Germán Alarco Tosoni¹

Investigador Principal, CENTRUM Católica

Los precios de los energéticos son fundamentales en la medida que establecen, al igual que con cualquier bien o servicio, las señales de mercado para que los diferentes agentes productores, consumidores intermedios y finales evalúen y ejecuten decisiones. A través de estas señales los productores deciden invertir en la exploración y explotación de petróleo crudo o gas natural; si es conveniente refinar este crudo para producir petrolíferos como la gasolina, el diesel, el GLP u otros. Las generadoras de energía eléctrica deciden con estas señales si utilizan gas natural, diesel o se orientan a producir con otras fuentes como la hidroenergía, energía eólica, energía geotérmica, energía solar, energía nuclear, biocombustibles, energía maremotriz o aprovechan residuos industriales (aceites y grasas, llantas), entre otras.

Estas señales se producen en los mercados donde actúan pocos o numerosos ofertantes y demandantes que actúan con criterios de maximización, que pueden coludirse e imponer barreras a la entrada y donde en todo momento se tienen en cuenta las referencias de precios para los mismos productos u otros homogéneos a nivel internacional. De raíz estos mercados energéticos están intervenidos por la presencia del Estado y prácticas que para algunos son “no competitivas”, mientras que para otros se trata de actividades usuales que se dan en todos los mercados. EE.UU. otorga muchas facilidades o “subsidios” para la generación eléctrica a partir de aprovechar la energía nuclear. Arabia Saudita, Rusia y Venezuela aprovechan la amplia disponibilidad de gas natural para contar con precios internos por debajo del mercado internacional, que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de su población e incentivan el desarrollo de la industria petroquímica. La presencia y actuación de la OPEP es parte de esta realidad global donde hay intereses que muchas veces se contraponen y otras veces se complementan.

No se debe pontificar el rol de la iniciativa privada y de la “libertad” en los mercados del sector energético. En la Francia de hoy en día toda la generación eléctrica se realiza a través de una empresa pública (EDF) que participa en los mercados internacionales como una empresa privada cualquiera y alrededor del 70% de su generación es a partir de la energía nuclear. Los temores que para algunos suscita la generación nuclear se mitigan con precios al consumidor más reducidos en las localidades cercanas a estas plantas. La totalidad de la producción de hidrocarburos en México está a cargo de Pemex, una empresa pública, y sería muy discutible compartir parte de su excedente neto de US$ 70,000 millones anuales (con precios de US$ 90-100 por barril) con otras empresas privadas internacionales. De otra parte, la planeación de la oferta y demanda de energía es una realidad común a nivel internacional, a excepción del Perú. Al respecto, se sugiere revisar la información publicada por la Agencia Internacional de Energía, el Departamento de Energía de los EE.UU., o la Secretaría de Energía de México, entre muchas otras donde se planifica con horizontes entre 10 y 25 años hacia adelante.

El sector energético es complejo. No existen fórmulas simples y comunes aplicables a todos los países. No existe tal mano invisible y por el contrario esta es muchas veces más visible de lo que debiera para atender intereses de utilidades extraordinarias muy particulares. Dentro de las reglas que nos imponen y aceptamos para el sector energético está la ley de un sólo precio, que consiste en plantear que los precios internos deben establecerse de acuerdo a las referencias internacionales ajustadas por el movimiento de la paridad cambiaria y los costos de transporte por la nacionalización de dichos precios a nuestro país.

Origen de la ley de un sólo precio

No negamos que esta política aplicada y pregonada por muchos tiene fundamento económico. El Fondo Monetario Internacional (FMI) la incorporó en nuestros países a través de los programas de ajuste para reducir la demanda agregada, aumentar la oferta tanto a través de mejorar el uso eficiente de los recursos como incrementar la capacidad instalada y mejorar la competitividad internacional. El FMI propone la eliminación de los “subsidios” aplicados a los precios de los energéticos. Sin embargo, no tiene una recomendación única, ya que esta puede ir desde cubrir los costos marginales de largo plazo y evitar subsidios cruzados, hasta proponer llegar a un nivel cercano o equivalente a la paridad de la importación, tomando en cuenta los costos de distribución. Para el FMI mantener los precios domésticos por debajo de los niveles internacionales resulta en un subsidio al consumo doméstico. Esta política sería para ellos ineficiente y poco equitativa, implicando costos de oportunidad (ingresos dejados de percibir). Asimismo, el traspaso completo y automático de las modificaciones en los precios internacionales a los domésticos es para ellos una solución óptima en una economía de mercado competitiva, estableciendo señales de mercado que no exponen a las finanzas públicas ante la volatilidad de los precios de los hidrocarburos.

El fundamento teórico de ajustar periódicamente los precios de los energéticos de acuerdo a las referencias internacionales y el tipo de cambio se establece cuando el comercio es libre y no tiene costos, los bienes idénticos, independientemente del lugar, deberían ser vendidos a un mismo precio. Al respecto, Krugman y Obstfeld (1999) señalan diversos elementos que limitan o condicionan la aplicación de este principio, iniciando con la problemática de los costos de transporte y las restricciones al comercio que encarecen el desplazamiento de los productos entre diferentes mercados. El caso extremo sería el de los bienes no comerciables, generalmente del sector servicios y de la vivienda, determinados exclusivamente por las curvas de oferta y demanda locales.

Algunos comentarios críticos

Un segundo conjunto de casos se refiere a la presencia de mercados con competencia imperfecta, de prácticas monopolísticas u oligopólicas que debilitan la relación que existe entre los precios de productos similares que son vendidos en diferentes países. El caso extremo ocurre cuando una empresa vende un producto a diferentes precios en diferentes mercados en razón a la combinación de una diferenciación de productos y de mercados segmentados.

Si bien el producto puede ser homogéneo a nivel internacional sus condiciones de oferta no tienen porque serlo. El bien en cuestión puede ser más o menos abundante, su localización puede implicar costos más altos o más bajos, los componentes de los costos de extracción y de procesamiento pueden ser diferentes, las tecnologías para la producción heterogéneas y sus posibilidades de crecimiento mayores o menores dependiendo del grado de utilización de la capacidad instalada y la capacidad de crecimiento de la producción en el mediano y largo plazos, afectando las niveles y tendencia de la función de oferta agregada.

Asimismo, no debemos olvidar que la demanda por un bien particular en cada país o territorio es diferente, no sólo como resultado de los gustos y preferencias locales, sino principalmente del nivel de ingreso de sus habitantes, los precios de los productos sustitutos y complementarios que podrían obligar a que el ofertante diseñe e implante una política particular de precios que promueva que dichos bienes sean absorbidos por el mercado local. En el caso de los energéticos, los precios de éstos en los EE.UU. están asociados a las condiciones de la oferta y las posibilidades de adquisición por parte de la población de dicho país y desvinculados de las realidades de otros países en especial los Latinoamericanos donde el nivel de ingresos per cápita es cuando mucho la cuarta parte del norteamericano.

Un tema de gran importancia para el caso de la demanda de los productos energéticos en América del Norte respecto de los países sudamericanos es su marcada variación estacional en el verano y en el invierno, que genera precios más elevados en sus mercados internos que se trasladarían a nuestros países. En el extremo de la paradoja, la industria petroquímica en nuestros países pagaría, de aplicar la ley de un sólo precio, este insumo y combustible a precios de América del Norte a pesar que su demanda no se incrementa y omitiendo que éste gas natural se produce bajo condiciones climatológicas que no generan efecto alguno sobre dicha oferta.

En cualquier libro de microeconomía convencional se puede observar que la agregación de mercados no se realiza a través de asumir el comportamiento de tomador de precios. Esta agregación implicaría determinar las funciones de oferta y de demanda para cada uno de los productos de la industria petrolera, del gas natural y electricidad de los países analizados. El precio y la cantidad de equilibrio sería el resultado de la intercepción de las dos funciones para cada producto y servicio, que a su vez resultarían de la suma de las cantidades ofertadas y demandadas en cada país para cada nivel de precios. Las funciones de demanda integradas tienen diferentes elasticidades a las de cada país considerado en forma independiente.

Sólo como ejemplo, la integración del mercado energético canadiense al de los EE.UU. generó una oferta más elástica (hasta de pendiente negativa) en los casos del gas natural y la electricidad, que en la práctica condujo a la reducción de sus precios en el mediano y largo plazos. Lo anterior, tanto por la mayor dotación de recursos y menores costos de producción, como la mayor participación de la energía hidroeléctrica (con menores costos variables) en la canasta de producción de electricidad. El mantener la ley de un sólo precio paradójicamente neutraliza las ventajas de la integración de los mercados, podría validar prácticas no competitivas y por tanto distorsiones en los mercados.

La aplicación de la ley de un sólo precio se asocia poco con el comportamiento de las firmas en mercados competitivos. Asimismo, no tiene correspondencia con las prácticas de las denominadas empresas de clase mundial que no sólo tienen que ser rentables, sino que deben preocuparse por menores costos y precios, de la calidad, la relación permanente con los consumidores, la flexibilidad en sus procesos y productos, la modernización de los procesos de producción, la oportunidad en la entrega de sus bienes y servicios, del involucramiento de sus trabajadores en los procesos de toma de decisiones (empowerment), el desarrollo de productos, la mejora tecnológica, la mayor responsabilidad ambiental, en la seguridad de sus trabajadores y la sociedad en general.

Industry Week determina anualmente cuales son las mejores plantas industriales en los EE UU. La relación de indicadores utilizados es numerosa y comprende las áreas mencionadas anteriormente. No sólo se trata que reduzcan los costos de producción, sino que las empresas con mejores prácticas deben reducir los precios a sus usuarios. Se preguntan que ha ocurrido con el precio del producto típico y el 76% de las empresas en los últimos seis años señalan que los han reducido entre una media y mediana del 4 al 9%, lo que en la práctica significa contribuir a aumentar el excedente del consumidor.

Reflexiones finales

La aplicación de la ley de un sólo precio tiene su origen en los tradicionales programas de ajuste y cuenta con fundamento económico. Sin embargo, desaprovecha las ventajas competitivas del país asociadas a su dotación de recursos, no refleja cabalmente la integración de los mercados al neutralizar las sinergias que se producirían al momento en que ésta se pueda convertir en realidad y podría validar situaciones de competencia imperfecta.

El abandono de este principio no es una cuestión sencilla. Su presencia tradicionalmente reduce el bienestar de los consumidores y genera costos en términos de un menor nivel de actividad económica (por su impacto en los precios que reducen el ingreso real de la población), pero es útil para mejorar el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos y de las finanzas públicas si previamente hay “subsidios”.

El aprovechar nuestras ventajas requiere en primer lugar que nuestras reservas de hidrocarburos se certifiquen a nivel internacional. De esta forma se podrá definir si existen o no márgenes de maniobra para actuar en consecuencia. Es fundamental incorporar el instrumento de la planeación (con acciones de concertación) en el sector energético, analizar cuidadosamente las proyecciones - perspectivas internacionales y regionales, evaluar escenarios de modificar la estructura de precios relativos en modelos de equilibrio general. Diseñar y aplicar un portafolio de metodologías y herramientas que permitan promover el desarrollo del aparato productivo en una perspectiva de mediano y largo plazos. Corea del Sur y muchos otros países asiáticos, de acuerdo a A. Amsdem, son ejemplos de como las políticas mal denominadas de “precios equivocados” pueden conducir, si se aplican con riguroso análisis y consistencia, a un mayor nivel de desarrollo. 12-9-2008.

1 Se agradecen los valiosos comentarios de Patricia del Hierro, aunque toda la responsabilidad del texto final me corresponde. galarco@pucp.edu.pe

Pedro Francke

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John Maynard Keynes decía que eran los “espíritus animales” de los inversionistas, que reaccionan a veces con euforia y a veces con pesimismo, los causantes de los ciclos económicos y las recesiones. Hoy, que Keynes ha regresado con tanta fuerza, debemos enfrentar otros espíritus animales.

El espíritu de Alan García frente a la crisis internacional es como el que simboliza el avestruz: metemos la cabeza bajo tierra y ya no hay crisis. Hará grandes discursos, pero como el avestruz se rehúsa a reconocer la realidad e insiste en que se trata de una “crisis de crecimiento”. Es también una avestruz agresiva: como no le gusta la realidad, amenaza a los mensajeros que traen las malas noticias con expulsarlos en una balsa. García insiste en que la mejor respuesta ante la crisis es cerrar los ojos, negar la realidad y gritar fuerte que tenemos fe como quien sigue a un carismático orador evangelista (él), y así atraeremos capitales, seremos felices y comeremos perdices.

Pero lo cierto es que los pronósticos son cada vez peores. No cabe duda que esta crisis es una de las más graves en un siglo. La recesión ya está oficialmente declarada en Estados Unidos, Europa y Japón, mientras cientos de miles pierden su empleo. El crecimiento de EEUU para el próximo año se estima en -1%. Rescatar al Citibank costó 45 mil millones de dólares más el respaldo a créditos dudosos por otros 200 mil millones. Ford, GM y Chrysler no sobreviven sin otros 30 mil millones. En el Perú ya los bancos y empresas de consultoría empresarial, siempre optimistas, han bajado sus pronósticos de crecimiento para el 2009 en 3 puntos porcentuales, y dicen que puede ser peor. No se puede seguir como el avestruz.

El ministro Valdivieso conoce el riesgo de la crisis; lo dijo públicamente antes de la agudización de la crisis internacional en setiembre pasado. No es como el avestruz. Pero como ex - funcionario del FMI, se comporta como ha hecho por décadas y aplica la misma receta que siempre recomienda el FMI: recorte del gasto público. Pero cuando la economía entra en recesión, reducir el gasto público disminuye aún más la demanda, agravando la crisis. Tiene el espíritu simbólico de los lemmings: se dice – no es verdad pero quedémonos con la imagen – que estos animalitos, parecidos a los cuyes, cada cierto tiempo se suicidan en masa. Por miles se dirigen hacia el mar y se meten en él, muriendo ahogados.

KEYNES DE REGRESO….

En ese contexto, ha ganado un amplio consenso la necesidad de aplicar una política keynesiana de estímulo a la demanda. Todos recordamos que hablar de políticas keynesianas, que implican una masiva intervención estatal en la economía para atenuar los ciclos del capitalismo, era hasta hace unos años una mala palabra para nuestros neoliberales criollos. Después de todo, su ideología es de “libre mercado”, e insistían en que nada que hiciera el estado en la economía puede ser bueno. Felizmente, han aprendido.

Entre la recesión provocada por la inacción del BCR en la crisis de 1999, la terca insistencia de Oscar Dancourt en sus clases universitarias y lo que hoy hacen en el mundo Estados Unidos, Europa, Japón y China ante la crisis, han cambiado de opinión. La Confiep, Jaime de Althaus y Gonzalo Prialé hoy claman por una rápida y masiva intervención del estado para reorientar una economía que, si la dejamos al “libre mercado”, se va en picada. Que agradable sorpresa.

Pero hay dos problemas críticos que estos nuevos “keynesianos de derecha” no llegan a comprender. Ellos correctamente insisten en una política keynesiana de estímulo a la demanda, pero quieren profundizar el camino que hemos seguido estos años, el de un neoliberalismo con altos privilegios a las grandes empresas y apertura externa con TLCs. En otras palabras, pregonan el libre mercado excepto en tiempos de crisis, cuando lo que proponen es ayudar a los bancos y darles más fondos a las grandes empresas para “estimular su inversión”.

Su propuesta es, entonces, que el estado financie una serie de grandes inversiones de infraestructura, pero bajo un esquema en el que estas inversiones se dan en concesión a las empresas privadas pero con subsidio del estado. La idea general de una combinación público-privada en infraestructura no es mala per se, pero como de costumbre quieren ganar a río revuelto: altas ganancias para la empresa privada, mientras el estado subsidia fuerte y asume los riesgos. Además, esas inversiones son lentas cuando lo que se necesita es una respuesta rápida, y atraer capitales cuando todos se están concentrando en los países desarrollados, es poco efectivo.

…PERO CON GASTO SOCIAL Y EQUILIBRIO EXTERNO

Por el contrario, pensamos que en una época de crisis debe ponerse énfasis en el gasto público directo y con contenido social. Este puede incluir construcción de infraestructura, pero directamente financiada por el Estado, resguardando el interés público y privilegiando aquella que es intensiva en empleo, como son las pequeñas obras comunales, el agua potable y desagüe y el mantenimiento de colegios, centros de salud y caminos rurales. Este tipo de pequeñas obras fueron, de hecho, un componente esencial en la política keynesiana pero de corte social con la que Franklin Roosevelt enfrentó la recesión de los años 30s y estableció el llamado “New Deal”.

Otro componente importante de un gasto público social en épocas de crisis con los gastos de protección social, que en los países desarrollados se centran en el seguro de desempleo, pero que por estas latitudes pueden implicar programas de empleo temporal, más gasto en educación y salud, refuerzo de esquemas pensionarios o ampliación de programas nutricionales.

El segundo problema crítico que se olvidan de considerar en esta crisis es el problema externo. Nuestras importaciones se han duplicado en los dos años de gobierno aprista, impulsadas por la rebaja de aranceles y el retraso cambiario. La caída de precios de nuestras materias primas – el cobre ha pasado de 3,50 dólares la libra a menos de 1,50 – y la menor demanda de nuestras exportaciones no tradicionales como los textiles, hacen insostenible importar 2,500 millones de dólares mensuales.

Hemos perdido en tres meses US$ 5,000 millones de reservas internacionales, y con ese desequilibrio externo, no aguantamos un año. ¿Es que ya olvidamos el desastre que fue la economía en el primer gobierno de Alan García, cuando las RIN se agotaron y la devaluación e inflación se dispararon? Reestablecer aranceles, defendernos del dumping y las importaciones subsidiadas, reducir las importaciones de bienes de lujo, promover nuestras exportaciones no tradicionales más agresivamente y devaluar con cautela, son medidas indispensables que no deben demorar en tomarse.

Pedro Francke

Más vale tarde que nunca. Parece que el gobierno se prepara a hacer frente a la crisis internacional que golpea nuestra economía. Felizmente, el Presidente García da muestras de estar recapacitando, deja de repetir el mantra de “tengan fe que estamos blindados” y anuncia un discurso con medidas anti-crisis. Ahora que los despedidos ya suman miles, más y mejor gasto social debe ser una de las acciones prioritarias.

Primero lo primero

Vale la pena insistir en que la política económica debe tener como objetivo mejorar la vida de la gente. Si en los últimos años de crecimiento económico la educación y la salud no han mejorado y los niños, los ancianos y las personas con discapacidad han estado desatendidos, por lo menos deben ser protegidos durante la crisis. Si muchas familias pobres no se beneficiaron durante los años de “vacas gordas”, pues que no sufran ahora las consecuencias en los tiempos de “vacas flacas”. Si ya la economía, por los ciclos provocados por el mercado, dejará a cientos de miles sin empleo y reducirá los magros precios que los campesinos reciben por sus productos, pues que tengan un alivio con mejor educación, salud y programas sociales.

Las ventajas reactivadoras del gasto social

Pero en una situación de crisis, aumentar el gasto social tiene también una lógica macroeconómica. Es claro que cualquier paquete anti-crisis tiene que aumentar el gasto público. Así lo están haciendo Estados Unidos, Europa, China y muchos otros países. Sólo así se podrá compensar la caída en la demanda agregada, que se está produciendo por las menores compras de nuestras productos en el exterior y por la disminución y el encarecimiento del crédito.

El gasto social es un tipo de gasto público que tiene algunas ventajas en el impulso a la demanda agregada. Pensemos en pagar mejores salarios a los maestros y profesionales de la salud, construir y refaccionar colegios y centros de salud, y otorgar pensiones a los más pobres que están desamparados en su vejez, por mencionar algunas opciones. La ventaja más importante de estos gastos es que los pobres no compran carros importados o se llevan sus ganancias al exterior, sino que compran alimentos y ropa, aumentando así la demanda para los agricultores e industriales nacionales. De esta manera, ayudan a las empresas y al empleo nacional, y no drenan unas reservas internacionales que hoy debemos cuidar al máximo.

El gasto social también tiene la ventaja de que puede aumentarse con rapidez, de un mes a otro. Incluso programas que den empleo temporal construyendo pequeñas irrigaciones o rehabilitando caminos rurales pueden establecerse en pocos meses, lo que no sucede con las grandes obras de infraestructura. Estas son muy necesarias, pero recordemos lo que pasó con el llamado “shock de inversiones” con el que se estrenó la política económica del actual gobierno: 18 meses después todavía no terminaba de despegar. Y en tiempos de crisis, sólo unas semanas de retraso pueden tener graves consecuencias.

La crisis como oportunidad

Algunas de las mayores innovaciones en política social se han dado en coyunturas de crisis. En los Estados Unidos, el New Deal keynesiano de Roosevelt y el seguro de desempleo; en el Perú, los comedores populares y el vaso de leche, son algunos de los programas creados durante las crisis.

La crisis puede ser la oportunidad para que el estado peruano empiece a atender algunos sectores sociales hasta hoy desatendidos, universalice la cobertura de algunos programas existentes o establezca nuevos programas sociales. El establecer pensiones asistenciales a quienes en la vejez no tienen apoyo económico, ampliar el programa “Juntos” o los Wawawasis, institucionalizar con una remuneración a las promotoras de salud comunitarias, son algunas opciones.

La crisis posiblemente golpee en mayor medida a algunas ciudades de la costa, que han crecido fuertemente en los últimos años en base a la agroexportación y la construcción. Un monitoreo continuo de las condiciones sociales en el país y una respuesta rápida con programas de empleo temporal en pequeñas obras de infraestructura, debería establecerse como un sistema permanente ante emergencias sociales.

Más y mejor gasto

La crisis demanda un aumento del gasto público, pero hay que insistir en mejorar la calidad de este gasto. El mayor gasto social debe orientarse a mejorar la eficiencia y la eficacia. Más gasto sobretodo donde más se necesita, en las zonas rurales más pobres y en las zonas urbanas donde haya mayor pérdida de empleos. Gasto orientado a resolver los problemas críticos de la educación y la salud, contratando personal con bonificaciones especiales para comunidades rurales. Presupuesto para un aseguramiento universal efectivo en salud. Gasto para programas que aprovechen y potencien la red social de los comedores populares, vaso de leche y organizaciones comunitarias.

Keynes redistributivo

Ante la crisis, ha ganado un amplio consenso la necesidad de aplicar una política keynesiana de estímulo a la demanda. Todos recordamos que hablar de políticas keynesianas, que implican una masiva intervención estatal en la economía para atenuar los ciclos del capitalismo, era hasta hace pocos años una mala palabra para los neoliberales. Al extremar su ideología de “libre mercado”, insistían en que nada que hiciera el estado en la economía puede ser bueno.

Felizmente, han aprendido. Entre la recesión provocada por la inacción del BCR en 1999, la terca insistencia de algunos profesores universitarios keynesianos y lo que hoy hacen Estados Unidos, Europa y China ante la crisis, han cambiado de opinión. Hasta la Confiep hoy clama por una rápida y masiva intervención del estado para mantener a flote una economía que, si la dejamos al “libre mercado”, se va en picada. Que agradable sorpresa.

Pero el ver a unos cuantos concentrar los beneficios económicos del crecimiento, sin que se beneficie la mayoría, ya ha causado fuertes tensiones en la sociedad peruana. Que ahora, por la crisis, empeoren las condiciones de estas mayorías, puede resultar insoportable. Un programa reactivador es necesario, pero éste no puede consistir en que se destinen los recursos fiscales principalmente a grandes empresas constructoras asegurándoles altos beneficios, con el pretexto de las “Alianzas Público-Privadas”. Aunque siempre algo es mejor que nada, una respuesta de este tipo será poco efectiva en lo social y en lo económico.

El énfasis de un programa anti-crisis tiene que estar en mayor gasto social para mejorar la educación y la salud y proteger a los más vulnerables.

Farid  Matuk

El Perú tiene que librarse de esas taras y lo mejor que pueden hacer es poner en una balsa a todos esos que hablan por hígado, envidia o frustración personal y lanzarlos por el mar a que se pierdan. (Alan García – 20/XI/08)

Ciertamente la tolerancia presidencial para con los disidentes es digna de alabanza, perdonar la vida en lo inmediato, con la abierta esperanza que naufraguen, tiene un grado de incertidumbre que carece la ejecución sumaria, para luego ser arrojado en una fosa e incinerado con kerosene.

A continuación se muestra un gráfico con datos del INEI que con certeza producirá agrado presidencial, el PBI per cápita se incremente sistemáticamente desde el segundo trimestre de 2006 (el último de la gestión Toledo) de alrededor de 11,000 soles hasta el tercer trimestre de 2008 (el mas reciente de la gestión García) a cerca de 13,500 soles. Un meritorio incremento del 21% que seguramente ha pasado inadvertido por El Peruano, y por ello no ha sido objeto de una primera plana.

 

Pero este crecimiento del PBI per cápita es absolutamente iluso porque el hambre en el Perú no se ha reducido como consecuencia del crecimiento económico que tanta alegría presidencial produce. La gestión Toledo en el segundo trimestre de 2006 dejó un 30% de los peruanos que no consumían los alimentos necesarios para vivir, y dos años después la gestión García a elevado esta cifra al 33%. Es decir que el crecimiento económico se ha traducido en mas peruanos que no consumen lo esencial para vivir.

Esta situación de reducción de la calidad de vida de los peruanos en los últimos dos años se produjo en un contexto de auge económico mundial, que el Perú aprovechaba a través de sus exportaciones, pero un tercio de los peruanos seguían viviendo sin los alimentos imprescindibles. En el presente tenemos una crisis económica mundial, que ya ha colocado en recesión a Europa y a Estados Unidos, y sólo es materia de tiempo que el Perú también participe de esta recesión.

La necedad presidencial de mantener un crecimiento económico artificial, se traduce en la pérdida acelerada de dólares que se observa el gráfico a continuación obtenido con información disponible del Banco Central, para los meses de Octubre y Noviembre de este año.

 

En solo dos meses se ha perdido un quinto de los dólares que el Banco Central tiene para respaldar los soles en manos del público. Dado el contexto internacional, y la necedad presidencial de obtener un crecimiento de 6.5% para el próximo año, se tendrá que al fin del verano 2009 no habrá mas dólares para respaldar nuestra moneda, y la recesión será aguda e intensa producto de la miopía económica de la actual administración.

La secuencia de los hechos es música que todos conocemos de pasadas recesiones. Primero el gobierno culpará los factores externos y no reconocerá su falta de previsión. Luego concluirá que existe un exceso de demanda, en otras palabras significa que los salarios son muy altos, y por ello es necesaria su reducción. Siendo el vehículo de la reducción una devaluación traumática que restaurará el equilibrio externo, gracias al incremento de la pobreza. Y como dijo el Premier Hurtado Miller en 1990: “Que Dios nos ayude”

Germán Alarco Tosoni
Investigador principal CENTRUM Católica

El mercado de valores norteamericano se ha contraído en 35.8% entre finales del 2007 y el 22 de octubre de 2008, con un valor cercano a la caída del 36% en 1929. Recién acaban de aparecer los primeros indicios de la fase contractiva al reportarse la caída en la producción industrial norteamericana del 2.8% en septiembre, respecto del mes anterior. La revista The Economist proyecta un cierre para el 2008 con una tasa de crecimiento positiva del 1.6%, mientras que entre 1930 y 1933 el PBI real cayó en 26.6%, considerando una contracción de 8.6, 6.4, 13, y 1.3% para cada año del período señalado.

Hay dos factores comunes relativos a que ambas crisis coinciden con la fase final de la etapa expansiva del respectivo ciclo de largo plazo de la economía internacional. Antes entre 1880´s-1890´s hasta 1930´s-1940´s y ahora entre 1930´s-1940´s hasta 1980´s-1990´s, precedidos por periodos de alto crecimiento en la década de los años veinte y de los noventa. Estos ciclos largos determinados por Kondratief, luego por Schumpeter y ahora por Dosi, Freeman y Pérez se asocian en la expansión a la creación e incorporación de un factor clave, a la aparición e incorporación de nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas formas de organización de las empresas, entre otros elementos.

El periodo previo a estas crisis, años veinte y noventa, se caracterizaron por importantes movimientos de capital que buscaron opciones financieras para reproducirse ante la caída en las tasas de ganancia de los sectores productivos reales. En ambos periodos no hubo regulación en los mercados financieros y de divisas internacionales, en un caso por decisiones de política y en el otro fue previo al nuevo sistema monetario-financiero internacional de Bretton Woods en 1944. Para nuestra suerte, los mercados de valores a partir del año 2000 se han autoregulado, con importantes alzas y bajas que evitarían caídas violentas a partir del 2009. Entre 1920-1929 las cotizaciones de la bolsa de Nueva York crecieron casi sin cesar 3.8 veces, razón por la cual el aterrizaje a la realidad fue abrupto.

Dos nuevos elementos entrelazados asoman en la crisis actual. La estructura de distribución del ingreso más concentrada a favor de las utilidades de las empresas y menor hacia los salarios que promueve una menor demanda efectiva y nivel de actividad económica. El otro factor es el relativo a que estos problemas de demanda exigen la intervención del estado para mitigarlos, tanto a través de una política monetaria expansiva como de la política fiscal anticíclica. Sin embargo, la crisis actual no es resultado de la intervención estatal, sino que esta se origina por la incapacidad del sistema económico de sostener su propia tasa de crecimiento y para lo cual es imprescindible que la Reserva Federal actúe reduciendo las tasas de interés y se inventen, entre otras, aventuras bélicas para justificar mayores niveles de gasto público.

Para suerte de todos, tanto la existencia de las ideas de J.M. Keynes como las acciones de coordinación de la política económica y financiera internacional son una realidad ahora a diferencia de lo que ocurrió al estallar la crisis del 29. En esa época las primeras respuestas fueron de corte ortodoxo. En la quincena de octubre, luego de las primeras quiebras y la abrupta caída en los mercados de valores, ya se han realizado acciones de coordinación internacional, definido los grandes lineamientos y montos de la política de rescate para impedir la crisis del sistema bancario internacional. Sin embargo, estas aún no son garantía de que la crisis se pueda resolver. Los programas tienen problemas de diseño y enfrentarán problemas en su implementación, se ha roto el principio de predecibilidad de las políticas y se promueve comportamientos de riesgo moral, ya que los que generaron los problemas no han sufrido las consecuencias de sus actos, promoviendo la probable repetición de los mismos.

Otra hipótesis que podría explicar que la caída en el nivel de actividad no sea tan drástica ahora como antes se ubicaría en el debilitamiento del parámetro que vincula el efecto riqueza en el consumo. Tradicionalmente en la medida que el valor del acervo de los activos, incluidas las tenencias de acciones y las propiedades inmobiliarias, se hace menor, se reduce el consumo, la demanda, la inversión, el nivel de actividad económica y los niveles de empleo. Ahora en cambio, al igual que la reducción de la incidencia negativa de los precios del petróleo en la economía norteamericana de las últimas décadas, la extrema variabilidad del mercado de valores observada desde el año 2000 habría reducido la importancia de este canal de transmisión del mercado financiero sobre el sector real.

Es evidente que la articulación de las políticas fiscales, y en menor medida de las monetarias ante la trampa de la liquidez, evitarán que la crisis en el mercado de valores y del sistema bancario genere efectos tan graves sobre el aparato productivo como lo ocurrido en los años treinta. Es obvio que el PBI real decrecerá, pero al parecer no en las magnitudes observadas antes. Lo que también es claro es que la política fiscal tiene un límite, ya que no podrán inventarse nuevas guerras. El periodo de contracción cederá a otro de estancamiento económico prolongado hasta que se creen e introduzcan nuevos productos, nuevas tecnologías, se creen nuevos mercados, en fin se establezca un nuevo paradigma tecnoeconómico incluyente como ocurrió a partir de los años cincuentas.

En este panorama de estancamiento económico pueden surgir varias alternativas. La del aislacionismo económico, que condenaría al estancamiento a nuestras economías, luego de articularse hacia fuera. La otra podría ser un símil a las devaluaciones competitivas previstas antes. La tercera es que la crisis promueva un nuevo reordenamiento de la economía a nivel internacional, que inicie con la aplicación de las otras propuestas de J. M. Keynes y M. Kalecki relativas a mejorar la estructura de distribución del ingreso, a través de los impuestos a los ingresos y las herencias, para reducir los problemas de demanda efectiva y propiciar un nuevo orden financiero internacional. La lucha contra la inequidad y la pobreza, mitigar los daños al ambiente pueden ser parte de los nuevos retos.

El nuevo orden financiero y monetario internacional no sólo debe reexaminar el rol de los organismos financieros multilaterales y las “reglas” de los mercados monetarios. La crisis se originó por la hipertrofia de los mercados de valores y en los instrumentos derivados. Se debe limitar las operaciones con tales instrumentos en los bancos, hay que incorporar más supervisión y frenar las operaciones especulativas que pueden colocar en riesgo a los países y al sistema global. La imposición del impuesto Tobin a las transacciones financieras internacionales es una imperiosa necesidad para amortiguar tales fluctuaciones y generar recursos para orientar al desarrollo económico y social sostenible.