Por José I. Távara
Profesor PUCP

El grave conflicto que enfrenta a mi Universidad con el Arzobispo de Lima tiene, entre sus antecedentes, la difusión de un modelo de universidades católicas desde fines de los años 60, en el contexto de renovación y apertura generado por el Concilio Vaticano II. Este modelo fue diseñado en 1967 durante la “Conferencia de Land O’Lakes”, en la cual participaron obispos y autoridades de Universidades católicas de EEUU, de congregaciones religiosas y también el entonces Rector de la PUCP, el P. Felipe Mac Gregor, S.J.

Para este grupo de líderes católicos, la mejor manera de servir a Dios desde la Universidad era buscando la verdad en la excelencia académica al servicio de la sociedad. Por ello era indispensable asegurar “una verdadera autonomía y libertad académica frente a autoridades de cualquier tipo, laico o religioso, que sean externas a la propia comunidad académica”, como “condiciones esenciales de vida, crecimiento y sobrevivencia para las universidades católicas, y para todas las universidades”.

La presencia del catolicismo en la Universidad se afirmaría mediante una enseñanza teológica de calidad, iluminada por el Concilio Vaticano II, la asesoría constante y el servicio a la Iglesia, y, por cierto, con la prioridad otorgada al análisis de problemas que los cristianos consideran fundamentales, como la pobreza, el desarrollo y la construcción de la paz. La fe católica no podría difundirse en las universidades mediante restricciones y edictos, sino a través del compromiso y el testimonio al interior de la comunidad académica, en un clima de libertad y gratuidad.

La mayoría de Universidades católicas que adoptaron este modelo –libertad académica, autonomía institucional y diálogo entre fe y razón– ocupan hoy un lugar destacado en los rankings de excelencia académica. Sus autoridades también lograron establecer relaciones estrechas de cooperación con la mayoría de los obispos, con una comunicación fluida, respeto y confianza mutua al enfrentar los dilemas y desafíos del mundo moderno. Sus líderes entendieron bien que los laicos debían reflexionar sobre su fe desde su propia experiencia intelectual, y apostaron a que, en este proceso, el compromiso libremente asumido por los católicos traería cambios favorables para la humanidad y una renovación de la propia Iglesia.

Como lo sostuvo el padre Theodore Hesburgh, la reforma generó una universidad en muchos sentidos más católica y comprometida con la formación de buenos profesionales y buenos ciudadanos, más efectiva en anunciar el mensaje de salvación en el mundo moderno. Hesburgh sostenía que la Iglesia no estaba obligada a entrar a la vida universitaria, pero si decidía hacerlo debía respetar, ineludiblemente, las reglas establecidas de autonomía y libertad académica.

Lamentablemente, la opción por este modelo es hoy atacada por sectores ultraconservadores, que aspiran a imponer un modelo único –preconciliar e intolerante – y no vacilan en difamar y calumniar a las autoridades de la PUCP. Frente a ellos la PUCP defenderá sus principios y valores con todos los medios a su alcance, afirmando su compromiso con la fe católica y la excelencia académica al servicio de la sociedad. El largo conflicto que se avecina traerá costos elevados para todos: la PUCP distraerá valiosos recursos en defenderse, y la Iglesia podría perder no sólo su relación con una Universidad de prestigio, sino también la autoridad moral requerida para anunciar el evangelio en el mundo universitario peruano.

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Las noticias periodísticas sobre la negociación del impuesto a las sobreganancias mineras entre los empresarios del sector y el gobierno tienen elementos positivos y otros que no lo son tanto. Es meritorio que el sector empresarial este reconociendo la necesidad de una aportación adicional al fisco, que las conversaciones se desarrollen en buenos términos y al parecer mostrando avances relevantes. Sin embargo, es problemático que prime el concepto de mantener la competitividad sobre el de rentabilidad, se establezca un único concepto de regalías con base a utilidades operativas, se pretenda replicar el régimen chileno y obtener desde el gobierno, según el diario Gestión, sólo 2,000 millones de soles adicionales.     

Las regalías e impuestos que se establecen sobre la minería son tan sólo un elemento que explicaría su mayor o menor competitividad internacional. Los factores fundamentales son la existencia del mineral, su ley, las facilidades técnicas-operativas para su extracción, capacidad del equipo, disponibilidad y costos de la mano de obra y en general los costos y gastos por tonelada de concentrado o mineral extraído. Una mayor presión tributaria en un país respecto de otro no implica necesariamente una pérdida de competitividad. El mayor costo o gasto se puede compensar con otra ventaja competitiva de la minería en el país.  

No es conveniente establecer un único concepto de regalías y el hacerlo sobre  utilidades operativas tiene bemoles. El sistema actual sobre las ventas debería mantenerse para evitar complicaciones con relación a las participaciones de los gobiernos regionales y locales. El recurso del subsuelo corresponde a la Nación y sobre el cual se debe exigir un pago fijo básico. Asimismo, para muchos analistas el régimen sobre utilidades establece incentivos a crear sobrecostos de todo tipo y los somete a los riesgos de una contabilidad creativa. El complemento sobre las utilidades operativas sería aceptable si se establecen todos los candados regulatorios necesarios con relación a depreciaciones, amortizaciones y otros costos. Sin embargo, aún podrían darse fugas.     

El régimen tributario chileno no debería ser nuestro punto de referencia. En 2010 sus utilidades netas fueron equivalentes al 24.9% de las ventas, respecto de un promedio peruano del 38.8%. La minería chilena es en promedio menos rentable que la peruana y por eso se pagan relativamente menos impuestos. En el Perú, con una recaudación fiscal de US$ 1,500 millones adicionales, la rentabilidad se reduciría al 29%, y si es US$ 2,000 millones al 24%, ligeramente superior al margen de Freeport o Newmont Mining a nivel mundial (En: La Primera, 26/8/2011, p.13).

Por: José I.Távara
Profesor PUCP

Con la designación del primer gabinete, se confrontan distintas maneras de entender el desarrollo en nuestro país. Se afirma que el gobierno ha optado por mantener el modelo económico: la conducción de la economía ha sido encargada a tecnócratas ortodoxos, para garantizar estabilidad y crecimiento, y las políticas sociales estarán a cargo de profesionales progresistas, lo cual aliviará las tensiones sociales. Desde esta perspectiva, la fortaleza del modelo se impone en el campo de la economía y también en la política, siempre que existan recursos para financiar los programas de inclusión social.

Una interpretación menos optimista afirma que el modelo no es sostenible en el tiempo y que su reemplazo por un modelo superior es indispensable para el desarrollo y el bienestar. El argumento es que el modelo actual es dependiente de los precios de los minerales, cuya evolución es incierta en el actual contexto internacional. Al estancamiento de EEUU y la Unión Europea, se añade hoy un crecimiento más lento de los países emergentes. Analistas como Roubini proyectan incluso una fuerte desaceleración de la economía China a partir del 2013. Al margen de estas proyecciones, el modelo trae consigo “la enfermedad holandesa” –una moneda nacional fuerte que abarata las importaciones, inhibe el desarrollo industrial y la generación sostenible de empleo– y otras “maldiciones” derivadas de la abundancia de recursos naturales: “capitalismo salvaje” y cultura rentista, que debilitan las instituciones y corrompen el sistema político.

La expresión más visible de esta debilidad es un Estado raquítico, con un tamaño fiscal reducido, que no asegura el acceso de todos a servicios básicos de calidad, como salud, educación, seguridad y justicia. Esto se traduce, por un lado, en enormes niveles de desigualdad, que se transmiten de una generación a otra, y por el otro limita la capacidad de competir de las empresas, salvo de aquellas vinculadas a la inversión extranjera y a ventajas comparativas derivadas de la explotación de recursos naturales. Además, el modelo descuida la protección de bienes comunes y compartidos como el aire y el agua, y en algunos casos amenaza con destruir nuestros ecosistemas.

¿Es posible introducir ajustes al modelo para superar estas limitaciones? Los optimistas consideran que solo hace falta elevar la recaudación en 2% o 3% del PBI, fortalecer un poco al Estado y financiar los nuevos programas sociales. Basta que la minería se ajuste un poco los cinturones, aportando más impuestos al fisco, y que los nuevos ministros sean efectivos en “golpearle el codo” al ministro de economía, para que los problemas centrales queden resueltos.

Los nuevos programas sociales mejorarán, sin duda, las condiciones de vida de los más pobres y darán al gobierno el oxígeno requerido para aliviar algunos conflictos. Sin embargo, hay reformas que no pueden postergarse, precisamente para asegurar la efectividad de las políticas sociales, como son la carrera pública, con una gestión transparente orientada a resultados, y las reformas en salud y educación, incluyendo el sistema universitario. Su viabilidad dependerá, a su vez, de una reforma tributaria de mayor alcance, que al parecer no está en la agenda del nuevo gobierno.

También es urgente poner en marcha una nueva política de desarrollo productivo. Al igual que otros países, el Perú tiene y tendrá serias dificultades para competir con las manufacturas del Asia. Expertas como Carlota Pérez sostienen que, bajo estas condiciones y considerando la “hipersegmentación” de los mercados internacionales, la estrategia más adecuada es orientarse, por un lado –”desde arriba”– a la especialización en procesos de transformación de las materias primas, en alianza con corporaciones globales, diversificando la producción y agregando valor para responder a una amplia gama de demandas específicas, aprovechando así la rica dotación de recursos naturales y fuentes de energía; y por el otro  –“desde abajo”– al desarrollo de los mercados y la creación de riqueza y empleo en los diversos espacios locales y regionales. Esta “estrategia dual” es consistente con la preservación y mejora del medio ambiente y se orienta al aumento en la calidad de vida de las personas. Pero al mismo tiempo requiere del desarrollo de nuevas capacidades en el campo de la investigación científica y tecnológica, lo cual pasa por una profunda reforma institucional en los sistemas de innovación.

El cuestionamiento al modelo no supone entonces “un retorno al pasado proteccionista y estatista”. El desarrollo futuro dependerá, inevitablemente, de la trayectoria seguida hasta ahora, en particular durante las dos últimas décadas. El debate gira en torno al modelo que necesitamos construir para que todos tengan bienestar en el nuevo contexto global. Como sabemos, las reformas más importantes y trascendentes deben ponerse en marcha durante los primeros meses de un nuevo gobierno, o simplemente dejarse de lado. Esperemos que el nuevo gobierno esté a la altura de estos desafíos.

Muy Bueno

Por: Pedro Francke Profesor PUCP.

Tras el nombramiento de su gabinete, nuestro nuevo presidente Ollanta Humala debe anunciar las líneas maestras de su gobierno en el discurso inaugural del 28 de julio. Enfrentará, en esta ocasión, un problema central que radica en la conexión entre la política económica y la inclusión social.

Correctamente, el presidente Humala ha insistido, una y otra vez, en que la inclusión social es el reto central que enfrentará su gobierno. Es alrededor de esta idea central que logró mantenerse vigente entre el 2006 y el 2011 y que pudo agrupar fuerzas sociales, morales e intelectuales. Esta línea la mantuvo firme durante la etapa electoral contra todos los embates y en medio de todos los cambios y concesiones que tuvo que hacer, y es esta idea la que ha concitado el entusiasmo de millones de peruanos.

La inclusión social, además de ser una bandera políticamente exitosa, es una necesidad nacional. Tirios y troyanos lo reconocieron en sus discursos electorales. Nuestro país no puede abrirse a un camino de progreso, si no resuelve las gigantescas brechas y diferencias que hay entre peruanos.

La cuestión es que esa inclusión requiere de políticas inclusivas que requieren un Estado mucho más activo. Requiere que la salud, la educación y la protección social dupliquen su presupuesto, y con eso apenas se acerquen al bajo promedio latinoamericano de gasto social. Requiere que los trabajadores dejen de ser el lado más débil por el cual la pita siempre se rompe, y se pase a defender el salario, los derechos laborales y la salud y seguridad de los trabajadores. Requiere que el agro deje de ser el sector que es el patito feo y que las comunidades campesinas y nativas sean vistas como un lastre que no tiene potencialidades. Requiere que una política de pensiones tenga como prioridad el bienestar de los jubilados antes que las ganancias de las AFP. Requiere que los pueblos sean consultados y el medio ambiente protegido, antes de dar paso a la minería y el petróleo.

En todos estos aspectos, la inclusión social requiere de cambios en la política económica. No se puede tener más gasto social si no se recaudan más impuestos, y por eso la necesidad de establecer un impuesto a las sobreganancias mineras, que es además de estricta justicia.

El balance es difícil, desde luego, porque no pueden establecerse impuestos que quiebren a las empresas. Tampoco se puede subir el salario mínimo hasta un punto que se genere problemas a las pymes y medianas empresas. Requerimos redistribución y políticas sociales reforzadas, pero desde luego sin atentar contra el crecimiento económico.

Hasta ahora, todos los gobiernos han fallado en lograr este equilibrio; todos ellos, por darle poca importancia a la inclusión social. Fujimori, Toledo y García han privilegiado las ganancias de las grandes empresas, las transnacionales y monopolios, al punto de sacrificar las políticas sociales y de inclusión social.

Cambiar eso fue la gran promesa de Ollanta Humala. Ahora le toca cumplirla, con la ayuda de todos los peruanos. 

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Por Fernando Eguren
presidente de Cepes

Varios de los ofrecimientos del presidente Ollanta Humala no difieren mucho de los que hicieron otros partidos en el pasado: política económica inclusiva, ampliación del gasto social, apoyo decisivo a la educación, reforma del Estado, mejora de la educación en extensión y calidad. Ya sería una diferencia importante con los gobiernos previos si es que cumpliese estos ofrecimientos, como todos esperamos, y más aún si se implementan ofrecimientos inéditos, como el de la pensión 65. Si lo hiciera, además, luchando decidida y persistentemente contra la corrupción, como también esperamos, sería un gobierno notable.

Pero, a pesar de todo, sería insuficiente para los tiempos que corren, pues estas políticas no necesariamente iniciarían la transformación del país en dos aspectos fundamentales: en la reducción de las diferencias regionales y en la modificación de las condiciones que hacen que la pobreza se sigan reproduciendo.

Lograrlo no es tarea sencilla ni de un solo gobierno. Pero hay un camino por donde empezar: priorizar –esta vez de verdad– el desarrollo de los espacios rurales.

Hay varias razones para ello. Mencionaremos tan solo tres. La primera es que en la mayor parte de las regiones las actividades económicas más importantes se realizan en los espacios rurales. La agricultura, la ganadería y las actividades forestales son las principales y son las que más empleo generan: a ellas se dedican más de dos millones de hogares. El peso del PBI agrario, si se consideran los eslabones a la entrada y a la salida y no solo la actividad primaria, supera el 30% del PBI total nacional. Muchas ciudades intermedias dependen de la producción agraria y de las actividades ligadas a ella. No hay manera de que se logre un desarrollo regional y descentralizado sin el desarrollo de los espacios rurales.

En segundo lugar, el desarrollo rural es el medio más adecuado para derrotar la pobreza, como lo muestran diferentes estudios. La incidencia de la pobreza en el campo es muy superior a la de las ciudades, sobre todo en la sierra rural, en donde dos de cada tres pobladores son pobres. Los programas sociales para aliviar la pobreza no pueden reemplazar al desarrollo rural, único camino para que estas poblaciones la superen de manera sostenible.

En tercer lugar, son los espacios rurales en donde se produce la mayor parte de los alimentos que el país consume. La volatilidad de los precios internacionales de algunos alimentos claves de consumo masivo –entre ellos el maíz, el trigo y las oleaginosas- ha puesto sobre el tapete la necesidad de diseñar y ejecutar estrategias de seguridad alimentaria que promuevan la producción interna y reduzcan la dependencia de las importaciones.

Ahora bien, decir desarrollo rural es decir desarrollo de la pequeña y mediana agricultura, de las comunidades campesinas y de las poblaciones amazónicas. Es este inmenso sector social, sus actividades y el territorio en donde habitan los que deben ser la primera prioridad del gobierno de Gana Perú. Sería el comienzo de la “gran transformación”.

(1) Ver La Revista Agraria No 130, http://www.larevistaagraria.org/

¿Reducción de la Pobreza por aumento de la Emigración?


Juergen Schuldt

Los sonoros autobombos que sobre sus éxitos acostumbra emitir el gobierno, se desvanecen cuando uno observa la cantidad de ciudadanos que migraron al extranjero durante la presente gestión. Nada menos que 1’153.000 peruanos buscaron refugios más promisorios en otros países durante el quinquenio 2006-2010, casi el doble de los 580.000 que se fueron durante el periodo 2001-2005. Incluso, durante los cinco peores años de la hiperinflación y el terrorismo (1989-1993) emigraron “apenas” 290.000. De manera que algo no anduvo bien durante el presente régimen.

Por lo demás, como muchos de los que migraron son pobres o pobres extremos, las cifras sobre la reducción de la pobreza no se deben sólo a las políticas del gobierno y a los excelentes precios de nuestras exportaciones, sino también al sacrificio de los propios migrantes. Como es sabido el gobierno se atribuye la hazaña de haber reducido la pobreza en más de trece puntos porcentuales, del 44,5% en 2006 al 31,3% en 2010. ¿Cuánto de esa reducción se debe a los migrantes? Cifras del INEI nos permiten un cálculo aproximado, tanto del número de migrantes pobres que salieron, como tomando en cuenta el impacto económico que ejercieron las remisiones que reciben las familias de los peruanos que viven en el extranjero, que hoy en día rebasarían los tres millones (84.0% son personal no calificado).

¿Pobres que se fueron? Obviamente no todos los migrantes pertenecen a los estratos altos, en que los del ‘A’ representan el 13% y del ‘B’ un 13,5%, mientras que los del ‘C’ equivalen al 27,4%, del ‘D’ son 25,4% y del ‘E’ 20,7%. Consideramos que los pobres que migran provienen de los estratos ‘D’ y ‘E’, así como de la mitad del estrato ‘C’, con lo que todos los migrantes pobres representarían 59,8% del total de migrantes. ¿En cuánto contribuyeron a la reducción de la pobreza? De ahí que, del total de migrantes, 701.000 fueron pobres los que emigraron durante el quinquenio; es decir, el equivalente al 21,2% de la disminución total de pobres en ese periodo que fue de 3,3 millones. De manera que la mera disminución del número de residentes pobres en el país disminuyó la pobreza en 2,4 puntos porcentuales. En otras palabras, si no hubiesen migrado, en el año 2010 la pobreza no sería 31,3% sino 33,7%.

De otra parte, tomando en cuenta las divisas que enviaron a sus familiares (10,4% del total de hogares), tenemos otro factor que contribuyó notablemente a reducir la pobreza. Durante el quinquenio transcurrido llegaron US$ 11,200 millones por remisiones o un promedio anual de US$ 2,240’. Lo que permitió que una gran cantidad de pobres superaran la línea crítica, permitiéndoles gastar bastante más –así como a los no pobres- en alimentos, en educación y en salud, así como en la formación de MYPES. Lo que, por el efecto multiplicador, permitió incrementar la demanda efectiva en unos US$ 10.000 millones por año. Ese flujo, que equivale a un 9% promedio del PBI, contribuyó a incrementar la tasa de crecimiento económico anual en un cuarto de punto porcentual y, con ello, a reducir la pobreza en tres cuartos de punto. Lo que quiere decir que, sólo por este factor, la pobreza disminuyó en 3,1 puntos porcentuales en el quinquenio.

Sumando ambos factores tendríamos que, de no ser por la masiva emigración, la pobreza no habría disminuido de 44,5% a 31,3%, sino únicamente a 37%. Sin duda el tema aquí tratado es mucho más complejo que estas burdas sumas y restas realizadas sobre la base de datos y métodos muy endebles, pero los resultados son una buena primera aproximación a un tema que requiere más atención y, por eso mismo, más estudios empíricos.

Fuente de los datos (elaboración propia): Perú – Remesas y Desarrollo. Lima: INEI y OIM, diciembre 2010 (www.oimlima.org.pe/docs/remesas.pdf).

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Ya se inició la campaña contra algunos de los temas económicos clave propuestos por el nuevo gobierno. La contraofensiva por el aumento al salario mínimo vital a 750 soles está a cargo de las firmas consultoras tradicionales contratadas por el sector privado, del titular del MEF y otras autoridades. Se dice que este ajuste sería negativo para el nivel de empleo, que muchas empresas no podrían pagarlo, que afectaría seriamente a las micro y pequeñas empresas y que generaría presiones inflacionarias. El ajuste del salario mínimo es una herramienta de política pública, que con muchas otras, podría ser útil para iniciar una cruzada para mejorar la distribución del ingreso en el país.

Falsos dilemas

En la determinación de los salarios hay diferentes enfoques en juego. Destacan como opuestos el neoclásico y el keynesiano. Según el primero, la contratación de mano de obra depende del salario real y el stock de capital, donde remuneraciones bajas son positivas para la demanda de trabajo de las empresas, mientras que las altas son negativas. En el keynesiano, el nivel de contratación depende ante todo de los niveles de producción y ventas de las empresas. El empleo es un resultado del nivel de actividad económica; al revés de los neoclásicos que piensan que el nivel de empleo, a través de la función de producción, es el que determina los niveles de producción.

Es cierto, que remuneraciones reales más elevadas pueden desalentar marginalmente alguna contratación, cuando esta corresponde a una decisión de las unidades familiares. Sin embargo, el nivel de empleo en cualquier empresa dependerá de los requerimientos de producción, de las tecnologías en el equipo y de proceso establecidas. Nadie contrata a un trabajador adicional o uno menos del que corresponda técnica y económicamente hablando. Los neoclásicos se olvidan frecuentemente que remuneraciones bajas en términos reales son negativas para el nivel de demanda y producción agregada. Una mayor participación de las remuneraciones en el PBI es positiva, para los postkeynesianos, sobre la demanda, el nivel de actividad económica e inversión por los mayores mercados. En la teoría de salarios de eficiencia, mejores remuneraciones son positivas para la calidad y competitividad de todas las empresas. Menores remuneraciones generan más rotación del personal, menor calidad en los bienes y servicios producidos, mayores gastos de capacitación y entrenamiento. 

Existe una falsa visión de que los incrementos en las remuneraciones deben plasmarse necesariamente en los precios. En la teoría neoclásica las remuneraciones reales deben crecer de acuerdo a la productividad. En los últimos diez años el producto medio por trabajador creció 50%, mientras que las remuneraciones reales lo hicieron en promedio menos del 10%. Hay espacio para subir las remuneraciones, ya que la participación de la mano de obra por unidad de producto en lugar de aumentar se ha reducido. No en vano las remuneraciones sobre el PBI han disminuido su contribución del 40% a sólo 22% entre los años sesentas y 2009. A inicios de esta semana el propio Gerente Central de Estudios Económicos del BCRP señaló que entre 1990 y 2010 la productividad laboral del Perú creció al 2.9% anual, por encima de Argentina y Chile que lo hicieron en 2.5% y 2.4% respectivamente.  

La modificación del salario mínimo vital si impacta sobre los ingresos efectivos de la población. En el último informe del INEI sobre la situación laboral de marzo-mayo del 2011 se observa que ante el incremento del salario mínimo de 550 a 600 soles los ingresos promedio en Lima se elevaron en 9%. Tres de los casi 4.8 millones de la población económicamente activa, dependientes e independientes, se beneficiaron en mayor medida del ajuste. También se otorgó en la micro y pequeña empresa. Es complejo realizar cálculos del impacto de la nueva propuesta, ya que la información estadística es deficiente y las respuestas varían en el tiempo. Para algunos, sólo el 4% de los trabajadores formales se beneficiarían de estos aumentos. Nos parece que esta información no es veraz. Por ejemplo, se generarían mayores ingresos por 1.1 puntos porcentuales del PBI si el 20% de la masa salarial se impactara por este ajuste del 25%.

Retos por atender

El aumento del salario mínimo vital reduce las brechas intersalariales. Su impacto en la distribución funcional del ingreso (entre excedentes y remuneraciones) es menor, pero no despreciable. Es obvio que se circunscribiría principalmente a parte del ámbito urbano y el sector rural moderno. A nuestro entender no habría problemas en la capacidad instalada de la planta productiva para atender la mayor demanda por la mayor propensión a consumir de estos grupos sociales. Tenemos las divisas suficientes para responder a la mayor demanda de insumos y bienes de consumo importados. El impacto sobre las finanzas públicas sería menor.

Para que este ajuste sea efectivo se requiere que los precios al consumidor no se eleven, sea contrapartida de menores márgenes de ganancia y de comercialización. El logro de este objetivo requiere coordinarlo con el BCRP. Hay tiempo para explorar la naturaleza de la política monetaria contractiva para apoyar este cambio redistributivo. Habría que evitar las herramientas estándar que afectan la demanda en general. INDECOPI debe tener una actitud atenta y proactiva para evitar prácticas no competitivas. Los ministerios sectoriales deben anticiparse a identificar y prevenir las mayores presiones sobre la oferta actual de bienes y servicios. Por último, es imprescindible potenciar rápidamente todos los programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas para aumentar su nivel de capitalización y de productividad.    

Félix Jiménez

La reciente elección presidencial ha mostrado de manera descarnada la existencia de una fractura que persiste desde la fundación de la república. Somos dos países confrontados, poco integrados, que responden a un solo Estado pero no constituyen una sola Nación.

Con esta fractura que las elites empresariales y políticas que usufructuaron del poder, reprodujeron en el tiempo, hemos llegado a la globalización neoliberal. Nuestra mayor integración al resto del mundo ha evidenciado la profundidad de esa fractura histórica, porque la manera de crecer y acumular capital de los últimos años no ha incorporado al Perú de la sierra y de la selva, no ha sido socialmente inclusivo y no ha aumentado notoriamente el nivel de vida de este lado del Perú. Su efecto directo ha sido entonces el debilitamiento de la democracia, el incremento de los conflictos sociales azuzados, además, por la política del perro del hortelano. La globalización ha impuesto, por otro lado, la subordinación de las prioridades de inclusión e integración social, con lo cual se reproduce la heterogeneidad estructural –económica, social y política-- que impide culminar la construcción de la Nación.

El papel articulador e integrador de la economía nacional de mercado

La síntesis social peruana – decía Basadre – no se ha realizado aún. «El Perú sigue siendo una serie de compartimentos estancos, de estratos superpuestos o coincidentes, con solución de continuidad. Por todo ello, el nacionalismo que, en otras partes, no es necesario o, fatalmente, está superado, urge aquí. En otras partes, el nacionalismo es algo destructor; aquí debe ser constructor. Constructor de conciencia y constructor de soluciones. En otras partes es ofensivo; aquí necesita ser defensivo. Defensivo contra el ausentismo y defensivo contra la presión extranjera, de absorción material o mental» (véase Perú: Problema y Posibilidad, Lima 1984, p. 6).

La estrategia de desarrollo de una Economía Nacional de Mercado constituye el sustrato económico del concepto de Nación o comunidad política territorializada. No hemos culminado la construcción de la Nación a pesar de tener cerca de dos siglos de vida republicana, porque hemos descuidado el desarrollo de mercados a lo largo y ancho del país. Por eso tenemos poblaciones rurales y nativas excluidas de la modernidad. Si algo de bueno tiene el neoliberalismo en nuestro país es haber revelado la existencia y la fuerza de estos peruanos olvidados que le han dado el triunfo a Ollanta Humala, es decir, a la opción de un cambio que prioriza el interés nacional. Los tres ejes de política (no los únicos) para desarrollar la economía nacional de mercado son: infraestructura para conectar la economía con la geografía y demografía del país; financiamiento competitivo basado en el mercado de capitales en moneda nacional; y, revolución educativa e inversión en ciencia y tecnología. La creación y expansión de los mercados internos es la base para la construcción de una verdadera comunidad política territorializada e integrada social y políticamente.

Autodeterminación nacional y globalización

En Perú el carácter nacional que debe tener la economía de mercado proviene entonces de su papel integrador, necesario para la culminación de la construcción de la Nación. Pero lo nacional en el desarrollo de esta economía es también una reacción de autodeterminación frente a la presión de la globalización. La pregunta que debemos responder, por lo tanto, es ¿cómo mantener una economía abierta priorizando los intereses nacionales?

Keynes, refiriéndose a Inglaterra de 1933, decía que «el internacionalismo económico que comprende la libre movilidad de capitales y de los fondos prestables así como de las mercancías, puede condenar a este país por una generación venidera a un grado mucho más bajo de prosperidad material que el que pudiera alcanzarse bajo un sistema diferente.» Llamaba la atención así sobre el dilema entre la administración autónoma de la tasa de interés por la autoridad monetaria y la libre movilidad internacional de capitales. Como la libre movilidad supone la igualación de las tasas de interés domésticas e internacionales, él sugería imponer controles al movimiento de capitales para que la autoridad monetaria tenga soberanía sobre la tasa de interés.

Keynes no fue el único que proponía restricciones al movimiento de capitales. Lo hicieron también Tobin y más recientemente, en el contexto de la globalización actual, P. Davidson, J. Kregel, D. Rodrik y J. Stiglitz, para mencionar solo a los más conocidos. Lo que todos destacan es la imposibilidad de lograr simultáneamente la autodeterminación nacional y la globalización económica. Rodrik adiciona el fortalecimiento de la democracia como objetivo imposible de cumplir junto a la globalización económica.

Para Tobin (1978) «Las economías nacionales y los gobiernos nacionales no son capaces de adaptarse a los movimientos masivos de fondos a través de los mercados de divisas, sin las dificultades reales y sin sacrificio significativo de los objetivos de la política económica nacional en materia de empleo, producción e inflación. En concreto, decía, la movilidad del capital financiero limita las diferencias viables entre las tasas de interés nacionales y por lo tanto restringe severamente la capacidad del banco central y el gobierno para aplicar políticas monetarias y fiscales apropiadas para sus economías internas».

En consecuencia, para que la economía tenga un carácter nacional se tiene que desalentar los flujos especulativos de capital de corto plazo, cuya intensidad y volatilidad podría «amenazar seriamente el desempeño macroeconómico del país, especialmente mediante la reducción de la autonomía de la política monetaria». Estos flujos, además, como señala Tobin, impactan sobre el tipo de cambio, con lo cual alteran los precios relativos y afectan la competitividad de las exportaciones.

Conclusión

La economía nacional de mercado es no solo una estrategia de construcción de la Nación, sino también una propuesta de autodeterminación nacional en el manejo de la política macroeconómica: monetaria, cambiaria y fiscal.

Edgardo Cruzado Silverii

El presidente electo, en su visita a Chile, anuncio que desde ese momento se terminaba con la política de cuerdas separadas. Ya no es posible avanzar en el tema económico y comercial, sin enfrentar los problemas de límites o los tratados de inmigración. La verdad es que esto de que la economía puede ir por su camino, sin considerar los resultados que genera sobre el nivel de empleo y los salarios, no es sostenible.

La tarea no es sencilla, las políticas integrales y multisectoriales son complejas, requieren mucha coordinación y planificación. Pero son indispensables. Un caso urgente, donde las cuerdas separadas deben eliminarse, es nuestra política social. Actualmente el Ministerio de la Mujer y de Desarrollo Social es el responsable de la política social, pero no cabe duda que la práctica deja mucho que desear y este ministerio responde por una parte muy pequeña del gasto social.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el responsable de promover el acceso a agua segura en los hogares, la principal herramienta en la lucha contra la desnutrición infantil. Así mismo, el Ministerio de Energía y Minas es el responsable de que las conexiones eléctricas lleguen a los pueblos más alejados, con electricidad la calidad de vida mejora y el potencial productivo de sus actividades aumenta significativamente.

Pero eso no es todo. Uno de los principales programas de lucha contra la pobreza en nuestro país es Juntos, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros. Los servicios de salud y educación, con los que debe trabajar Juntos, dependen de sus respectivos ministerios. En el camino de todas estas acciones se encuentra el Ministerio de Economía y Finanzas, responsable de asignar los recursos entre las entidades públicas y promotor del presupuesto por resultados.

La tarea nos es sencilla, un gobierno elegido para atender a los más pobres tiene que terminar con las cuerdas separadas. Es indispensable la coordinación entre Ministerios, un mecanismo que asegure la participación de los gobiernos locales y regionales y, sin duda, un sistema de planificación que define metas de corto y mediano plazo, que trace un camino seguro en la lucha contra la pobreza. 

 Armando Mendoza

Suena el teléfono: es un viejo amigo de la universidad, perteneciente al sector de los “emprendedores” (adjetivo huachafo a más no poder), quien la ha hecho linda con el boom constructor. Se araña porque no ganó Keiko; “que garantizaba  estabilidad y crecimiento”; y me pregunta si de verdad esta vez se jodió el Perú, Mendozita; y es hora de hacer maletas y chapar su visa para un sueño antes que le estaticen la empresa.

El angustiado emprendedor también quiere saber porque en un país con tasas de crecimiento tan altas, con indicadores económicos en positivo, y donde el consumo y la riqueza se expanden, puede haber tanto cuestionamiento al “modelo”, y si eso es producto de una conspiración comunista. Bueno, le aclaro algunos puntos a mi amigo (y de paso a tanto neoliberal en crisis existencial), porque, si, pues: el “modelo” tiene serios problemas y limitaciones estructurales, porque crecimiento no necesariamente empata con desarrollo, y requerimos reformas sustanciales.

Le explico a mi amigo que no pues, que el tan mentado auge no ha beneficiado a todos; que en algunos aspectos se han exacerbado las desigualdades, y persisten el atraso y la marginalidad. Le mando un grafiquito del PBI per capita por regiones, para que entienda que aunque a él le va bien, en regiones como Apurimac o Huanuco la prosperidad no es tan evidente. Le explico que Perú no puede seguir siendo un ente esquizofrénico; donde coexisten Suiza y Biafra; y que el país no termina en el kilómetro 97.5 de la Panamericana Sur doblando a la derecha.

También le explico que ser “competitivo” en base a pagar un ripio a sus trabajadores ya fue, que del “cholo barato” debe evolucionar al “cholo bien pagado y altamente productivo”, y que debe invertir en la capacitación de su mano de obra. Igualmente, le explico que apostar nuestra prosperidad al crecimiento continuo de la demanda por materias primas y que los altos precios internacionales continúen, es peligroso;  y que es hora de establecer una estrategia de desarrollo sostenible en serio, para cuando la mina se cierre y el pozo se agote.

Le explico que en este proceso es indispensable fortalecer y modernizar al estado. Que es una vergüenza que el Perú tenga una incidencia de tuberculosis cercana a Haití, que no  podemos seguir con un sistema educativo tercermundista, y que la inseguridad ciudadana nos cuesta 5.1% del PBI al año, según estima el BID. Es hora de tener una policía, un sistema de salud y una educación como la gente. Pero eso cuesta, así que hay que ser concientes, meterse la mano al bolsillo aunque duela, y pagar impuestos; apóyame, varón.

Finalmente, le explico que no se asuste, que si algo queda de estas elecciones es que el Perú voto por el cambio, y que mal haríamos en permitir que el escepticismo y el miedo nos controlen. Le explico que hay una natural preocupación, pero que la economía esta firme, las perspectivas son bastante buenas, y que al final un Perú más inclusivo, con oportunidades para todos, será mas estable, productivo y prospero, con  lo que el también se beneficiara. Así que, chochera, tranquilo no más.

Congreso saliente debe nombrar al Defensor del Pueblo

Juan Francisco Rojas

Las reglas institucionales de la democracia se van gestando en las coyunturas y – a veces – pueden ser las mejores para la continuidad del proceso de legitimación democrática. La coyuntura determinó que el Congreso anterior nombrara al Defensor que ha cesado (2005 -2010); y, ahora puede permitir que el Congreso saliente designe su sucesor (2011- 2015). De concretarse esta idea y mantenerse la dinámica, se habrá gestado una incipiente tradición, y el Congreso electo podría en el futuro designar al reemplazante, precisamente, en la víspera del inicio del mandato presidencial del 2016.

La Defensoría del Pueblo es clave en la construcción de la verdadera economía social de mercado. El Defensor debe asegurar el respeto de los derechos constitucionales de los ciudadanos, uno de los cuales pasa necesariamente por su rol – ahora desprotegido y venido a menos - como consumidor de bienes y servicios. Asimismo, el Defensor vela por la justicia y la equidad en la prestación de los servicios públicos, lo que significa denunciar y perseguir – sin temor o componendas – los abusos de las empresas concesionarias, con la anuencia cómplice de los reguladores. Finalmente, el Defensor es un garante de la constitucionalidad del sistema legal en el Perú, pues es uno de los legitimados para plantear acciones de inconstitucionalidad contra las leyes o normas de jerarquía equivalente.

La Defensoría es hoy una institución dormida, anodina, sin alma; y lo que es más grave, que no cumple su función constitucional. Para su transformación se requiere que el Congreso saliente designe a una persona vital; entusiasta; capaz de emprender proyectos y convocar equipos expertos en derechos humanos; que haya demostrado habilidades para conciliar posiciones y producir resultados; y, – lo más importante - que no tenga temor a denunciar injusticias en la sociedad peruana. El candidato debe tener un reconocido prestigio, haber desarrollado una carrera profesional exitosa; y gran capacidad para la comunicación de ideas en los medios. El candidato, debe generar consensos sobre la base de su independencia política, lo que no significa obviamente que pueda haber participado en uno u otro gobierno. Aquí, la clave de la grandeza política: no se propone al partidario, pero nada impide que se designe al que haya tenido cercanía profesional o técnica con uno u otro grupo político.

El momento exige la grandeza de todos los grupos políticos pero, particularmente, la del Nacionalismo. El partido Nacionalista, legítimo vencedor de la contienda electoral, debe propiciar y convenir en la elección del único candidato propuesto por las bancadas que, presumiblemente, integraran su futura oposición parlamentaria. Esta decisión asegurará el tránsito y la legitimidad de la primera minoría parlamentaria. Así, el Nacionalismo le dará al país la oportunidad de mirar el futuro de la Defensoría del Pueblo con independencia.

El Congreso saliente debe designar al Defensor del Pueblo. Walter Gutiérrez Camacho, el único candidato propuesto por la Comisión Ad – Hoc cumple con los requisitos y los pergaminos para asumir dicho cargo y recobrar para la institución el prestigio que esta tuvo con su primer designado, Jorge Santistevan de Noriega.   

 

Juergen Schuldt

Dicen que Procusto, hijo de Poseidón, vivía alejado del mundanal ruido en una colina. En su cabaña alojaba amablemente a los caminantes que no habían podido llegar a su destino, cogidos por la noche. Una vez que los había atendido a cuerpo de rey les ofrecía su camastro de hierro para dormir. Al primer ronquido del huésped se le acercaba y lo ataba, para luego ajustarlo al tamaño de la cama. Si era muy alto le serruchaba los pies o la cabeza para emparejarlo con el largo de la litera, y  si era muy pequeño lo estiraba a martillazos hasta que cupiera perfectamente en ella.

En la escuela nos burlábamos de esta absurda leyenda de la mitología griega y, encima, bombardeábamos con tizas al profesor que con tanta fascinación nos la contaba. Con el correr de los años, sin embargo, comenzamos a encontrarnos con tantos Procustos que deberíamos ir a pedirle disculpas a ese Gran Maestro, aunque ya esté descansando en el Divino Maestro. Por cierto que los economistas somos los más grandes maestros en la procustinación de cifras, hipótesis y supuestos para que encajen con nuestros modelos matemáticamente impecables.

Y desde ayer, conocidos los resultados de la segunda vuelta, han aparecido infinidad de Procustos, que también viven en las colinas (digamos que en Las Casuarinas) y que no parecen haberse resignado a los resultados. Pues ahora resulta que quienes no votaron por Humala se creen con derecho a decidir quién y cómo se debe manejar el país, particularmente la política económica. Acogen a Humala para atarlo a sus catres mentales para asegurar sus menudos intereses cortoplacistas.

Sin duda, “los mercados” (en castellano: los Nuevos Dueños del Perú como los llamaría Carlos Malpica) son conscientes de su poder de convencimiento (en español: capacidad de chantaje). Como ya lo mostraron antes de la primera y segunda vueltas según el ritmo de las encuestas, y ahora con una pequeña y contundente muestra el día de ayer. Con martillo y serrucho en mano, lanzaron una amenazadora advertencia, tumbando nuestra diminuta Bolsa, con nefastas consecuencias en el exterior, y amasando dólares, con lo que generaron más temor en el interior. Sin duda un eficaz pre-aviso, a ver si el anti-sistema se acomoda correctamente a la peculiar litera para no tener que usar el hacha.

A renglón seguido,  el mismo día, volvieron a la carga proponiendo condiciones adicionales.  A través del lúcido Presidente de la CONFIEP,  hicieron saber que sería bueno que Carranza ocupe la cartera de Economía y que Julio Velarde siga en el BCR, como si el presidente electo fuese Keiko o PPK.

No nos sorprendería que la próxima “sugerencia” consista en proponer la eliminación de todo intento de reforma tributaria integral, en especial para que no se toquen las sobreganancias minero-hidrocarburíferas. Lo que sería una confirmación adicional que nuestra clase dominante aún no llega entender lo que es una clase dirigente. Porque, si uno otea  el conflictivo futuro que nos espera, el impuesto a esos “windfall profits” –por el que también abogaba Keiko- no es otra cosa que una contraprestación para lograr la paz social que tanto exigen los mineros en las regiones, lo que les rendirá mayores tasas de ganancia a mediano plazo. Puro y simple cálculo costo-beneficio y para que el Estado disponga de los fondos para modernizarse y contratar al personal que pueda materializar los programas sociales y de descentralización en serio.

Cual Procusto de antaño, conocido por su estatura ciclópea y fortaleza descomunal, los nuestros ya han venido intentando acostarlo en el lecho, no tanto para psicoanalizarlo, sino para sacarle las concesiones para crear “confianza”, supuestamente para relanzar las inversiones planeadas y generar los ansiados empleos, que ahora están congelados hasta que se satisfagan sus pretensiones. Duchos maestros del serrucho, ¿no les basta que ya convencieron al inquilino que debe respetar la democracia y la propiedad privada, que no puede cambiar la Constitución, que debe concertar y gobernar para todos, que no hay lugar para estatizaciones, entre otras demandas atendibles que ha aceptado el futuro mandatario hasta por escrito?

Por la espalda, sin embargo, traman de todo para acabar con la democracia que supuestamente es su bandera. La socavan subrepticiamente congelando o recortando sus inversiones, acumulando dólares y euros, vendiendo propiedades y acciones, gestionando pasajes y visas, circulando rumores venenosos, etc. 

Sin embargo, a nuestros Procustos criollos aún les queda buen tiempo para acabar con su cirugía plástica del mandatario. ¿Serán capaces de transformar al temible Cuco en un inofensivo Cucú hasta el 28 de julio? Si lo lograran, una vez más el autor de El Gatopardo tendrá razón: Todo consistirá en realizar cambios para que nada cambie, con lo que La Gran Transformación se convertiría en la Gran Desilusión.

Desde Ática, junio 7, 2011 (El autor no se responsabiliza por la traducción del griego realizada por Teseo)..

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Por Farid Matukwww.29x55.com

Este pasado domingo, el partido Gana Perú venció a Fuerza 2011 en la segunda vuelta por la Presidencia de la República. Este sorprendente hecho, marca el fin del modelo económico instaurado por Alberto Fujimori desde agosto de 1990, y consagrado en la Constitución de 1993. Ya en la elección de 2006, las fuerzas políticas encarnadas hoy en Gana Perú llegaron a la segunda vuelta y fueron derrotadas por el actual Presidente Alan García.

En el año 2006, la élite económica peruana respaldó a García a pesar de su desastrosa primera gestión, y también aparentó preocupación por el futuro como se observó en el CADE de la “inclusión social”. Pronto el pánico se disipó, y la primera manifestación de ello fue el llamado “óbolo minero” donde la crisis del modelo se hacía patente porque el Estado renunciaba a tener una política tributaria contracíclica, y más bien estiraba la mano a quienes inesperadamente tenían ganancias repentinas.

Durante toda la gestión García, el gobierno y la élite que lo acompañaba repetían hasta el cansancio las bondades del crecimiento económico y la reducción masiva de la pobreza, las cifras que aparentaban respaldar estas afirmaciones eran elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, las cuales a su vez eran tomadas como válidas por una comunidad académica para elaborar teorías del “círculo virtuoso” que el Perú vivía.

Afortunadamente, las elecciones permiten que los olvidados dejen de serlo, y que los votos de una comunidad andina remota tengan el mismo valor que los votos de los edificios de San Isidro. Y en todos aquellos poblados remotos la realidad tangible no es de crecimiento económico, ni de reducción de la pobreza. La realidad cotidiana de aquellos ciudadanos peruanos es de un Estado ausente, que no proporciona servicios mínimos de salud, educación y justicia.

La economía peruana creció en el último quinquenio como nunca antes en el Perú, o como quizás durante la era del guano, pero como entonces el crecimiento se acumuló en la élite sin que representase una oportunidad de un Perú nuevo a partir de un auge inesperado de los recursos naturales del país. Como en el siglo XIX, el Estado no distribuyó esas ganancias extraordinarias a través de una agresiva política tributaria y laboral.

Al presente, la élite económica peruana está dominada por una oligarquía minera que se origina en la Constitución de 1993, con un régimen tributario laxo y sindicatos desprotegidos. Esta oligarquía tiene una periferia, o como Marshall diría “genera demanda derivada”, que se mueve al vaivén de lo que ocurra en los mercados internacionales de los metales.

La plataforma de Gana Perú consistió en un ataque frontal al status quo de políticas tributarias laxas y de desprotección de los sindicatos. Cuando esta plataforma tome forma de leyes, el Estado Peruano contará con más recursos financieros para financiar necesidades mínimas de salud, educación y justicia; e igualmente los sindicatos estarán en condiciones de negociación con un Ministerio de Trabajo realmente neutral.

A partir de este 28 de julio, el Perú tiene las puertas abiertas a un futuro donde la marginación desaparezca, donde vivir en lo más alto de los Andes o en lo más bajo de la Amazonía sea indistinguible de vivir en la Capital de la República.

Por Pedro Francke

En las elecciones de ayer, logramos derrotar a la mafia fujimorista que quería regresar al gobierno y elegir una candidatura que ha propuesto un gobierno de cambio y de concertación democrática: dos grandes logros por los cuales estamos muy pero muy contentos. Hay que decirlo con emoción: Saltamos en una pata de alegría, ¡yeeehhhh!, ¡hip hip raa!! ¡Kausachum Peru!

   

Ahora toca al gobierno electo concertar el cambio, y a quienes promovemos la transformación social desde este modesto medio de comunicación, seguir promoviendo el debate de ideas y permanecer vigilantes de promesas electorales y derechos ciudadanos.

Lo que deja la campaña

Gana Perú ha sido enfático, en toda la segunda vuelta y en las declaraciones de voceros y del propio Ollanta, en la propuesta de un gobierno de concertación nacional por el cambio. Nos parece un enfoque correcto, y para lograrlo el principal obstáculo es una derecha política, grupos de poder monopólicos y un sector social de clase A, que tienen un comportamiento intolerante, antidemocrático y chantajista.

Hemos visto esa actitud antidemocrática en la campaña, donde no han dejado de violar reglas electorales hasta el mismo día de las elecciones, haciendo propaganda mediante llamadas telefónicas mentirosas y con el propio esposo de la candidata Keiko Fujimori, el norteamericano Mark Villanella, violando la ley al mostrar su voto ante cámaras, delito electoral que esperamos sea sancionado, porque en el Perú todos somos iguales ante la ley y nadie está por encima de ella.

Hemos visto esa postura chantajista anoche, donde los perdedores pretendían imponer su agenda y sus propuestas, desde PPK hasta Jaime de Althaus, Aldo M. y Rafael Rey, insistiendo en que rápidamente se deje de lado toda pretensión de cambio en la política económica bajo la amenaza de una fuga de capitales.

La presión desde los economistas neoliberales, vinculados a los grandes capitales, es abierta. PPK pasó de hacer campaña por Keiko a pedir abiertamente un ministro de economía de su gusto, e igual hicieron Meche Araoz y Patricia Teullet. Los capitales especulativos hacen caer la Bolsa de valores más de 10% este lunes 6 de junio, e inmediatamente después Luis Felipe Arizmendi, un financista que el 2006 dirigió el plan de gobierno de Lourdes Flores, da declaraciones chantajistas y antidemocráticas, indicando que la responsabilidad de mayores caídas es de Humala si nombra a un ministro de economía que proponga estrategias alternativas.

Medios de comunicación que se parcializaron abiertamente en la campaña llegando al extremo de engañar sistemáticamente a la población, ahora se irrogan el derecho de presionar a los ganadores para que apliquen las políticas que proponían los perdedores y que a sus intereses económicos les resultan favorables.

 
Es ese sector y esa actitud, repetimos, intolerante, antidemocrática y chantajista, la que frena la inclusión social y la democratización que el país necesita, y a quienes no dejaremos de señalar y de llamar a la reflexión democrática y al cambio.

El cambio: sin prisa pero sin pausa

En este contexto, no hay que olvidar que ganamos la segunda vuelta, pero que la primera vuelta arrojó resultados que demandan la concertación para el cambio. Eso ha significado que varias de las propuestas originales de Gana Perú, que en su momento llamaron "La Gran Transformación", hayan sido dejadas de lado o reducidas en su alcance. Si creemos en un cambio en democracia, en el respeto al orden constitucional, eso era necesario.

Hay que ser claros, sin embargo, en que a pesar de las dificultades en concertar con una derecha antidemocrática y con grupos de poder económicos acostumbrados a ser el poder fáctico, el cambio debe venir. Debemos ser pacientes y tolerantes respecto de la magnitud y profundidad de los cambios, que no podrán ser en lo inmediato todo lo que quisiéramos. Pero debemos ser claros en exigir que no podemos tampoco permitir que el chantaje nos detenga, que el cambio debe venir YA, que la corrupción no debe seguir más y que la inclusión social debe dar un salto adelante. Eso es lo que el pueblo ha elegido, y en democracia eso es lo que debe suceder, sin prisa pero sin pausa.

Más allá de la redistribución económica

La agenda del cambio es amplia. La campaña electoral se ha centrado en las medidas de redistribución e inclusión social que esperamos empiecen pronto – pensión 65, Cuna Más, impuesto a las sobreganancias mineras, gas para los peruanos -. Eso está muy bien. Pero desde Bajo la Lupa queremos insistir en que la agenda del cambio es más amplia.

En el tema económico, no solo se trata de redistribuir, sino también de cambiar el modelo primario-exportador, esta primacía de las industrias extractivas en nuestra estructura económica. Es necesario promoviendo actividades que generan más empleo, valor agregado y cambio tecnológico, con un mejor equilibrio entre el mercado externo y el mercado interno, fortaleciendo este último y la infraestructura necesaria para integrar al país. La minería y el petróleo deben ser regulados en defensa del verdadero interés público, ordenando el territorio, impidiendo la contaminación y el deterioro ambiental, asegurando y respetando la consulta previa a los pueblos.

En el terreno social, siendo la redistribución y la lucha contra la pobreza importantes, quienes han estado social y culturalmente dominados y subordinados durante siglos, quieren antes que nada reconocimiento. Ser escuchados. Que haya respeto por su idioma y su cultura. Que su voluntad sea considerada cuando se van a aprobar leyes que los afectan o se va a explotar los recursos naturales de su territorio.

 
Tampoco podemos seguir olvidando el tema ambiental. El cambio climático afectará seriamente a nuestro país, y debemos prepararnos para ello. La contaminación ambiental causa miles de muertes al año y pérdidas del orden del 5% del PBI. Nuestras aguas y nuestros suelos se están agotando. No podemos seguir así.

Finalmente, tal vez lo más importante, hay una agenda ética y moral, que pasa por el respeto y defensa irrestricta de los derechos humanos y por el combate sin cuartel contra la corrupción y el delito.

Felices y activos

Felices por el resultado electoral, desde Bajo la Lupa seguiremos trabajando, defendiendo y vigilando la promesa de concertar el cambio, y promoviendo el debate de ideas sobre la agenda pública que el Perú requiere enfrentar en los próximos años. Esperamos que ustedes nos sigan acompañando y colaborando con nosotros, como lo han hecho todos estos años y en particular durante esta intensa y difícil, pero también gratificante, campaña electoral.

  

Análisis y propuestas para el país
Grupo Bajo La Lupa