Dom, 13/03/2011 - 05:00

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Por Pedro Francke

Hemos oído multiplicidad de propuestas electorales en materia social, orientadas a presentar a los candidatos como preocupados por los pobres. Me disculparán pero siento una fuerte dosis de escepticismo frente a estas propuestas. Como dice el vals, en campaña electoral se ofrece hasta que “las corvinas nadarán fritas con su limón”.

Unos cuantos parches o algunos buenos proyectos no arreglarán los problemas de los 92 mil colegios que dan educación a 8,5 millones de alumnos, ni de los casi 9 mil establecimientos de salud que atienden, mal que bien, a 25 millones de peruanos. Lo central es hacer que los sistemas de educación y salud que atienden a millones funcionen bien. Esta tiene que ser la base de un programa de gobierno orientado a dar el salto adelante en educación, salud y seguridad social que nuestro país necesita.

Un debate entre Javier Diez Canseco y Daniel Córdova una semana atrás en el programa Prensa Libre ha sido uno de los intercambios de ideas más interesantes que he visto en esta campaña. El primero ponía énfasis en la necesidad de que el Estado disponga de más fondos para dedicarlos a la lucha contra la pobreza, cobrando mayores impuestos a mineras y financieras. El segundo insistía en que tenemos un Estado ineficiente, cuyas empresas públicas no dan un buen servicio, para lo que proponía que coticen en Bolsa. Se trata de visiones de fondo, propuestas de cambio que van a las razones más profundas de nuestros problemas, que vale la pena discutir. Uno podría resumir las grandes ideas de ese debate como Redistribución versus Eficiencia.

Con cajón

Contrasto estas ideas con el reto personal que enfrento ahora. Susana Villarán me ha  encargado dirigir SISOL, institución que administra 23 Hospitales de la Solidaridad en Lima Metropolitana, así como otros 13 centros médicos en zonas pobres de Lima a los que, tal vez por estar en los cerros más alejados, la gestión anterior les dio muy poca atención.  Dicen que una cosa es con guitarra y otra es con cajón, y ahora me toca de nuevo el cajón.

Estos hospitales son bastante eficientes y permiten prestar atenciones de salud –consultas, ecografías, procedimientos simples– en una amplia gama de especialidades a bajo costo. Por otro lado, en varias oportunidades, mujeres y hombres de barrios populares me interpelan, preguntándome por qué dicen que son establecimientos “solidarios” si la gente más pobre, la que no tiene para pagar una medicina, un examen o alguna operación, simplemente no es atendida.

La respuesta de por qué al que no paga no se le atiende es bastante simple: el SISOL no recibe ni un sol del Tesoro Público. Como de todas maneras hay que pagar a nuestros  trabajadores, los equipos médicos y los insumos que usamos, necesitamos cobrar para prestar el servicio. En cuanto al nombre, fue una decisión política de la anterior gestión municipal.

La eficacia, por cierto, también tiene sus límites en SISOL, porque se centra en atender a los que ya tienen problemas de salud, antes que prevenir las enfermedades y daños, que siempre es menos costoso y mejor para la gente. A pesar de ello, al proveer servicios de salud baratos se ha hecho posible que mucha gente tenga acceso a consultas, exámenes y curaciones.

Mantener y mejorar los servicios que dan los Hospitales de la Solidaridad ha sido por eso una de las prioridades que nos hemos puesto en esta nueva gestión. En los primeros meses hemos logrado aumentar nuestra producción en 10 por ciento respecto del año pasado, y en abril abriremos el nuevo hospital en San Juan de Lurigancho. También estamos repotenciando los centros médicos, donde se atiende la población más humilde. Buscamos elevar y asegurar la calidad de la atención.

Es claro que no es suficiente. Sin una solución al limitante económico, nuestras posibilidades de atender a los pobres son mínimas, y esa es una prioridad de la nueva gestión municipal. La alternativa que buscamos es trabajar junto al Ministerio de Salud, 

atendiendo como proveedores del Seguro Integral de Salud y también aplicando las Estrategias Sanitarias Nacionales orientadas a promoción y prevención en salud.

Pensando el país

Regresemos al debate electoral. Tener nuevos programas sociales más eficientes es bueno. Lograr que los grandes sistemas públicos de educación y salud presten con eficacia buenos servicios que lleguen a todos los peruanos sería mucho mejor. Para ello, disponer de más presupuesto es fundamental.  Eficiencia sí, redistribución también. Ambos.

Sin más recursos disponibles para el gasto social, no podremos combatir eficazmente la pobreza. Con profesores mal pagados y con servicios de salud que carecen de equipos modernos no podremos ser realmente eficaces en la inclusión social.

Tal vez la primera lección de cualquier curso de economía sea que no hay lonche gratis. Todo tiene un costo.

Tal vez la segunda lección de economía sea que la eficiencia es muy importante.

Sería bueno que los candidatos incluyeran esas dos ideas básicas en sus propuestas de gobierno en el área social, para así asegurar los derechos sociales de todos los peruanos.

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Las visitas al país del Prof. Michael Porter, gurú de la competitividad, durante los dos últimos años, parecen haber sido inútiles. Los partidos y frentes políticos Alianza por el Gran Cambio, Fuerza 2011 y Solidaridad Nacional se han olvidado o asignan un lugar marginal a esta problemática. Sólo Gana Perú y Perú Posible le atribuyen importancia al tema. Las omisiones se podrían explicar por la visión económica neoliberal de esas organizaciones políticas. En el caso de los fujimoristas se sumaría la falta de vocación por la transparencia.

La competitividad es un tema que surge en Adam Smith por su preocupación en descubrir los determinantes de la riqueza de las naciones. Esta ha evolucionado en el tiempo. Alude originalmente a la participación o presencia de los productos de una empresa, región o país en un ámbito geográfico determinado. Por ejemplo, la mayor participación de los productos peruanos en el comercio internacional. Sin embargo, los índices actuales de competitividad internacional del Foro Económico Mundial (FEM) y del IMD permiten establecer la posición o ranking de nuestros países de acuerdo a cómo una economía gestiona la totalidad de sus recursos y competencias con el fin de incrementar el bienestar de su población. Ya no se trata de una medida del comercio exterior.

Lograr los mejores estándares internacionales de competitividad implica, de acuerdo al FEM obtener una buena calificación en doce pilares: buena infraestructura, instituciones adecuadas, estabilidad macroeconómica, salud–educación primaria, educación superior-capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, sofisticación del mercado financiero, disponibilidad de la tecnología, tamaño apropiado del mercado, sofisticación de los negocios y capacidad de innovación. Para el IMD se requiere de un buen desempeño económico, elevada eficiencia del gobierno, alta eficiencia empresarial y una adecuada infraestructura básica- tecnológica-científica.

El modelo de desarrollo económico propuesto por Gana Perú incorpora el concepto de la competitividad al promover el desarrollo de la economía interna para incrementar la productividad y de esta forma fortalecer la presencia en los mercados internacionales. En el caso de Perú Posible la competitividad aparece en diversos sectores y programas. La visión de la competitividad del fujimorismo es arcaica, ya que pretende mayor acceso a los mercados con base a mano de obra barata. De ahí su propuesta para flexibilizar el mercado laboral. También creen erróneamente que la promoción de la competitividad es sinónimo de estatismo (En: la Primera, 4/3/2011, p.11).

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

El final del primer gobierno aprista fue desastroso. Muchos de nosotros recordamos como entre mediados de 1989 y julio de 1990 se ampliaron brechas y acumularon desequilibrios cambiarios, en precios y fiscales que colocaron en serios aprietos al siguiente gobierno, atándole las manos y obligándolo a que implementara una política de estabilización. El siguiente gobierno se inició con el Fujishock, aunque había otras opciones. Ahora veinte años después, nuestros gobernantes no parecen aprender la lección. Las recientes modificaciones a la política económica pueden generar una burbuja, misma que podría explotar con las nuevas autoridades más temprano que tarde.

Entre 1985 y 1990 la gestión económica tuvo diferentes etapas. Del inicio y hasta finales de 1986 fue heterodoxa para frenar las presiones inflacionarias, aprovechando los márgenes de maniobra otorgados por los niveles de las reservas internacionales y la situación fiscal. Luego en 1987, ante la presión de la balanza de pagos y fiscal, se implementó una serie de ajustes discrecionales y se intentó estatizar la banca. Entre 1988 y el primer cuatrimestre de 1989 se aplicaron diversos ajustes macroeconómicos, con el más drástico en septiembre de 1988. A partir de mayo de 1989 se trató de aprovechar los márgenes de maniobra que se habían generado con los programas de ajuste y estabilización. La fiesta se reinició, con la posterior resaca, que muchos conocimos.

Ahora a finales del 2010 se procedió a reducir los aranceles, desprotegiendo a las actividades productivas nacionales, en circunstancias en que el sol se está apreciando. Esta circunstancia debilitó los ingresos públicos. Ahora se acaba de reducir el IGV y el ITF a un costo cercano de 0.75% del PBI. Se pretendió reducir los impuestos selectivos a los combustibles y desde el MEF se envían señales para disminuir el impuesto sobre la renta. Las deudas a las refinerías crecen aceleradamente ante los mayores precios de las referencias internacionales. La burbuja se está inflando.

La ideología del gobierno aprista es diferente a la anterior, aunque sus prácticas son parecidas. La prohibición al BCRP de financiar al gobierno imposibilita una crisis como la de 1990. No hay posibilidad de alta inflación o hiperinflación. Sin embargo, la inflación importada de los commodities, los embalses en los combustibles, los ajustes de las tasas de interés y la ausencia de superávit fiscal pueden colocar en aprietos al siguiente gobierno. Las autoridades actuales deben ser responsables, dejando márgenes de maniobra al sucesor y no una política de estabilización ad-portas (En: La Primera, 11/3/2011, p.10).   

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

La magnitud de la pérdida de vidas y daños a propósito del terremoto y tsunami en el Japón crecen día a día. Los medios lamentablemente informan de cerca de 10,000 vidas humanas perdidas. Nuestra solidaridad con ellos. Los daños en la infraestructura y construcciones en general están siendo valuados preliminarmente en US$ 170,000 millones. Estas catástrofes naturales no solo nos recuerdan nuestra fragilidad en el mundo, sino que este penoso evento, conjuntamente con otros puede afectar el proceso inconcluso de recuperación de la economía mundial. Se podría generar una menor demanda global, impactos significativos en los mercados de bienes y de capitales internacionales en un horizonte de corto, mediano y largo plazo.

La destrucción de la infraestructura y construcciones inicialmente reportada asciende al 3.4% del PBI japonés. No es una cifra despreciable, pero es probable que pueda ser mayor. La economía japonesa dispondría ahora de una menor capacidad productiva. También se ha destruido el 7% de la infraestructura portuaria. En los primeros días de la semana la bolsa de valores japonesa ya acumuló una caída del 17%. Por el momento está arrastrando a todos los otros mercados de valores internacionales, ya que la pérdida en uno importante se acompaña, para minimizar pérdidas, de una posición de venta y caída de las cotizaciones en los otros.

Tres semanas de paralización completa de la producción nacional significarían menos ingresos por US$ 300,000 millones (2.1 veces el PBI anual del Perú). Menos exportaciones por US$ 52,500 millones y menores importaciones de nuestros países por US$ 41,000 millones. En el corto plazo se han reducido los precios del petróleo y de los metales por las menores compras. Sin embargo, cuando se inicie la recuperación de la infraestructura, la demanda de éstos podría ser mayor por la reconstrucción y el mayor uso de petróleo, gas natural o carbón por niveles más bajos de actividad de las plantas nucleoeléctricas. Es probable que importen menos de otros bienes.

Los recursos necesarios para la recuperación no son despreciables. Japón ya tenía un déficit fiscal proyectado del 6.9% del PBI para 2011. Es probable que los capitales originados en el superávit de la cuenta corriente ya no se exporten, ni se destinen a comprar bonos del tesoro norteamericano. El sistema financiero local y las menores exportaciones de capital podrían ser suficientes para cubrir las nuevas necesidades. Sin embargo, afectarían negativamente la liquidez global, con impactos aún inciertos en las paridades cambiarias y en los flujos de capital internacionales (En: La Primera, 18/3/2011, p.10).

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Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Los recientes problemas en las plantas nucleoeléctricas japonesas son un llamado de atención al mundo entero. Es inadmisible que se construyera la central de Fukushima con una capacidad para resistir terremotos de sólo 7.9 grados en la escala Richter, cuando el territorio japonés había sufrido recientemente sismos de la escala 9. También es un despropósito de la Presidencia de la Republica aprovechar la dramática circunstancia internacional para imponernos el también problemático programa hidroeléctrico del Brasil y de insistir en la electrificación con base a un recurso escaso como el gas natural, al declarar al Perú como país libre de la energía nucleoeléctrica por los próximos cien años.

El principio base de cualquier sistema eléctrico nacional es la diversificación de las fuentes de energía. Hay que proporcionar energía suficiente, a los menores costos, sostenible y con reducidas emisiones al ambiente. No existe una fórmula única para todos los países. Esta varía de acuerdo a la disponibilidad energética y costos. Se requiere la energía hidroeléctrica, las térmicas convencionales que utilizan petróleo residual o carbón, las plantas de ciclo combinado de gas natural, la energía geotermoeléctrica, otras energías renovables como la eólica, solar, el aprovechamiento de biomasa y los residuos. La energía nuclear no genera emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y de lluvia ácida (GLLA) como los hidrocarburos, razón por la cual no debe ser descartada.

La inversión en una planta hidroeléctrica fluctúa entre US$ 1,200- 2,000 por kilowatt (KW) de capacidad. Sin embargo, dependiendo de su dimensión, inutiliza grandes superficies de terreno para el almacenamiento de agua, implica la reubicación de poblaciones, destruye biodiversidad y posibilidades de captura de bióxido de carbono. La inversión por KW en la energía nucleoeléctrica es de alrededor de US$ 2,000 y comparte con la energía carboeléctrica – más contaminante- y la geotermoeléctrica los más reducidos costos unitarios de generación.

Los accidentes nucleares emiten radiación que destruyen la vida, aunque hay radiación en todas partes. Por el lobby de los hidrocarburos nadie lleva el conteo de los enfermos y muertos por las emisiones de GEI y GLLA. Es posible que sean superiores a los de accidentes nucleares. Hay que pedirles a nuestras autoridades que sean responsables. No desechemos la energía nuclear como opción válida para el Perú en un futuro cercano. El gas natural no es un recurso abundante y las represas orientadas a abastecer al Brasil tienen muchas aristas por evaluar y problemas por resolver (En: La Primera, 25/3/2011, p.10). 

Luis Gamero Russo

El término “bipolar” en medicina se refiere a un trastorno síquico de doble personalidad, en que coexisten extremos eufóricos y depresivos. El afectado suele oscilar entre la alegría y la tristeza de una manera mucho más marcada que las personas normales. En la fase maníaca, las personas se comportan de forma hiperactiva, desordenada, acelerada, etc. En la fase depresiva, las personas suelen entrar en un estado de ánimo de tristeza, y hasta caer en la depresión más aguda. El mayor riesgo de esta fase es el suicidio.

En eso estamos con respecto a la economía mundial, en la que conviven los países más desarrollados y altamente endeudados, y los países emergentes con bajas deudas. Por su peso relativo en la economía mundial, todavía predominan los países depresivos, pero esta relación está cambiando rápidamente. Los países hiperactivos, sobre todo del Asia y América Latina, vienen ganando una mayor participación en la producción y comercio mundiales, desplazando cada vez más a los depresivos del Norte. Además, estos países han aumentado últimamente su demanda de materias primas, contribuyendo también a la subida de precios internacionales de estos productos.

Para colmo, en estas últimas semanas se vienen dando noticias alarmantes de ciertos eventos (un alto y terco desempleo en los EE.UU., agravamiento de la crisis de deuda soberana en Europa, subida de los precios de las materias primas, revueltas en el Medio Oriente, y terremoto en el Japón), que nos conllevarían a un agravamiento de la fase depresiva de la “bipolaridad” mundial. Pero como se siguen aplicando remedios anticíclicos de compensación (Quantitative Easing 2 en los EE.UU., compras de bonos en Europa, inyección de liquidez en Japón, etc.), los cuales en conjunción con los eventos alarmantes, causan subidas de precios en ciertas materias primas. La fase depresiva, entonces, amenaza con pasar rápidamente a una fase de mucha mayor euforia o inflación. Con el grave riesgo, además, de que concurran simultáneamente ambas fases del paciente, la inflación y la recesión, en lo que comúnmente se conoce como estanflación.

Esto sería el suicidio mismo, pues salir de tremenda situación contradictoria resultaría muy difícil. Mientras tanto, los europeos siguen pateando latas y postergando lo inevitable, los norteamericanos siguen inflando su economía con la maquinita, a lo que se han unido los japoneses, el precio del petróleo amenaza con quedarse arriba, los de los alimentos también, y los emergentes eufóricos van a tener que calmarse un poco antes que les suba mucho la bilirrubina…

Jue, 10/03/2011 - 05:00

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Juan Francisco Rojas
Abogado

La difícil responsabilidad de definir un voto apremia a los peruanos. La prensa trata de hacer que los candidatos expongan sus propuestas, como una fórmula para mejorar la calidad de la elección. Nada más falso; las propuestas no ayudan, menos aún cuando los candidatos ofrecen lo que definitivamente no harán cuando tengan el poder.

Por eso, el voto debiera ser un proceso de reflexión sobre las ideas concretas de los candidatos y su idoneidad moral para cumplir lo prometido.

Es imprescindible conocer de éstos su pensamiento sobre la democracia: ¿Se renueva el Congreso por tercios? ¿Se mantiene la cámara única, amiga de las dictaduras? ¿La curul es del congresista, que puede cambiar de camiseta, o de la sociedad a quien debe revertir si dicho cambio se produce?; sobre el proceso legislativo: ¿Legisla el Parlamento o el Ejecutivo con Decretos Legislativos y Decretos de Urgencia? ¿Las leyes responden al interés de las mayorías o de los que son mejores y más poderosos gestionando sus intereses?; sobre los reguladores del mercado: ¿Se protege al consumidor o al proveedor? ¿Se privilegia la competencia o los precios abusivos en el mercado? ¿Se apuesta por la fiscalización de oficio de las promociones engañosas, mediciones falsas y facturación tramposa, o por la rentabilidad exorbitante de las empresas reguladas? Sobre las minorías: ¿Se respeta a las comunidades nativas o a las inversiones mineras? ¿Se fomentan los derechos laborales o el beneficio extraordinario del capital? ¿Se apuesta por la “competitividad” y  la innovación en vez del extractivismo y el rentismo? ¿Se pagan derechos por el conocimiento tradicional a los pueblos nativos o se pagan regalías a los grandes laboratorios que se adueñan de estos conocimientos gratuitamente? ¿Se aplica la política del “perro del hortelano” o una que apueste por el crecimiento digno y el privilegio a los intereses nacionales?

Es imprescindible conocer el talante moral de los candidatos. ¿En cuántos procesos electorales la regla ha sido “una cosa es en campaña y otra en el gobierno”? ¿Cuántas veces el elector ha sentido que el candidato una vez elegido traiciona su voto? ¿Cuántas veces se ha prometido el cambio para que nada cambie? La consistencia moral de los candidatos es clave. Se hace necesario conocer: ¿Dónde están sus intereses económicos? ¿Quiénes los apoyan y quiénes estarían felices de su triunfo electoral? ¿Cómo han adquirido sus bienes y qué intereses de sus empleadores han defendido? ¿Cuál ha sido su trayectoria anterior en el caso de haber participado en el gobierno? ¿De qué vivirán cuando dejen el poder? ¿Quién financiará su bienestar futuro? ¿En su vida pública y privada muestran consistencia con sus ideas? ¿Podrían ser maestros de nuestros hijos?

La lectura de los planes de gobierno es imprescindible para una toma de decisión informada. Sin embargo, el pueblo elegirá sobre percepciones y afectos. De esto precisamente se nutre el lamentable espectáculo de las encuestadoras y de la prensa local. Quiera la sabiduría popular identificar sus intereses y votar por las ideas y por las personas con la capacidad moral para cumplir sus ofrecimientos.

El mercado –clave en la expresión de las ideologías – requiere modernidad de verdad, no la que se construye con la desaparición del Estado.

Félix Jiménez[1]

Economista Ph. D.

Profesor Principal del PUCOP

Hay una herencia colonial que aún pesa en la cosmovisión de muchos políticos. El gusto por lo meteco, el desprecio íntimo a lo popular, la arrogancia y la endogamia cultural, el temor a lo diverso, y la práctica cortesana frente al poder del capital transnacional, son las características de los grupos políticos que defienden el modelo económico neoliberal. Ninguno de sus representantes connotados --Keiko Fujimori, PPK, Luis Castañeda y Alejandro Toledo—se compromete a cambiarlo y menos a revisar el régimen tributario minero para tener un sistema más equitativo.

El poder económico contra el bienestar social

Se dice que impedir la exportación del gas, abaratar su precio en el mercado doméstico, aplicar un impuesto a la sobreganancias mineras y generalizar el pago de regalías, son medidas que atentan contra la inversión extranjera. El hecho es que el gas se vende más caro aquí que en el extranjero y que la actividad minera tiene una serie de beneficios tributarios como la devolución anticipada del IGV e ISC y los contratos de estabilidad tributaria que le permite aplicar beneficios ya derogados.  Si tomamos en cuenta el monto que se dejó de recaudar por estos beneficios en los últimos años, la tasa implícita del impuesto a la renta se ubicaría por debajo del 30%. De otro lado, si aplicáramos el precio promedio de los años 1990-2003 para calcular el valor de las exportaciones mineras de los años 2004-2010, las sobreganancias generadas por el aumento espectacular de sus precios asciende a 52.3% del total exportado en dicho período. 

Sólo los que confunden su lealtad a un negocio con la lealtad al país, pueden sostener que la propuesta de abaratar el precio del gas o de aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras, es la receta perfecta para que no venga más inversión extranjera.   

El inicio de la guerra sucia

El repunte en las encuestas de Ollanta Humala está generando una contracampaña que sin duda se intensificará en los próximos días. Como globo de ensayo han circulado la fábula de la influencia de la coyuntura electoral en la leve alza del precio del dólar, que efectivamente se aparta de la tendencia apreciatoria de las otras monedas de la región. Ni Humala ni su plan de gobierno son responsables de lo que ocurre y ocurrirá en el mercado cambiario. Los responsables son los mismos especuladores que, junto con PPK el año 2006, intentaron crear un pánico para impedir el repunte de Humala.

Tampoco se puede decir que el impuesto a las sobreganancias es la causa de la supuesta incertidumbre. Los inversionistas extranjeros saben que este impuesto lo tuvo Estados Unidos, lo tiene Canadá y Australia, y ha sido adoptado recientemente por Chile.

La motivación es política. Hay una connivencia reverencial de la derecha económica con los especuladores nativos para impedir la Gran Transformación del país. Esperemos que el BCRP haga su trabajo.

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[1] Es también Jefe de Plan de Gobierno de GANA PERÚ y Candidato al Congreso con el No. 9

[1] Es también Jefe de Plan de Gobierno de GANA PERÚ y Candidato al Congreso con el No. 9

La seguridad alimentaria en tiempos de globalización

Por Fernando Eguren

Los campesinos y demás agricultores deben producir no solo para alimentarse a si mismos, sino también a la población urbana que, en elPerú, son las tres cuartas partes de la población.

La demanda de alimentos crece constantemente, pues la población es cada vez más numerosa y tiende a aumentar su capacidad adquisitiva. La oferta de alimentos debe también crecer ininterrumpidamente para que el país tenga asegurada su alimentación.

¿Qué pasa si la producción doméstica no alcanza? Hay tres opciones que no son necesariamente excluyentes: producir más alimentos ampliando nuevas áreas de cultivo, aumentar los rendimientos por hectárea, e importarlos.

Las nuevas tierras de cultivo más fértiles están en la costa, pero están siendo utilizadas para la exportación. En cuanto al aumento de rendimientos, casi no hay investigación y extensión técnica, sin lo cual los pequeños agricultores –que son los que producen los alimentos – difícilmente elevarán sus rendimientos. Queda la importación, opción preferida del presidente Alan García, para quien “El Perú debería cambiar su Gas Natural–convertido en forma de plástico y petroquímicos- por alimentos, y no obsesionarse en el concepto de tener una seguridad alimentaria, una idea que ya no sirve en el mundo.”

Cuanto más alimentos importamos respecto a la producción nacional, la seguridad alimentaria del país se vuelve más dependiente del mercado internacional, lo cual es cada vez más un problema crítico dada la evolución de los precios. Y ciertamente los TLC no ayudan. Desde los años 2007-2008 los precios internacionales tienden a subir. Hace poco han vuelto a elevarse los precios del trigo, el maíz y la soja. En 2010 importamos el 85% del trigo que consumimos, el 60% del maíz amarillo y el 99% del aceite de soja. Como consecuencia, los precios de la harina, el pan, los fideos, las galletas, el pollo y el aceite –todos ellos alimentos de la canasta popular- son directamente afectados. Los primeros y principales perjudicados son los pobres.

¿Qué estrategia tiene el Perú frente a esta situación? Mientras que la FAO, el FMI y el BM prevén que los precios seguirán subiendo en los años por venir, aquí la estrategia de seguridad alimentaria se limita a programas sociales orientados a los sectores más vulnerables, que cada vez serán más numerosos a medida que los precios de los alimentos suben, mientras que salarios y empleos no lo hacen a la velocidad necesaria. Es necesario replantear esa política hacia una que vincule las políticas agrarias a una estrategia de seguridadalimentaria que conduzca a una menor dependencia del exterior. ¿Qué dicen los candidatos a la Presidencia y al Congreso?

10% de PBI, ¿genuino o adulterado?

Por Farid Matuk

El día de hoy, los medios de comunicación comentan los resultados del desempeño mensual de la economía peruana. Mas allá de las cifras puntuales, el hecho recurrente es que la cifra oficial es siempre mayor a la pronosticada por distintas instancias del sector privado y público.

En circunstancias normales, lo que debiera ocurrir es que algunos pronósticos sobrestimen las cifras oficiales, mientras otros las subestimen. De este modo, en el largo plazo, los pronósticos coinciden en promedio con las cifras oficiales.

En las circunstancias anormales presentes, las instituciones que efectúan pronósticos muestran una incapacidad patente de identificar la trayectoria del desempeño mensual de la economía peruana. Esta incapacidad está explicada por no tomar en cuenta lo que se denomina “quiebre estructural” en la teoría econométrica.

La base de datos más completa y ordenada es la que el Banco Central de Reserva difunde en su página web, pero la elaboración de los datos corresponde al INEI, el cual en el año 2009 reveló que desde el 2006 había modificado la medición de más de la mitad de la producción económica del Perú.

El problema práctico es que desde 1994 hasta 2005 inclusive, el INEI tenía una metodología homogénea, que cuando se hizo pública en 2002 permitió al Ministerio de Economía y Finanzas elaborar los –ahora difuntos– Indicadores Líderes; que pronosticaban con precisión las cifras oficiales.

Pero desde 2006, el INEI modificó en sigilo la medición mensual del desempeño económico, y cuando este hecho se hizo público en 2009, no se proporcionó a la opinión pública un análisis comparado de la metodología aplicada hasta 2005 y la nueva metodología aplicada desde 2006.

Esta falta de transparencia del INEI trae como consecuencia que las instituciones que utilicen bases de datos que empiezan en 1994 estén condenadas siempre a subestimar la medición oficial, porque la modificación efectuada desde 2006 tiene como único propósito la adulteración al alza de la cifras oficiales.

Para aquellos interesados en pronosticar la medición adulterada del INEI en materia de desempeño económico, deben efectuar sus análisis con bases de datos que empiecen en 2006; y nunca incluir cifras de años previos. Otra alternativa sería que el INEI publique las series cronológicas desde 2006 hasta 2010 con ambas metodologías, y de esta manera los analistas podrán establecer el patrón de “quiebre estructural”.

Ciclo económico y política fiscal

Por Santiago Roca

No obstante que la política fiscal en el país ha sido, en general, más sana y responsable en los últimos 20 años, su manejo como elemento estabilizador de la economía, mediante políticas contracíclicas, no ha funcionado.

La premisa de la política fiscal contracíclica es “administrar las bonanzas para prevenir las crisis”, es decir, reducir el gasto público (y generar superávit fiscal) en periodos de expansión y aumentarlo (y generar déficit fiscal) en periodos de recesión. En este sentido, el sector público se contraería para evitar la sobreexpansión de la demanda doméstica y aumentaría cuando la demanda fuese insuficiente, con lo cual se busca atenuar los picos y las depresiones económicas para reducir la inestabilidad e incertidumbre entre los agentes económicos.

Esta política genera beneficios adicionales como: i) evita el sobreendeudamiento interno en la fase expansiva, tanto del sector público como del privado, lo que resulta vital para impedir las nocivas burbujas financieras; ii) reduce las presiones inflacionarias (en el ciclo expansivo) y deflacionarias (en el ciclo recesivo); iii) facilita el control y/o reestructuración del gasto público, ya que debería ser relativamente más fácil suprimir determinados ítems del gasto público cuando la situación económica de hogares y empresas es un tanto más holgada que cuando se atraviesa por un periodo recesivo; y iv) apoya la efectividad de la política monetaria del BCRP.

Sin embargo, la lógica con la que se maneja la política fiscal suele ser justamente la contraria: ¿para qué ajustar o controlar el gasto estatal si se cuenta con ingresos fiscales suficientes? En la medida que el manejo de muchas de las instituciones públicas está  “formateado” a un manejo de presupuesto: “cuántos fondos se proyecta para el año y, por ende, cuánto puedo gastar”, el gasto aumentará mientras haya mayores ingresos. Y los fondos disponibles son mayores en el ciclo expansivo de la economía debido a que los ingresos fiscales aumentan cuando crece la economía.

Para implementar estos mecanismos o movimientos compensatorios del presupuesto público es preferible manejar las variables del gasto antes que las del ingreso, dada la necesidad de mantener cierta estabilidad en el campo tributario. Una medida que ayudaría a conseguir este objetivo sería la programación del gasto público en planes multianuales, de modo que se compensen los ciclos económicos. Asimismo, es necesario manejar fondos de reservas del sector público de mediano plazo, los cuales crecerían en el periodo expansivo  y descenderían en el periodo recesivo.

Consecuentemente, la fijación del gasto público no debería estar en función de los ingresos recaudados en el año, sino de las necesidades del sector y de la sostenibilidad de los ingresos tributarios y el endeudamiento neto del sector público en el mediano y largo plazo. Esto es, los gastos deberían están en función de los ingresos tributarios de largo plazo, ajustados por el ciclo económico y sin considerar los ingresos extraordinarios como la que actualmente se observan a raíz de las altas cotizaciones de las materias primas que el país exporta.

Lamentablemente, utilizando estos indicadores se puede demostrar que en los últimos cinco años, la política fiscal en el Perú no ha sido contracíclica, lo que eleva el riesgo del sistema financiero, hace más complejo el manejo de la estabilidad de precios y complica la propia posibilidad de restructurar el gasto público y la efectividad de la política monetaria.

Impuestos y regalías mineras

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Tanto Gana Perú como Fuerza Social incorporan, en sus planes de gobierno, la elevación de los tributos a las empresas mineras y los hidrocarburos. No aparece en los documentos de los otros partidos políticos, pero el líder de Perú Posible acaba de señalar la necesidad de negociar el impuesto a las sobreganancias para financiar un sistema de salud preventivo. Asimismo, los jefes de los planes de gobierno de Solidaridad Nacional y Alianza por el Gran cambio han comentado que se debe revisar el régimen de regalías. No sabemos si se trata de un tema real o una estrategia política.

El tratamiento tributario a la minería y los hidrocarburos es diferente al del resto de los sectores productivos. Ocurre siempre en las actividades que generan rentas económicas por la extracción de materias primas. Por ejemplo, el sector petrolero en países como Noruega o México pagan más, tanto porque el dueño de los recursos en el subsuelo es la Nación, como por la alta ventaja técnica y económica al extraerlos. Otro argumento es que la extracción de materias primas reduce los activos del país. Se debe pagar en razón a que los recursos se van agotando y las posibilidades de extracción futuras serían menores. Asimismo, se pueden utilizar otras motivaciones debido a que las condiciones para promover la inversión son ahora diferentes a las de hace quince años, a las crecientes necesidades fiscales de un país subdesarrollado y a participar de las ganancias extraordinarias resultado de los mayores precios internacionales.

Subir la tasa marginal del impuesto a la renta para todas las empresas al 40 o 45% es lo más práctico. No habría diferenciación sectorial. Simplemente el que gane por encima de determinado monto pagaría más. Su desventaja es que no genera señales de mercado con relación al uso de los recursos ni a lo que ocurra con los precios internacionales. La elevación de las regalías tendría mayor sustento técnico, pero sería menos simple. Las opciones para actuar a través de las regalías pueden ser diversas.

Se puede partir de una tasa básica sobre el valor del producto entre 12.5% y 18.5%. Estas tasas son las que aplica EE.UU. a productos mineros en terrenos federales. De ahí se pueden establecer dos tasas crecientes asociadas tanto a la elevación de los precios internacionales como a los volúmenes extraídos para modular los ritmos de extracción y ampliar la vida útil de los yacimientos. Otra opción consistiría en garantizar una tasa de retorno al inversionista privado y de ahí que las regalías sean al menos equivalentes al 50% de las utilidades netas después de impuestos (En: La Primera, 25/2/2011, p.10).    

FONDOS SOBERANOS: UNA RAYA MAS AL TIGRE

Kurt Burneo

Hace un par de días el actual Ministro de Economía nos sorprende con una nueva pero a la vez poco oportuna iniciativa: Propone la constitución de un Fondo Soberano que tendría un capital de US$ 6,000 millones, fondo que se iniciaría con US$ 2,000 millones tomados de las reservas internacionales.  Esta  discutible iniciativa no es aislada, Hace pocas  semanas, con un activismo digno de mejor causa, el Poder ejecutivo redujo el IGV de 19 a 18% junto a la cuasi eliminación del del impuesto a las transacciones financieras. Sólo estas 2 medidas tienen un efecto adverso sobre la recaudación estimado en S/. 2,900 millones anuales. Para poner la cereza en el helado se ha congelado hasta abril la franja de precios para combustibles, lo que en la práctica está implicando un pasivo nuevo de 200 millones de soles mensuales (asumiendo incluso un precio del petróleo crudo de US$ 90 el barril cuando hoy ya está en US$ 101). Esta claro que todas estas iniciativas van a complicar el manejo fiscal de la siguiente administración.

¿Qué es un fondo soberano? Es una forma de inversión de recursos estatales que maneja un portafolio de inversión de activos financieros locales y externos (acciones, bonos y derivados financieros) . Los recursos que conforman estos fondos  se originan en los ingresos de divisas por exportaciones en el caso de los países en vías de desarrollo principalmente de materias primas en coyunturas de precios altos de estas.  Es claro que para los países, una decisión por adoptar es maximizar sus reservas internacionales o alternativamente detraer parte de estas en la forma de un fondo de inversión soberano, debiendo anotar que mientras las reservas se usan principalmente para fines de aplicación de la política monetaria de corto plazo, los fondos soberanos buscan maximizar el beneficio en el largo plazo,  

Pero ¿Cual podría ser la razón para –según el actual Ministro de Economía- tomar  desde un inicio casi todo el Fondo de Estabilización Fiscal (US$ 2,114 millones a febrero 2011)? Tal como lo señala explícitamente “….El fondo sería lanzado en las próximas semanas, utilizando cerca de $2,000 millones disponibles en un fondo de estabilización creado por el Gobierno hace algunos años, explicó Benavides en una conferencia de prensa en la Bolsa de Nueva York.” (Gestion 14 de
marzo 2011).

El caso es que a diferencia de las reservas internacionales (El fondo de estabilización fiscal es parte de ellas como componente de los US$ 4,308 millones de depósitos del sector  público)  en mi opinión los fondos soberanos se constituyen más  en un instrumento político, que  en una herramienta de actuación financiera como sí ocurre con las reservas, que cómo sabemos son administradas por el Banco Central de Reserva, siendo, a diferencia de los fondos soberanos, el criterio fundamental en las decisiones de composición de portafolio sobre estas, la prudencia y no la maximización de rendimiento que se asocia a la adopción de riesgo mayor.  Es evidente también, que con la propuesta, se está buscando un  marcado manejo más discrecional del Fondo de Estabilización Fiscal bajo control del MEF y no estar sujeto a las decisiones sobre las reservas adoptadas por un Directorio del Banco Central de Reserva que el Ministro no controla.

Mirando hoy la coyuntura económica internacional está se presenta muy incierta: Choques adversos de oferta como la suba de precios de commodities, alteraciones climáticas que explican en parte el encarecimiento de las materias primas, inestabilidad en el medio oriente conllevando ello a una tendencia al alza en el precio del petróleo y ahora con una economía japonesa que luego del desastre natural, previsiblemente reducirá su demanda de bonos norteamericanos y un resultante aumento de la tasa de interés de largo plazo en los EE.UU asociado a una nueva devaluación del dólar respecto al Yen, adicionalmente si EE.UU necesitara cubrir requerimientos de fondos en Japón, ello podría reducir la entrada de capitales a países emergentes como el nuestro.  Con este panorama bastante volátil de la economía internacional ¿Debemos asumir más riesgos teniendo nuestro Fondo de Estabilización Fiscal en la forma de un fondo soberano de inversión?

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Impactos económicos de la catástrofe japonesa

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Antes de la crisis en los países árabes y de la catástrofe del Japón la economía internacional seguía en problemas. Aparecían algunas señales positivas y luego otras negativas. La falta de atención a la problemática distributiva, los límites a las políticas fiscales y monetarias anticíclicas y los costos por las políticas de estabilización implementadas en algunos países generaban muchos nubarrones. Con los recientes acontecimientos de los países árabes se reforzaron los problemas del alto y creciente precio del petróleo, que frena el ligero dinamismo en algunas economías. Ahora, desde fines de la semana pasada, el terremoto y tsunami en el Japón tendrían efectos económicos significativos sobre la economía mundial en el corto, mediano y largo plazo.

Pérdida de vidas, activos y producción

La magnitud de la pérdida de vidas y daños a propósito del terremoto y tsunami en el Japón aumentan día a día. Se informa de más de 6,500 vidas humanas perdidas, aunque falta mucho para el conteo final. Los daños en la infraestructura y construcciones en general están siendo valuados preliminarmente en US$ 170,000 millones. Las compañías de seguros hablan de pagar siniestros por US$ 35,000 millones. Sobre este tema no cabe más que nuestra solidaridad con el pueblo japonés. Por otra parte, estas catástrofes naturales no solo nos recuerdan nuestra fragilidad en el mundo, sino que este trágico evento, puede afectar el proceso inconcluso de recuperación de la economía mundial.

La destrucción física reportada asciende al 3.4% del PBI japonés. No es una cifra despreciable. La economía japonesa dispondría ahora de una menor capacidad productiva tanto física como de capital humano. Se ha reducido 10% la capacidad de generación eléctrica del país y al menos 7% la infraestructura portuaria, que afectaría los flujos comerciales de exportación e importación. La menor capacidad productiva reduciría el nivel de ingresos y de demanda del Japón, impactando negativamente en la demanda mundial. Japón demandaría menos bienes y servicios de EE.UU., China, Europa y de los países latinoamericanos como el Perú.

La catástrofe japonesa no sólo ha destruido capital humano y activos fijos, sino que está generando la suspensión de los procesos productivos y por tanto la generación de ingresos y de demanda. En la zona afectada hay importante presencia industrial. Un cálculo somero es que tres semanas de paralización completa de la producción nacional significarían menos ingresos por US$ 300,000 millones (2.1 veces el PBI anual del Perú). Menos exportaciones por US$ 52,500 millones y menores importaciones de nuestros países por US$ 41,000 millones.

Transmisión internacional

La pérdida acumulada de la bolsa de valores japonesa durante los primeros tres días de esta semana fue del 11%. El primer día tuvo una caída del 10%, el segundo de 6% y el tercero un rebrote de poco menos del 6%. Se ha destruido un valor de capitalización bursátil equivalente a US$ 550,000 millones. Cifra nada despreciable que tendrá un impacto negativo sobre las decisiones de consumo privado y demanda en Japón que impactarán negativamente en la demanda mundial. La contracción arrastró a todos los otros mercados de valores internacionales, ya que la pérdida en uno importante se acompaña, para minimizar pérdidas en toda la cartera operada, de una posición de venta y caída de las cotizaciones en los otros.

La economía japonesa es importadora de petróleo, gas natural y carbón. La destrucción de la planta productiva y la menor demanda en el corto plazo está teniendo impactos sobre los precios internacionales de estos insumos, que se han reducido por las menores compras. Sin embargo, es probable, que cuando se inicie la fase de reconstrucción nacional, la demanda de éstos podría ser mayor, presionando al alza sus cotizaciones. Tendríamos entonces un panorama claramente estanflacionario, con una menor demanda para otros productos de importación que afectaría las posibilidades de exportación de bienes diferentes a los energéticos y minerales.

¿Mediano plazo?

Japón contaría con los recursos internos para financiar su proceso de reconstrucción. Ahora es poco probable que obtenga recursos financieros de otros países, a diferencia de la recuperación luego de la II Guerra Mundial en que aprovechó el Plan Marshall. Para la reconstrucción se podrían utilizar parte de los depósitos en el sistema financiero nacional y los excedentes anuales de la balanza de cuenta corriente. Estos excedentes son cerca de US$ 200,000 millones anuales que se destinaban, en gran medida, a comprar bonos del Tesoro norteamericano, al igual que los excedentes chinos y de algunos países árabes. Ahora, con este evento, se quedarían en el Japón, afectando la liquidez global, con impactos aún inciertos en las tasas de interés de largo plazo, las paridades cambiarias y en los flujos de capital internacionales.

La reconstrucción no va a ser fácil. Antes de esta catástrofe el déficit fiscal proyectado del Japón para 2011 era del 6.9% del PBI. Los márgenes de maniobra por el lado de la política fiscal y el endeudamiento público no son ilimitados. Por el lado de la política monetaria, se ha expandido la emisión en casi 14 billones de yenes (US$ 160,000 millones). Las necesidades de mayor liquidez interna evitan el surgimiento de presiones inflacionarias. Ninguno de estos comentarios considera los efectos que podrían surgir de ocurrir una hecatombe nuclear en Fukushima y/o Onagawa. En el mediano plazo aumentaría la demanda y precios de los energéticos no renovables, se afectarían negativamente las operaciones y los programas nucleoeléctricos a nivel mundial.

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Waldo Mendoza Bellido

La década de los ochenta fue la década perdida para América Latina (AL). El continente convivió con inflaciones altas y caídas dramáticas del PBI. En el Perú, en esa década, el PBI per cápita se redujo en 30 % y en 1990 estábamos igual que en 1960. La primera década de este siglo, en cambio, es la década ganada de AL, y en el caso nuestro, es justo hablar del “milagro peruano”. No todo es color de rosa, sin embargo.

En el periodo 2001-2009, según la CEPAL, el crecimiento acumulado del PBI fue de 30 por ciento. En ese periodo, el Perú creció al doble, en 60 por ciento, y en dólares corrientes el PBI de 2010 es dos veces el PBI de 2005 y 3 veces el PBI de 2000. En ese periodo, además, la pobreza bajo de 49.8 por ciento en 2001 a 34.8 por ciento en 2010. Es el “milagro peruano”.

El milagro peruano convive, sin embargo, con una alta desigualdad. El grado de desigualdad, medido por el coeficiente de Gini (corregido), alcanza 0.6, similar al que tenía la economía peruana a mediados de los setenta del siglo pasado.

¿Qué hacer?

En abstracto, le corresponde al estado buscar una mayor equidad. Para ese objetivo, debe conseguir los recursos entre los que más tienen para gastarlos entre los que menos tienen. En concreto, en la coyuntura actual, la aplicación de un régimen tributario especial para el sector de minería e hidrocarburos (SMH) y la asignación de esos recursos en las zonas pobres que no están beneficiándose con el boom del SMH, puede contribuir a reducir la desigualdad.

La medida nos acercaría al tratamiento tributario que tiene el SMH en el primer mundo. En esos países, el tratamiento tributario para el SMH es especial, discriminatorio. El carácter no renovable de los recursos del SMH y la propiedad estatal de los mismos, justifican, por si solos, la aplicación de un impuesto (o una regalía), por encima de los impuestos que pagan todos los sectores, al margen de si hay o no ganancias extraordinarias en esta industria, para reponer el capital explotado y para pagar al estado por el derecho de explotar su propiedad.

Con esta medida, el SMH puede contribuir al desarrollo económico del país, entendido como la elevación sostenida del PBI per cápita acompañado de una reducción del grado de desigualdad.