos usan la ruta africana (Senegal y Nigeria) para llevarla a Europa, donde aumenta el consumo y pagan más. El precio de cocaína en EEUU ha bajado, pero sube la pureza (lo cual todavía estimula el consumo); sigue la preferencia por la marihuana, se sigue consumiendo algo de heroína y aumenta el de drogas artificiales.

¿Alguna lección? La prohibición crea un mercado negro y se mantiene la demanda, la oferta tiende a estabilizarse y relocalizarse a pesar de la represión; pero ante el peligro y las altas ganancias, surgen mafias. Si se eliminara la prohibición y se tratara en clínicas la adicción y otros problemas sociales, se reduciría la violencia y la corrupción al caer la ganancia de los carteles; pero es probable que aumente el consumo. No obstante, el ahorro generado al suspender la guerra permitiría pagar los tratamientos e introducir un nuevo sistema de control. Pero si no cambiamos vamos a seguir como canoa en el pongo de Manseriche, a punto de naufragar en los rápidos o estrellarse contra las paredes del cañón.

Waldo Mendoza Bellido

Una de las pocas propuestas atendibles de Humala es el del tratamiento tributario que debe darse a la minería. Su propuesta ha tenido tanta pegada que hasta PPK se lo ha comprado, matizándolo. Más candidatos prometerán cobrar más a las mineras, aunque algunos, como García en 2006, lo harán solo para la foto.

Hay razones que justifican el tratamiento discriminatorio a la minería.

Primero, porque el mineral es un recurso no renovable. Solow y Stiglitz plantearon en 1974 que la explotación de minerales reduce el stock de capital natural de la economía. En 1977, Hartwick, en la regla que lleva su nombre, propuso que el Estado tome parte o la totalidad de la renta o ganancia extraordinaria, y lo invierta, para mantener el capital total intacto.

Segundo, porque el mineral es del Estado, tal como lo establece el Art. 66 de Nuestra Constitución. Solo por ser dueño, el Estado debe recibir un pago por el derecho a explotar el recurso, adicional al pago de impuesto común a otros sectores

Tercero, porque dada la dificultad del ingreso de nuevas firmas a este tipo de industrias, porque el recurso natural es un factor fijo, existe renta, incluso en el largo plazo.

El carácter no renovable de los recursos y la propiedad estatal de los mismos, justifican, por si solos, la aplicación de un impuesto, por encima de lo que pagan los otros sectores, al margen de si existe o no renta. Es decir, aun cuando no haya renta, el estado debe recibir un pago por ser propietario y porque necesita renovar el stock de capital destruido por la explotación de recursos no renovables.

En esa dirección, debe considerarse la creación de un impuesto específico para la minería, similar al de Chile, como un porcentaje de la renta imponible. La tasa a aplicar debiera permitir alcanzar un monto de ingresos para el Estado, incluyendo las regalías, que permita financiar la inversión en capital físico y humano necesario para reponer el stock capital natural perdido por la explotación minera. Para reparar el defecto del canon y el óbolo minero, estos recursos debieran gastarse en las zonas pobres del país que no gocen de la bonanza minera.

Con una contribución mayor de la minería al fisco y el buen uso de esos recursos, el actual modelo de desarrollo, que triplicó el PBI en los últimos 10 años, puede quedarse a vivir en el Perú.

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Hace dos semanas nos invitaron a conversar con un grupo de las nuevas autoridades regionales y locales que gobernarán Cajamarca a partir del próximo año. Se trató de los temas económicos internacionales y nacionales de nuestra competencia. Se alertó sobre cómo hacer frente a las prácticas corruptas del sector privado - público y cómo abordar las iniciativas de trabajo y proyectos conjuntos entre estos dos sectores. Se comentó que hay que aprovechar el ímpetu emprendedor, pero hay circunstancias en que es necesario evaluar con mucho cuidado las propuestas que comenzarán a recibir.

Un primer tema a resaltar es que efectivamente puede haber espacios interesantes de colaboración entre el sector privado y el público. Un buen ejemplo son los Hospitales de la Solidaridad en Lima. La necesidad de servicios de salud es creciente. Las respuestas tradicionales de más salud privada o pública independientes enfrentan más problemas que la salida conjunta. También hay que diferenciar entre las asociaciones pública-privada (APP) autosuficientes y las co-financiadas. En las primeras, que se autofinancian, el gobierno debe recibir un monto fijo y una proporción de los ingresos futuros, garantizar acceso universal y exigir mayor calidad en la prestación de los bienes o servicios.

Los proyectos cofinanciados implican que el gobierno deberá financiar parcial o totalmente su operación cotidiana. Aquí lo primero por hacer es analizar las ventajas y desventajas de operar bajo este nuevo esquema. Hay que realizar análisis económico, considerando sus ventajas económicas y sociales. El análisis financiero no basta. Es imprescindible evaluar los flujos financieros del proyecto a valor presente, ya que la suma de los pagos por realizar puede ser superior a lo tradicional. Se deben analizar las condiciones que podrían establecer los privados, evitando externalidades negativas a terceros, a los usuarios o la comunidad en general.

No hay que rechazar la participación del sector privado en la prestación de servicios regionales y locales. Bajo toda circunstancia hay que aliviar los procedimientos y trámites que puedan dilatar las iniciativas privadas. Sin embargo, hay que ser cuidadosos si el relajamiento de estas normas afecta el medio ambiente, la seguridad pública o los intereses de los probables afectados y/o beneficiados: trabajadores, otros prestadores y la comunidad. En el caso de las APP co-financiadas las exigencias deben ser mayores. Las experiencias del gobierno central en el puerto de Paita e IIRSA Norte y Sur, entre otras, no son ejemplo de cómo hacer bien las cosas (La Primera, 24/12/2010, p.10).

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

La responsabilidad social empresarial (RSE) es importante. Se trata de una metodología de gestión, mediante la cual las empresas se comprometen a participar en el desarrollo sostenible del país y del mundo. La empresa debe asumir un rol como agente de cambio para mejorar el entorno en el que se desenvuelve. Se debe preocupar por sus stakeholders: colaboradores-trabajadores, clientes, proveedores, accionistas, comunidad, medio ambiente y gobierno, más allá de maximizar beneficios para sus dueños. Ahora se valora bien a estas empresas.

La RSE, como toda creación humana, puede ser implementada en serio o como una simple estrategia de promoción para mejorar el entorno de los negocios. RSE no es el simple asistencialismo hacia las comunidades aledañas. Tampoco es preocuparse por el medio ambiente explotando a sus propios trabajadores. No puede haber RSE si no se cumplen con las obligaciones tributarias o cuando las operaciones van contra el medio ambiente. No se puede ser socialmente responsable cuando se considera bien a los clientes pero se aprovecha en exceso de los proveedores. Es una práctica incompleta tratar bien a los colaboradores pero afectar negativamente a las comunidades vecinas. La RSE es una forma de pensar integral puesta en acción. Obviamente se trata de un concepto en proceso de construcción.

En cuanto a lo novedoso. No puede haber una empresa socialmente responsable que tenga ganancias extraordinarias en el largo plazo. Esto reflejaría que se trata de un monopolio o un cartel que aumenta los precios al reducir las cantidades producidas. Al hacerlo genera reducción del excedente de los consumidores y pérdida social. La situación es más dramática cuando las ventas de estas empresas son mayoritariamente al mercado interno. La ganancia extraordinaria debería convertirse en ordinaria al trasladar autónomamente estos mayores beneficios a los otros stakeholders del proceso. Utilidades excesivas son la contrapartida de menor poder de compra y bienestar para la sociedad.

La RSE también implica obligaciones más allá de los que están alrededor de las comunidades aledañas. La producción generalizada de bioetanol o de productos de agroexportación, ante tierras y recursos hídricos escasos, podría generar problemas nacionales en términos de producción alimentaria y afectar la seguridad alimentaria del país. Una menor disponibilidad de alimentos y mayores precios no es una práctica socialmente responsable. Finalmente, tampoco puede haber RSE con empresas mineras y de hidrocarburos de grandes utilidades en medio de un país pobre y extremadamente desigual (La Primera, 7/1/2011, p.10).

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Estamos en época preelectoral. Para tomar decisiones debemos considerar elementos objetivos como las propuestas de gobierno de los candidatos, partidos o frentes políticos respectivos. Existen otros criterios de evaluación relativos a la trayectoria del líder y grupo que lo rodea y más subjetivos, que ahora no abordaremos. A estas alturas de la contienda presidencial, el Partido Nacionalista ha emitido 10 propuestas básicas. PPK ha lanzado un breve plan de gobierno de 55 páginas con 25 compromisos y existen anuncios de que en enero del 2011 veremos los documentos completos de Solidaridad Nacional, Perú Posible, Fuerza 2011 y del Partido Nacionalista.

Un partido y candidato sin propuesta de gobierno concreta es la improvisación absoluta. No merece consideración alguna. La planeación es una actividad necesaria para las personas, grupos intermedios como asociaciones, empresas y para todos los niveles de gobierno. Pensar en el futuro y planear estratégicamente le otorga a un país mejores posibilidades de un adecuado desarrollo, que si actúa sólo en función del corto plazo (D´Alessio, 2010). Una propuesta de gobierno debe ser atractiva y reflejar la realidad que todos percibimos, incluir un diagnóstico detallado, plantear la visión y misión del país, definir objetivos y metas precisas, proponer estrategias y políticas, decir cómo se van implementar y demostrarnos que son viables. Este el contenido mínimo que puede tener variantes dependiendo si se trata de la planeación prospectiva o estratégica.

Las propuestas estratégicas y políticas concretas deben ser antecedidas de un diagnóstico riguroso de la realidad. Su omisión es sinónimo de problemas. En la realidad de cualquier país subdesarrollado coexisten los problemas estándar asociados a las carencias de educación, salud, vivienda, infraestructura, alimentación e ingresos, entre otros. También hay problemas no estándar vinculados a problemas estructurales de la economía y sociedad, evolución y tendencias de la economía internacional o de coyuntura nacional e internacional de diferente naturaleza. Las propuestas de solución que sólo atienden un tipo de problema son incompletas.

Los problemas detectados deben ser compartidos por todos. La alineación entre el diagnóstico, objetivos, propuestas y políticas concretas es fundamental. Se deben enfrentar problemas concretos. Todas las medidas involucran un costo que debe ser tomado en cuenta. No se trata de hacer un listado de buenas intenciones. Hay que demostrar que el plan es coherente y viable. Sin embargo, al realismo hay que agregarle un poco de sueños (La Primera, 17/12/2010, p.10).

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Los indicadores económicos tradicionales del Perú al cierre del año 2010 fueron positivos. El crecimiento de la producción fue elevado y la inflación baja. No se registraron mayores sobresaltos en las finanzas públicas, la balanza de pagos y en el desempeño del sector financiero. Sin embargo, esta situación positiva coexistió con el agravamiento de la desigualdad, del deterioro de los ingresos de los trabajadores dependientes e independientes y los mayores problemas estructurales tradicionales asociados a la desarticulación productiva, heterogeneidad estructural, mayor vulnerabilidad del modelo primario exportador y el surgimiento de la enfermedad holandesa.

La situación de las variables económicas en los países desarrollados al cierre del 2010 fue negativa, a excepción de la China y algunas economías emergentes. El ritmo de crecimiento de los EE.UU se ha desacelerado y los programas de austeridad de los países europeos ya están generando efectos negativos sobre la demanda y producción. Los niveles de endeudamiento y de déficit público están por encima de los estándares tradicionales y es muy probable que se susciten nuevas necesidades de rescate. Otros países de mayor tamaño siguen en la lista amarilla: España, Italia u otros. Estos programas transfieren recursos de la Unión Europea, pero reducen el nivel de actividad económica.

El menor ritmo económico afectará, sin lugar a dudas, las posibilidades de exportación de China hacia EE.UU y Europa. La menor demanda externa de China, de los EE.UU. y Europa impactará negativamente en la demanda externa y en los precios internacionales de nuestros productos de exportación. Siguen sobre la mesa la posibilidad de otros conflictos, como el de una guerra comercial o cambiaria que involucre a las principales potencias mundiales. En esas circunstancias, el agravamiento de la situación económica internacional sería mayor, aunado a que los instrumentos económicos convencionales de la política monetaria y fiscal han perdido potencia o son imposibles de aplicar ante la mayor presencia de los Republicanos en el Congreso y Senado norteamericano. Es imprescindible afrontar la problemática distributiva y de un cambio tecnológico incluyente.

La crisis económica internacional está presente y sigue mutando. Los impactos de la economía internacional sobre la peruana parecerían inminentes. No se puede desechar un nuevo shock externo negativo. La combinación de este elemento con las debilidades estructurales de nuestro patrón productivo son el caldo de cultivo perfecto para que se agrave nuestra situación económica y social (La Primera, 31/12/2010, p.10).

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

La semana pasada se presentó tanto la Alianza por el Gran Cambio como el programa Perú, ahora o nunca del candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski (PPK). El documento de 55 páginas define como reto principal eliminar la pobreza. Se establecen once metas, los principales medios y las acciones principales: trabajo digno, agro próspero, ordenamiento ambiental - territorial y urbano, educación y tecnología, salud-agua y saneamiento, seguridad – cultura - deporte y participación, crecimiento y reorganización gubernamental. Termina enumerando 25 compromisos para un país sin pobreza y oportunidades para todos.

Nadie podría estar en contra de las metas que se establecen en el documento. Destaca en primer lugar un país sin pobreza extrema, medio ambiente limpio, trabajo formal para 80% de los peruanos, servicios básicos para todos, aseguramiento universal, carreteras asfaltadas, terrenos para vivienda y un Metro para Lima. Asimismo, propone seguridad y justicia efectivas, educación básica y tecnológica de calidad, apoyo a emprendedores, mejora del sistema de defensa civil y descentralización efectiva. La propuesta incorpora el costo aproximado de algunas medidas, expresadas como porcentaje del PBI. Sin embargo, esa información es insuficiente para evaluar si el programa es viable o no.

En lo económico, PPK señala que “no hemos hablado mucho de política económica porque allí vamos más o menos bien”. El modelo primario exportador y de servicios permanecería incólume. Se apuesta por repetir las políticas de la época del Pdte. Ronald Reagan y de la heterodoxia peruana (1986-1987) del gobierno de García I de reducir los impuestos para alentar la economía y aumentar –dicen ellos- la recaudación tributaria. PPK propone reducir gradualmente el IGV y el impuesto a la renta. Se olvida de la mayor presión tributaria de países con ingresos similares al peruano.

La propuesta no toma en cuenta las condiciones recesivas y de inestabilidad de la economía internacional, ni las características estructurales, ni coyunturales de nuestra economía. Confunde mejora tecnológica con más educación. Para PPK no hay problema alguno con la desigualdad creciente, ni la desarticulación productiva y heterogeneidad estructural. Ignora los efectos de la apreciación del sol y la enfermedad holandesa que erosionan la competitividad de los otros sectores productivos transables diferentes a la minería y los hidrocarburos. Casi todo se resuelve con mejor educación, salud y condiciones de vida. Hay algunas ideas interesantes, pero se trata de la misma receta para todo tiempo, lugar y circunstancia (En: la Primera, 10/12/2010, p.10).

por: Santiago Roca, Profesor Principal, Universidad ESAN

Desde antes de la Ronda de Uruguay en las negociaciones del GATT, los países desarrollados se quejaban del trato desigual y discriminatorio que recibían sus inversiones y expresaban su malestar por los requisitos de desempeño que algunos países en desarrollo colocaban a las inversiones extranjeras: a) ratios de contenido local de insumos, b) límites de importación en relación a sus exportaciones, c) ratios de contratación y empleo local, c) obligación de transferir tecnología, d) metas sociales y medidas de seguridad, etc.

Por eso con apoyo de EEUU, Canadá, la Unión Europea y el Japón, logran aprobar en 1994, el acuerdo de eliminación de las medidas de inversión relacionadas con el comercio, denominado por sus signos en inglés, TRIMs, como parte del paquete que dio pie a la creación de la Organización Mundial de Comercio, OMC. El TRIMs prohíbe a los gobiernos tomar medidas en relación a la inversión extranjera que atenten contra el trato nacional¹ y de nación más favorecida² que forma parte de los principios de la OMC y obliga a la eliminación de los requisitos de desempeño, arriba señalados.

Según algunos, el TRIMs impone restricciones a las acciones de los gobiernos sin restricciones recíprocas a las acciones de las empresas multinacionales. El acuerdo fue tan cuestionado que tuvo que especificarse que no se trataba de eliminar la regulación que cada país soberano colocara a la entrada de inversión extranjera sino que solo limitaba las opciones de política del gobierno una vez admitida la inversión y solo sí las medidas causaban efectos restrictivos en el comercio (difícil saber que significa eso).

De ese tiempo a esta parte, en el Perú, este esquema se ha ido desbalanceando aún más, a favor de la inversión extranjera, sea a través de concesiones unilaterales del gobierno, por medio de acuerdos bilaterales de inversión ó más recientemente a través de los capítulos de inversión aprobados en los tratados de libre comercio.

En términos generales, hoy día en el Perú, los inversionistas extranjeros no tienen restricciones casi de ningún tipo, no hay ningún requisito de desempeño, se benefician de incentivos tributarios que los exoneran de pagar impuestos bajo determinadas condiciones, firman convenios de estabilidad jurídica en los cuáles no se les puede cambiar la legislación ni la tributación, están protegidos contra la denegación de justicia, pueden someter sus disputas a arbitrajes internacionales sin sujetarse a la constitución y leyes nacionales, se les ha reducido las posibilidades de que por razones de interés público puedan ser afectados, no se promueve ni regula la transferencia de tecnología, y pueden no cumplir regulaciones ambientales y de seguridad nacional, entre otros, además de muchos otros privilegios.

¿Y los inversionistas nacionales, no gozan ellos de estos privilegios? A ellos, se les cambian los tributos, no tienen estabilidad jurídica, tienen que someterse a los tribunales nacionales, pueden ser expropiados más fácilmente, están sujetos a las nuevas políticas e intereses públicos, deben transparencia en los procedimientos, etc.

En los últimos 20 años, algunos países como el Perú se han ido al otro extremo, en vez de emparejar el trato a la inversión extranjera, han revertido la tortilla, protegiendo y privilegiando al capital extranjero por encima del capital nacional.

De repente a CONVEAGRO, a la Sociedad Nacional de Industrias, a ADEX ó a las Pymes se le ocurre ordenar un estudio y elevar una demanda a la OMC para quejarse de la discriminación y falta de igualdad de trato que sufren frente a los inversionistas extranjeros. De seguro el Gobierno Peruano sería sancionado por incumplir los acuerdos internacionales en contra de los inversionistas nacionales.

1 Igual trato para nacionales que para extranjeros

2 Si se concede una ventaja a un país se tiene que hacer lo mismo con los demás países.

Félix Jiménez

Economista Ph. D.

Profesor Principal de la PUCP

Alan García se jacta del actual crecimiento económico, pero no dice que él recibió un país en crecimiento y que este fue estimulado durante su gobierno por el aumento significativo de los términos del intercambio. No es mezquindad si digo que no hay nada nuevo y bueno en materia de estabilidad macroeconómica que se deba su gestión. Heredó una cuenta fiscal saneada y una bajísima inflación, con un nuevo esquema de política monetaria y un mercado organizado de deuda pública interna en soles que se adoptaron en los años 2002-2003. Pero, como aventajado seguidor del fujimorismo económico y político, enajenó, al igual que su antecesor, la soberanía del Estado sobre nuestros recursos naturales, y profundizó el modelo neoliberal primario exportador, desindustrilizador y terciarizador de la economía.

El gobierno de Alan García nos dejará una economía más vulnerable y dependiente de factores externos, menos industrial y más productor de servicios de bajísima productividad, y con una distribución del ingreso más desigual y, por lo tanto, más expuesta al conflicto social. Las razones son las siguientes:

1. Aumentó la penetración de las importaciones, afectando a la producción industrial y agrícola. Sus causas son los tratados comerciales y las rebajas arancelarias (como la reciente que reduce el promedio arancelario a solo 3.5%). Toledo dejó un porcentaje promedio de importaciones respecto al PBI (ambos en términos reales) de 17.5% y García nos deja un promedio de 20.8%. En materia de exportaciones la gestión de García es solo beneficiaria de los precios altos de las materias primas. El porcentaje promedio de exportaciones con respecto al PBI fue de 19.4% en el gobierno de Toledo y de 19.8% en el gobierno de García. La enorme vulnerabilidad a la caída de los términos del intercambio, es obvia.
   
   
2. La industria no primaria mantiene su baja participación de cerca de 12% en la generación del PBI. El crecimiento es liderado ahora por el Comercio y Otros servicios —además de la Construcción— que en conjunto representan el 63.0% del PBI. Estos dos sectores y la Construcción son los que más crecieron durante el período 2005-2009: 37.8%, 30.9% y 65.4%, respectivamente, mientras el PBI creció a la tasa de 20.9%.
   
   
3. El crecimiento no se sustenta en aumentos sostenidos de la productividad y, por lo tanto, no conduce a ganancias de competitividad. En los sectores de Comercio y Otros servicios trabaja el 77% de la PEA en empresas de 1 y 10 trabajadores de baja calificación y donde el ingreso promedio mensual se ubica entre 600 a 650 soles.
4. Esta manera de crecer acrecienta la desigualdad de ingresos y, por ende, alimenta el conflicto social. Mientras el PBI y las exportaciones resales per cápita crecieron en el período 2000-2008, en 47.2% y 69.1%, respectivamente, los salarios reales promedio decrecieron 10.0%.
   
   
5. El modelo neoliberal es exportador neto de capitales. Entre enero de 2006 y setiembre de 2010, los capitales extranjeros expatriaron utilidades por casi 37 mil millones de dólares y solo ingresaron como inversión extranjera directa cerca de 27 mil millones de dólares. La reciente integración de los mercados de capitales de Perú, Chile y Colombia, reduciendo el impuesto de sus ganancias a 5%, amplían las posibilidades de salidas de capitales.

Primero nos dejo la hiperinflación ahora nos deja una economía más vulnerable y más dependiente de los mercados externos. «En lo que el hombre ejecuta — dice Stuart Mill — se funda su derecho a la consideración pública».

El Mejor

 

Por Juan Francisco Rojas
Profesor PUCP

Cuando se regula en temas tan sensibles como la participación en actividades de extracción de recursos naturales hay que tener mucho cuidado con los derechos adquiridos, pues, de lo contrario, se generan contingencias legales de imprevisibles resultados.

Al amparo del sistema creado en 1971 (Decreto Ley Nº 18810), el Estado entregó derechos de pesca para el recurso anchoveta sin que estuvieran sujetos a caducidad. Varios de estos derechos permanecieron en el limbo como consecuencia del hundimiento de los barcos a los que estaban asignados y del largo proceso de recupero de esas inversiones para financiar la construcción de otros barcos, o de litigios para el cobro de seguros. Es solo a partir de 1992 (Decreto Ley Nº 25977) que se señala que los nuevos derechos estarían sujetos a plazo determinado. Tiempo después, cuando en el 2008 se promulga la “Ley de Cuotas”, el regulador –en este caso el Ministerio de la Producción– debió prever el destino para los derechos de pesca del sistema antiguo u original, ya sea contemplando su participación en el reparto de las cuotas, o con los mecanismos legales para poner fin a su existencia.

Nada de eso se hizo. La “Ley de Cuotas” asignó cuotas de pesca a las embarcaciones registradas hasta ese momento y únicamente dispuso la conservación de un porcentaje contingente de éstas para los litigios sobre los derechos del nuevo régimen previamente registrados. Los derechos de pesca preexistentes, asignados bajo el antiguo sistema, no fueron considerados para el reparto.

¿Cuál es el estado jurídico de estos derechos olvidados? Una primera lectura es que se encuentran vigentes y que deben participar en la actividad de extracción del recurso. En este caso, las cuotas de pesca asignadas sin incluir a los “olvidados” tendrán que recalcularse reduciendo la participación de todos los invitados a la fiesta. Una segunda lectura es que el nuevo sistema determinó el fin de los derechos antiguos. En este caso, como la causa de su desaparición obedece a un cambio en las condiciones decretado unilateralmente por la autoridad, corresponde indemnizar a los titulares, pues sería el Estado el que incumplió sus compromisos.

La definición de esta singular situación corresponde al Poder Judicial. Este Poder del Estado ya ha dado muestras de inclinarse por la primera opción, con la emisión de medidas cautelares reconociendo los derechos “olvidados” y que el Ministerio se resiste ilegítimamente a cumplir. Los grandes oligopolios de la actividad están nerviosos ante la posibilidad de tener que reducir el tamaño de sus cuotas y la gran inversión realizada para adueñarse del mercado.

De otro lado, el Congreso aprueba, con velocidad inusitada, una inconstitucional norma para tratar de detener las medidas cautelares con el pago de fianzas, incluso para las cautelares ya ejecutadas. Esto solo ocurre en nuestro país.

Es importante dejar dicho que el problema no es medioambiental, pues la cuota global de pesca del recurso anchoveta no tiene que modificarse o crecer, lo que se alterará será la participación individual de los actores.

¿Cuál es la enseñanza? La regulación mal concebida –violando derechos constitucionales; sin equilibrio y conciencia social; influida por los intereses particulares de grupos de poder– nunca termina bien y solo causa daño a los intereses nacionales.

Por Santiago Roca
Prof. principal Universidad Esan

Analistas de países desarrollados comentan a menudo que para que los Estados Unidos y Europa mantengan su competitividad, sus tipos de cambio se deberían devaluar entre el 30% y el 50% frente a las monedas de los países emergentes. ¿Por qué se dice esto? ¿Qué implicancias tiene para el Perú?

El problema nace debido a que a las empresas de los países desarrollados les conviene establecer sus operaciones en países con costos laborales bajos; mejoran así sus utilidades y luego venden a sus propios conciudadanos productos a precios más bajos, que se producen en el exterior. Esto si bien favorece a sus  consumidores les hace perder miles de cientos de puestos de trabajo y competitividad. La razón es que a diferencia de muchos mercados en donde se transa productos y activos a precios similares (excepto costos de transporte), en el mercado de trabajo las diferencias de salarios son abismales, lo que incentiva a las empresas a establecerse en los países emergentes.

En teoría en una economía mundial libre y abierta a la entrada y salida de capitales, los tipos de cambio deberían poco a poco ajustarse hasta hacer que los salarios en los países desarrollados sean competitivos o similares a aquellos de los países emergentes. Por ejemplo, si actualmente el sueldo mensual por hacer un trabajo específico en el Perú es 2,100 soles y el tipo de cambio es 3 soles por dólar, el sueldo en dólares es 700 dólares; pero si el tipo de cambio se reduce a un sol por dólar, el sueldo en dólares se eleva a 2,100 dólares mensuales –el monto que asumimos se gana por este mismo tipo de trabajo en USA. Es decir, la revaluación del sol o la devaluación del dólar elevan los salarios en dólares en el Perú y empareja los sueldos y la competitividad del trabajo entre los dos países, evitándose así la relocación de las empresas en países emergentes. Esta es la razón por la que los analistas extranjeros vienen sugiriendo la devaluación del 30% al 50% del dólar y del euro en relación con las monedas de los países emergentes. ¿Pero cuáles son las consecuencias de que el sol se revalúe?

No hay duda de que la revaluación del sol significaría el encarecimiento de nuestros productos en los mercados mundiales y la pérdida de miles de puestos de trabajo en el Perú. A su vez, los peruanos con trabajo van a comprar productos más baratos del exterior pero a costa de un aún mayor desempleo interno; lo mismo que les pasa hoy a EEUU y la Unión Europea. El ajuste de tipo de cambio para mejorar la competitividad de USA resulta ser un juego de suma cero que perjudica a quien cede o permite que su tipo de cambio se revalúe. ¿Qué es entonces lo que está mal?

Si en el mundo existiera una verdadera economía de libre mercado y perfecta movilidad del trabajo, el ajuste debiera más bien darse en el mercado de trabajo y no en el tipo de cambio. Los países con abundancia de trabajadores (salarios bajos) verían a sus trabajadores moverse a los países de mayores salarios presionando para que los salarios bajen en esos países y suban en los nuestros. Así, para trabajos de igual calidad y productividad se emparejarían los salarios entre ambos países, cerrándose de paso las ominosas brechas de ingreso entre países. Eso sin embargo no es posible porque los países avanzados no aceptan la libre movilidad del trabajo e impiden la entrada a sus territorios, evitando que sus salarios disminuyan. La verdadera globalización no existe sino solo en lo que les favorece. Los países desarrollados prefieren la devaluación de su tipo de cambio en vez de reducir sus elevados salarios, perjudicando el empleo y la producción del resto del mundo.

Y los que dirigen la economía nacional se han preguntado ¿qué es lo que beneficia al Perú? ¿Cuánto más soportaremos que se reduzca el tipo de cambio sin que nos explote a nosotros mismos?

José Oscátegui, Prof. Dpto de Economía PUCP

Un consenso en la teoría del desarrollo es que el mercado, por sí solo, no siempre asigna eficientemente los recursos de una economía. Ese conocimiento no fue obstáculo para que, en nuestro país, durante la década del 90, apoyado por organismos multilaterales e impuesto por una dictadura, se impusiera la idea que el mercado nunca se equivoca. Esta idea es persistente y renueva su fortaleza presentando a los que señalan las debilidades y fallas del mercado como enemigos de él. En nuestro país no sólo tenemos problemas como la ausencia de integración de la población con su consecuencia de pobreza, ignorancia, etc., sino también carecemos de la infraestructura necesaria para impulsar un crecimiento sostenido. La existencia de este y otros problemas semejantes muestra las deficiencias y limitaciones del mercado.

Otro consenso es que el desarrollo solo puede lograrse con la industrialización. Este no es conocimiento reciente. Desde el siglo XVII gran parte de los escritos de los Mercantilistas contiene la propuesta de producir y exportar bienes manufacturados en vez de materias primas. Ellos se oponían a la importación de bienes suntuarios (especias de Oriente, sedas, etc.), pero no a la importación de las materias primas necesarias para la producción de manufacturas. El importar bienes de lujo, en consonancia con la visión de la época, era considerado como un gasto que, aparte de reducir el excedente para la inversión, era malo en si mismo.

Es posible afirmar que, desde comienzos del siglo XX, estos dos temas están entre los que traviesan las preocupaciones económicas en los países en desarrollo. Las soluciones propuestas tuvieron consecuencias prácticas. Las revoluciones rusa y china significaron un retiro, tanto voluntario como impuesto por Occidente, del mercado mundial por parte de estas economías. Aisladas, cada una de ellas desarrolló un acelerado y brutal proceso de inversión en la industria pesada en busca de una rápida industrialización. A la luz de la creciente incorporación de ambas economías a la economía mundial, es posible argüir que el objetivo de ambas fue lograr un espacio en el mercado mundial, diferente al que tenían hasta entonces. Sería interesante estudiar si, por ejemplo, el desarrollo asiático reciente, el de China y de todo el Sud-este asiático, hubiera sido el mismo sin la industrialización inclemente y a pasos forzados realizada por China desde 1950.

Tampoco es novedad afirmar que el comercio internacional es bueno. Sin embargo, de esto no se deduce que todos los acuerdos comerciales sean buenos. El comercio es bueno...pero en el mundo no existe libre comercio. El TLC con EEUU, por ejemplo, no ha mostrado para nosotros, hasta ahora, ninguna de las ventajas ofrecidas por sus propugnadores ni en términos de empleo, ni de inversiones, ni siquiera en términos de resultados de la balanza comercial.

EEUU incluyó en el tratado un tema no comercial pero muy importante para ellos, como es el de la propiedad intelectual y, al mismo tiempo, excluyó un tema comercial central, muy importante para nosotros, como es el de la migración o la movilidad de la fuerza de trabajo. Además, el tema de la protección a las inversiones, debido a que no hay inversiones peruanas en EEUU equivalentes a las que ellos tienen el nuestro país, y a que Perú (a diferencia de ellos) ofrece un trato nacional a las inversiones extranjeras, los beneficia a ellos más que a nosotros.

Hace menos de un mes, el 23 de Diciembre, en su página Editorial, el New York Times informaba que China aunque prometía vigilar el cumplimiento de la ley de patentes, violaba los derechos legales sobre libros, patentes y secretos comerciales mucho más que antes, y que China veía la apropiación de las innovaciones extranjeras como la mezcla de política adecuada para desarrollar su propia tecnología. En esto, China no se diferencia de EEUU y de los países actualmente desarrollados, pues en su momento ellos tampoco respetaron las patentes y la propiedad intelectual.

Pero sí es necesaria la regulación del mercado. También es necesaria la acción decidida del Estado para crear mercados, asegurando la construcción de infraestructura, así como el más amplio desarrollo de un mercado de capitales, y educación y salud de calidad para el conjunto de la población. La existencia de un Estado robusto y capaz es condición necesaria para el buen funcionamiento del mercado.

Pero tampoco es una solución la apertura unilateral. Los acuerdos comerciales regionales tipo CAN y MERCOSUR, deben tener prioridad sobre los TLC’s firmados hasta ahora. Considerando los cuatro países de la CAN: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú tenemos un mercado con una población conjunta de más de 90 millones de personas. Teniendo en cuenta esta prioridad, los TLC’s deben ser revisados para hacerlos compatibles vía la renegociación.

La política arancelaria y para-arancelaria no debe ser descartada, pero no puede ser la más importante. El apoyo a la industria significa resolver los principales problemas que la han constreñido:

a)la baja productividad y el pequeño tamaño del mercado.

b)la pequeñez del mercado de capitales y la escasez de estos

c)la pobre calidad del sistema educativo y las deficientes condiciones de salud de la población.

Nada de lo anterior es posible sin una Reforma Tributaria que eleve la presión tributaria hasta, por lo menos, 18% del PBI y permita al Estado contar con los recursos suficientes. No debe permitirse la evasión ni la acumulación de deuda tributaria. Tampoco debe aceptarse el sistema del “óbolo” instaurado por el actual gobierno, que seguramente es uno de los menos honestos de nuestra historia. Es indispensable el cobro de un impuesto a las sobreganancias mineras.

Fernando Eguren/ enero 4, 2010

Presidente del CEPES

Con acierto, el ministro de Agricultura, Rafael Quevedo, declaró hace pocos días que daría prioridad a la ganadería en la Sierra.

¿Cuán importante es la ganadería para la economía campesina? Tomando en sentido amplio el término de ‘campesino’ como todo trabajador rural poseedor de 10 hectáreas o menos, es claro que la ganadería tiene una gran importancia. Ellos son, según el último Censo Agropecuario de 1994, cerca de 1.5 millones de familias, y representan el 85% del total de explotaciones agropecuarias. En el 48% de estas pequeñas explotaciones se crían vacunos, en el 39% ovinos y en el 37%  porcinos. En cuanto a los camélidos, en las explotaciones de pequeños pastores, con áreas menores de 10 Has, se criaban el 59% de llamas y el 44% de las alpacas.[1] Según una fuente, en el altiplano puneño el 98% de los hogares rurales poseen ganado.[2]

Pero la ganadería campesina no es sólo importante para estas familias, sino para el país, pues concentra un gran porcentaje del acervo ganadero del Perú. Siempre según el Censo de 1994, el 68% del ganado vacuno estaba en manos campesinas, así como el 67% de ovinos y el 79%.

La ganadería cumple múltiples funciones para los campesinos. Además de restituir la fertilidad de los suelos de cultivo gracias al estiércol y de proporcionar tracción y transporte animal, representa un ingreso económico importante. También cumple función de ahorro y de capitalización, y de garantía para acceder a créditos. Abastece de alimentos a la familia y de materia prima para la artesanía. Permite, asimismo, amortiguar los riesgos de la agricultura.[3]

Por lo general, el conocimiento de cómo funciona la economía campesina lamentablemente no ha caracterizado nunca al Ministerio de Agricultura. Ello ha contribuido a que varias iniciativas que expresaban cierta voluntad de apoyar el desarrollo rural de la sierra hayan finalmente fracasado. Fracasó el Plan de Desarrollo Agrario de la Sierra de 1988, durante el primer gobierno de Alan García; fracasó el tardío proyecto Sierra Verde de Fujimori; el programa Sierra Exportadora de este segundo gobierno del Apra se está extinguiendo sin logros destacables. Ninguno de ellos valoró la importancia de la ganadería. Cuando ha habido intentos de apoyarla, han sido experiencias episódicas sin impactos significativos.

El ministro Quevedo aún no ha dado mayor explicación sobre en qué consiste su propuesta. Puede resultar finalmente en un saludo a la bandera, pues en el medio año que falta para el cambio de gobierno poco se puede hacer.

Queda por saber si los candidatos a la Presidencia de la República recogerán la iniciativa.

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[1] La realización de un nuevo Censo agropecuario es urgente, indispensable para la definición de políticas adecuadas para el desarrollo rural.

[2] Mario Tapia, “La ganadería en el altiplano de Puno”. En Perú: el problema agrario en debate. SEPIA XII. Lima, 2008.

[3] Bernardo Fulcrand, “Las dos zootecnias y el desarrollo agropecuario en el Perú”. En Perú: el problema agrario…. Op.Cit.

Félix Jiménez

Ph. D. en economía

Profesor Principal de la PUCP

En un reciente artículo Waldo Mendoza se pregunta si entre los que proponemos un tipo de cambio real estable y competitivo hay algún desinformado. Esta propuesta sería inviable porque, según él, el tipo de cambio «depende esencialmente de lo que pasa afuera». Con su conocido estilo solemne afirma que el tipo de cambio sube (baja) cuando los capitales privados salen (entran a) de nuestras economías debido al aumento (a la disminución) de la tasa de interés internacional. En la primera mitad de los ochenta –dice- el tipo de cambio «saltó al techo» porque salieron capitales y en los noventa, como ahora, el tipo de cambio bajó notablemente porque entraron capitales.

Para Waldo, entonces, como el tipo de cambio es un «dato», no podemos hacer nada con él. Esta extraña macroeconomía no es usual en él. Siguiendo su lógica podríamos decirle que olvida que las compras (ventas) esterilizadas de moneda extranjera que hace del banco central son idénticas a las salidas (entradas) de capitales. También olvida que el banco central tiene instrumentos para regular las entradas y salidas de capitales, como lo han hecho y los hacen países como Chile y Colombia. Pero lo sorprendente no es este descuido.

Waldo ignora que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos también presiona al alza del tipo de cambio. Los altos déficit que se registraron en 1975-1977 y 1981-1983 fueron asimismo responsables de los saltos del tipo de cambio. Éste aumentó en 38.1% en 1976, 50.8% en 1977, 86.5% en 1978, 65.7% en 1982, 137% en 1983, precisamente cuando se registraron elevados déficit en la cuenta corriente: -11.2% del PBI en 1975, -8.2% en 1976, -6.5% en 1977, -10.3% en 1981, -9.5% en 1982 y -6.2% en 1983. Además, estos déficit fueron acompañados por importantes saldos negativos en la balanza comercial. Esta asociación directa cambia recién en la última década.

Por otro lado, la tasa de interés (de los Treasury Bills de tres meses) en los Estados Unidos se encontraba entre 4.99% y 7.22% en 1975-1978, niveles parecidos a los registrados en 1967-1970. Es verdad que sube notoriamente después (10.1% en 1979, 11.5% en 1980, 14.0% en 1981 y 10.7% en 1982); pero, cuando el tipo de cambio se dispara durante el desastre económico de Alan García -1985-1990-, la tasa de interés baja a un promedio de 6.9%.

Si Waldo es partidario del mercado cambiario libre, si él piensa, al igual que los neoliberales, que una intervención con impuestos a los capitales especulativos ahuyenta a la inversión extranjera, ¿por qué no lo dice?