Minería y Petróleo: Asegurar el Ambiente

Pedro Francke

El escándalo de la contaminación petrolera y minera no cesa. En la selva, Pluspetrol ha vertido más de 300 barriles de petróleo al río Marañón, los que han viajado 100 kilómetros aguas abajo afectando decenas de comunidades. No es la primera vez que pasa esto con Pluspetrol, que hace unos años derramó 5,000 barriles de petróleo. La respuesta de la empresa y el gobierno han sido, una vez más, tardías e ineficaces: indígenas recogen petróleo con las manos.

En Huancavelica ha sido la minera Condestable, cuyas 500 toneladas de relave han caído al río afectando también muchas comunidades y kilómetros río abajo. Tampoco ha habido ninguna respuesta seria ni de la empresa ni del gobierno.

Ninguno de estos daños se considera cuando se calcula el PBI y se presentan entusiastas cifras de crecimiento.

También en el golfo de México se ha derramado petróleo, mucho más que en nuestra amazonía. Pero la diferencia está en que el gobierno estadounidense ha obligado a separar un fondo de 20 mil millones de dólares a la empresa para cubrir los daños, de los cuales ésta ya ha gastado más de 3 mil millones.

En el Perú muchas empresas, a pesar de las enormes ganancias que han tenido los últimos años, ganancias realmente multimillonarias, ni toman las acciones preventivas necesarias para cuidar el ambiente ni limpian su porquería. Tampoco compensan a las familias afectadas por la contaminación, que sin excepción se trata de campesinos e indígenas pobres y sin palanca política.

Estos no son los únicos problemas ambientales graves que enfrentamos. La lista de problemas acumulándose es larga, como el mercurio en los ríos de Madre de Dios y los daños causados por la minería informal, los desagües sin tratar de la mayor parte de ciudades del país, el aire cargado de partículas emitidas por carros de segunda, el agotamiento del agua subterránea en Ica y otros valles costeños, el ingreso de semillas transgénicas y el desconocimiento de nuestra biodiversidad.

POLITICA SUCIA

Mientras tanto, la fiscalización ambiental está por pasar de OSINERGMIN a un organismo autónomo del Ministerio del Ambiente, la OEFA, pero sin que se le aseguren los recursos mínimos indispensables para cumplir su función.

La política del gobierno ha agravado esta pésima situación ambiental no solo por omisión, sino también por acciones directas. Se ha suscrito un convenio con Brasil para que se construya la central hidroeléctrica de Iñambari y otras 13 con el fin de exportarles energía, pero a pesar que esas centrales tendrían fuertes impactos ambientales y sociales, no se establece en el acuerdo ninguna protección al respecto. En La Oroya, sigue sin asegurarse que cese la contaminación y se limpie el ambiente. Alan García ha vetado el proyecto de ley de consulta a los pueblos indígenas, quienes se han constituido en uno de los pilares de la defensa de nuestro ambiente.

La ciudadanía ha venido protestando frente a estos abusos, ¿y cómo responde el gobierno? Decidió expulsar al ambientalista Paul MacAulay, lo que felizmente hemos impedido. Pero se sigue propalando un spot agresivo contra los ambientalistas, promoviendo nuevos conflictos cuando lo que necesitamos es diálogo y paz.

CAMBIO NECESARIO

Es necesario aplicar un plan de emergencia para el cuidado de nuestro ambiente. Algunas medidas claves que no pueden esperar más son:

·         Fiscalización estricta por un Ministerio del Ambiente que cumpla su función, actúe preventivamente y haga que los contaminadores paguen por los daños.

·         Nueva  ley de forestal para la protección de nuestros bosques y la explotación sostenible.

·         No más concesiones a Doe Run y limpieza del ambiente de La Oroya.

·         Educación y campañas publicitarias para fortalecer la conciencia ambiental.

·         Consulta previa a los pueblos antes de cualquier explotación de sus recursos.

·         Revisión del convenio energético con Brasil por parte del Congreso.

La explotación minera y petrolera no puede seguir como hasta ahora. Tenemos más de 20 millones de hectáreas concesionadas a actividades mineras en costa y andes, y el 75 por ciento de la amazonía está cubierta por concesiones de hidrocarburos. Hay una avalancha de explotaciones petroleras y mineras iniciándose sin consulta previa a los pueblos cercanos. Tampoco hay un planeamiento básico que asegure que con estas explotaciones no se está echando por la borda desarrollos más inclusivos basados en el turismo, la agricultura y la biodiversidad. Carecemos también, está clarísimo, de una fiscalización ambiental mínima.

Industrias extractivas abusivas y gobiernos permisivos nos han llevado a una situación en la que no podemos estar seguros si el daño que causan mineras y petroleras es mayor o menor que los beneficios económicos que traen. Debemos en un breve plazo establecer las leyes e instituciones para asegurar que este sector tenga un aporte positivo, y no negativo, para los peruanos. Hasta que esto no suceda, mejor parar la mano. Tenemos exportaciones y recursos energéticos suficientes para seguir creciendo y desarrollándonos mientras tanto.