Por Santiago Roca Profesor Principal, Universidad ESAN

 El Comisionado de la Unión Europea, el más alto cuerpo colegiado que dirige los destinos de Europa, anunció la semana pasada la asignación de 7 billones de euros en el 2012 solo en fondos concursables para impulsar la innovación, ciencia y tecnología en los Estados de la Unión. Estos fondos son solo una pequeña parte del compromiso estratégico de poner la I&D en lo más alto de la agenda política para el crecimiento y el empleo, comprometiéndose a invertir una meta de 350 billones de euros anuales (3% del PBI europeo) en su plan estratégico hacia el 2020, por una “Unión Europea Innovadora sostenible, inteligente e inclusiva”, aprobado en octubre del 2010. La innovación significa “cambios que aceleren y mejoren la manera como se conciben, añade valor, desarrollan, producen y se accede a nuevos productos, procesos industriales y servicios; cambios que crean empleos, mejoran la vida y construyen mejores sociedades”. Según ellos, es la única manera que Europa puede mantener el crecimiento sostenible y crear trabajos buenos y bien pagados que soporten las presiones de la globalización sin que disminuyan los niveles de vida. 

La Europa Innovadora es una de las siete iniciativas de bandera de la estrategia de Europa al 2020. Entre los objetivos al 2020 se piensa: i) atraer un millón de nuevos investigadores, ii) fomentar las “asociaciones europeas innovadoras” por la cual se atraerá a los actores relevantes para coordinar la inversión, simplificar las regulaciones y estándares en I&D, movilizar demanda a través del gasto público, y lograr un marco integral coherente y positivo, y, iii) revitalizar los esfuerzos para construir un área de investigación en Europa. La primera Asociación Europea Innovadora, por ejemplo, se dedicará en forma piloto al área de la “vejez activa y saludable”. Europa se ha trazado ser el líder mundial en la producción de bienes y servicios para la vejez y el alargamiento de la vida y sostener parte de su crecimiento y competitividad atendiendo este segmento de mercado con inmenso potencial futuro en el mundo. 

 El Perú apenas invierte 0.15% de su PBI en ciencia, tecnología e innovación y no tiene planes, objetivos ni metas específicas para el 2021. ¿Qué prioridades se tienen acerca de los sectores y actividades con mayor potencial futuro? ¿Cómo nos organizamos para hacer que el sector privado, principalmente medianas y pequeñas empresas nacionales, innove, añada valor y dé sostenibilidad al crecimiento, creando mejores puestos de trabajo y mayor productividad? 350 billones de euros en I&D al año en la UE equivalen a invertir aproximadamente 3.5 veces el PBI del Perú. Los 7 billones que acaban de lanzar los europeos solo para concursos en el 2012 equivalen a aproximadamente 7.15% del PBI del Perú. Guardando las diferencias, es grato el anuncio del Primer Ministro, en su discurso el viernes pasado en el Encuentro Científico Internacional 2011, de que el presente gobierno priorizará la innovación, calidad y competitividad como instrumentos transformadores de la actividad productiva nacional. Facebook

Definición e Historia del Concepto

Por: Santiago Roca, Profesor Principal, Universidad ESAN

El plan de gobierno de Gana Perú dice expresamente que de llegar al poder, impulsaría lo que se denomina la economía nacional de mercado. Pero, ¿qué es la economía nacional de mercado? ¿es este un nuevo término inventado por economistas peruanos iluminados? ¿cómo se intersectan en este concepto la conducción estratégica de la nación, la coherencia en el manejo macroeconómico, la apertura al mundo, la inversión y el desarrollo de las capacidades productivas y tecnológicas y la inclusión y solidaridad con los menos dotados y favorecidos?

Algunos colegas, mostrando en algunos casos mala intención y en otros ignorancia de los términos y de la historia económica de los países desarrollados, pretenden atribuir a una economía nacional de mercado todos los males que uno pudiera imaginar: el cierre del país al mundo, el regreso de la inflación, la mala administración de las finanzas públicas y de la cuentas monetarias, la implementación de un tipo de cambio fijo, el control de los precios, la estatización de las empresas privadas, el no respeto a la inversión, ni al trabajo, ni a las propiedades y recursos propios.

Paradójicamente, el concepto de economía nacional de mercado es el que ha llevado al progreso a los principales países desarrollados en el mundo. En términos generales y simples se refiere a las habilidades y capacidades de una nación para – en condiciones de mercados abiertos – producir, distribuir y servir bienes en la economía en competencia con otros bienes y servicios producidos en otros países, haciéndolo de una manera que origine mejoras en los niveles de vida para los de adentro (mayores salarios, utilidades, rentas y recaudación). No se trata de ser más competitivo reduciendo los salarios o las utilidades o el pago de impuestos, sino haciendo que los pagos a los factores que todos los nacionales tenemos mejoren en forma constante y progresiva.

Los ingleses que por ejemplo a fines del siglo XV eran pobres, en 100 años aumentaron su competitividad, se apropiaron de las rentas y se volvieron ricos. Aprendieron que no era el laissez faire sino el dedicarse al “buen” y no al “mal” comercio, lo que les traía más riqueza. La lista de buenas y malas actividades en los libros de texto de la época es muy ilustrativa. En el siglo XIX en los Estados Unidos se elaboró el concepto de “capacidad productiva” parecido al concepto de “poder productivo nacional” que se usaba en Alemania. Algunas actividades económicas tenían mas poder productivo que otras y en función a ellas crecieron y mejoraron sus niveles de vida. Para Friedrich List, los economistas ingleses de su época (no los del Siglo XVI, XVII) fracasaron en distinguir el interés universal del interés nacional: predicaban una economía cosmopolita en vez de un “sistema de política económica nacional”. Los países deben construir “poder productivo nacional”: la unificación de Alemania y la construcción de los ferrocarriles son un ejemplo de ello. Por último el Japón, a fines del Siglo XIX y mediados del XX, influenciado más bien por Schumpeter, discípulo de List, en vez de buscar competitividad en sus bajos costos de mano de obra, opta por políticas e industrias de mayor valor agregado y tecnología.

La economía nacional de mercado que propone Gana Perú – sin haber participado en su redacción y elaboración – trata creo justamente de esta orientación. No se trata de repetir las experiencias de los países hoy desarrollados, sino de encontrar las fuerzas que hagan que los peruanos: los que tienen solo su trabajo, o capital o tierras u otros factores de producción, puedan elevar sus niveles de vida en relación a los de afuera; y aquellos que no poseen factores en su haber, construyan sobre las oportunidades que el Estado debe generar con los impuestos que todos pagamos. Seguiremos en este tema para responder a las preguntas arriba señaladas en otra oportunidad.

Ciclo económico y política fiscal

Por Santiago Roca

No obstante que la política fiscal en el país ha sido, en general, más sana y responsable en los últimos 20 años, su manejo como elemento estabilizador de la economía, mediante políticas contracíclicas, no ha funcionado.

La premisa de la política fiscal contracíclica es “administrar las bonanzas para prevenir las crisis”, es decir, reducir el gasto público (y generar superávit fiscal) en periodos de expansión y aumentarlo (y generar déficit fiscal) en periodos de recesión. En este sentido, el sector público se contraería para evitar la sobreexpansión de la demanda doméstica y aumentaría cuando la demanda fuese insuficiente, con lo cual se busca atenuar los picos y las depresiones económicas para reducir la inestabilidad e incertidumbre entre los agentes económicos.

Esta política genera beneficios adicionales como: i) evita el sobreendeudamiento interno en la fase expansiva, tanto del sector público como del privado, lo que resulta vital para impedir las nocivas burbujas financieras; ii) reduce las presiones inflacionarias (en el ciclo expansivo) y deflacionarias (en el ciclo recesivo); iii) facilita el control y/o reestructuración del gasto público, ya que debería ser relativamente más fácil suprimir determinados ítems del gasto público cuando la situación económica de hogares y empresas es un tanto más holgada que cuando se atraviesa por un periodo recesivo; y iv) apoya la efectividad de la política monetaria del BCRP.

Sin embargo, la lógica con la que se maneja la política fiscal suele ser justamente la contraria: ¿para qué ajustar o controlar el gasto estatal si se cuenta con ingresos fiscales suficientes? En la medida que el manejo de muchas de las instituciones públicas está  “formateado” a un manejo de presupuesto: “cuántos fondos se proyecta para el año y, por ende, cuánto puedo gastar”, el gasto aumentará mientras haya mayores ingresos. Y los fondos disponibles son mayores en el ciclo expansivo de la economía debido a que los ingresos fiscales aumentan cuando crece la economía.

Para implementar estos mecanismos o movimientos compensatorios del presupuesto público es preferible manejar las variables del gasto antes que las del ingreso, dada la necesidad de mantener cierta estabilidad en el campo tributario. Una medida que ayudaría a conseguir este objetivo sería la programación del gasto público en planes multianuales, de modo que se compensen los ciclos económicos. Asimismo, es necesario manejar fondos de reservas del sector público de mediano plazo, los cuales crecerían en el periodo expansivo  y descenderían en el periodo recesivo.

Consecuentemente, la fijación del gasto público no debería estar en función de los ingresos recaudados en el año, sino de las necesidades del sector y de la sostenibilidad de los ingresos tributarios y el endeudamiento neto del sector público en el mediano y largo plazo. Esto es, los gastos deberían están en función de los ingresos tributarios de largo plazo, ajustados por el ciclo económico y sin considerar los ingresos extraordinarios como la que actualmente se observan a raíz de las altas cotizaciones de las materias primas que el país exporta.

Lamentablemente, utilizando estos indicadores se puede demostrar que en los últimos cinco años, la política fiscal en el Perú no ha sido contracíclica, lo que eleva el riesgo del sistema financiero, hace más complejo el manejo de la estabilidad de precios y complica la propia posibilidad de restructurar el gasto público y la efectividad de la política monetaria.

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Santiago Roca
Profesor principal, Universidad ESAN

En la última semana, el Ministerio de Salud salió a denunciar que las exoneraciones tributarias y reducción de aranceles otorgadas por el gobierno a favor de un grupo de medicamentos para combatir al cáncer no fueron trasladadas al consumidor, sino por el contrario aumentaron  sus precios desde un 30% hasta un 64%. Para enfrentar esta situación el gobierno anunció 4 medidas: a) formar una comisión multisectorial de vigilancia de precios, b) realizar las compras de los medicamentos oncológicos a la Organización Panamericana de la Salud, c) obligar a las entidades estatales de salud a sumarse a las compras corporativas de medicinas, y d) realizar importaciones paralelas. 

La reacción interesada de algunos laboratorios farmacéuticos y de los fundamentalistas del libre mercado no se dejó esperar: dicen que las importaciones paralelas violan los tratados de libre comercio, el gobierno no puede obligar a las empresas a bajar sus precios ni debe intervenir en el mercado, no hay ninguna ley que castigue altos márgenes de ganancia.

Pero, debe y puede el Estado intervenir en el mercado? 

En el Perú –según la Constitución– rige una economía social de mercado, donde el Estado está obligado a defender y promover la competencia y proteger al consumidor. Específicamente, la ley de defensa de la competencia, DL 1034, en su Art. 3, dice: “El Estado podrá asumir las acciones que considere necesarias para contribuir a mejorar las condiciones de oferta de los productos en beneficio de los consumidores”. El nuevo Código de Protección del Consumidor tiene también varios artículos en esta orientación.

Eso significa que el Ministerio de Salud está facultado para efectuar compras directas, realizar importaciones paralelas, monitorear precios e inclusive en situación de urgencia suspender temporalmente los derechos de patentes, a fin de mejorar las condiciones de oferta de los productos en beneficio de los consumidores. Nada de esto infringe los acuerdos internacionales, como el ADPIC ni los TLC con los Estados Unidos y otros países. 

En una situación en donde las empresas están aprovechando su posición de dominio en el mercado, se puede utilizar sin ningún inconveniente el Art. 3 del DL 1034 arriba señalado. Ello es totalmente legal y constitucional. Pareciera que el Ejecutivo hubiera justamente previsto estas situaciones, dejándose un instrumento en la ley de competencia para poder actuar y disciplinar a aquellas empresas que quieren tomar ventaja de los consumidores, aprovechándose de ser los únicos proveedores en el mercado. En eso consisten los equilibrios de una economía social de mercado.

La situación alcanza mayor gravedad cuando se trata del mercado de la salud pública y de los medicamentos. El Acuerdo de Doha acerca de la Salud Pública, del que el Perú es uno de los países firmantes, es muy claro al respecto, al indicar que los países miembros deben interpretar sus obligaciones comerciales (léase TLC) de manera que protejan el acceso a la medicación esencial y a la salud pública.

 

Justamente fue el no respeto a este acuerdo el que originó que los representantes del Partido Demócrata en el Congreso norteamericano decidieran no aprobar en primera instancia el TLC entre el Perú y los Estados Unidos y lo regresaran para su revisión posterior tanto al gobierno del Perú como al de los Estados Unidos (una vergüenza para ambos gobiernos).

 

La actuación del Ministerio de Salud debería por lo tanto ser más rápida y ejemplar para facilitar el acceso a los medicamentos y evitar “precios que matan” (este último titular de El Comercio). Para ello, el Ministerio de Salud no solo está autorizado sino obligado por la Constitución y las leyes.

por: Santiago Roca, Profesor Principal, Universidad ESAN

Desde antes de la Ronda de Uruguay en las negociaciones del GATT, los países desarrollados se quejaban del trato desigual y discriminatorio que recibían sus inversiones y expresaban su malestar por los requisitos de desempeño que algunos países en desarrollo colocaban a las inversiones extranjeras: a) ratios de contenido local de insumos, b) límites de importación en relación a sus exportaciones, c) ratios de contratación y empleo local, c) obligación de transferir tecnología, d) metas sociales y medidas de seguridad, etc.

Por eso con apoyo de EEUU, Canadá, la Unión Europea y el Japón, logran aprobar en 1994, el acuerdo de eliminación de las medidas de inversión relacionadas con el comercio, denominado por sus signos en inglés, TRIMs, como parte del paquete que dio pie a la creación de la Organización Mundial de Comercio, OMC. El TRIMs prohíbe a los gobiernos tomar medidas en relación a la inversión extranjera que atenten contra el trato nacional¹ y de nación más favorecida² que forma parte de los principios de la OMC y obliga a la eliminación de los requisitos de desempeño, arriba señalados.

Según algunos, el TRIMs impone restricciones a las acciones de los gobiernos sin restricciones recíprocas a las acciones de las empresas multinacionales. El acuerdo fue tan cuestionado que tuvo que especificarse que no se trataba de eliminar la regulación que cada país soberano colocara a la entrada de inversión extranjera sino que solo limitaba las opciones de política del gobierno una vez admitida la inversión y solo sí las medidas causaban efectos restrictivos en el comercio (difícil saber que significa eso).

De ese tiempo a esta parte, en el Perú, este esquema se ha ido desbalanceando aún más, a favor de la inversión extranjera, sea a través de concesiones unilaterales del gobierno, por medio de acuerdos bilaterales de inversión ó más recientemente a través de los capítulos de inversión aprobados en los tratados de libre comercio.

En términos generales, hoy día en el Perú, los inversionistas extranjeros no tienen restricciones casi de ningún tipo, no hay ningún requisito de desempeño, se benefician de incentivos tributarios que los exoneran de pagar impuestos bajo determinadas condiciones, firman convenios de estabilidad jurídica en los cuáles no se les puede cambiar la legislación ni la tributación, están protegidos contra la denegación de justicia, pueden someter sus disputas a arbitrajes internacionales sin sujetarse a la constitución y leyes nacionales, se les ha reducido las posibilidades de que por razones de interés público puedan ser afectados, no se promueve ni regula la transferencia de tecnología, y pueden no cumplir regulaciones ambientales y de seguridad nacional, entre otros, además de muchos otros privilegios.

¿Y los inversionistas nacionales, no gozan ellos de estos privilegios? A ellos, se les cambian los tributos, no tienen estabilidad jurídica, tienen que someterse a los tribunales nacionales, pueden ser expropiados más fácilmente, están sujetos a las nuevas políticas e intereses públicos, deben transparencia en los procedimientos, etc.

En los últimos 20 años, algunos países como el Perú se han ido al otro extremo, en vez de emparejar el trato a la inversión extranjera, han revertido la tortilla, protegiendo y privilegiando al capital extranjero por encima del capital nacional.

De repente a CONVEAGRO, a la Sociedad Nacional de Industrias, a ADEX ó a las Pymes se le ocurre ordenar un estudio y elevar una demanda a la OMC para quejarse de la discriminación y falta de igualdad de trato que sufren frente a los inversionistas extranjeros. De seguro el Gobierno Peruano sería sancionado por incumplir los acuerdos internacionales en contra de los inversionistas nacionales.

1 Igual trato para nacionales que para extranjeros

2 Si se concede una ventaja a un país se tiene que hacer lo mismo con los demás países.

Por Santiago Roca
Prof. principal Universidad Esan

Analistas de países desarrollados comentan a menudo que para que los Estados Unidos y Europa mantengan su competitividad, sus tipos de cambio se deberían devaluar entre el 30% y el 50% frente a las monedas de los países emergentes. ¿Por qué se dice esto? ¿Qué implicancias tiene para el Perú?

El problema nace debido a que a las empresas de los países desarrollados les conviene establecer sus operaciones en países con costos laborales bajos; mejoran así sus utilidades y luego venden a sus propios conciudadanos productos a precios más bajos, que se producen en el exterior. Esto si bien favorece a sus  consumidores les hace perder miles de cientos de puestos de trabajo y competitividad. La razón es que a diferencia de muchos mercados en donde se transa productos y activos a precios similares (excepto costos de transporte), en el mercado de trabajo las diferencias de salarios son abismales, lo que incentiva a las empresas a establecerse en los países emergentes.

En teoría en una economía mundial libre y abierta a la entrada y salida de capitales, los tipos de cambio deberían poco a poco ajustarse hasta hacer que los salarios en los países desarrollados sean competitivos o similares a aquellos de los países emergentes. Por ejemplo, si actualmente el sueldo mensual por hacer un trabajo específico en el Perú es 2,100 soles y el tipo de cambio es 3 soles por dólar, el sueldo en dólares es 700 dólares; pero si el tipo de cambio se reduce a un sol por dólar, el sueldo en dólares se eleva a 2,100 dólares mensuales –el monto que asumimos se gana por este mismo tipo de trabajo en USA. Es decir, la revaluación del sol o la devaluación del dólar elevan los salarios en dólares en el Perú y empareja los sueldos y la competitividad del trabajo entre los dos países, evitándose así la relocación de las empresas en países emergentes. Esta es la razón por la que los analistas extranjeros vienen sugiriendo la devaluación del 30% al 50% del dólar y del euro en relación con las monedas de los países emergentes. ¿Pero cuáles son las consecuencias de que el sol se revalúe?

No hay duda de que la revaluación del sol significaría el encarecimiento de nuestros productos en los mercados mundiales y la pérdida de miles de puestos de trabajo en el Perú. A su vez, los peruanos con trabajo van a comprar productos más baratos del exterior pero a costa de un aún mayor desempleo interno; lo mismo que les pasa hoy a EEUU y la Unión Europea. El ajuste de tipo de cambio para mejorar la competitividad de USA resulta ser un juego de suma cero que perjudica a quien cede o permite que su tipo de cambio se revalúe. ¿Qué es entonces lo que está mal?

Si en el mundo existiera una verdadera economía de libre mercado y perfecta movilidad del trabajo, el ajuste debiera más bien darse en el mercado de trabajo y no en el tipo de cambio. Los países con abundancia de trabajadores (salarios bajos) verían a sus trabajadores moverse a los países de mayores salarios presionando para que los salarios bajen en esos países y suban en los nuestros. Así, para trabajos de igual calidad y productividad se emparejarían los salarios entre ambos países, cerrándose de paso las ominosas brechas de ingreso entre países. Eso sin embargo no es posible porque los países avanzados no aceptan la libre movilidad del trabajo e impiden la entrada a sus territorios, evitando que sus salarios disminuyan. La verdadera globalización no existe sino solo en lo que les favorece. Los países desarrollados prefieren la devaluación de su tipo de cambio en vez de reducir sus elevados salarios, perjudicando el empleo y la producción del resto del mundo.

Y los que dirigen la economía nacional se han preguntado ¿qué es lo que beneficia al Perú? ¿Cuánto más soportaremos que se reduzca el tipo de cambio sin que nos explote a nosotros mismos?

por: Santiago Roca, Profesor Principal, Universidad ESAN

Hoy día empieza en el Cuzco, la Conferencia Anual de Ejecutivos, CADE 2010, evento anual en donde los empresarios y gerentes del país se reúnen para discutir e intercambiar ideas acerca de los problemas económicos y empresariales de la nación.

En el desarrollar de sus empresas, los ejecutivos normalmente comparten la idea del negocio y realizan un análisis acerca de las condiciones o factores más importantes que podrían afectar el éxito o fracaso del mismo. Esto es lo que comúnmente se llama planeamiento estratégico. En el análisis estratégico se revisa el contexto económico y empresarial y las condiciones de la industria y del mercado específico, para en función a ello determinar - en base a los recursos con que se cuenta - el posicionamiento que se quiere lograr y definir la estructura y formas de organización de la empresa que mejor sirvan para dicho propósito. Se fijan así las acciones estratégicas y los planes operativos que deben llevar a la obtención de determinados resultados, considerando los intereses y objetivos finales de los propietarios y gerentes.

Los empresarios y gerentes aprenden en las escuelas de negocios que para el éxito de sus empresas hay que hacer todo lo posible para sobrepasar la libre competencia. Se trata más bien de “dominar” el mercado, es decir, hay que generar barreras a la entrada, proteger las innovaciones, controlar la información, realizar inversiones indivisibles, influenciar a los consumidores, etc. Los gerentes son los capitanes que tienen que llevar el barco entre las olas del mercado al puerto, a través de acciones estratégicas y operativas que satisfagan sus legítimos intereses comerciales.

Esto tan lógico en el mundo concreto de los empresarios y gerentes, se vuelve un imposible en el gobierno y dirección del país. Hay líderes políticos y muchos asesores que creen que basta que se abra el mercado, se incentive la inversión directa extranjera y se introduzca un tipo de cambio con libre entrada y salida de capitales, para que por si solos los países se especialicen en las mejores actividades, emerja la competencia y se obtenga el progreso y la eficiencia económica.

La realidad es todo lo contrario. Los países que se han desarrollado en el mundo no han basado su crecimiento en la apertura unilateral indiscriminada, los incentivos extraordinarios a la inversión extranjera, la entrada y salida libre de capitales y el hacer que las fuerzas del mercado se establezcan sin la conducción estratégica y balances que requieren el interés público y los intereses nacionales. Corea por ejemplo, se abrió al mundo en cuanto al comercio pero poco en relación a la entrada de inversión extranjera y al libre e indiscriminado movimiento de capitales. China se ha abierto en las zonas de libre comercio pero pone condiciones en asuntos tecnológicos y tiene una estrategia industrial triple de añadir valor, ensamblar partes y piezas y sustituir importaciones. Chile se abre pero promueve y protege las inversiones nacionales antes que las extranjeras y defiende los intereses de las empresas del estado que funcionan bien. Estos países aprovechan las ventajas del mundo exterior pero seleccionan los grados de apertura o de regulación en otras áreas que obliga a los actores externos e internos a actuar en mayor concordancia con los objetivos e intereses del país.

El gobierno del Perú se ha olvidado de estos balances. Los empresarios y gerentes entienden perfectamente que es necesaria la conducción estratégica consciente porque ellos la realizan en sus empresas. Ahora que están los empresarios juntos con los dirigentes de los partidos políticos en el CADE deben reflexionar sobre este tema y llegar a acuerdos y consensos que corrijan estos defectos.  

por: Santiago Roca, Profesor Principal, Universidad ESAN

Analistas de países desarrollados comentan a menudo que para que los Estados Unidos y Europa mantengan su competitividad, sus tipos de cambio se deberían devaluar entre el 30% al 50% frente a las monedas de los países emergentes. ¿Por qué se dice esto? ¿Qué implicancias tiene para el Perú?

El problema nace debido a que a las empresas de los países desarrollados les conviene establecer sus operaciones en países con costos laborales bajos; mejoran así sus utilidades y luego venden a sus propios conciudadanos productos a precios más bajos, que se producen en el exterior. Esto si bien favorece a sus consumidores les hace perder miles de cientos de puestos de trabajo y competitividad. La razón es que a diferencia de muchos mercados en donde se transa productos y activos a precios similares (excepto costos de transporte), en el mercado de trabajo las diferencias de salarios son abismales, lo que incentiva a las empresas a establecerse en los países emergentes.

En teoría en una economía mundial libre y abierta a la entrada y salida de capitales, los tipos de cambio deberían poco a poco ajustarse hasta hacer que los salarios en los países desarrollados sean competitivos o similares a aquellos de los países emergentes. Por ejemplo si actualmente el sueldo mensual por hacer un trabajo específico en el Perú es 2,100 soles y el tipo de cambio es 3 soles por dólar, el sueldo en dólares es 700 dólares; pero si el tipo de cambio se reduce a un sol por dólar, el sueldo en dólares se eleva a 2,100 dólares mensuales - el monto que asumimos se gana por este mismo tipo de trabajo en USA. Es decir la revaluación del sol o la devaluación del dólar elevan los salarios en dólares en el Perú y empareja los sueldos y la competitividad del trabajo entre los dos países, evitándose así la relocación de las empresas en países emergentes. Esta es la razón por la que los analistas extranjeros vienen sugiriendo la devaluación del 30% al 50% del dólar y del euro en relación a las monedas de los países emergentes. ¿Pero cuáles son las consecuencias de que el sol se revalúe?

No hay duda que la revaluación del sol significaría el encarecimiento de nuestros productos en los mercados mundiales y la pérdida de miles de puestos de trabajo en el Perú. A su vez, los Peruanos con trabajo van a comprar productos mas baratos del exterior pero a costa de un aún mayor desempleo interno; lo mismo que le pasa hoy a los EEUU y la Unión Europea. El ajuste de tipo de cambio para mejorar la competitividad de USA resulta ser un juego de suma cero que perjudica a quien cede o permite que su tipo de cambio se revalúe. ¿Qué es entonces lo que está mal?

Si en el mundo existiera una verdadera economía de libre mercado y perfecta movilidad del trabajo, el ajuste debiera más bien darse en el mercado de trabajo y no en el tipo de cambio. Los países con abundancia de trabajadores (salarios bajos) verían a sus trabajadores moverse a los países de mayores salarios presionando para que los salarios bajen en esos países y suban en los nuestros. Así, para trabajos de igual calidad y productividad se emparejarían los salarios entre ambos países, cerrándose de paso las ominosas brechas de ingreso entre países. Eso sin embargo no es posible porque los países avanzados no aceptan la libre movilidad del trabajo e impiden la entrada a sus territorios, evitando que sus salarios disminuyan. La verdadera globalización no existe sino solo en lo que les favorece. Los países desarrollados prefieren la devaluación de su tipo de cambio en vez de reducir sus elevados salarios, perjudicando el empleo y la producción del resto del mundo.

Y los que dirigen la economía nacional se han preguntado ¿Qué es lo que beneficia al Perú? ¿Cuánto más soportaremos que se reduzca el tipo de cambio sin que nos explote a nosotros mismos?  

Santiago Roca

Profesor principal, Universidad ESAN.

El 22 de mayo pasado se conmemoró el Día de la Diversidad Biológica, uno de los temas de mayor preocupación en el mundo, ya que la pérdida de la biodiversidad amenaza con la inseguridad alimentaría y empeora las condiciones de salud y la disponibilidad de agua para la vida (Informe del Convenio sobre Diversidad Biológica). Así como nuestros antepasados domesticaron las plantas y mediante experiencias de campo, selección y cruce crearon miles de plantas y variedades de alimentos que luego pusieron a disposición de todos; el día de hoy se requiere regenerar los ecosistemas y la biodiversidad que desgastamos a pasos agigantados.

El uso de organismos vivos o procedimientos para producir nuevos productos (la biotecnología) no es por lo tanto una actividad negativa por sí misma. El problema de la biotecnología reside en el control y regulación de los efectos negativos de los nuevos productos y variedades que se desarrollen, el acceso de los agricultores a estos nuevos recursos y la apropiación y monopolización de los beneficios por parte de corporaciones que buscan extender el control privado de los recursos genéticos a través de derechos de propiedad intelectual.

Por ello, es importante conocer el tratado ITPGRFA, que entró en vigencia el 29 de junio del año 2004. Hasta ahora, 123 países han firmado el tratado, entre ellos el Perú. Este tratado crea un fondo común mundial de recursos genéticos administrado bajo un sistema multilateral de acceso y repartición de beneficios, dentro del cual cada miembro provee libre acceso a los recursos genéticos, con fines de investigación, mejoramiento de variedades y capacitación para la alimentación y la agricultura, siempre que dicha finalidad no lleve consigo aplicaciones farmacéuticas y/o otros usos industriales no relacionados con la alimentación. Además, las partes han acordado que los beneficios derivados del fondo se distribuyan de manera equitativa a través del intercambio de información, el acceso a la tecnología y su transferencia, la creación de capacidades y la distribución de los beneficios de la comercialización. Los receptores de estos recursos  genéticos que como consecuencia del uso de los mismos inscriban derechos de propiedad intelectual o de otra índole que limite el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación estarán obligados a pagar una compensación consistente en un porcentaje de las ventas.

Este fondo común de recursos genéticos multilateral resuelve problemas que los países en desarrollo encuentran en negociaciones bilaterales, donde les es difícil acceder a  cláusulas de reparto de beneficios derivados del uso y aprovechamiento de los recursos genéticos. Las negociaciones bilaterales se dan en un marco de poder e intereses que favorecen siempre al país desarrollado, lo que se ve agravado por la falta de equipo técnico y conocimientos del país en vías de desarrollo. Asimismo, en el caso de las variedades vegetales utilizadas para la agricultura, es difícil rastrear el país de origen de cada planta (la cual podría ser originaria de varios países), requisito necesario para la implementación de un sistema de repartición de beneficios bilateral.

La lista de las especies incluidas en el sistema multilateral es todavía reducida: avena, sorgo, lentejas, arroz, camote, coco y manzana, entre las más importantes. Se debería incluir más especies en el fondo y proponer mecanismos específicos que hagan que este sistema predomine sobre las negociaciones bilaterales, por el bien de la diversidad biológica, la agricultura y la alimentación.

por: Santiago Roca, Profesor Principal, Universidad ESAN.

Todos somos testigos que el Perú ha sido calificado por organismos internacionales y jefes de Estado como una de las economías más sólidas del continente. La solidez dicen, proviene del crecimiento del producto, el elevado nivel de inversión extranjera y los saldos favorables en la balanza comercial. Indiscutiblemente, si se compara a décadas anteriores, los números del PBI, inversión y exportaciones están mejor que antes.

Si se observa sin embargo ¿cuáles son los bienes y servicios que están logrando estos resultados? uno encuentra que el país se está especializando en productos de poco valor relativo. Entre 1990 y el 2008, las exportaciones primarias y de productos basados en recursos naturales han aumentado su participación del 82.4% al 88.6%, mientras los basados en mediana y alta tecnología han disminuido su participación del 3% al 2.6% y los de baja tecnología del 14.6% al 8.5%. Tomando en cuenta índices internacionales, los productos de mediana y alta tecnología tienen 6 y 21 veces más contenido de investigación y desarrollo que los productos de baja tecnología y estos 1.5 veces más que los productos primarios. Esto quiere decir que el Perú produce y exporta cada vez menos conocimiento y tecnología incorporada.

¿Qué consecuencias tiene que el Perú produzca bienes y servicios de poco conocimiento incorporado? La primera es que a pesar de que la balanza comercial sea superavitaria, la balanza que mide el intercambio de conocimientos se hace más deficitaria (US$2,000 millones el 2008). En segundo lugar, conforme mejoran los niveles de vida y aumentan las importaciones, se tendrá que explotar más intensamente los recursos primarios. Tercero, los productores de bienes de alta tecnología, requerirán más unidades de bienes primarios por unidad de alta tecnología, ensanchando las diferencias de horas de trabajo e ingreso entre los productores de ambos tipos de bienes. Cuarto, como parte de los recursos primarios se depredan y otros son no renovables, se afecta el nivel de vida de las generaciones futuras. Por último, se desperdicia la oportunidad de añadir valor a los recursos primarios, sin que aumente la productividad y se acelere el crecimiento.

En vez de seguir expandiendo la inversión y exportación en actividades primarias, se debe instaurar una política de crear valor e incorporar tecnología. Para comparar con solo dos países abundantes en recursos naturales: Nueva Zelanda y Colombia. En 1979, el 86% de las exportaciones de NZ se basaban en productos primarios y recursos naturales, ahora solo el 75%. En Colombia, las exportaciones primarias y basadas en recursos naturales han disminuido del 81.7% en 1987 al 65.6% en el 2007. Ambos países partieron de niveles similares a los del Perú (82.4% hace 20 años) pero el día de hoy tienen 13.6 y 23 puntos menos respectivamente (el Perú subió a 88.6%). NZ y Colombia intercambian más tecnología y tienen niveles de vida mejores que el Perú. 

El Perú no tiene entonces un crecimiento sólido. Para que sea sólido se requiere: i) crear mayor valor, sin tener que explotar hasta el límite los recursos primarios; ii) incorporar tecnología y conocimientos, acumulando y aprendiendo para seguir innovando; iii) crear más vínculos y conexiones con lo local; iv) diversificar a bienes de mayor calidad en empresas medianas y pequeñas, para atender mercados premium y especializados utilizando las nuevas tecnologías de información. Solo así se elevará la productividad en su conjunto y se equilibrará la balanza comercial de conocimientos, condiciones necesarias para participar en forma más sólida y equitativa en la economía mundial.

Santiago Roca

La opinión pública se queja   en los últimos años que  el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de  Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, no actúa  de oficio con la celeridad, anticipación y fuerza con que  debiera hacerlo para velar por  los intereses públicos y lograr que los mercados funcionen mejor.
 

¿Por qué es que el Indecopi se entera de las prácticas de las empresas azucareras a través de los periódicos?  ¿Por qué no actúa de oficio  para investigar y denunciar a aquellas empresas que efectúan  prácticas colusorias en diversos sectores de la actividad  económica?  Para reducir el precio del pasaporte de 210 soles a 37 soles como lo hizo la Aspec?, ¿para llamar  la atención del regulador de  telecomunicaciones cuando se hace de la vista gorda  frente a los intereses difusos de los consumidores?, ¿para investigar presumibles acciones de dumping o de subsidios? ¿Qué origina que esta  entidad no investigue el porqué  cuando se reducen aranceles no bajen los precios de  los bienes y servicios, o cuando  se reducen los precios de  los combustibles en los mercados  mundiales, estos no se  reduzcan en el Perú?
 

Uno de los factores –no el  único- que tiene que ver con  esta pasividad y falta de efectividad y eficacia para hacer  que los mercados funcionen  mejor es el diseño legal e institucional del Indecopi. La  ntidad  ha sido orientada principalmente a ofrecer justicia  administrativa en disputas  entre particulares y resolver  las pretensiones individuales  de las partes. Las comisiones  de Protección al Consumidor,  Libre Competencia,  Competencia Desleal, Dumping  y Subsidios, Reglamentos  Técnicos y Barreras Burocráticas  imparten y ofrecen     preponderantemente justicia  cuando una parte lo solicita.
Indecopi no tiene un mandato  contundente y una función  clara de rectoría para tutelar los mercados y actuar proactivamente en nombre del interés público y la sociedad. Las pocas veces que lo hace, la Secretaría Técnica de la Comisión, la misma  que analiza los conflictos entre partes y actúa como árbitro, es la que debe actuar de oficio y hacer la demanda. De esta manera, la Secretaría se transforma en juez y parte, son los denunciantes de oficio pero también los que analizan y presentan las propuestas de resolución de casos ante la respectiva Comisión.
 

No hay duda que este diseño  organizacional de la institución no es el más apropiado. Al sistema actual le falta carácter, una mejor organización y división de funciones. Mucho mejor sería tener una unidad rectora fuerte e independiente de la justicia administrativa que tome a su cargo las actividades de oficio, los intereses públicos y la tutela del mercado. Pero además se necesita que esta unidad realice los trabajos de promoción, prevención, información y orientación a la ciudadanía en las múltiples funciones que desempeña. En realidad, se necesita repensar el Indecopi para que las tareas y funciones de tutela que le otorga el Estado se cumplan.
En la mayoría de países del mundo, Estados Unidos, Suecia, Brasil, etc., el Estado se organiza separando las actividades de administración de justicia de aquellas de tutela de los consumidores o del mercado. La justicia debe ser independiente y no parcializarse con las funciones de tutela, protección, promoción y prevención

La descentralización en el Código de Consumo

Santiago Roca
Profesor principal, Universidad ESAN.

Dos son las tareas claves del Estado para proteger al consumidor en el mercado. La primera es una activa acción rectora para hacer cumplir las leyes y la política nacional de consumo, y la segunda es la administración de justicia para la resolución de los conflictos. En la mayoría de países del mundo siempre se ha preferido diferenciar claramente a las instituciones a cargo de estas tareas. Las unidades que resuelven los conflictos son autónomas e independientes de los órganos a cargo de la tutela de los consumidores y del hacer que las leyes se observen.

En la propuesta del Código de Consumo que recientemente el Ejecutivo ha enviado al Congreso, no se aprovecha la oportunidad para esclarecer esta diferenciación. El Indecopi tiene ambas funciones, la de tutela del consumidor y la de árbitro de los conflictos de consumo. ¿Pero se puede tutelar y ser árbitro a la misma vez? Para poder serlo se requeriría un nivel de autonomía y condiciones en el ejercicio de la función y carreras públicas que no existe en el Perú. 

Pero aun con esta deficiencia y los problemas que va a generar el que se tenga las dos tareas en una sola institución, ¿cómo hace el Estado para llegar a tutelar y arbitrar en todo el espacio geográfico nacional? ¿Es la propuesta congruente con el proceso y las leyes de descentralización que ha aprobado el país? 

En la tarea de la tutela de los consumidores, el Código de Consumo propone en verdad dejar de lado las leyes de descentralización y proseguir en un camino propio que puede resultar ser extremadamente dispendioso y caro para el país. Este camino es seguir abriendo oficinas propias del Indecopi en las regiones. Se trata quizás de copiar el gigantesco modelo mexicano, en donde Profeco, la autoridad del consumidor, en su afán de estar cerca de los consumidores, ha abierto hasta la actualidad más de 61 sucursales y emplea alrededor de 5,000 funcionarios. ¿No existen acaso otras alternativas?

Una posibilidad concreta es utilizar el proceso de descentralización actual para transferir competencias de consumidor a los gobiernos regionales y locales. Los gobiernos regionales ya comparten actualmente con el gobierno central  el desarrollo económico de sus territorios, la inversión y la promoción de sus mercados. ¿Por qué no compartir el consumo también? De otro lado, los gobiernos municipales ya actualmente administran asuntos vinculados al consumo, como por ejemplo, la regulación de la salubridad y verificación de condiciones higiénico-sanitarias de los mercados y restaurantes; las normas de distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos; el acaparamiento y adulteración de los productos, etc. Se fortalecerían en sus funciones si añaden las referidas a la protección al consumidor, como son, las inspecciones de las condiciones de consumo, la información y orientación al consumidor, el control de pesos y medidas, etc.

Un avance importante se da sin embargo en el campo de la tarea de árbitro del Estado. Se ha dispuesto la creación de órganos sumarísimos de resolución de procedimientos de menor cuantía aparentemente a nivel distrital. De implementarse, al menos permitiría acceso a la justicia administrativa a lo largo y ancho del país.

Santiago Roca
Profesor principal, Universidad ESAN.

De los múltiples temas referidos a la biodiversidad, hay dos relevantes: primero, la apropiación de nuestra riqueza biológica sin que se obtenga compensación para el país y para las comunidades poseedoras de estos recursos; y, segundo, el resarcimiento ante el daño causado sobre la biodiversidad como consecuencia de la introducción de organismos genéticamente modificados, y las consecuencias en el sector agrícola.

En el primer tema, un ejemplo es el de la planta Hoodia Gordonii y las tribus de los “San” en África. Mucho después que se conociera que la tribu utilizaba ese cactus para reducir el hambre, el Consejo Estatal Sudafricano para la Investigación Científica e Industrial – CICI, aísla el “glicósido P57” de la planta y lo patenta. Luego, cede la patente a una empresa de biotecnología que, con Pfizer, descompone el activo y lo sintetiza como supresor del apetito. El potencial de ganancias de la nueva droga, hace que los “San” acusen al CICI de biopiratería y lo obligan a suscribir un acuerdo para compartir las regalías. Si bien todavía no se ha podido obtener la comercialización de la droga –se vienen estudiando posibles efectos en el hígado– el caso representa un “modelo” de distribución de los beneficios de la riqueza biológica y de la forma de participación del Estado y de las comunidades originarias, con terceros inversionistas que deja ver la necesidad de una política pública.  

En el segundo tema, está el caso “Hoffman vs. Monsanto”, donde los agricultores de cultivos orgánicos en Canadá acudieron a una “acción de clase” contra Monsanto para que indemnice el daño causado a los campos de canola orgánica, al contaminarlos con canola genéticamente modificada y afectar la identidad de sus cultivos, originándoles pérdidas significativas. Si bien las cortes no han admitido hasta el momento la acción de clase, se discute el cumplimiento de un principio jurídico incuestionable también para la biodiversidad: “todo aquel que causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo”.

En estas materias el Perú está en pañales; todavía no define qué modelo externo o propio le conviene seguir para beneficio del país y sus comunidades nativas.

En la apropiación de la riqueza biológica tradicional existe el Convenio de Diversidad Biológica, del cual Perú es miembro, que desarrolla los principios de acceso legal, consentimiento informado previo, y compensación económica justa y equitativa para las comunidades nativas. Por su parte, la Ley de Conocimientos Tradicionales Nº 27811, vigente ya cerca de 10 años, no ha sido implementada, por lo que no se sabe cómo, el Estado y las comunidades se podrían beneficiar de su riqueza, a pesar de esfuerzos aislados para impedir que se otorguen patentes de plantas originarias y de estos conocimientos tradicionales del Perú, en el exterior.

En los daños a la biodiversidad y a los agricultores por la introducción de semilla genéticamente modificada, el Estado exhibe la misma irresponsabilidad y negligencia. En efecto, pese a haber firmado el Protocolo de Cartagena en el 2003, y la Ley Nº 27104 de prevención de riesgos derivados del uso de la biotecnología, hasta la fecha ambas normas no se implementan en su cabalidad.

Además de ello, llueve sobre mojado, cuando en los TLC se suscriben compromisos sin la debida reflexión y sin conocer los modelos de compensación y conservación que más convienen al país.

¿Cuándo el Estado definirá una política nacional en estas materias? ¿Hasta cuándo vamos a esperar?

EL ROL DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

por: Santiago Roca, Profesor Principal Universidad ESAN

En el reciente debate sobre el Anteproyecto del Código de Consumo, algunos asesores de gremios empresariales han salido a apuntar sus dardos en contra de las asociaciones de consumidores. En forma virulenta, estos asesores, han salido a los medios a criticar que las asociaciones de consumidores fomentan la denuncia y el reclamo y que por lo tanto no se deben promover. Descubren que las asociaciones son parcialmente financiadas por las multas administrativas a los infractores de la ley de protección al consumidor y exigen se les retire este mecanismo de financiamiento ya que ello favorece las reclamaciones. Descubrieron que el Indecopi ya había transferido 600,000 soles al ASPEC – no se sabe si en un año o en sus 25 años de existencia – y que el anteproyecto generalizaba esta posibilidad a futuro, por lo que exigían su eliminación. En realidad lo que están pidiendo es que no tengan financiamiento y desaparezcan.

Pero ¿cuál es el rol que juegan en la economía las asociaciones de consumidores? Al igual que las asociaciones empresariales defienden los intereses de los empresarios, las asociaciones de los consumidores existen para defender los intereses de los consumidores. Estos intereses son muy amplios, no van en contra de ninguna empresa, grupo u asociación empresarial en particular, sino a favor de los usuarios o ciudadanos (principalmente de a pie) cuando son engañados, mal informados o abusados por grupos inescrupulosos o inclusive por la acción o inacción misma del Estado.0

 Si ustedes analizan cuál ha sido la actuación de oficio de la autoridad del consumo para hacer cumplir las leyes que velan por la idoneidad, salud e inocuidad de los productos y servicios en el mercado y la comparan con aquellas de la Asociación Peruana de Consumidores, ASPEC, se quedarán sorprendidos que el ASPEC ha cumplido un papel muy superior al Indecopi. ¿Quien ha salido a mostrar estudios y a denunciar que las balanzas en los mercados pesan en promedio 50 gramos menos y que los consumidores están siendo engañados?, ¿quien ha salido a denunciar y ha logrado que el bromato de potasio, mal denominados vinagres, y muchos otros productos hacen daño y deban ser retirados del mercado?. Quien ha denunciado y logrado que el precio de los pasaportes y de la playa de estacionamiento del aeropuerto no cobren por encima de los precios legales? ¿Quién está defendiendo a los consumidores para que los proveedores no se queden en forma arbitraria con su vuelto? ¿Quién está permanentemente educando a consumidores y proveedores en sus derechos y en las normas del consumo? 

¿Cuantos miles de millones de soles han ahorrado estas acciones a los consumidores en relación al financiamiento que reciben? Las asociaciones de consumidores existen en todo el mundo y juegan un rol activo no solo en defender a los consumidores en forma individual sino principalmente denunciando las causas colectivas y del bien general. Muchas asociaciones empresariales se unen a las asociaciones de consumidores para educar y concientizar a sus asociados de que sus negocios irán mejor si se unen con ellos y respetan las normas y reglamentos que buscan asegurar la salud, idoneidad e inocuidad de los bienes y servicios. En todos los países modernos, las asociaciones de consumidores son parcialmente financiadas por fondos públicos, y en varios de estos, no solamente en proporción de las multas de los casos por ellas denunciados, sino a través de mecanismos similares al drawback que reciben los exportadores. Es decir, el Estado le devuelve a los consumidores (a través de sus asociaciones) una parte de los impuestos que pagan por los bienes que consumen.

por: Santiago Roca, Profesor Principal, Universidad ESAN

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Hace unos días, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, una entidad de la sociedad civil sin fines de lucro, presentó al país una investigación de campo en donde encontró que el 49.32% de las balanzas revisadas en diversos mercados de Lima y Callao, no cumplen con las especificaciones de peso. Utilizando un procedimiento técnico normalizado con pesas calibradas que cuentan con certificado oficial del Servicio Nacional de Metrología se verificó que estas balanzas pesaban entre 12.5 a 300 gramos menos de lo que debían pesar.

En un cálculo basado solo en la venta de papa, un producto de bajo valor por unidad de peso (un sol a dos soles por kilo), ASPEC calcula que los consumidores estarían siendo estafados en alrededor de 268 millones de soles al año. Si a ello se le agrega que en los mercados se venden múltiplos productos y muchos de ellos con mayor valor por unidad de peso: carne (diez a veinte soles por Kg), huevos (3 a 5 soles por Kg), frutas (2 a 8 soles por Kg), etc., las pérdidas de los consumidores podrían fácilmente sobrepasar los tres mil millones de soles al año.

¿Qué pasa en el país que no existen autoridades responsables de velar por los pesos y las medidas en los mercados? La respuesta es muy simple, de un tiempo a esta parte, los últimos gobiernos han promovido la desregulación y la no intervención del Estado en la economía, en la creencia que los problemas entre compradores y vendedores se deberían resolver solos. Por ello fue que se derogaron dispositivos legales y se cerraron instituciones del Estado como el ITINTEC, al cual se parte y se le quitan competencias, entre ellas las referidas a la verificación de los pesos y medidas en los mercados. Tiempo después - frente a las protestas - la ley orgánica de municipalidades autoriza a los municipios a que legislen, operacionalizen, controlen y fiscalizen los pesos y medidas, pero no se les asigna presupuesto, no se promulga una ley marco, ni se les permite cobrar por dicho servicio. De esta forma se entierra al muerto. Ni siquiera se faculta a la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI para que en nombre de los consumidores actúe en forma colectiva.

En el 2005, desde el INDECOPI, presentamos al país una propuesta de ley para resolver el problema. Todo medio de medición utilizado en operaciones de carácter comercial o industrial deberá encontrarse verificado, con arreglo a los términos y especificaciones que dicte el Servicio Nacional de Metrología. Las personas naturales o jurídicas verificadoras –privadas - deberían ser previamente autorizadas o acreditadas y estarían empoderadas para otorgar sellos respectivos de verificación. Los proveedores o propietarios de los medios de medición serían los responsables por el correcto funcionamiento de estos instrumentos. Los gobiernos locales serían los facultados para fiscalizar y sancionar la no observancia de las normas metrológicas. Se estaba proponiendo un sistema integral, público-privado, con órganos rectores, y aplicación y fiscalización local y descentralizada.

Nada de esto satisfizo a los talibanes del mercado y creyentes de la libertad absoluta (ley de la selva), los problemas de pesos y medidas se deberían resolver libremente, sin regulación ni normas. Como consecuencia de ello, se descartó la propuesta en el Ejecutivo y se boicoteó su aprobación en el Congreso.

Cuatro años después, una entidad de la sociedad civil es la que tiene que sacar la cara por los consumidores. ¡Que bien por ASPEC!, pero ¿Dónde está el Estado? ¡Que vergüenza para todos estos técnicos y políticos que legislan o dejan de legislar en función exclusiva a ideologías, en vez de en la ética, la justeza y la práctica de la situación!