el caso del transporte de pasajeros y carga
Juan Francisco Rojas
La idea de eliminar la regulación estatal o suprimir la intervención del Estado en la autorización de actividades económicas tuvo su realización soñada en el transporte nacional. Se expresó con mayor fuerza en el transporte interprovincial de pasajeros y de carga, dejando de lado autorizaciones, señalamientos y regulaciones de rutas, control de condiciones técnicas, evaluaciones periódicas y, por supuesto, tarifas y subsidios.
El mercado libre hizo lo suyo: las empresas tuvieron que competir con buses y camiones usados de ínfima calidad, contaminantes en exceso y sin mínimas condiciones de seguridad. Los buses camión se convirtieron en la alternativa para el transporte a la muerte de los peruanos pobres. Los camiones de segundo uso, en el terror de las carreteras. Los chóferes – factor clave de seguridad – pasaron a ser “esclavos” del volante, sin remuneraciones dignas y estables y con el peligroso incentivo de “a mayor número de pasajeros o recorrido, mayor pago.”
La informalidad se ha adueñado de nuestras carreteras y con ello la muerte es noticia diaria en el reporte de las rutas. La informalidad también asegura la competencia desleal y con ello, aniquilar a cualquier empresario serio. Es mucho más barato incumplir todas las normas.
¿Qué hacer para cambiar esta realidad? ¿Qué hacer para que el mercado funcione? ¿Dónde está el Ministro del Transporte para liderar el Sector?
La inercia es la peor enemiga. También lo es la falta de orientación política. El Ministro Cornejo y los empresarios han venido trabajando en la construcción de un nuevo marco legal para la actividad del transporte desde hace dos años. Parte de ese esfuerzo fue la creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre (SUTRAN). Sin embargo, gracias a la oposición de los fundamentalistas del mercado, nació débil, sin convicción y sin norte. El que hasta ahora no opere evidencia falta de compromiso político con la regulación en la actividad.
El ministro debiera priorizar este organismo y convertirlo en la única autoridad de regulación y fiscalización del transporte, eliminando la existente superposición de funciones.
En otro aspecto, se discute sobre la devolución del ISC, instrumento ideado por los propios transportistas (ESAN – S. Roca) para combatir la informalidad. El transportista que acceda a este beneficio tiene previamente que cumplir todas las normas: tributos, empleados, seguridad, chóferes, protección al consumidor. Como es obvio, el informal no puede competir cuando la acción ordenadora del mercado, es promovida y ejecutada por el Estado.
El impuesto selectivo al consumo (ISC) es antitécnico para una actividad productiva. No se puede equiparar al consumo de bienes suntuarios con el servicio productivo del transporte de pasajeros y de carga. Resulta lamentable que dicha forma de recaudación se haya convertido en la regla y que cualquier pedido de devolución del ISC sea visto como un privilegio inmerecido, cuando en realidad es una forma de poner orden.
Los mercados perfectos no existen. Siempre es necesaria la intervención sensata del Estado que asegure las condiciones de bienestar en la actividad y la verdadera eficiencia.
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