Alan Fairlie Reinoso
Miércoles 07 de Julio, 2010
La coyuntura de la actual crisis internacional no ha hecho variar las políticas del gobierno. Mientras el resto de países usan la política comercial para protección del mercado interno y apoyar a los exportadores, aquí solo se ha hecho tibiamente lo segundo. Tampoco se han considerado políticas sectoriales o para pymes o agentes que se definan como prioritarios o vulnerables.
Se ha continuado con la apertura unilateral y la suscripción de nuevos TLCs. No solo no es la mejor coyuntura para hacerlo, sino que cuando entren en vigencia y se implementen paulatinamente se sentirán sus costos, que se sumarán a los que la propia crisis internacional genera.
Los acuerdos de libre comercio vienen con una agenda de acompañamiento que se divide en dos partes: la agenda de implementación, que se refiere a las medidas obligatorias inherentes al tratado, y la agenda complementaria, que son medidas y políticas voluntarias de apoyo.
El gobierno no solo no ha impulsado una agenda positiva de competitividad promoviendo la articulación de sectores y actores (se ha confiado exclusivamente en las concesiones, el mercado), sino que no ha respondido de manera integral a la crisis cautelando el mercado nacional y la economía. Sin políticas defensivas (diferentes a algunas macroeconómicas adoptadas), el sector productivo nacional y la población en su conjunto, tendrán que enfrentar no solo la crisis internacional, sino la implementación de los TLCs cada vez más numerosos.
El gobierno ha impulsado básicamente la agenda de implementación, y de una manera desprolija.
No ha sido una agenda consensuada en torno a dispositivos que permitan la ejecución del TLC con EEUU. Luego de afirmar que el Perú estaba listo, se puso en evidencia que se requerían diversos cambios en normativa e instituciones. Pero, se hizo a nivel nacional a través de los decretos legislativos, por delegación de facultades otorgados por la mayoría parlamentaria. Y en el ámbito andino, con el cambio de normativa comunitaria en propiedad intelectual.
El casi centenar de decretos legislativos fue muy polémico. Primero, porque una proporción considerable habría excedido las atribuciones concedidas al no referirse al TLC propiamente, sino que se utilizaron para profundizar el modelo de liberalización y apertura de los noventa, siguiendo los lineamientos que el jefe de Estado planteó en su tesis del “perro del hortelano”. Tendría por tanto un carácter inconstitucional.
Segundo, porque dichos decretos afectaban derechos de comunidades nativas de la sierra y selva, y no estaban en concordancia con el Decreto 169 de la OIT que obliga a una consulta previa. Es decir, que las concesiones de tierras para explotación minera y/o petrolera se daba en tierras que las comunidades reclamaban como suyas, y muy ricas en biodiversidad que sería destruida. Este enfrentamiento llevó a los sangrientos hechos de Bagua donde perecieron numerosos nativos y policías. Los decretos se tuvieron que anular por el Congreso y se produjo una crisis parcial ministerial. El Congreso recientemente aprobó una ley para adecuarse a la los convenios OIT, pero ha sido observado por el Ejecutivo. En su opinión, otorgaría un derecho de veto a las comunidades nativas que puede frenar la inversión extranjera.
Tercero, porque hay un conflicto que se está presentando entre la protección de las inversiones y derechos de los inversionistas, con la protección del medio ambiente definido en altos estándares contenidos en las adendas del TLC. Se han dado concesiones sobre tierras que tienen actualmente uso agrícola, son bosques o fuentes de agua y más allá de los argumentos de cada parte, lo concreto es que los conflictos van en aumento y potencialmente son numerosos y significativos.
En la minería hay importantes inversiones no solo de EEUU, sino europeas, canadienses y chinas; países todos con TLC. En los primeros casos, con elevados estándares en los acuerdos, con China no se acordó ese capítulo. Aunque, también hay conflictos en el marco de la integración regional y bilateral con Brasil, particularmente en la proyectada integración energética y en menor medida con la ejecución del IIRSA.
En otras palabras, el conflicto se deriva no solo de contenidos de los capítulos que se puedan tomar para la defensa de diferentes intereses presentes en los TLCs. En última instancia, depende de la profundización de la estrategia de apertura que impulsa el gobierno, utilizando la implementación de los TLCs. Esta situación es de difícil solución, y se acerca una coyuntura electoral que posiblemente complicará el panorama.
Se debería discutir las mejores opciones para el Perú en el enfrentamiento de la crisis internacional y las agendas complementarias, buscando puntos de consenso. Persistir en la política del “perro del hortelano”, solo agudizará los conflictos. El diálogo es el camino, y no la represión, la criminalización de la protesta o la expulsión de religiosos comprometidos en las luchas regionales.
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