La muerte de dos conciudadanos con la
violenta represión de la protesta social en Espinar efectuada por el actual
gobierno, y su decisión concertada con el poder judicial para juzgar fuera de
su jurisdicción al alcalde Óscar Mollohuanca, constituyen una grave violación a
los derechos humanos y al Estado de Derecho. Decidir que los supuestos delitos
cometidos durante la protesta social en Cajamarca y Espinar sean tratados en
los juzgados de Chiclayo e Ica, respectivamente, es
anticonstitucional. El inciso 3 del artículo 139° de la Constitución vigente
señala como parte del principio de observancia del debido proceso que «Ninguna
persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni
sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas
al efecto, cualquiera sea su denominación».
La concepción del «orden y autoridad» de Ollanta Humala
Humala sabe que uno de los objetivos de La Gran Transformación
es practicar la democracia garantizando la separación de
poderes y la vigencia plena de los derechos civiles, sociales, políticos y
humanos; restituyéndole a la política el carácter de instrumento de la
justicia; e instituyendo la evaluación y control constitucional de los
gobernantes. Si propusimos el cambio de la Constitución, fue precisamente para
profundizar la democracia y transformar el Estado para hacerlo más
descentralizado y promotor del
desarrollo y de los derechos sociales universales. Pero, Humala ahora está siguiendo la ruta del
autoritarismo, de los que siempre sacrificaron la libertad y los derechos
ciudadanos en el altar del orden y la autoridad.
La descalificación de la legítima
protesta y su violenta represión es contraria al nacionalismo que vertebra la propuesta de La Gran Transformación. El nacionalismo fue concebido como una
alternativa democrática a la gestión excluyente y autoritaria de los gobiernos
neoliberales. Nos propusimos construir un Estado Nación que constituya el
espacio de vigencia de la democracia y los derechos ciudadanos. Por eso,
transformar el país no podía implicar sacrificar la libertad y los derechos
humanos y ciudadanos.
El actual gobierno que dice seguir La Gran Transformación está confundiendo la naturaleza del Estado de
Derecho, con la consecución del orden y el supuesto respeto a la autoridad,
usando la ley. La autoridad, sobre todo la autoridad pública, se logra con una
conducta ajustada a la ética y al derecho, no con la represión policiaca. Por
eso, no hay ejercicio democrático con el monólogo ni con la imposición. La
democracia tiene sentido cuando muchos, individuos y grupos, tienen algo que
decir en las decisiones que toman los gobernantes. Esto implica abandonar la
vieja y retrógrada costumbre de mirar por encima del hombro a los llamados
gobernados; y para que esto ocurra, la ley y las instituciones deben limitar a
los gobernantes.
No hay que olvidar que cuando un
gobernante concentra mucho poder, se mina los fundamentos de la democracia y
del pluralismo; se renuncia a las instituciones inclusivas y se opta por el
extractivismo. Las instituciones inclusivas se basan en restricciones al
ejercicio del poder y en una distribución plural del poder político en la
sociedad. La habilidad de un grupo de imponer su voluntad a los otros sin
restricciones, amenaza al propio Estado de Derecho.
No hay crecimiento ni desarrollo con autoritarismo y sin
democracia
Humala
debe saber que el crecimiento económico sostenido requiere que los gobernantes respeten
los derechos ciudadanos y fortalezcan la democracia. La práctica de la democracia
dota de credibilidad a los gobernantes.
Hay estudios que muestran que el Estado actúa buscando su propio
interés, a menos que las instituciones democráticas lo obliguen a actuar en pos
del bien común. Desde esta perspectiva, los dictadores son una fuente de
ineficiencia y, por lo tanto, la dictadura no está asociada a un crecimiento
más acelerado.
La
democracia tiene un mejor desempeño –dice Dani Rodrik-- en varias dimensiones:
produce menos incertidumbre y volatilidad (con respecto a las tasas de
crecimiento futuras y a las fluctuaciones macroeconómicas), presenta un mejor
manejo de los shocks y produce resultados distributivos que son más deseables.
Por un lado, en democracia, las políticas económicas están restringidas por las
preferencias del votante mediano, por lo tanto, la probabilidad de que se
produzcan resultados extremos es baja. Por otro lado, las formas
institucionalizadas de participación política permiten una mayor capacidad de
expresión reduciéndose la necesidad del conflicto social. Tercero, en
democracia resulta más difícil excluir a los rivales políticos de los
beneficios económicos, reduciéndose los incentivos a la no cooperación. Además,
la democracia mejora la distribución del ingreso desde los beneficios hacia los
salarios, mientras que los regímenes autoritarios transfieren ingreso desde los
trabajadores hacia los empleadores.
A modo de conclusión
Es
importante que Humala sepa que los regímenes democráticos favorecen el proceso
de participación política, de competencia y fiscalización por parte de la
ciudadanía, e incrementan el poder de
negociación de los trabajadores y de los que menos tienen. Pero también es
importante que sepa que no puede haber crecimiento,
ni desarrollo, con represión y ausencia de libertad. El progreso no se puede
fundar en la esclavitud o la servidumbre.
Publicado en el diario La Primera, el sábado 9 de junio.
