Pedro Francke
Más vale tarde que nunca. Parece que el gobierno se prepara a hacer frente a la crisis internacional que golpea nuestra economía. Felizmente, el Presidente García da muestras de estar recapacitando, deja de repetir el mantra de “tengan fe que estamos blindados” y anuncia un discurso con medidas anti-crisis. Ahora que los despedidos ya suman miles, más y mejor gasto social debe ser una de las acciones prioritarias.
Primero lo primero
Vale la pena insistir en que la política económica debe tener como objetivo mejorar la vida de la gente. Si en los últimos años de crecimiento económico la educación y la salud no han mejorado y los niños, los ancianos y las personas con discapacidad han estado desatendidos, por lo menos deben ser protegidos durante la crisis. Si muchas familias pobres no se beneficiaron durante los años de “vacas gordas”, pues que no sufran ahora las consecuencias en los tiempos de “vacas flacas”. Si ya la economía, por los ciclos provocados por el mercado, dejará a cientos de miles sin empleo y reducirá los magros precios que los campesinos reciben por sus productos, pues que tengan un alivio con mejor educación, salud y programas sociales.
Las ventajas reactivadoras del gasto social
Pero en una situación de crisis, aumentar el gasto social tiene también una lógica macroeconómica. Es claro que cualquier paquete anti-crisis tiene que aumentar el gasto público. Así lo están haciendo Estados Unidos, Europa, China y muchos otros países. Sólo así se podrá compensar la caída en la demanda agregada, que se está produciendo por las menores compras de nuestras productos en el exterior y por la disminución y el encarecimiento del crédito.
El gasto social es un tipo de gasto público que tiene algunas ventajas en el impulso a la demanda agregada. Pensemos en pagar mejores salarios a los maestros y profesionales de la salud, construir y refaccionar colegios y centros de salud, y otorgar pensiones a los más pobres que están desamparados en su vejez, por mencionar algunas opciones. La ventaja más importante de estos gastos es que los pobres no compran carros importados o se llevan sus ganancias al exterior, sino que compran alimentos y ropa, aumentando así la demanda para los agricultores e industriales nacionales. De esta manera, ayudan a las empresas y al empleo nacional, y no drenan unas reservas internacionales que hoy debemos cuidar al máximo.
El gasto social también tiene la ventaja de que puede aumentarse con rapidez, de un mes a otro. Incluso programas que den empleo temporal construyendo pequeñas irrigaciones o rehabilitando caminos rurales pueden establecerse en pocos meses, lo que no sucede con las grandes obras de infraestructura. Estas son muy necesarias, pero recordemos lo que pasó con el llamado “shock de inversiones” con el que se estrenó la política económica del actual gobierno: 18 meses después todavía no terminaba de despegar. Y en tiempos de crisis, sólo unas semanas de retraso pueden tener graves consecuencias.
La crisis como oportunidad
Algunas de las mayores innovaciones en política social se han dado en coyunturas de crisis. En los Estados Unidos, el New Deal keynesiano de Roosevelt y el seguro de desempleo; en el Perú, los comedores populares y el vaso de leche, son algunos de los programas creados durante las crisis.
La crisis puede ser la oportunidad para que el estado peruano empiece a atender algunos sectores sociales hasta hoy desatendidos, universalice la cobertura de algunos programas existentes o establezca nuevos programas sociales. El establecer pensiones asistenciales a quienes en la vejez no tienen apoyo económico, ampliar el programa “Juntos” o los Wawawasis, institucionalizar con una remuneración a las promotoras de salud comunitarias, son algunas opciones.
La crisis posiblemente golpee en mayor medida a algunas ciudades de la costa, que han crecido fuertemente en los últimos años en base a la agroexportación y la construcción. Un monitoreo continuo de las condiciones sociales en el país y una respuesta rápida con programas de empleo temporal en pequeñas obras de infraestructura, debería establecerse como un sistema permanente ante emergencias sociales.
Más y mejor gasto
La crisis demanda un aumento del gasto público, pero hay que insistir en mejorar la calidad de este gasto. El mayor gasto social debe orientarse a mejorar la eficiencia y la eficacia. Más gasto sobretodo donde más se necesita, en las zonas rurales más pobres y en las zonas urbanas donde haya mayor pérdida de empleos. Gasto orientado a resolver los problemas críticos de la educación y la salud, contratando personal con bonificaciones especiales para comunidades rurales. Presupuesto para un aseguramiento universal efectivo en salud. Gasto para programas que aprovechen y potencien la red social de los comedores populares, vaso de leche y organizaciones comunitarias.
Keynes redistributivo
Ante la crisis, ha ganado un amplio consenso la necesidad de aplicar una política keynesiana de estímulo a la demanda. Todos recordamos que hablar de políticas keynesianas, que implican una masiva intervención estatal en la economía para atenuar los ciclos del capitalismo, era hasta hace pocos años una mala palabra para los neoliberales. Al extremar su ideología de “libre mercado”, insistían en que nada que hiciera el estado en la economía puede ser bueno.
Felizmente, han aprendido. Entre la recesión provocada por la inacción del BCR en 1999, la terca insistencia de algunos profesores universitarios keynesianos y lo que hoy hacen Estados Unidos, Europa y China ante la crisis, han cambiado de opinión. Hasta la Confiep hoy clama por una rápida y masiva intervención del estado para mantener a flote una economía que, si la dejamos al “libre mercado”, se va en picada. Que agradable sorpresa.
Pero el ver a unos cuantos concentrar los beneficios económicos del crecimiento, sin que se beneficie la mayoría, ya ha causado fuertes tensiones en la sociedad peruana. Que ahora, por la crisis, empeoren las condiciones de estas mayorías, puede resultar insoportable. Un programa reactivador es necesario, pero éste no puede consistir en que se destinen los recursos fiscales principalmente a grandes empresas constructoras asegurándoles altos beneficios, con el pretexto de las “Alianzas Público-Privadas”. Aunque siempre algo es mejor que nada, una respuesta de este tipo será poco efectiva en lo social y en lo económico.
El énfasis de un programa anti-crisis tiene que estar en mayor gasto social para mejorar la educación y la salud y proteger a los más vulnerables.
Publicar un comentario