Por Francisco Durand
Profesor de la Universidad de Texas, San Antonio, EEUU.
Profesor de la Universidad de Texas, San Antonio, EEUU.
El gran paro amazónico de mayo y junio del 2009 ha generado una crisis en las alturas, revelando no solo problemas de corto plazo, sino, lo que es más grave todavía, varios de mediano plazo.
Para empezar, ha renacido el “factor García”, el sino de un presidente perseguido por la fatalidad que deviene de su caudillismo insensato. Hay, sin embargo, algo más. El 2009 también es un quiebre para la doctrina económica neoliberal, que está perdiendo piso aceleradamente, hecho que se combina con un debilitamiento de las instituciones. Todo en un momento que la calle manda.
URGE CAMBIO DE MODELO
Lo que viene, por tanto, es la necesidad y la posibilidad para la izquierda de buscar un cambio de presidente y al mismo tiempo de modelo, posibilidad que puede ocurrir antes de las elecciones (vacancia), o en ellas (adelantadas, o de acuerdo al cronograma), si la crisis se agudiza.
La derecha, por su parte, debe escoger entre defender a García o distanciarse, además de ir buscando cómo manejar las elecciones del 2001 antes de que sea demasiado tarde. Ya no basta el acceso privilegiado a palacio, el silencio mediático, el ladrido de los perros guardianes y los spots geniales de sus numerosos consultores de imagen. Necesitan estrategas y eso no se compra.
Bien visto el panorama, estamos frente a la segunda gran crisis del Estado neoliberal inaugurado en 1990. La primera ocurrió a la caída del tandem Fujimori-Montesinos en el 2000. La solución, no obstante, estaba a la vista. Había que democratizar y “reinstitucionalizar al país”, escuchar a los pobres, combatir las mafias, e ir hacia un equilibrio de poderes, trabajo iniciado por Valentín Paniagua. Pero el presidente que le siguió señaló un rumbo menos promisorio. Toledo creía que el Perú debía ir hacia un “Fujimorismo sin Fujimori”, manteniendo la doctrina y rotando pilotos, sin hacer ninguna reforma sustancial del Estado y permitiendo al mismo tiempo que los grandes empresarios fueran el socio privilegiado del gobierno. Dejó sin embargo operar a varios aliados de centro e izquierda.
Su sucesor, García, ha continuado debilitando aún más la poca institucionalidad que nos queda, revirtiendo los procesos iniciados por Paniagua, y polarizando al país. Parte del problema es su afán de concentrar el poder, lo que debilita las instituciones, pero también el hecho que hizo una mala política de alianzas. A pesar de que García estuvo más necesitado que ninguno del apoyo empresarial, y los votos de la derecha para ganarle a Ollanta Humala el 2006, se le fue la mano. En lugar de negociar y mantenerse en el centro, se fue a la derecha con todo.
EL SECUESTRO DE GARCÍA
Como bien lo dijera su rival Lourdes Flores, se había constituido “el gobierno de los ricos”, el del óbolo minero, el preferido de los lobbies. García fue literalmente secuestrado por los empresarios y él por su cuenta ha desarrollado un síndrome de Estocolmo: los recibe en Palacio, les escribe cartas, promueve sus inversiones personalmente, defiende sus intereses a rajatabla, y se asesora por ellos todos los meses.
Esta actitud le ha hecho perder el equilibrio a él y al APRA, pues el costo consiste en que ni habla, ni recibe, ni visita, ni escucha, al pueblo, sobre todo al que cuestiona la inversión, tristemente calificado como “perro del hortelano” y “ciudadano de segunda categoría”.
Pues bien, es la política del perro del hortelano la que ha muerto con el Baguazo, conflicto que revela las limitaciones del presidente hasta hace poco considerado tan fuerte que podría reelegirse y postular de nuevo. Sueños desvanecidos. En la crisis del 2009, el piloto político que ponía la economía en automático ha cometido dos graves errores de conducción, el mal manejo del Canal 5 y el peor manejo del paro amazónico.
EL MAL GOBIERNO SE PAGA
El mal gobierno tiene consecuencias pues contribuye a un problema de fondo al acentuar una pérdida de legitimidad del sistema económico mismo, tanto de la doctrina como del agente económico que más gana con ella, las corporaciones. Ni los programas de responsabilidad social, ni las adhesiones al Pacto Global de la ONU ni una mayor filantropía de las fundaciones resuelve el problema de un empeoramiento de la reputación empresarial. Son instrumentos que han llegado a un límite. En paralelo, más peruanos demandan un cambio parcial o uno total de doctrina económica. La reciente encuesta de la Universidad Católica –institución amenazada por el Opus Dei, que prepara una toma contando con el apoyo de un Poder Judicial influido por una presidencia amiga– indica que menos de un 30% no desea cambios de política económica. Estas tendencias pueden acentuarse en los siguientes meses.
El factor principal son las oleadas de movilizaciones que sacuden al país, pero existen otros dos factores latentes o poco manifiestos. Uno, mayores escándalos de corrupción gubernamental en la medida en que se van endureciendo los anillos cleptocráticos en varios ministerios que hacen obras y manejan o adquieren bienes públicos. Dos, el hecho de que la crisis económica internacional sigue irresuelta a pesar de los megaestímulos fiscales. En el Perú ni el sector privado ni el Estado, menos los gobiernos regionales, están demostrando un buen y rápido uso del mecanismo de estimulación de demanda. Tampoco EEUU tiene “capacidad de gasto”, como lo demuestran recientes informes.
Mientras tanto, los poderes fácticos están fuertemente necesitados de un solo buen candidato para el 2001 que les asegure el continuismo económico. El problema aquí es que la derecha va dividida y no va a ser fácil manejar las ambiciones de tanto candidato conservador (Toledo, Keiko Fujimori, Castañeda, Merino, Kuczynski y varios otros) para hacer un manejo más ordenado de la puja electoral. Su problema es que con una derecha dividida aumentan las posibilidades de que Ollanta Humala llegue a la segunda vuelta.
¿Podrán los dueños del país resolver la crisis en las alturas?
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