Félix Jiménez

La reciente elección presidencial ha mostrado de manera descarnada la existencia de una fractura que persiste desde la fundación de la república. Somos dos países confrontados, poco integrados, que responden a un solo Estado pero no constituyen una sola Nación.

Con esta fractura que las elites empresariales y políticas que usufructuaron del poder, reprodujeron en el tiempo, hemos llegado a la globalización neoliberal. Nuestra mayor integración al resto del mundo ha evidenciado la profundidad de esa fractura histórica, porque la manera de crecer y acumular capital de los últimos años no ha incorporado al Perú de la sierra y de la selva, no ha sido socialmente inclusivo y no ha aumentado notoriamente el nivel de vida de este lado del Perú. Su efecto directo ha sido entonces el debilitamiento de la democracia, el incremento de los conflictos sociales azuzados, además, por la política del perro del hortelano. La globalización ha impuesto, por otro lado, la subordinación de las prioridades de inclusión e integración social, con lo cual se reproduce la heterogeneidad estructural –económica, social y política-- que impide culminar la construcción de la Nación.

El papel articulador e integrador de la economía nacional de mercado

La síntesis social peruana – decía Basadre – no se ha realizado aún. «El Perú sigue siendo una serie de compartimentos estancos, de estratos superpuestos o coincidentes, con solución de continuidad. Por todo ello, el nacionalismo que, en otras partes, no es necesario o, fatalmente, está superado, urge aquí. En otras partes, el nacionalismo es algo destructor; aquí debe ser constructor. Constructor de conciencia y constructor de soluciones. En otras partes es ofensivo; aquí necesita ser defensivo. Defensivo contra el ausentismo y defensivo contra la presión extranjera, de absorción material o mental» (véase Perú: Problema y Posibilidad, Lima 1984, p. 6).

La estrategia de desarrollo de una Economía Nacional de Mercado constituye el sustrato económico del concepto de Nación o comunidad política territorializada. No hemos culminado la construcción de la Nación a pesar de tener cerca de dos siglos de vida republicana, porque hemos descuidado el desarrollo de mercados a lo largo y ancho del país. Por eso tenemos poblaciones rurales y nativas excluidas de la modernidad. Si algo de bueno tiene el neoliberalismo en nuestro país es haber revelado la existencia y la fuerza de estos peruanos olvidados que le han dado el triunfo a Ollanta Humala, es decir, a la opción de un cambio que prioriza el interés nacional. Los tres ejes de política (no los únicos) para desarrollar la economía nacional de mercado son: infraestructura para conectar la economía con la geografía y demografía del país; financiamiento competitivo basado en el mercado de capitales en moneda nacional; y, revolución educativa e inversión en ciencia y tecnología. La creación y expansión de los mercados internos es la base para la construcción de una verdadera comunidad política territorializada e integrada social y políticamente.

Autodeterminación nacional y globalización

En Perú el carácter nacional que debe tener la economía de mercado proviene entonces de su papel integrador, necesario para la culminación de la construcción de la Nación. Pero lo nacional en el desarrollo de esta economía es también una reacción de autodeterminación frente a la presión de la globalización. La pregunta que debemos responder, por lo tanto, es ¿cómo mantener una economía abierta priorizando los intereses nacionales?

Keynes, refiriéndose a Inglaterra de 1933, decía que «el internacionalismo económico que comprende la libre movilidad de capitales y de los fondos prestables así como de las mercancías, puede condenar a este país por una generación venidera a un grado mucho más bajo de prosperidad material que el que pudiera alcanzarse bajo un sistema diferente.» Llamaba la atención así sobre el dilema entre la administración autónoma de la tasa de interés por la autoridad monetaria y la libre movilidad internacional de capitales. Como la libre movilidad supone la igualación de las tasas de interés domésticas e internacionales, él sugería imponer controles al movimiento de capitales para que la autoridad monetaria tenga soberanía sobre la tasa de interés.

Keynes no fue el único que proponía restricciones al movimiento de capitales. Lo hicieron también Tobin y más recientemente, en el contexto de la globalización actual, P. Davidson, J. Kregel, D. Rodrik y J. Stiglitz, para mencionar solo a los más conocidos. Lo que todos destacan es la imposibilidad de lograr simultáneamente la autodeterminación nacional y la globalización económica. Rodrik adiciona el fortalecimiento de la democracia como objetivo imposible de cumplir junto a la globalización económica.

Para Tobin (1978) «Las economías nacionales y los gobiernos nacionales no son capaces de adaptarse a los movimientos masivos de fondos a través de los mercados de divisas, sin las dificultades reales y sin sacrificio significativo de los objetivos de la política económica nacional en materia de empleo, producción e inflación. En concreto, decía, la movilidad del capital financiero limita las diferencias viables entre las tasas de interés nacionales y por lo tanto restringe severamente la capacidad del banco central y el gobierno para aplicar políticas monetarias y fiscales apropiadas para sus economías internas».

En consecuencia, para que la economía tenga un carácter nacional se tiene que desalentar los flujos especulativos de capital de corto plazo, cuya intensidad y volatilidad podría «amenazar seriamente el desempeño macroeconómico del país, especialmente mediante la reducción de la autonomía de la política monetaria». Estos flujos, además, como señala Tobin, impactan sobre el tipo de cambio, con lo cual alteran los precios relativos y afectan la competitividad de las exportaciones.

Conclusión

La economía nacional de mercado es no solo una estrategia de construcción de la Nación, sino también una propuesta de autodeterminación nacional en el manejo de la política macroeconómica: monetaria, cambiaria y fiscal.

Félix Jiménez
Economista Ph. D.
Profesor Principal de la PUCP

Recientemente una periodista exhibió la carta que envié a Max Hernández, presidente del Acuerdo Nacional, para, citando frases y párrafos fuera de contexto, “mostrar” mi supuesto rechazo a la economía de mercado, mi supuesta adhesión a un modelo de economía cerrada y, por lo tanto, mi supuesto rechazo a una estrategia exportadora para el país. La revista Caretas del jueves 12 de mayo hizo lo mismo. Dice: en la carta que envié a Max Hernández “Jiménez rechaza de plano la estrategia de exportación y remarca que no hay evidencia robusta que permita afirmar que el libre comercio es favorable al crecimiento y desarrollo”. Estas lecturas de mi carta muestran, como veremos en seguida, una proclividad hacia el infundio.

Nuestra crítica al Plan Bicentenario elaborado por CEPLAN

El propósito de mi carta (que ciertamente no era una carta abierta) era contribuir a mejorar el contenido del documento del CEPLAN en el que se propone un conjunto de objetivos estratégicos y de políticas para lograr el desarrollo de nuestro país: el ejercicio universal y pleno por los peruanos de sus derechos fundamentales.

Nuestra crítica hacía énfasis en la necesidad de cambiar el actual patrón de crecimiento económico construyendo una economía dinámica y diversificada, con un patrón de comercio distinto al actual y con mercados internos integrados y desarrollados para acercarnos a una sociedad más justa e integrada socialmente. Señalamos que la concepción estratégica del Plan Bicentenario no deslinda claramente con el modelo primario exportador que reproduce la exclusión social. La estrategia que proponen, afirmamos, no es nueva. Es la misma de la CEPAL y otros, que privilegian el lado de la oferta (creación de capacidad productiva diversificada) y dejan de lado el papel de la demanda. Preguntábamos ¿de dónde provendrá la demanda? ¿La fuente principal de la demanda será externa o interna? Si es externa, ¿cómo se asegurará que haya demanda internacional para lo que se produce? Si se supone que la fuente de demanda se encuentra en los mercados internacionales, decíamos que esto era apostar por un crecimiento exógeno, dependiente y vulnerable a sus fluctuaciones. La historia de nuestro país ha mostrado que esta ruta no conduce al desarrollo.

El documento de CEPLAN “reconoce a los mercados internacionales como la principal fuente de oportunidades para el desarrollo económico y a los recursos naturales como la principal riqueza que posee el Perú, razón por la cual la estrategia de desarrollo debe impulsar su uso sostenible con inversión nacional y extranjera” (pág. 12). Esta estrategia se basa en la desregulación y la liberalización del comercio como elementos importantes para desarrollar competitividad. En este contexto (sobre la base de trabajos de Blecker, 2000; Rodríguez y Rodrik, 2001; Easterly, 2005; y, Estevadeordal y Taylor, 2007), afirmé que no hay evidencia robusta sobre los efectos positivos de la liberalización comercial sobre el crecimiento. Ciertamente, de aquí no se puede concluir que hay que cerrar el comercio.

La propuesta de economía nacional de mercado abierta al mundo

Apostar, en estas condiciones, por competir entre todos los países subdesarrollados por una porción de demanda externa de los países industrializados, mediante el desmantelamiento de los estándares regulatorios, conduce a un callejón sin salida. Los países como el nuestro no pueden mejorar sus estándares regulatorios porque perderían competitividad con sus pares.

La solución es optar por una estrategia de crecimiento endógeno; por una economía menos dependiente de los mercados externos, que endogeniza la fuente de generación de demanda e ingresos al interior del país. Es decir, se tiene que abandonar el modelo primario exportador, cuya fuente de demanda y crecimiento, no se encuentra dentro de la nación, sino en los mercados externos. En la estrategia que hemos llamado Economía Nacional de Mercado, el Estado debe generar las condiciones de mercado y financiamiento para que la inversión privada se expanda a lo largo y ancho del país, mediante inversión en infraestructura, desarrollo del mercado de capitales en soles, inversión en ciencia y tecnología, y cambio de la matriz energética.

Recusamos el modelo estatista y queremos basar el crecimiento en la productividad

Sólo el que no comprende lo que lee puede decir que la Economía Nacional de Mercado es una estrategia estatista y de economía cerrada. Se propone justamente desarrollar mercados internos para integrar socialmente al país y al mismo tiempo expandir las exportaciones. En una economía con mercados internos en expansión, aumenta la productividad y, por lo tanto, bajan los costos unitarios de producción, con lo cual mejora la competitividad y, por lo tanto, se acrecienta la capacidad exportadora de la economía. Las exportaciones refuerzan el círculo virtuoso del crecimiento. Por eso hicimos notar que en el Plan Bicentenario no se dice nada sobre el tipo de cambio. Es difícil, dice el economista Rodrik, generar empleo en un entorno en el que la moneda está sobrevaluada. La apreciación cambiaria afecta la competitividad de los productores del país favoreciendo a los productores extranjeros.

La administración del tipo de cambio para promover exportaciones con procesamiento y conocimiento tecnológico, la exclusión social y la superación de la actual distribución desigual del ingreso, no son temas que se abordan en el Plan Bicentenario.

Publicado en la revista Dominical de La República, 22 de mao 2011.

Entrevista/Félix Jiménez. Economista Ph. D. Jefe del plan de gobierno de Gana Perú. Gana Perú coincide con la propuesta de la Defensoría, del MEF y el Banco Mundial respecto a una reforma del sistema de pensiones en el país.

Rumi Cevallos/Enrique Larrea.

Gana Perú tocará los aportes de los trabajadores del Sistema Privado de Pensiones. ¿Esto es cierto?

No es cierto. En ninguna parte del plan se dice tal cosa. Por principio y respeto a los ahorristas nunca se pensó en utilizar sus ahorros que por ley son intangibles. Este infundio es parte de la campaña de miedo dirigida a indisponer al electorado contra nuestro candidato Ollanta Humala. Sospecho que es una campaña orquestada desde los predios del fujimorismo. Después de que su candidata incluyera en el documento de PPK la frase “respeto absoluto de los ahorros”, cierta prensa inició esta campaña difamatoria.

¿Usarán los fondos del SPP para el programa Pensión 65? 

No se usarán los fondos del SPP para ningún programa social. Nuestro programa Pensión 65 está dirigido a los adultos mayores de 65 años que no tienen ningún ingreso. Este programa es promovido por instituciones como el Banco Mundial y la OIT. Se trata de una pensión no contributiva que ayuda a la reducción de la pobreza. Contribuye a la recuperación de la dignidad de los ancianos y es un factor de demanda que ayuda a impulsar la producción y el desarrollo del mercado interno. En tanto factor de demanda genera un retorno al tesoro a través del IGV y el ISC.

¿A cuántos atenderá?

Según estimaciones recientes habría 1.836.240 personas mayores de 65 años. Descontando a los que reciben pensión de la ONP y de las AFP, los adultos mayores de 65 años sin protección social son 1.259.945. Con una pensión de S/. 250, el costo anual de nuestro programa Pensión 65 es de S/. 3.780 millones. Esta cifra equivale al 0,81% del PBI.

¿Cómo lo financiarán?

Es totalmente financiable con recursos del tesoro público que provendrán, además, de la reforma tributaria. Los recursos adicionales que se obtendrían con esta reforma servirían también para financiar el resto de los programas sociales anunciados por Ollanta Humala. Los que mintieron mostrando una cifra descomunal de S/.14 mil millones como costo de Pensión 65 no saben multiplicar. Es realmente vergonzoso. Repito, Pensión 65 se financiará con recursos adicionales que provendrán de la reforma tributaria. En ninguna parte del Plan se dice que se usará los fondos de los afiliados de las AFP. Estos fondos son y tienen que ser intangibles.

¿Funciona bien el sistema previsional en el Perú?

Gana Perú coincide con lo que señalan instituciones nacionales y multilaterales respecto a que es necesario reformar este sistema. La principal crítica es que en nuestro país los actuales sistemas de pensiones público y el privado son paralelos o alternativos. No son complementarios. Es sabido que el sistema público, que es de reparto, fue gravemente afectado con la creación del SPP debido a que le quitó gran parte de sus afiliados. Según el Informe Defensorial Nº 99, de noviembre de 2005 de la Defensoría del Pueblo, titulado “El futuro de los sistemas de pensiones. Hacia una nueva relación entre el sistema público y el privado”, con la tasa de contribución de 13% que se hace al SPP, “asumiendo que todos los afiliados al SPP lo estarían al SNP y abonaran regularmente sus cotizaciones” el sistema público “arrojaría un superávit de S/. 431 millones, o alternativamente se pagarían pensiones que en promedio serían 32% superiores a las que actualmente paga el SNP”.

¿Y sobre el sistema privado?

Tampoco amplió sustancialmente su cobertura, pues depende fundamentalmente del empleo formal. Es extendida la opinión de que la comisiones cobradas son las más altas de Sudamérica. Según la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, las AFP en el Perú cobran las comisiones más altas del mundo. Pero además son las empresas que obtienen las más altas tasas de ganancia respecto a su patrimonio. No operan competitivamente porque constituyen un oligopolio. Según el Banco Mundial, en el 2003 la tasa de ganancia promedio de las AFP, medida como ganancias sobre patrimonio, fue de 59%, es decir, tres veces el promedio regional de ese año. Estas empresas lograron subir en el 2006 el porcentaje de aporte de sus afiliados de 8% a 10%. Ello significa 1.110 millones adicionales de una masa salarial aproximada de S/. 55.500 millones.

¿Hay solidaridad en el SPP?

Tanto la Defensoría del Pueblo como el MEF en su Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2007-2009 (mayo 2006) señalan que el SPP carece de solidaridad intrageneracional o intergeneracional. Para ponderar este hecho, la opinión pública debe saber que con la aprobación de la pensión mínima (S/. 415), todos los contribuyentes debemos subsidiar a las AFP, pues cuando la pensión de sus afiliados es menor a S/. 415 la diferencia la paga el Tesoro Público.

Harán modificaciones al sistema previsional (público y privado) para mejorar las condiciones pensionarias de los peruanos?

En el Plan proponemos recuperar la solidaridad en el sistema de pensiones. Nuestra propuesta es de una reforma que haga que los sistemas público y privado no sean alternativos sino complementarios. Proponemos a) un sistema de pensiones público con un componente contributivo obligatorio (donde se determina una pensión básica) y otro no contributivo que es precisamente Pensión 65; y, como complemento, b) un sistema privado (que es el actual) basado en cuentas individuales que se capitalizan. Esta propuesta es parecida a la realizada por la Defensoría del Pueblo el 2005 y que está contenida en su Informe Nº 99. Una propuesta similar la encontramos también en el MMM 2007-2009 del MEF (mayo 2006). Además de estas dos instituciones nacionales, el Banco Mundial es otra entidad que desde el 2004 viene planteando lo mismo. Véase “Perú: Restoring the multiple multipillar of old-age income security” (enero 2004) y el más reciente “Old Age income support in the 21st Century: an international perspective on pension systems and reform”. El desconocimiento de estos estudios y propuestas por parte de nuestros adversarios los conduce a satanizar, de manera vergonzosa, planteamientos que están a tono con las tendencias hacia la modernización de los sistemas de pensiones en el mundo.

Pensión 65 sí se llevará a cabo

¿Pensión 65 será realidad?

Del conjunto de nuestra propuesta de reforma, Pensión 65 se llevaría a cabo de todas maneras. Es parte importante de las políticas redistributivas que se reiteran en el documento Compromiso con el pueblo peruano, firmado por Ollanta Humala el 28 de marzo.

¿Y la reforma del sistema previsional?

Esa parte de la reforma que involucra la complementariedad de los sistemas privado y público tiene que someterse al diálogo y su mantenimiento como propuesta de política dependerá del consenso o acuerdo al que se llegue según el documento de compromiso citado. Hay que señalar que de mantenerse esta propuesta de reforma, tendrá que pasar por el Congreso donde se buscaría fórmulas de consenso. La complementariedad, cuyos detalles se discutirán en su oportunidad, si se acuerda implementar esta reforma, se sustenta en el aporte obligatorio. Pero la modalidad del aporte obligatorio puede variar. Hay distintas opciones y ninguna implica usar los fondos de los afiliados de las AFP, y tampoco afectan el carácter solidario y de complementariedad de la reforma propuesta.

Una propuesta viable...

Así es. Nuestra propuesta de reforma sigue el espíritu de las de la Defensoría, del propio MEF y del Banco Mundial.

     Félix Jiménez

Varios medios de comunicación afirman que Gana Perú utilizará los aportes de los trabajadores al sistema Privado de Pensiones. ¿Esto es cierto?

No es cierto. En ninguna parte del plan se dice tal cosa. Por principio y respeto a los ahorristas nunca se ha pensado en utilizar sus ahorros que por ley son intangibles. Este infundio es parte de la campaña de miedo dirigida a indisponer al electorado contra nuestro candidato Ollanta Humala. Sospecho que esta es una campaña orquestada desde los predios del fujimorismo. Después que su candidata incluyera en el documento de PPK la frase “respeto absoluto de los ahorros”, cierta prensa inició esta campaña difamatoria. En el colmo de la ignorancia de la aritmética un diario señalaba en primera página que nuestro programa Pensión 65 costaría 14 mil millones de soles. Esta campaña sigue. Hoy la prensa anuncia que el Ministro de Economía tendrá lista la próxima semana el proyecto de ley para blindar el fondo privado que administran las AFP. Esta es una intromisión irresponsable que viola la neutralidad que según ley debe mantener el ejecutivo y que se basa en una mentira, en una interpretación calumniosa de nuestra propuesta. 

Yo señalo a este Ministro y al jefe de la SBS que acaba de sumarse a este coro del cinismo, como los principales responsables de los problemas financieros que puedan ocurrir. Espero que intervengan las autoridades electorales y que el Congreso cite a este Ministro a informar con detalle sobre lo que quiere hacer.

Precise, por favor, si usarán los fondos del SPP para el programa planteado como Pensión 65. Explique, por favor esta propuesta y su financiamiento.

No se usarán los fondos del SPP para ningún programa social. Nuestro programa Pensión 65 está dirigido a los adultos mayores de 65 años que no tienen pensión o ningún ingreso. Este programa es promovido por instituciones multilaterales como el Banco Mundial y la OIT. Se trata de una pensión no contributiva que ayuda a la reducción de la pobreza. Ayuda a la recuperación de la dignidad de los ancianos y es un factor de demanda que contribuye a impulsar la producción y el desarrollo del mercado interno. En tanto factor de demanda genera un retorno al tesoro a través del IGV y del ISC. 

De acuerdo a estimaciones recientes habría 1’836,240 personas mayores de 65 años. Descontando a los que reciben pensión de la ONP y de las AFP, los adultos mayores de 65 años sin protección social son 1’259,945. Con una pensión de 250 soles, el costo anual de nuestro programa Pensión 65 es de 3,780 millones de soles. Esta cifra equivale al 0.81% del PBI. Esto es totalmente financiable con recursos del tesoro público, que provendrán, además, de la reforma tributaria propuesta en nuestro Plan. Los recursos adicionales que se obtendrían con esta reforma servirían además para financiar el resto de nuestros programas sociales anunciados por Ollanta Humala. Los que mintieron mostrando una cifra descomunal de 14 mil millones de soles como costo de Pensión 65 no saben multiplicar. Esto es realmente vergonzoso. 

Repito, Pensión 65 se financiará con recursos adicionales que provendrán de la reforma tributaria. En ninguna parte del Plan se dice que se hará uso de los fondos de los afiliados de las AFP. Estos fondos son y tienen que ser intangibles.

Para Gana Perú, ¿funciona adecuadamente bien el Sistema previsional en el Perú? ¿Identifican fallas en el sistema previsional público (SP) y privado (SPP)?

Gana Perú coincide con lo que señalan instituciones nacionales y multilaterales respecto a que es necesario reformar este sistema. La principal crítica es que en nuestro país los sistemas de pensiones público y el privado actuales son paralelos o alternativos. No son complementarios. Es sabido que el sistema público, que es un sistema de reparto, fue gravemente afectado con la creación del sistema privado de pensiones debido a que le quitó gran parte de sus afiliados. Según el Informe Defensorial No. 99 de noviembre de 2005 de la Defensoría del Pueblo, titulado “El futuro de los sistemas de pensiones. Hacia una nueva relación entre el sistema público y el privado”, con la tasa de contribución de 13% que se hace al SPP, “asumiendo que todos los afiliados al SPP lo estarían al SNP y abonaran regularmente sus cotizaciones” el sistema público “arrojaría un superávit de 431 millones de soles, o alternativamente se pagarían pensiones que en promedio serían 32% superiores a las que actualmente paga el SNP”.

El SPP tampoco ha ampliado sustancialmente su cobertura pues depende fundamentalmente del empleo formal. Por otro lado es extendida la opinión de que la comisiones que cobra son las más altas de la región sudamericana. Según la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, las AFP en Perú cobran las comisiones más altas del mundo. Pero, además son las empresas que obtienen las más altas tasas de ganancia respecto a su patrimonio. No operan competitivamente porque constituyen un oligopolio. Según el Banco Mundial, en el año 2003 la tasa de ganancia promedio de las AFPs, medida como ganancias sobre patrimonio, fue de 59%, es decir, tres veces el promedio regional de ese año. Estas empresas lograron aumentar en el año 2006 el porcentaje de aporte de sus afiliados de 8% a 10%. Esto significa 1,110 millones adicionales de una masa salarial de aproximadamente 55,500 millones de soles.

Finalmente un hecho que llama la atención es que tanto la Defensoría del Pueblo como el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2007-2009, de mayo de 2006, señalan que el SPP carece de solidaridad intrageneracional o intergeneracional. Para ponderar este hecho, la opinión pública debe saber que actualmente con la aprobación de la pensión mínima (de 415 soles), todos los contribuyentes debemos subsidiar a las AFP pues cuando la pensión de sus afiliados resulta menor a los 415 soles la diferencia la paga el Tesoro Público. 

De considerar necesario hacer cambios. ¿Qué modificaciones hará GP al Sistema previsional (público y privado) para mejorar las condiciones pensionarias de los peruanos?

Nosotros proponemos en el Plan recuperar la solidaridad en el sistema de pensiones. Nuestra propuesta es de una reforma de pensiones que haga que los sistemas público y privado, no sean alternativos sino complementarios. Proponemos a) un sistema de pensiones público con un componente contributivo obligatorio (donde se determina una pensión básica) y otro no contributivo que es precisamente Pensión 65; y, como complemento, b) un sistema privado (que es el actual) basado en cuentas individuales que se capitalizan. 

Esta propuesta es parecida a la realizada por la Defensoría del Pueblo el año 2005 y que está contenida en su Informe No 99. Una propuesta similar la encontramos también en el MMM 2007-2009 del MEF de mayo de 2006. El MEF dice: “El Estado enfrenta el doble reto de continuar velando por mejorar las pensiones y garantizar la sostenibilidad de los sistemas pensionarios, así como aumentar la protección social de los que no reciben ninguna pensión. Para ello se hace necesaria la implementación de una reforma que considere un esquema multi-pilar donde exista un sistema mixto que articule los dos sistemas, estableciendo criterios de solidaridad y manteniendo la administración privada de los fondos. Este esquema obligatorio consistiría en que una parte de las aportaciones de los trabajadores estaría destinada a un fondo para cubrir las pensiones mínimas del pilar solidario con la garantía del Estado y la parte restante estaría destinada al segundo pilar bajo la administración privada y brindaría una pensión complementaria.”

Además de estas dos instituciones nacionales, el Banco Mundial es otra institución que desde el año 2004 viene planteando lo mismo. Véase “Perú: Restoring the multiple multipillar of old-age income security” (enero 2004) y el más reciente “Old Age income support in the 21st Century: an international perspective on pension systems and reform”.

El desconocimiento de estos estudios y propuestas por parte de nuestros adversarios, los conduce a satanizar, de manera vergonzante, propuestas que están a tono con las tendencias hacia la modernización de los sistemas de pensiones en el mundo. 

¿Las personas van a tener que aportar obligatoriamente así estén en el Sistema Privado o Público?

Como hemos señalado, el sistema público tiene dos partes: a) el no contributivo que es nuestro programa Pensión 65; y, b) el contributivo obligatorio donde se determina la pensión que hemos llamado básica (o mínima, según el MEF) que se les garantizaría a todos, a los del SPP y del SNP, en su retiro. 

El primero (Pensión 65) se financiará íntegramente con recursos tributarios. Sobre el segundo, el contributivo obligatorio donde se determina la pensión básica para todos, en el plan no se discute el detalle de la modalidad en que se realizaría la aportación obligatoria.

Del conjunto de nuestra propuesta de reforma, Pensión 65 se llevaría a cabo de todas maneras. Es parte importante de las políticas redistributivas que se reitera en el documento “Compromiso con el pueblo peruano” firmado por Ollanta Humala el 28 de marzo. La parte de la reforma que involucra la complementariedad de los sistemas privado y público tiene que someterse al diálogo y su mantenimiento como propuesta de política dependerá del consenso o acuerdo al que se llegue en base al documento de Compromiso citado. Además, hay que señalar que de mantenerse esta propuesta de reforma, tendrá que pasar por el Congreso donde se buscaría fórmulas de consenso con las fuerzas políticas. La complementariedad, cuyos detalles se discutirán en su oportunidad, si se acuerda implementar esta reforma, se sustenta en el aporte obligatorio. Pero la modalidad del aporte obligatorio puede variar. Hay distintas opciones y ninguna de ellas implica utilizar los fondos de los afiliados de las AFP, y tampoco afectan el carácter solidario y de complementariedad de la reforma propuesta.

Es importante señalar, finalmente, que nuestra propuesta de reforma sigue el espíritu de las propuestas de la Defensoría del Pueblo, del propio MEF y del Banco Mundial.

Entrevista de La Primera a Félix Jiménez

Según algunos analistas, la “economía nacional de mercado” que propone Humala no es sino un programa estatista. ¿Esto es así? ¿Qué es una economía de mercado?

No es cierto; nuestra propuesta económica no tiene nada de estatista. La economía nacional de mercado es una estrategia de desarrollo propuesta para una economía, como la nuestra, desconectada de su geografía y demografía, con heterogeneidad estructural y tecnológica, con desarticulación sectorial y concentrada en las zonas urbanas, con reducida capacidad de generación de empleo de calidad y de ingresos, especializada en la producción y exportación de materias primas, y altamente vulnerable a shocks externos adversos.

Se puede decir que estando la economía desconectada de la geografía y la demografía del país, ella no está nacionalmente integrada. Hay zonas del país donde no llega la economía de mercado y tampoco el Estado. Por esta razón decimos que la Economía Nacional de Mercado es el sustrato económico del concepto de Nación o comunidad política territorializada. No hemos culminado la construcción de la Nación, porque hemos descuidado el desarrollo de mercados a lo largo y ancho del país. Por eso tenemos poblaciones rurales y nativas excluidas de la modernidad. Con la Economía Nacional de Mercado estas poblaciones se incorporarán al mercado y a la modernidad. Esta economía nos convertirá en una verdadera comunidad política territorializada e integrada social y políticamente.

¿Actualmente existe una economía de mercado en el país o es una economía mercantilista?

Lo que hay es una economía de mercado, pero no abarca el territorio nacional, descuida la agricultura y tiene impactos reducidos en la condición de vida de la población rural y provinciana de la sierra y de la selva del país. Pero, además, la economía actual está dominada por oligopolios y cuasi-monopolios con influencia notable en el Estado y el Gobierno. Hay lo que técnicamente se llama captura regulatoria. El Estado no está presente en los conflictos entre las grandes empresas que explotan nuestros recursos naturales y las comunidades que reclaman acceso al agua y a sus tierras. La manera de crecer de esta economía de mercado reproduce la desconexión de la economía urbana con la agrícola rural, incrementa la desigual distribución de los ingresos y no genera iguales oportunidades para todos los peruanos.

La inversión extranjera es importante para el desarrollo del país ¿qué papel jugará de darse un gobierno de Ollanta Humala?

Por supuesto que la inversión extranjera es importante para el desarrollo del país. Hemos dicho que todas las inversiones extranjeras que respeten estándares laborales básicos, que transfieran tecnología, que respeten el medio ambiente y que tributen con justicia, serán bienvenidas. Pero, además, está dicho en el plan que la inversión extranjera, participará en las inversiones en infraestructura, directamente, en asociaciones publico-privadas o en la modalidad de concesiones. Cerrar el déficit en infraestructura, que supera el 35% del PBI, no puede ser tarea sólo de la inversión pública. Pero, también, el Estado promotor tiene que generar las condiciones para que permitan el desarrollo de las empresas e inversionistas privados nacionales que son las que más emplean la fuerza de trabajo nacional.

Según algunos economistas la propuesta de Gana Perú “cuestiona la estabilidad macroeconómica”

No es verdad que se cuestione la estabilidad macroeconómica. La propuesta económica de Gana Perú es absolutamente clara. Se propone generar las condiciones para que la inversión privada nacional se expanda, con inversiones en infraestructura, con financiamiento competitivo, y con inversión en educación y en ciencia y tecnología. Además, se señala que para sostener el crecimiento es importante la estabilidad macroeconómica. En el plan se propone baja inflación y cuentas fiscales sostenibles. Explícitamente se señala que se introducirá una regla fiscal contracíclica en la ley de responsabilidad y transparencia fiscal, que se fortalecerá el fondo de estabilización fiscal y se mantendrá el actual esquema institucional de política monetaria basado en metas de inflación.

También se cuestiona la propuesta de retornar a la Carta Magna de 1979, pues en opinión de algunos empresarios y detractores esas modificaciones pueden alejar a los inversionistas y configurar una peligrosa concentración de poder.

Es incuestionable que la Constitución de 1993 redujo el espacio de las políticas públicas. Introdujo, por ejemplo, el concepto de subsidiariedad que limita el papel del Estado en la economía, convierte en contratos-ley los contratos de estabilidad tributaria y perjudica a la inversión privada nacional por las desventajas relativas que enfrenta al ponerla en pie de igualdad con la inversión extranjera. Si hay que hacer ajustes en las políticas públicas, como recomienda el Banco Mundial, tiene que fortalecerse la capacidad del Estado tanto en términos de contenido de las políticas como de recursos para poder financiarlas. No obstante todo lo anterior, Ollanta Humala ha señalado que cualquier modificación de la Constitución tiene que hacerse con base a los consensos que se logren con las otras fuerzas políticas del Congreso. Esto está sobreentendido en el texto del Plan. Los cambios tienen que seguir los procedimientos legales. Finalmente, es importante señalar que lo que más importa es respetar el orden jurídico, el Estado de derecho, y gobernar orientando las políticas públicas hacia la redistribución de la riqueza que es el compromiso firmado por Ollanta Humala el 28 de marzo pasado.

Los cuestionamientos también se hacen a las llamadas renegociaciones de los acuerdos comerciales firmados y los contratos de concesiones de explotación de recursos naturales, una propuesta clave que los diferencia de los otros programas.

Ollanta Humala ha señalado que se respetarán los acuerdos y contratos. “Desde el momento que fueron firmados, dice, ellos no pueden ser unilateralmente cuestionados o revisados, salvo cuando cláusulas específicas así lo autoricen o cuando una flagrante ilegalidad presidió a su adopción”. Ahora bien, ¿desde cuándo afirmar que se va a revisar y renegociar contratos que puedan ser lesivos, significa no respetar el Estado de Derecho? Un contrato presupone la presencia de por lo menos dos partes. Por lo tanto, si hay algún problema, la renegociación no podrá ser un acto unilateral. ¿El actual gobierno no inició la renegociación con la empresa el tema de la exportación del gas? Somos respetuosos de los acuerdos del Estado y esto no significa que no se pueda volver discutir los términos iniciales, si hay cláusulas que lo autorizan o, como dice Ollanta Humala, “cuando una flagrante ilegalidad presidió a su adopción”.

En países desarrollados como Canadá, Francia o Estados Unidos (estos países siguen una economía de mercado) ¿cómo es la relación entre el Estado y las empresas mineras?

La literatura sobre países desarrollados con importantes sectores mineros da cuenta de su contribución al desarrollo de capacidad productiva y mercados internos. Son conocidas las aglomeraciones productivas en tornos a la minería, por ejemplo, en Canadá. Son competitivas y siguen reglas estrictas de control ambiental. También contribuyen a la satisfacción de demandas de las respectivas comunidades indispensables para su desarrollo. Estas aglomeraciones son además receptoras de cambios técnicos importantes que les permite competir con aumentos de la productividad. En otras palabras, la producción minera en estos países contribuye al desarrollo nacional creando industrias y pagando impuestos justos. Australia y EE. UU., introdujeron los impuestos a las sobreganancias mineras y en hidrocarburos, respectivamente; y, en la región, Chile lo acaba de hacer con una modalidad distinta.

Mención aparte es el tema de la libertad de información. En el plan de Gana Perú se señala que el objetivo es “incorporar distintas perspectivas de las organizaciones de la sociedad civil y recuperar el carácter público de los medios”. Esto inquieta a algunos qué mecanismos empleará para asegurarse de que “los medios sirvan a la democracia”.

Ollanta Humala ha reiterado en su compromiso del 28 de marzo que garantiza la libertad de prensa y de expresión. Él ha firmado el Acuerdo de Lima en el Consejo de la Prensa. Además, hay que señalar que promover una ley que establezca un reparto equitativo y plural de los medios vinculados al espacio radioeléctrico, no se puede interpretar como estatización, porque no tiene nada que ver con la propiedad ni con la libertad de expresión. Se trata simplemente de hacer justicia a su condición de recurso público. Es una norma vinculada a la regulación, cuyo objetivo es garantizar la presencia de todos los sectores (público, privado y comunitario), y una distribución equitativa y plural de las frecuencias digitales para fomentar la competencia. No se menciona para nada que se quitarán las licencias a los actuales medios formales. Lo que se quiere, como lo ha dicho Ollanta Humala, es descentralizar el otorgamiento de licencias. Esta tarea no puede ser monopolizada por el Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, también deben tener participación los gobiernos regionales para que sea posible la participación de la sociedad civil.

Según algunos críticos existe un doble discurso por parte del candidato Ollanta Humala. ¿Existe un divorcio entre lo que el señor Humala dice en sus presentaciones y lo que indica el plan de gobierno de Gana Perú?

No es verdad. La propuesta central que ha mencionado Ollanta Humala es el de forjar el desarrollo sobre la base de la construcción de una economía nacional de mercado abierta al mundo, que articule la costa, la sierra y la selva del país, desarrollando mercados locales y regionales internos, con trabajo digno y empresas nacionales competitivas. Proponemos otra manera de relacionarnos al mundo y es la de construir Nación mediante la expansión de los mercados internos, la consecuente descentralización y desconcentración del aparato productivo, y la integración económica y social del país. Todo esto está en nuestro plan.

Nosotros planteamos que el crecimiento debe llegar a todos. Si hacer que el crecimiento genere oportunidades para todos es concebido como "ajuste" del modelo y no un cambio de la manera como se crece, no tengo problemas en que se use la palabra ajuste. El fondo del tema es que el crecimiento debe redistribuir riqueza favoreciendo a los que menos tienen.

Para muchos, especialistas “es iluso” creer que el impuesto a las sobre ganancias mineras financiará todas las propuestas de Gana Perú.

Nosotros estamos planteando una reforma tributaria. Esto es indispensable para financiar nuestros programas sociales. Efectivamente no basta con el impuesto a las sobreganancias. El costo de nuestros programas (donde se incluye Pensión 65, Cuna Más, SAMU, etc.) asciende a 3.2% del PBI y con la reforma tributaria, sin contar con los efectos positivos de la lucha contra la evasión y la elusión, los recursos adicionales ascenderían a 3.8% del PBI. La idea es que el Congreso discuta esta reforma. La reforma debe incluir la simplificación del sistema tributario, la reducción del IGV y la simultánea eliminación de las exoneraciones, y la disminución de la carga tributaria que pesa más sobre la mayoría de la población.

Entrevista efectuada por el diario La Primera, publicada el viernes 22 de abril de 2011

Félix Jiménez
Economista PH. D.
Profesor Principal de la PUCP

Cuando la democracia es limitada por una injusta y desigual distribución del ingreso, por La exclusión social, y por un sistema económico que no genera empleos de calidad y salarios decentes, el miedo es el arma utilizada por los grupos de poder para envilecer al pueblo e impedir el cambio. A esto se agrega, en nuestro país, la práctica étnica y culturalmente autocentrada del poder de ciertas elites sociales, empresariales y políticas que actúan, como digo en otra parte, “diferenciándose de la mayoría de la población, imponiendo sus preferencias en los contenidos de las políticas económicas y, por lo tanto, desatendiendo las consecuencias de estas políticas en las condiciones de vida de aquella población cuya composición étnico-cultural es diferente a la suya”.

Las reacciones de autodefensa que el miedo genera, en estas condiciones, impide valorar la vida en democracia, es decir, valorar la importancia de convivir con partidos e ideologías distintos y hasta contrapuestos.

El pensamiento único neoliberal que la dictadura fujimorista puso en práctica en la década de los noventa, exacerbó el ejercicio no democrático del poder, envileció a la población excluida y en situación de pobreza, pero también a la propia naturaleza de la política. Ésta dejó de ser instrumento de justicia social; la política pública se convirtió en vehículo de asistencia y caridad; y, los espacios públicos (escuelas, hospitales, etc.) se convirtieron en guetos para pobres.

Fueron casi veinte años de envilecimiento y del retiro de la decencia de la práctica política.

Por las razones anteriores, el resultado de la primera vuelta electoral genera esperanza porque revela que hemos avanzado algo en la construcción de ciudadanía y democracia. A pesar de la campaña del miedo que, al igual que en el año 2006, realizaron los grupos de poder y cierta prensa, un tercio de nuestros compatriotas ha expresado libremente y sin temor su deseo de transformar esa realidad votando por la candidatura de Ollanta Humala. “Los electores de abajo, dice un amigo, desde hace buen tiempo muestran una racionalidad clara, en función de la defensa de sus intereses tantas veces traicionados”.

Se ha abierto así el camino hacia la consolidación de la democracia. Estamos frente al nacimiento de nuevos sujetos políticos –la amplia mayoría de nuestra población reclama cambios en la manera de crecer de la economía para generar desarrollo—y de un nuevo liderazgo político, el de Ollanta Humala, que ofrece ejercer el poder y gestionar las políticas públicas asegurando y garantizando la justicia social y el desarrollo nacional en democracia.

Esta es la ruta que acaba de ser abierta con los resultados de la primera vuelta. Las fuerzas del cambio y de la democracia tenemos la tarea histórica de derrotar al fujimorismo corrupto y violador de los derechos humanos que hoy representa Keiko Fujimori. Es, por lo tanto, la hora de un amplio acuerdo político para darle gobernabilidad a las fuerzas del cambio que lidera Ollanta Humala y para iniciar la cura moral de nuestra sociedad, para que la decencia –como dice el siquiatra Castilla del Pino-- “sea el supremo valor moral en toda clase de relación (personal, social, política y profesional)”. Está abierta la oportunidad para consolidar una forma de gobierno republicana y democrática, y de hacerla irreversible. Unámonos.

Publicado en Hildebrandt en sus Trece, viernes 15 de abril de 2011.

A raíz de publicaciones periodísticas referidas al Plan de Gobierno de Gana Perú, conversamos con el Jefe del equipo a cargo del Plan, el economista Félix Jiménez candidato al Congreso con el número 9 en la provincia de Lima, y posible ministro de Economía de un eventual gobierno de Ollanta Humala. Raúl Wiener

-¿Qué nos puede decir de la serie publicada por “El Comercio” sobre las contradicciones entre el Plan de Gana Perú y los discursos del candidato Ollanta Humala? Se dice que el Plan es autoritario y estatista.

-Eso no es cierto, es un infundio. ¿Desde cuándo decir que se va a practicar una forma republicana y democrática de gobierno con mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación y control constitucional de los gobernantes, es muestra de autoritarismo? ¿Desde cuándo afirmar que se va a revisar y renegociar contratos que puedan ser lesivos, significa no respetar el Estado de Derecho? Un contrato presupone la presencia de por lo menos dos partes. Por lo tanto, si hay algún problema, la renegociación no podrá ser un acto unilateral. ¿El actual gobierno no está renegociando con la empresa el tema de la exportación del gas? Somos respetuosos de los acuerdos del Estado y esto no significa que no se puedan volver a discutir los términos iniciales, si hay cláusulas que lo autorizan o, como dice Ollanta Humala, “cuando una flagrante ilegalidad presidió a su adopción”. Por otro lado, no hay en el plan una frase que diga que vamos a estatizar tal o cual empresa. Pero, no obstante todo lo anterior, debo decir que están un su derecho de publicar lo que piensan y cómo piensan. Respeto absolutamente este derecho.

-Las propuestas para establecer un reparto equitativo y plural de los medios, una empresa de telecomunicaciones del Estado, o una línea aérea de bandera nacional, ¿no son un retorno al intervencionismo del Estado?

-Decir que promoveremos una ley que establezca un reparto equitativo y plural de los medios vinculados al espacio radioeléctrico, no se puede interpretar como estatización, porque no tiene nada que ver con la propiedad ni con la libertad de expresión. Se trata simplemente de hacer justicia a su condición de recurso público. Es una norma vinculada a la regulación, cuyo objetivo es garantizar la presencia de todos los sectores (público, privado y comunitario), y una distribución equitativa y plural de las frecuencias digitales para fomentar la competencia.

Por otro lado, hay un fondo llamado FITEL adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuyo objetivo es cerrar el déficit de telecomunicaciones en las áreas rurales y lugares considerados de preferente interés social. ¿Por qué no se puede crear una empresa en consorcio con el sector privado con este fin, si este no lo hace porque considera que no es rentable? Además el FITEL tiene recursos para ese objetivo.

Finalmente, la línea aérea de bandera nacional, aunque no la mencionamos en el plan, es también un tema de regulación debido a que hay un cuasi monopolio de una empresa extranjera y la idea no es que sea totalmente estatal, puede ser totalmente privada pero promovida e incentivada por el Estado, o una empresa mixta hasta que se posicione en el mercado y luego pasa al sector privado.

-¿Cómo resumiría su planteamiento frente a lo publicado por la prensa?

-Nos importa desarrollar una economía de mercado, competitiva, con un Estado regulador que fomente la competencia y no los cuasi monopolios u oligopolios. Esto es mirar al futuro; queremos una economía de mercado moderna y que sea capaz de crear iguales oportunidades para todos. Por eso digo que los periodistas de El Comercio sobre-reaccionan en su afán por defender el statu quo hasta llegar a distorsionar el texto que leen: inventan argumentos para, luego de adjudicárselos al adversario, empezar a criticarlo, a demolerlo. Confunden el verbo «revisar», con el verbo «desconocer», el verbo «renegociar» con el verbo «irrespetar», el verbo «regular» para eliminar los poderes monopólicos u oligopólicos con el verbo «estatizar», y no recuerdan que ellos le adjudican al Estado un rol subsidiario, lo que le permitiría a este operar donde no hay iniciativa privada, como en las zonas rurales. ¿Por qué será tan difícil involucrarse a un debate formativo y alturado en lugar de recurrir a la tergiversación y al engaño?

-¿A qué atribuye el interés de mostrar una contraposición entre plan de gobierno y el candidato?

-La motivación es clara. Buscan quebrar la relación fluida que tiene Ollanta Humala con el equipo del Plan de Gobierno. Dividir y reinar. Lo ha expresado con todas sus letras una periodista en su programa televisivo del 29 de marzo. Dijo que para creerle a Ollanta Humala tendría que “botar su plan de gobierno a la basura”. Pero este deseo se expresa con una argumentación que revela mediocridad. Porter y Rodrick que no fueron invitados por el Partido Nacionalista, sino por los empresarios y una universidad, señalaron que el modelo actual tenía que cambiar para crecer sobre la base de la productividad y para ganar competitividad. A su énfasis en el cambio por el lado de la oferta nosotros le adicionamos lo que le falta, el factor de demanda. Nuestros críticos no pueden entender este planteamiento. Qué distinto sería si por lo menos hubieran hojeado el primer libro escrito para explicar cómo se genera riqueza en una economía nacional de mercado. Me refiero al libro de Adam Smith: Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicado en 1776.

El Pasado y el futuro

¿Por qué se dice entonces que es un retorno al pasado, un salto al vacío?

-En el Plan de Gobierno no hay propuestas de retorno al pasado. Hay más bien una crítica radical a la estrategia proteccionista que descuidó la demanda interna y no conectó las transformaciones con la gestión del corto plazo. Decimos que sus defensores de los años 60 y 70, exageraron el daño de la apertura comercial, como los neoliberales de ahora exageran el supuesto beneficio de los tratados de libre comercio. En el colmo del disparate un periodista dice que en el plan de gobierno se propone pasar de una economía de mercado a una economía de Estado. ¿Cómo se puede debatir así?

Nosotros estamos proponiendo desarrollar mercados internos con financiamiento competitivo, con infraestructura donde tendrá participación la inversión extranjera, y con inversión en ciencia y tecnología en alianzas estratégicas con los gremios empresariales productivos. La fantasía de este periodista es vergonzosa. ¿Quién le ha dictado el libreto a ese señor para decir que proponemos pasar de un “sistema democrático de libertades civiles a un sistema autoritario de prensa confiscada y de medios de producción controlados desde el poder”? Hay algo más grave que la falta de comprensión de lectura. Como lo digo en otra parte, es la herencia colonial que aún pesa en la cosmovisión de muchos políticos y periodistas, y su gusto por la práctica cortesana frente al poder económico para no perder los privilegios.

Economía Nacional de Mercado 

-Pero, ¿no es mejor hablar de una economía social de mercado y no de una economía nacional de mercado?

-No. La economía social de mercado es un invento europeo de la época de la Guerra fría, específicamente alemán. Se le atribuye a Konrad Adenauer y que supuestamente la aplicó durante su administración de los años 1963-1966. Su versión conceptual es anterior. Es una vertiente del liberalismo de los años 30 asociada intelectualmente al economista alemán Walter Eucken. Es la cara social del libre mercado: el Estado debe aplicar políticas para paliar la situación de los grupos sociales vulnerables y ayudarlos a integrarse al mercado. Están en contra del Estado del Bienestar que es la propuesta socialdemócrata, pero son partidarios de una política contra los cárteles, los monopolios y los oligopolios porque, según ellos, atentan contra el libre mercado y la estabilidad social. La versión criolla y peruana es indiferente a los monopolios y a los oligopolios. Nuestros neoliberales no son luchadores activos contra la concentración de poder en la comunicación social, en las actividades extractivas, en los servicios públicos, en el espacio aéreo-comercial, en el mercado financiero ni menos en el mercado de los fondos privados de pensiones. Por eso se espantan cuando se habla de la distribución equitativa y plural de las frecuencias digitales, del impuesto a las sobreganancias y no dicen nada sobre los subsidios que otorga el Estado a las dos refinerías privadas de petróleo, ni sobre los oligopolios importadores que se benefician con las reducciones arancelarias afectando a los consumidores.

-Y ¿la economía nacional de mercado?

-Es el sustrato económico del concepto de Nación o comunidad política territorializada. No hemos culminado la construcción de la Nación a pesar de tener cerca de dos siglos de vida republicana, porque hemos descuidado el desarrollo de mercados a lo largo y ancho del país. Por eso tenemos poblaciones rurales y nativas excluidas de la modernidad. No llevan en el bolsillo su conexión con la sociedad, y es probable que muchos de estos compatriotas no tengan ni bolsillos y menos zapatos. Si algo de bueno tiene el neoliberalismo en nuestro país es haber revelado la existencia y la fuerza de estos peruanos olvidados. Los ejemplos son Bagua y la generalización de los conflictos sociales por el agua limpia y el acceso a tierras que ha originado la industria extractiva.

Por eso, Ollanta Humala, que es para mí el político del nuevo Perú, del Perú del Bicentenario de nuestra independencia, ha reiterado recientemente su convencimiento de que nuestro país requiere “un cambio de verdad, priorizando el interés nacional y el bienestar de nuestro pueblo”, pero que será producto de un compromiso nacional «de los sectores productivos y las fuerzas generadoras de nuestra riqueza, que pasarán a contar con un gobierno comprometido con el desarrollo sustentable y que considera la disminución de la desigualdad un instrumento promotor del crecimiento. Es lo que denominamos, dice, una economía nacional de mercado, donde el Estado está al servicio del interés nacional y no de tal o cual grupo económico». Y esta es una economía abierta al mundo que permitirá cambiar la actual manera de crecer.

Significa pasar de un “crecimiento basado en los altos precios de las materias primas y sujeto exclusivamente a los vaivenes del mercado internacional”, a otro basado en la creación y expansión de los mercados internos y en la productividad, para generar competitividad tanto en el interior del país como en el mercado internacional. La riqueza generada en este tipo de economía beneficiará a todos y nos convertirá en una verdadera comunidad política territorializada e integrada social y políticamente. Los tres ejes de política (no los únicos) para desarrollar esta economía son infraestructura; financiamiento competitivo y, revolución educativa e inversión en ciencia y tecnología.

La economía nacional de mercado, es, por lo tanto, la eliminación de las restricciones que impiden la expansión de la inversión privada nacional y la eclosión de la capacidad privada empresarial peruana. No puede ser considerada un modelo estatista, ni una economía cerrada pues, además, proponemos un tipo de cambio estable y competitivo para nuestros exportadores no tradicionales, junto a un Estado regulador del mercado y promotor del desarrollo.

Publicado el Domingo 3 de abril de 2011 en el diario La Primera.

Félix Jiménez
Economista Ph. D.
Profesor Principal de la PUCP

Nota: Este artículo apareció hace varios meses en Actualidad Económica. Lo volvemos a publicar por razones obvias. 

Es inverosímil que para algunos economistas la crítica al modelo neoliberal peruano sea considerada como un rechazo al mercado, y que los críticos de ese modelo sean calificados como enemigos del mercado. Esta incapacidad de razonar también se revela cuando escuchan hablar de nacionalizar la economía o nacionalizar las actividades estratégicas, es decir, de ponerlas al servicio del interés nacional. El propósito de este artículo es invitar al lector bien intencionado a participar en un debate que trascienda el razonamiento dicotómico Estado-Mercado y despliegue su curiosidad por estudiar los temas del desarrollo.

La modelo económico neoliberal es desnacionalizador 

El modelo neoliberal aplicado al Perú desarrolla un circuito económico desnacionalizador. Bastaría señalar que la caída de la tasa de crecimiento de 9.8% en 2008 a 0.9% en 2009, revela la desconexión de nuestra economía con sus mercados internos o su fuerte dependencia con lo que ocurre en el mercado internacional. Esto es historia conocida, pero no parece suficiente. ¿Por qué es desnacionalizador?

Primero, porque la versión neoliberal del modelo exportador aplicado aquí (que es distinta de la versión exportadora de los países del Asia), no considera el desarrollo de los mercados internos. Deja de lado los factores de demanda interna y hace énfasis en el minimalismo estatal, en consonancia con la teoría neoclásica del comercio internacional y del crecimiento económico. Para esta teoría el mercado autorregulado es eficiente, las distorsiones en el mercado son originadas por la intervención del Estado y los países comercian porque tienen distintas especializaciones beneficiándose del comercio si cada uno produce y vende lo que sabe hacer relativamente mejor.

Segundo, porque, a diferencia de lo que ocurrió en los países asiáticos, orienta el desarrollo fuera de los mercados internos, creando en su lugar enclaves que no tienen conexiones con la economía interna y no toma en cuenta los intereses de la comunidad nacional de la sierra y la selva del país.

Tercero, porque su focalización en las exportaciones, dada las condiciones de las que se parte, genera comportamientos ventajistas en la competencia internacional mediante la supresión de los derechos de los trabajadores, el mantenimiento de salarios reales estancados, la imposición de contratos de estabilidad tributaria que lesionan la soberanía nacional, y la desatención de los costos medioambientales de la explotación de recursos primarios (piense el lector en Cocachacra, Arequipa; en Majaz, Piura; en Bagua, Amazonas; o, solo en la Oroya, Cerro de Pasco). Piense también, el lector, en las exportaciones no tradicionales que basan su competitividad en mano de obra barata y de baja calificación.

Finalmente, porque privilegia las inversiones extranjeras en la actividad primaria exportadora que vende en los mercados externos, en lugar de promover el crecimiento de la demanda interna en consonancia con un aumento diversificado de la oferta productiva. El modelo exportador neoliberal no permite aprovechar internamente los frutos del progreso técnico o los aumentos de la productividad a favor del interés nacional.

La economía nacional de mercado

Hay que «nacionalizar» esta economía. Hay que centrar el desarrollo del país en la expansión de los mercados internos que ya existen y en la creación de otros nuevos, es decir, hay que desarrollar una economía nacional de mercado. Esto no significa autarquía ni estatismo. Significa basar las ganancias de competitividad en aumentos de productividad y no en ventajas absolutas naturales y en el cholo barato. Las ventajas competitivas se logran conectando la economía con la geografía y la demografía, diversificando el aparato productivo para basar estas ventajas en rendimientos a escala con costos unitarios decrecientes que favorece el comercio intraindustrial. Pero también significa institucionalizar políticas de generación de ingresos y demanda interna para sostener el crecimiento.

Hay que construir capacidad productiva industrial, agroindustrial y agropecuaria (oferta), y simultáneamente desarrollar la demanda interna para asegurar el uso de esa capacidad. Además, una demanda interna que se sostiene en el tiempo estimula nuevas inversiones para expandir y diversificar la capacidad productiva. Desde esta perspectiva, las exportaciones son necesarias para solventar las importaciones y hacer sostenible el crecimiento económico; y, en este caso, las ganancias de competitividad están garantizadas por la expansión de los mercados internos.

¿Cómo se construye una economía nacional de mercado?

Primero, facilitando el desarrollo de capacidad empresarial nacional; segundo, desarrollando instituciones y espacios de política para generar establemente demanda interna e ingresos, vinculando el corto con el largo plazo; y, tercero, con un nuevo contrato social que asegure la democracia republicana.

 La creación de capacidad empresarial nacional está asociada a la expansión de la inversión privada nacional o local; pero ésta, a diferencia de la extranjera, enfrenta restricciones de mercado interno, de financiamiento y, de capital humano y tecnología. La restricción de mercado se supera con inversión en infraestructura económica y social, a lo largo y ancho del país. La restricción de financiamiento se resuelve con un mercado de capitales en soles, profundo y líquido, sustentado en un mercado secundario de deuda soberana en soles, a distintos plazos, para generar tasas de referencia para las emisiones privadas. Por último, la restricción de capital humano se supera con una reforma educativa para facilitar la movilidad y adaptabilidad de la mano de obra, con inversión en investigación y desarrollo, y con vínculos institucionales con la industria y las empresas para definir contenidos curriculares que hagan fluido el tránsito hacia el mercado laboral.

La economía nacional requiere desarrollar  instituciones y espacios de política para generar establemente un circuito nacional de demanda e ingresos, vinculando el corto con el largo plazo. Esta vinculación es crucial. Se trata de conectar la administración de la demanda agregada durante el ciclo con el crecimiento y las transformaciones estructurales. Procesos históricos importantes de cambio estructural industrialista fracasaron por problemas de corto plazo.

Corto y largo plazo: la relación de la estabilización con el crecimiento económico

Las economías de mercado no son intrínsecamente estables ni tienden automáticamente al pleno empleo. En los países del centro el gobierno, según el legado keynesiano, es el responsable de enfrentar las recesiones mediante políticas, monetaria y fiscal, expansivas. Para que esto ocurra también en países como el nuestro, se debe construir, como lo hicieron los países del centro, un circuito nacional de generación demanda e ingresos.

La condición necesaria para construir este circuito es eliminar las restricciones que impiden que la inversión privada nacional se expanda, creando demanda y capacidad productiva a lo largo y ancho del país. La administración del ciclo (mediante las políticas macro) debe ser funcional a este objetivo de largo plazo.

El mercado de capitales en soles facilita el financiamiento de mediano y largo plazo de la inversión, pero también mejora la eficiencia de la política monetaria basada en metas explicitas de inflación con la tasa de interés como instrumento (regla de Taylor). Cuanto más profundo y líquido es este mercado, mayor es la competencia en el mercado financiero donde hoy domina el oligopolio bancario. El marco regulatorio de este mercado debe ser reformado para que las empresas productivas pequeñas y medianas pueden emitir deudas.

El mercado de capitales en soles también contribuye a la sostenibilidad de la política fiscal. Su expansión se sustenta en el desarrollo del mercado secundario de deuda soberana en soles. Este último permite reducir los riesgos de la deuda pública (cambiario y de tasas de interés variables) sustituyendo deuda externa por interna. El mercado de deuda soberana permite asimismo introducir la «Regla de Oro» en el gasto del gobierno: endeudamiento solo para financiar inversiones públicas. Hasta aquí la vinculación del corto y largo plazo con referencia a la inversión que, como se sabe, es un factor de creación de demanda y de capacidad productiva.

El gasto público corriente no crea capacidad pero sí crea demanda; por lo tanto, junto con la inversión privada local, tiene que ser parte del circuito nacional de generación de demanda e ingresos. Este gasto no puede ser, entonces, procíclico. Se debe introducir una regla contracíclica en la ley de responsabilidad y transparencia fiscal, para que los ingresos públicos sean los únicos que fluctúan con el ciclo. En el auge se acumula fondos de estabilización para hacer frente a las recesiones.

Finalmente, en una economía abierta se necesita otra medida para solucionar el conflicto entre el corto y el largo plazo. La apertura financiera y la libre movilidad de capitales dificultan la administración de la tasa de interés y el tipo de cambio real, dos precios relativos importantes que influyen en la demanda de inversión privada. Una buena administración de la economía nacional, decía Keynes, depende de la libertad de fijar una tasa de interés apropiada sin referencia a las tasas prevalecientes en el resto del mundo. Esto quiere decir que hay que controlar el flujo internacional de capitales y, para asegurar un tipo de cambio real estable y competitivo, este control debe ser acompañado con una regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario.

Mercado laboral, salarios y generación de demanda

El modelo exportador neoliberal opera con salarios reales reprimidos y sin derechos laborales. Esta manera de ganar competitividad internacional deja de lado los aumentos de la productividad asociados a la expansión de los mercados internos.

Por el contrario, la economía nacional de mercado implica mejores condiciones de vida y de trabajo. En consecuencia, el circuito de generación de demanda e ingresos debe incorporar también al mercado laboral. Se tiene que restablecer el salario mínimo como instrumento de política e introducir estándares laborales decentes, el derecho a la libre sindicalización y un sistema de protección social universal. Estas instituciones ni distorsionan el mercado de trabajo ni tienen por qué reducir los niveles de empleo. Son absolutamente necesarios para desarrollar un proceso sólido y estable de generación de demanda al interior del país. El salario es un factor de demanda y no solo un factor de costo. Hay otros costos como el de financiamiento que se reducirían notablemente con el desarrollo del mercado de capitales en soles.

Para terminar, es importante mencionar que, desde los clásicos, el salario forma parte del conflicto distributivo. Su determinación, por lo tanto, tiene que ver con el poder económico y político que desde el gobierno le da contenido a las políticas públicas. El modelo neoliberal se funda en un desbalance de poder que perjudica a los trabajadores, campesinos y a parte importante de la clase media.

Cambiar la estrategia de desarrollo neoliberal por otra que implique la construcción de una economía nacional de mercado, requiere un nuevo entorno político y social, una nueva coalición de poder, que asegure la construcción de la nación y la práctica de una democracia republicana. No hay otra manera de centrar la generación del circuito de demanda e ingresos en el interior del país y en beneficio de toda la población.

El contrato social neoliberal, la corrupción y la ausencia de democracia

La Constitución de 1993 redujo el espacio de las políticas públicas y propició el dominio del capital transnacional y de la ideología neoliberal en la determinación del contenido de estas políticas: se introdujo el concepto de subsidiariedad limitando el papel del Estado en la economía, se eliminó la estabilidad laboral y otros derechos de los trabajadores, se convirtieron en contratos–ley los contratos de estabilidad tributaria y se perjudicó a la inversión privada nacional por las desventajas relativas que enfrenta al ponerla en pié de igualdad con la inversión extranjera.

Con esta Constitución el Estado perdió soberanía y el interés nacional pasó a segundo plano. El gobierno, en su afán por atraer inversión extranjera, acepta el óbolo minero en lugar de aplicar un impuesto a las sobreganancias, renuncia al cobro de regalías y promueve la desnacionalización de los recursos con concesiones que afectan al interés nacional y sin rigurosos estudios de impactos ambientales de las inversiones mineras.

Por otro lado, con el neoliberalismo la corrupción se ha hecho parte del actual sistema político y de gobierno. Pocos impuestos y mercado libre para los grupos de poder económico, es parte de la ideología de este sistema. Los grupos de poder eluden su responsabilidad tributaria frente al Estado, y el Estado elude su responsabilidad de proporcionar servicios básicos de calidad a la mayoría de la población. El pueblo legitima a sus gobernantes mediante su voto, pero los elegidos gobiernan en función a los intereses de minorías económicas que no han sido elegidas por el voto popular. Este ejercicio corrupto de la función de gobierno mediatiza la democracia o reproduce, sin nada que lo impida, una forma de gobernar antidemocrática.

En resumen, la actual constitución y la forma corrupta de gobernar, que es funcional al neoliberalismo, conspiran contra la generación de un circuito de demanda al interior del país, indispensable para el desarrollo de la economía nacional de mercado.

Nueva Constitución y la práctica de una democracia republicana

Desarrollar la economía nacional de mercado es indispensable para construir Nación, es decir, una comunidad política territorializada, sin exclusiones. Pero esto no se puede hacer en el marco de la constitución actual. En primer lugar, es necesario recuperar, como peruanos, nuestro derecho preferencial a la gestión, explotación y usufructo de los recursos naturales del país, en especial de las fuentes de energía. Una nación que no controla sus fuentes de energía no controla su futuro. En segundo lugar, el Estado debe recuperar su papel promotor del desarrollo, regulador de la economía de mercado y proveedor de servicios sociales básicos (educación, salud, justicia, seguridad social, agua y desagüe) con políticas públicas que tengan alcance universal. Todo esto supone un nuevo contrato social, es decir, una nueva Constitución.

El trato prioritario a la inversión privada nacional y un Estado promotor del desarrollo y regulador de la economía, constituyen la base para institucionalizar el circuito nacional de generación de demanda e ingresos. Sin reforma tributaria que aumente los ingresos del Estado y con el gasto público reducido (como porcentaje del PBI), el Estado no llega a todos; es excluyente. No hay servicios sociales básicos para parte importante de la población y los que provee son de baja calidad. Por lo tanto, aparte de los requisitos de desempeño que se impondría a la inversión extranjera, una nueva Constitución permitirá efectuar una profunda reforma fiscal para, aumentando los recursos del Estado, atender programas sociales de carácter universal.

Con la nueva Constitución terminará la corrupción como práctica de gobierno: establecerá garantías y contrapesos, clara separación y plena independencia de los poderes del Estado y de los órganos de control, y una nueva regionalización, para tener un Estado y un gobierno que practique la democracia republicana, con rendición de cuentas, transparencia, y drásticas penalidades a los que gobiernan sin respeto a la elección popular y violando la Constitución.

La práctica de la democracia republicana impedirá la cooptación del poder político por los poderes fácticos y por los grandes grupos económicos, tanto nacionales como extranjeros, que nadie elige, nadie controla y nadie fiscaliza. Habrá mecanismos explícitos de evaluación y control constitucional de los gobernantes. La democracia será mucho más que un modo de elegir gobernantes y representantes del pueblo, será un sistema de elección y un modo de gobernar sujeto al mandato del voto popular y a la Constitución.