José I. Távara
Profesor PUCP
En un notable comunicado publicado en La República el 19/07/2010, el Grupo Basadre llama la atención sobre la forma irresponsable y desordenada como se vienen explotando nuestros recursos naturales. La contaminación de diversas cuencas con relaves mineros, la exportación injustificada del gas, el debilitamiento del sistema de fiscalización ambiental en minería y energía, la falta de transparencia sobre las concesiones en la Amazonía y la concentración excesiva de las tierras de cultivo, son algunas expresiones visibles de una política que parece más orientada a la protección de intereses particulares, que al interés general de la sociedad.
Una teoría con sólido sustento empírico, conocida como “la maldición de los recursos naturales”, postula que los países ricos en estos recursos pero pobres en instituciones, están condenados al subdesarrollo. La apropiación de las rentas obtenidas por las industrias extractivas, genera mecanismos que pervierten el proceso político: las autoridades ceden a la corrupción y al clientelismo, en lugar de construir instituciones sólidas y funcionales al desarrollo humano. La consecuencia es un Estado débil y un crecimiento económico inestable, sin incentivos a la innovación. Una explicación complementaria – conocida como “la enfermedad holandesa” – sostiene que al aumentar las exportaciones en base a recursos naturales, se fortalece la moneda local y se debilita el desarrollo industrial, aún si los productores locales operan con estándares tecnológicos internacionales.
Algunos países ricos en recursos naturales han superado exitosamente estos males. Para lograrlo adoptaron políticas macroeconómicas responsables y efectivas en evitar la apreciación de su moneda local, lo que hizo posible que sus empresas eficientes puedan competir, internamente y a escala global. Gravaron con mayores impuestos a las actividades causantes de “la enfermedad holandesa”, y algunos de ellos usaron estos ingresos para constituir fondos soberanos de estabilización o compensación, los cuales permitieron amortiguar el impacto de las fluctuaciones en los precios de los commodities, asegurando al mismo tiempo una mayor equidad inter-generacional. También utilizaron las rentas generadas por la explotación de recursos no renovables, en fortalecer sus sistemas de educación e innovación tecnológica y en financiar sus políticas de desarrollo productivo.
El principal obstáculo para adoptar estas medidas en el Perú es la resistencia irracional de las empresas extractivas. Los contratos de concesión suscritos por el Estado les ofrecen condiciones excesivamente generosas, lo cual se justificó con el argumento de que era necesario compensar a los inversionistas por sus percepciones de riesgo de expropiación. Pero estas condiciones son insostenibles pues limitan el desarrollo de otras actividades productivas, generan una distribución muy desigual de las rentas, y provocan el cuestionamiento social y político de los contratos, socavando su legitimidad. Esto agudiza la percepción de riesgo, dando lugar a un círculo vicioso de depredación e inseguridad.
Por ello es urgente adoptar un régimen de explotación sostenible de nuestros recursos naturales, que ofrezca condiciones atractivas a la inversión privada, y que al mismo tiempo proteja el medio ambiente y asegure una distribución racional de las rentas generadas, por ejemplo mediante la creación de un fondo similar al utilizado en otros países. Un régimen de este tipo nos libraría de la “prosperidad falaz” denunciada por Jorge Basadre, reduciría los conflictos y elevaría la calidad de vida en nuestro país.
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