Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

La reducción de la calificación de la deuda norteamericana por parte de Standard & Poor´s está generando impactos en los diferentes mercados en el corto plazo. El conocimiento de los detalles del acuerdo bipartidario sobre el tope de la deuda en EUA es importante para evaluar los efectos probables sobre la economía internacional en el mediano y largo plazo. En esa perspectiva, diversos analistas señalan que el trato alcanzado es negativo para la demanda y producto estadounidense y por ende para la economía mundial. El mismo no impactará positivamente en las inversiones, no estimulará el crecimiento económico, ni corregirá la creciente concentración en la distribución del ingreso y afectará la creación de empleos. 

El acuerdo sólo permite una salida temporal al problema del tope de la deuda, ya que sólo la eleva en US$ 2,100 billones americanos (US$ 2.1 billones en nuestra denominación en español de aquí en adelante). La empresa consultora EIU estima para 2011 un déficit público equivalente al 9.2% del PBI. Con otro déficit, financiado a través de la emisión de bonos del Tesoro, entre el 6 y 7% en 2012 se alcanzaría el nuevo límite. Frente a esta realidad, en los documentos oficiales se señala que el acuerdo eliminaría toda la incertidumbre sobre el tema hasta 2013.

A cambio de esta salida, las contrapartidas exigidas son diversas. No hay aumento de impuestos y todos los ajustes se darían por el lado del gasto. Un primer componente, para los primeros diez años del acuerdo, autoriza recortes en los gastos por US$ 1 billón, entre gastos de defensa y otros sectores. Dentro de estos se prevé US$ 0.35 billones de reducción en gastos de defensa. El segundo componente se refiere a la creación de un comité específico que debe determinar reducciones adicionales en el déficit por US$ 1.5 billones. La fecha límite para votar estas sugerencias es el 23 de diciembre del 2011. Si no hay acuerdo, a partir del 2013, se iniciarían recortes automáticos del gasto doméstico y de defensa. Se protegerían los gastos en la seguridad social, Medicare y los programas a favor de grupos de menores ingresos.

Estos programas de reducción del déficit público a través del gasto público son perfectos para deprimir la demanda, en circunstancias en que la incertidumbre impacta negativamente sobre el gasto privado. Con menor demanda y capacidad instalada ociosa, las razones para invertir son reducidas. Con la salvedad de lo que pueda ocurrir con las exportaciones, el escenario de demanda-producción norteamericana sería depresivo, impactando negativamente en la generación de empleos y sobre la economía mundial (En: La Primera, 19/8/2011, p.13). 

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Las noticias periodísticas sobre la negociación del impuesto a las sobreganancias mineras entre los empresarios del sector y el gobierno tienen elementos positivos y otros que no lo son tanto. Es meritorio que el sector empresarial este reconociendo la necesidad de una aportación adicional al fisco, que las conversaciones se desarrollen en buenos términos y al parecer mostrando avances relevantes. Sin embargo, es problemático que prime el concepto de mantener la competitividad sobre el de rentabilidad, se establezca un único concepto de regalías con base a utilidades operativas, se pretenda replicar el régimen chileno y obtener desde el gobierno, según el diario Gestión, sólo 2,000 millones de soles adicionales.     

Las regalías e impuestos que se establecen sobre la minería son tan sólo un elemento que explicaría su mayor o menor competitividad internacional. Los factores fundamentales son la existencia del mineral, su ley, las facilidades técnicas-operativas para su extracción, capacidad del equipo, disponibilidad y costos de la mano de obra y en general los costos y gastos por tonelada de concentrado o mineral extraído. Una mayor presión tributaria en un país respecto de otro no implica necesariamente una pérdida de competitividad. El mayor costo o gasto se puede compensar con otra ventaja competitiva de la minería en el país.  

No es conveniente establecer un único concepto de regalías y el hacerlo sobre  utilidades operativas tiene bemoles. El sistema actual sobre las ventas debería mantenerse para evitar complicaciones con relación a las participaciones de los gobiernos regionales y locales. El recurso del subsuelo corresponde a la Nación y sobre el cual se debe exigir un pago fijo básico. Asimismo, para muchos analistas el régimen sobre utilidades establece incentivos a crear sobrecostos de todo tipo y los somete a los riesgos de una contabilidad creativa. El complemento sobre las utilidades operativas sería aceptable si se establecen todos los candados regulatorios necesarios con relación a depreciaciones, amortizaciones y otros costos. Sin embargo, aún podrían darse fugas.     

El régimen tributario chileno no debería ser nuestro punto de referencia. En 2010 sus utilidades netas fueron equivalentes al 24.9% de las ventas, respecto de un promedio peruano del 38.8%. La minería chilena es en promedio menos rentable que la peruana y por eso se pagan relativamente menos impuestos. En el Perú, con una recaudación fiscal de US$ 1,500 millones adicionales, la rentabilidad se reduciría al 29%, y si es US$ 2,000 millones al 24%, ligeramente superior al margen de Freeport o Newmont Mining a nivel mundial (En: La Primera, 26/8/2011, p.13).

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Los sucesos de las últimas semanas en torno a la discusión, elevación y secuelas a propósito del tope de endeudamiento en los EUA son ilustrativos para todo el mundo. El balance de resultados es negativo tanto en una perspectiva de mediano plazo como de corto plazo de acuerdo a lo que viene ocurriendo en los mercados de valores, financieros y de capitales internacionales. Asimismo, se olvida que los responsables de este desenlace son precisamente quienes contribuyeron a la detonación de la reciente crisis económica internacional: el Partido Republicano y las agencias calificadoras de riesgos.

La detonación del tercer trimestre del 2008 fue el resultado de la acumulación de elementos estructurales y coyunturales que fueron retroalimentados tanto por las políticas liberales de los republicanos norteamericanos como por la ampliación del gasto público durante la administración del Pdte. Busch. La reducción de impuestos a los grupos de más altos ingresos se inició con Reagan en los ochentas, pero continuó en los siguientes gobiernos. A estas políticas se sumaron tanto las costosas aventuras militares en Afganistán e Irán y el equivocado rescate bancario que se inició con un paquete por US$ 800 billones americanos. La fórmula republicana de menos impuestos, más gastos militares y menos regulación fueron los ingredientes básicos para explicar la última crisis económica internacional.

Standard & Poors, una de las principales empresas calificadoras de riesgos internacionales, que acaba de reducir la calificación de la deuda de EUA, fue corresponsable de esta crisis. No hicieron comentarios cuando se otorgaron créditos hipotecarios subprime a los Ninjas (ciudadanos sin ingresos, sin empleo, ni activos); no ajustaron a la baja los paquetes de estos créditos que se vendieron a otros bancos comerciales y de inversión. Tampoco ajustaron las calificaciones de quienes adquirieron estos activos incobrables. En síntesis, actuaron con total complacencia, maximizando exclusivamente sus ingresos, mientras que las malas deudas crecían, se transferían y reproducían a nivel global.

Estos actores contribuyeron significativamente a la crisis. Ahora están jugando su revancha, perjudicando al mundo y a las grandes mayorías de nuestros países. El gobierno también es culpable por su blandura al no haber esclarecido, sancionado y revertido estas políticas perniciosas. Es bueno concertar, pero otra cosa es ceder en los principios. No hay que permitir que los intereses particulares de unos pocos se impongan a la mayoría, menos aún cuando estos fueron culpables de los problemas. Sirva esta lección al Pdte. Obama y a nuestros países.

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

El gobierno, a finales del mes de junio, emitió un decreto supremo que aprobó el Plan Bicentenario. Este documento fue elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y para su redacción se convocó a las diferentes esferas del gobierno, algunos investigadores del sector académico y, al parecer, a los actores de los diferentes sectores productivos. La preocupación por el mediano plazo es importante. Sin embargo, su aprobación se hizo fuera de tiempo. Con esta se condicionaría al futuro gobierno, sin que las diferentes fuerzas políticas, y menos la ganadora, hayan participado en su elaboración. Tampoco implica obligación alguna para las autoridades que están de salida.

Los seis ejes estratégicos del Plan se ven bien. Nadie podría estar en contra de un Estado basado en la plena vigencia de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas. Todos debemos procurar por una economía competitiva basada en la generación masiva de empleos con alta productividad. Es plausible insistir que se ofrezca igualdad de oportunidades y acceso irrestricto a los servicios. También buscar un crecimiento económico basado en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Es imperativo el mayor desarrollo de la infraestructura distribuida regionalmente y por último lograr una gestión pública eficiente que facilite la gobernabilidad.

Los problemas surgen cuando estas buenas intenciones deben convertirse en realidad. También hay errores en el diagnóstico cuando se elude evaluar las tendencias de corto y largo plazo de la economía internacional. Se omite a los emprendedores. No se dice palabra alguna de la gestión macroeconómica, asumiendo que todo estuviera muy bien. No ven peligros en el bajo nivel del tipo de cambio real, ni en los elevados márgenes de intermediación financiera. Todo se resuelve con credibilidad y predictibilidad. La desigualdad y exclusión ocupan un lugar menor. Todo el marco legal e  institucional es para ellos ideal.

El Plan es al mismo tiempo una lista extensa de acciones estratégicas, pero que no miran alto ni lejos. La generación nucleoeléctrica, el trasvase de aguas de la vertiente del Atlántico al Pacífico, los grandes ejes carreteros al estilo del primer mundo, entre otros, son temas que se ignoran. Hay aportaciones en el mayor rol de la ciencia y tecnología, o en el desarrollo de encadenamientos productivos. El Plan debe ser revisado y reformulado; pero ante todo se debe fortalecer al CEPLAN, haciéndolo participar en el Consejo de Ministros. Las decisiones diarias deben ser tamizadas por una visión de mediano y largo plazo (En: La Primera, 15/7/2011, p.11).

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Desde inicios del año, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPYE) se viene preparando contra el establecimiento de tributos adicionales a la minería. Al respecto, contrató una conocida empresa consultora privada para que le prepare un documento que aborda la contribución, carga tributaria y fundamentos conceptuales sobre el tema. El estudio se publicó en enero, es ahora de conocimiento público e incluye información interesante. Sin embargo, está realizado con los objetivos de demostrarnos que el sector actualmente realiza una importante contribución a la economía y que los márgenes de acción hacia adelante son muy limitados.

La investigación reconoce, en lo positivo, que la minería debe tener un tratamiento tributario diferente al resto de las actividades económicas. El argumento es que debe pagar impuestos asociados al agotamiento del recurso que se le ha permitido explotar (p.49). Sin embargo, cuando se debe definir la participación en las rentas económicas generadas, aluden a que en la práctica supondría un régimen tributario distinto para cada proyecto, basado en información no disponible y verificable. En otro orden de ideas, también es positiva la recomendación para que se estudie el establecimiento de subastas para las concesiones mineras, tal como se hace con los hidrocarburos, que permitirían aumentar la recaudación tributaria y promover la explotación de los recursos (p.55).

Nadie discute que el sector minero sea el principal contribuyente al gobierno a nivel nacional. Tampoco debe olvidarse que algunas empresas mineras proveen servicios básicos (como salud, educación, energía eléctrica, agua potable, comunicaciones, entre otros)  no sólo a sus trabajadores sino también a la población de las zonas donde operan. Sin embargo, la discusión no es si contribuyen a la economía. Es obvio que lo hacen. Se trata de un sector que genera importantes rentas económicas, goza de condiciones de precios internacionales favorables y que podrían incrementar sus aportaciones a la Sociedad a través del Estado. 

El estudio concluye, obviamente, que las tasas efectivas de impuestos que se aplican en el Perú son de las más elevadas respecto de la muestra de los principales países mineros analizados. Al respecto, se propone que los tributos se establezcan sobre las utilidades netas y no sobre las ventas. Lo cual haría más complejo su cobro. Asimismo, estos cálculos se realizan bajo un análisis estático con parámetros simulados, omitiendo la inversión, la evolución esperada de los precios, de los costos y del horizonte de la vida útil de los proyectos mineros (En: La Primera, 2/7/2011, p.13

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Todavía falta más de un mes para el 28 de julio, pero ya se inició una campaña contra algunos de los temas clave propuestos por Gana Perú. Hay presión contra los mayores tributos a la minería y ahora se inicia la reacción contra el incremento del salario mínimo vital a 750 soles. Se dice que es negativo para el empleo, que muchas empresas no podrán pagarlo y que generaría presiones inflacionarias. Nada más equivocado, ya que se trata de una herramienta de política pública, que con otras, podría ser útil para iniciar una cruzada para mejorar la distribución del ingreso en el país.

En el tema de los salarios hay dos enfoques opuestos: neoclásico y keynesiano. En el primero, la contratación de mano de obra depende del nivel de los salarios reales, donde remuneraciones bajas son positivas para la demanda de trabajo de las empresas. En el keynesiano, el nivel de contratación depende ante todo del volumen producido. Los neoclásicos, por la división entre micro y macroeconomía, se olvidan que remuneraciones reducidas no son positivas para el nivel de demanda y producción. Para los postkeynesianos una mejor participación de las remuneraciones en el PBI es positiva para la demanda, el nivel de actividad económica e inversión por mayores mercados. En la teoría de salarios de eficiencia, mejores remuneraciones son positivas para la calidad y competitividad de las empresas.   

Existe una falsa visión de que los incrementos en las remuneraciones deben plasmarse necesariamente en los precios. En la teoría neoclásica las remuneraciones reales deben crecer de acuerdo a la productividad. En los últimos diez años el producto medio por trabajador (productividad) creció 50%, mientras que las remuneraciones reales lo hicieron en menos del 10%. Hay espacio para subir las remuneraciones, ya que la participación de la mano de obra por unidad de producto en lugar de aumentar se ha reducido. No en vano las remuneraciones sobre el PBI han disminuido su contribución del 40% a sólo 22% entre los años sesentas y 2009.   

El último informe del INEI sobre la situación laboral de marzo-mayo del 2011 es útil para demostrar que ante el incremento del salario mínimo de 550 a 600 soles los ingresos promedio en Lima se elevaron en 9%. Se ha beneficiado a los trabajadores dependientes e independientes, en especial de la micro, pequeña empresa y que tienen nivel de educación primaria. Sin embargo, no hay que pecar de inocentes, ya que para evitar presiones inflacionarias se debe actuar simultáneamente con el BCRP, INDECOPI y atender adecuadamente las mayores presiones sobre la oferta de bienes y servicios (En: La Primera, 24/6/2011). 

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Ya se inició la campaña contra algunos de los temas económicos clave propuestos por el nuevo gobierno. La contraofensiva por el aumento al salario mínimo vital a 750 soles está a cargo de las firmas consultoras tradicionales contratadas por el sector privado, del titular del MEF y otras autoridades. Se dice que este ajuste sería negativo para el nivel de empleo, que muchas empresas no podrían pagarlo, que afectaría seriamente a las micro y pequeñas empresas y que generaría presiones inflacionarias. El ajuste del salario mínimo es una herramienta de política pública, que con muchas otras, podría ser útil para iniciar una cruzada para mejorar la distribución del ingreso en el país.

Falsos dilemas

En la determinación de los salarios hay diferentes enfoques en juego. Destacan como opuestos el neoclásico y el keynesiano. Según el primero, la contratación de mano de obra depende del salario real y el stock de capital, donde remuneraciones bajas son positivas para la demanda de trabajo de las empresas, mientras que las altas son negativas. En el keynesiano, el nivel de contratación depende ante todo de los niveles de producción y ventas de las empresas. El empleo es un resultado del nivel de actividad económica; al revés de los neoclásicos que piensan que el nivel de empleo, a través de la función de producción, es el que determina los niveles de producción.

Es cierto, que remuneraciones reales más elevadas pueden desalentar marginalmente alguna contratación, cuando esta corresponde a una decisión de las unidades familiares. Sin embargo, el nivel de empleo en cualquier empresa dependerá de los requerimientos de producción, de las tecnologías en el equipo y de proceso establecidas. Nadie contrata a un trabajador adicional o uno menos del que corresponda técnica y económicamente hablando. Los neoclásicos se olvidan frecuentemente que remuneraciones bajas en términos reales son negativas para el nivel de demanda y producción agregada. Una mayor participación de las remuneraciones en el PBI es positiva, para los postkeynesianos, sobre la demanda, el nivel de actividad económica e inversión por los mayores mercados. En la teoría de salarios de eficiencia, mejores remuneraciones son positivas para la calidad y competitividad de todas las empresas. Menores remuneraciones generan más rotación del personal, menor calidad en los bienes y servicios producidos, mayores gastos de capacitación y entrenamiento. 

Existe una falsa visión de que los incrementos en las remuneraciones deben plasmarse necesariamente en los precios. En la teoría neoclásica las remuneraciones reales deben crecer de acuerdo a la productividad. En los últimos diez años el producto medio por trabajador creció 50%, mientras que las remuneraciones reales lo hicieron en promedio menos del 10%. Hay espacio para subir las remuneraciones, ya que la participación de la mano de obra por unidad de producto en lugar de aumentar se ha reducido. No en vano las remuneraciones sobre el PBI han disminuido su contribución del 40% a sólo 22% entre los años sesentas y 2009. A inicios de esta semana el propio Gerente Central de Estudios Económicos del BCRP señaló que entre 1990 y 2010 la productividad laboral del Perú creció al 2.9% anual, por encima de Argentina y Chile que lo hicieron en 2.5% y 2.4% respectivamente.  

La modificación del salario mínimo vital si impacta sobre los ingresos efectivos de la población. En el último informe del INEI sobre la situación laboral de marzo-mayo del 2011 se observa que ante el incremento del salario mínimo de 550 a 600 soles los ingresos promedio en Lima se elevaron en 9%. Tres de los casi 4.8 millones de la población económicamente activa, dependientes e independientes, se beneficiaron en mayor medida del ajuste. También se otorgó en la micro y pequeña empresa. Es complejo realizar cálculos del impacto de la nueva propuesta, ya que la información estadística es deficiente y las respuestas varían en el tiempo. Para algunos, sólo el 4% de los trabajadores formales se beneficiarían de estos aumentos. Nos parece que esta información no es veraz. Por ejemplo, se generarían mayores ingresos por 1.1 puntos porcentuales del PBI si el 20% de la masa salarial se impactara por este ajuste del 25%.

Retos por atender

El aumento del salario mínimo vital reduce las brechas intersalariales. Su impacto en la distribución funcional del ingreso (entre excedentes y remuneraciones) es menor, pero no despreciable. Es obvio que se circunscribiría principalmente a parte del ámbito urbano y el sector rural moderno. A nuestro entender no habría problemas en la capacidad instalada de la planta productiva para atender la mayor demanda por la mayor propensión a consumir de estos grupos sociales. Tenemos las divisas suficientes para responder a la mayor demanda de insumos y bienes de consumo importados. El impacto sobre las finanzas públicas sería menor.

Para que este ajuste sea efectivo se requiere que los precios al consumidor no se eleven, sea contrapartida de menores márgenes de ganancia y de comercialización. El logro de este objetivo requiere coordinarlo con el BCRP. Hay tiempo para explorar la naturaleza de la política monetaria contractiva para apoyar este cambio redistributivo. Habría que evitar las herramientas estándar que afectan la demanda en general. INDECOPI debe tener una actitud atenta y proactiva para evitar prácticas no competitivas. Los ministerios sectoriales deben anticiparse a identificar y prevenir las mayores presiones sobre la oferta actual de bienes y servicios. Por último, es imprescindible potenciar rápidamente todos los programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas para aumentar su nivel de capitalización y de productividad.    

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

La prensa escrita alineada a sus intereses y algunas empresas de consultoría están reiniciando una ofensiva en contra de los impuestos a las sobreganancias mineras. Están moviendo el tema en la dirección de que estos impuestos son dañinos para el país. En algunos casos se nos invita a participar en la discusión, pero los elementos que publican nada tienen que ver con lo señalado. Cabe comentar que a finales de la campaña electoral las dos fuerzas en contienda estaban de acuerdo en aplicar mayores impuestos a la minería. El tratamiento tributario especial a la minería y los hidrocarburos tiene sólidos fundamentos teóricos y numerosas evidencias internacionales.

Erróneamente se quiere cuestionar hasta el origen del término de las sobreganancias, cuando este existe desde la teoría microeconómica convencional. Hay ganancias normales u ordinarias, y por el contrario también ganancias extraordinarias o extranormales. Estas se asocian a las diferentes estructuras de mercado. Son normales cuando estamos en competencia perfecta. Son extraordinarias en el monopolio y oligopolios. En la competencia monopolística son extraordinarias en el corto plazo pero normales en el largo plazo. De forma alternativa, estos sectores primarios tienen sobreganancias cuando la renta económica generada por ellos es alta y se distribuye inequitativamente, olvidando o marginando a la Nación como dueño de estos recursos en el subsuelo.

La minería y los hidrocarburos en el Perú son actividades que generan significativas rentas económicas. Asimismo, su extracción reduce el total de activos del país, ya que se trata de recursos no renovables. Asimismo, la mayor tributación se justifica si sus rentas son elevadas y se promueve importantes ingresos de divisas que podrían generar la enfermedad holandesa (que afecta a los sectores productivos menos competitivos). Este último argumento fue recordado hace poco por un experto en tributos mineros de Ernst & Young.

El aplicar más regalías es a nuestro parecer más sólido que el impuesto a las sobreganancias. Se podría partir de una tasa básica sobre el valor del producto entre 12.5% y 18.5%, similar a la de EE.UU. De ahí se pueden establecer dos tasas crecientes asociadas tanto a la elevación de los precios internacionales como a los volúmenes extraídos para modular los ritmos de extracción y ampliar la vida útil de los yacimientos, cuando sea necesario. En los nuevos proyectos se podría cobrar una regalía básica más baja, hasta que se recupere la inversión con una tasa de retorno establecida, compartiendo riesgos. Luego la regalía sería más significativa (En: La Primera, 17/6/2011).

Pedro Francke

Programas sociales como Pensión 65, la duplicación de Juntos  y Cunamás han sido eje central de la propuesta de Ollanta Humala. Hoy, son algunas de las principales iniciativas que deben marcar el cambio ofrecido y que por tanto deben tener prioridad.

Lo primero al respecto es asegurar la existencia de presupuesto y su sostenibilidad en el tiempo, ya que no se trata de iniciar un programa social para detenerlo después. Una vez asegurado el presupuesto, se inicia su puesta en marcha.

Pensión 65 y la transferencia de dinero de Juntos son programas sencillos en su operación. La clave está en tener la lista de personas que deben recibir el dinero. En zonas rurales pobres, donde la enorme mayoría tiene necesidad, un barrido censal o una inscripción abierta es suficiente. En esos casos, solo se necesita tener personal que vaya distrito por distrito explicando el programa y registrando a la gente, lo que puede hacerse en 3 meses. Para octubre o noviembre, Ollanta podría estar entregando decenas de miles de cheques simbólicos (ya que la mejor manera actual de operar es abrir una cuenta bancaria y entregarle su tarjeta de débito al beneficiario).

En las ciudades hay que focalizar a los pobres uno a uno, y aunque existe un sistema para hacerlo – el SISFOH – este implica una cierta demora. Hoy el SISFOH ha contratado un censo en Huancavelica, Ayacucho y Huancavelica, ciudades donde podría entregarse Pensión 65 desde agosto o setiembre en base a ese listado focalizado. Pero en otras ciudades, el proceso de focalización demorará algunos meses en hacerse en forma masiva.

Otra cuestión es si queremos mejorar Juntos, ya que si la entrega de dinero es rápida y eficaz, no puede decirse lo mismo respecto de los servicios de salud y educación, donde las mejoras en las comunidades rurales han sido pocas. Tampoco se ha avanzado en mejorar la productividad y los ingresos campesinos, responsabilidad de AgroRural. En estos temas, hace falta tener una política de lucha contra la pobreza que dará frutos recién en el mediano plazo.

Lo mismo puede decirse de Cunamás. Este programa infantil de nutrición, salud y estimulación temprana, es muy importante, pero exige construir o acondicionar locales, comprar materiales educativos, contratar y capacitar personal y asegurar la alimentación de los niños. Todo ello implica procesos de planificación y ejecución que demorarán al menos un año antes de que estén operativos en forma masiva.

Decidir una buena combinación de programas sociales, plazos y lugares, y hacerla realidad mediante una buena gerencia, será uno de los grandes retos del próximo gobierno. Solo así el cambio hacia la inclusión social se hará realidad, dando un soporte a la gobernabilidad.

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

No sabemos si para el momento en que esta columna sea publicada se habrá designado al futuro Presidente del Consejo de Ministros, a los titulares del MEF y BCRP. Lo que es inconcebible es que algunos de los medios de difusión, ciertos sectores empresariales y los analistas a su servicio exijan estas nominaciones, cuando la evidencia de los tres gobiernos anteriores es que esto se realizó como mínimo 23 días luego de la segunda vuelta (A. Toledo) y 46 días después con A. García II. Es un despropósito que los perdedores quieran imponer sus nombres y tiempos. Esta es una atribución presidencial y recae sobre personas alineadas a él, tanto programáticamente como personalmente.   

Es cierto que ante el cambio hay preocupaciones legítimas de los inversionistas. También debe mencionarse la naturaleza bipolar e inestable del mercado de valores, ya que transita entre la euforia y la depresión. Su reducida profundidad es otro aspecto a considerar. Sin embargo, es evidente que lo ocurrido, tiene connotaciones políticas. Antes de la primera y segunda vuelta, se pretendió asustar a los electores con el propósito de que no votaran por Gana Perú. Ahora después de la segunda vuelta se trata de imponer el programa y a las personas derrotadas en las elecciones.

El precio de cualquier acción en el mercado se explica por los rendimientos y su valor esperado. Intervienen la historia del título, su presente y futuro. Hablando del presente, los fundamentos macroeconómicos y microeconómicos de las empresas son sólidos. El PBI crece, tenemos amplias reservas internacionales, inflación baja, finanzas públicas sostenibles a pesar de los serios daños al Tesoro Público infringidos recientemente por el MEF, entre otros elementos. En cuanto a los fundamentos microeconómicos las utilidades de las empresas de la Bolsa de Valores de Lima son al menos cuatro veces superiores a los estándares norteamericanos.     

Es evidente que el futuro gobierno tendrá un manejo macroeconómico responsable. Al respetar el Estado de Derecho y honrar todos los compromisos del Estado, sólo habrán procesos de negociación con el sector minero y energético. Es probable que algo de sus utilidades extraordinarias decrezca para el próximo año. No hay razón alguna para que esto afecte a los otros sectores productivos. La visión de afuera es positiva. Lamentablemente las presiones sobre la bolsa podrían continuar, cuando el Presidente de la República designe soberanamente a su equipo. Tampoco hay que olvidar los severos efectos dañinos de la propuesta de elevación del tope de inversión de las AFPs en el exterior del 30 al 50% (En: La Primera, 10/6/2011, p.11).

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

El resultado de este domingo definirá el rumbo del país para los próximos cinco años. El estilo autoritario de la candidata de Fuerza 2011 y su entorno; sus limitadas credenciales en términos del respeto al Estado de Derecho, a la independencia de los Poderes del Estado, elevada corrupción y violación de derechos son razones suficientes para desechar esa opción. Sin embargo, hay quienes todavía insisten que su  programa económico es superior al de Gana Perú, ya que garantizaría la estabilidad macroeconómica, la inversión productiva y el crecimiento económico. Nada más falso, ya que sus contenidos son superficiales, no conducen al bienestar y elevarían los niveles de conflicto social.

Fuerza 2011 presentó a lo largo de la campaña electoral tres planes de gobierno. El entregado al Jurado Nacional de Elecciones, elemental y donde se destaca la importancia de la Constitución Política de 1993, los tratados de libre comercio y la reducción de los costos laborales. El segundo fue una hoja a propósito de la incorporación de Hernando de Soto. En esta se hablaban pomposamente generalidades, no tenía elementos nuevos y al parecer serían útiles para la inclusión política, la económica y al proceso de globalización. En tercer lugar están los ofrecimientos de campaña como el programa del primer empleo, que ayudaría a los jóvenes pero aumentaría el desempleo entre los mayores. El bono alimentario, en circunstancias en que subieran los precios internacionales, mantendría la inseguridad alimentaria y las importaciones de estos productos.

En términos de la estabilidad macroeconómica sólo han hablado de preservar la independencia del BCRP. Nada han dicho de la política fiscal anticíclica y de la política cambiaria como Gana Perú. En términos de la política regulatoria tardíamente sólo mencionan la creación de un regulador laboral, cuando eso es competencia del Ministerio. Nada hay con relación a fortalecer la libre competencia y a los consumidores finales a través de INDECOPI y los reguladores sectoriales. No existe política energética, nada se dice de la tributación, la diversificación de la producción, creación de clusters, entre otras.

Los fujimoristas se olvidan de los mecanismos de consulta previa para viabilizar la inversión. Ignoran que con trabajadores de bajos ingresos no hay mercados, ni razones para invertir. Su programa contra la pobreza es asistencialista y omiten que una inadecuada distribución del ingreso tiene efectos negativos en el ámbito social y económico. Gana Perú, en cambio, promovería activamente la inversión productiva y esta se acompañaría de paz social (En: La Primera, 3/6/2011, p.11).

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Gana Perú ha declarado que de ser gobierno no convocaría a una Asamblea Constituyente. Esta Asamblea no aparece en el compromiso con el pueblo peruano, ni en los lineamientos centrales de política económica y social para un gobierno de concertación nacional. Está desechada. El capítulo económico de la Constitución Política tiene problemas, pero no sería necesario modificarlo. La ruta para cualquier cambio sería difícil por el fraccionamiento del nuevo Congreso. Estos sólo se podrían realizar, de acuerdo a los artículos 206 y 32 de la Constitución, por 2/3 de los congresistas en dos legislaturas, mayoría absoluta de los congresistas con ratificación en referéndum y a través de referéndum con el 0.3% de la población electoral.  

La existencia de la economía social de mercado prevista en el artículo 58 no cancela la posibilidad de una intervención más activa del Estado en áreas como la ciencia y tecnología, el desarrollo de mejores encadenamientos productivos-clusters, mejora de la competitividad o la lucha contra la desigualdad, entre otros. En el texto se manifiesta la vocación orientadora del Estado y sólo sus funciones principales. El siguiente artículo sería aparentemente limitativo al señalar que brinda oportunidades para reducir desigualdades, pero no para disminuirlas efectivamente. Se promueven las pequeñas empresas, pero se olvidan de los campesinos, pueblos aborígenes y otras comunidades marginadas. Sin embargo, nada excluye, por el artículo anterior que se implementen políticas específicas.

La subsidiaridad en la actividad empresarial del Estado del artículo 60 es una restricción respecto de lo que hacen muchos países, donde no existe tal prescripción. Sin embargo, su modificación no sería necesaria en tanto que se ha declarado que no habrá nuevas empresas públicas. El reforzamiento del Banco de la Nación, de COFIDE o PETROPERU ya existentes, no necesitaría de un marco normativo adicional. En el caso extremo, una ley expresa debidamente justificada sería menos difícil que un cambio constitucional.     

El artículo 63 impediría la reserva parcial o total de una actividad económica para los inversionistas nacionales, tal como ocurre ahora en muchos países como Brasil, México, EE.UU., entre otros. Sin embargo, una modificación en las reglas actuales requeriría del interés y consenso de los sectores empresariales nacionales. Esto es lamentablemente poco probable. Con el adecuado cumplimiento de las normas actuales, limitar posibilidades de arbitraje nacional e internacional y aplicar criterios de reciprocidad, entre otros, se podrían obtener buenos resultados (En: La Primera, 27/5/2011, p.11).

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

El Ministerio de Economía y Finanzas continúa proporcionando tres tipos de señales: negativas, contradictorias e inconsistentes. Dentro de las negativas está la reducción de la presión tributaria a través del menor IGV, ITF y aranceles en casi 1.2% del PBI. Dentro de las contradictorias, la reducción de gasto a través de decretos de urgencia y luego los aumentos en asuntos específicos. Las inconsistentes cuando se persiste en incrementar los pasivos contingentes del Estado a través de los procesos de concesión cofinanciadas, por ejemplo, Paita y ahora Yurimaguas en el caso de la infraestructura portuaria. Ahora, nos está dejando otra bomba de tiempo relativa a la acumulación de deudas al ritmo de 100 millones de soles semanales por insistir en mantener los precios de los combustibles.

El fondo de estabilización de los combustibles es una buena idea que sirve para mitigar las variaciones continuas de los precios del petróleo y de los petrolíferos. Con este se suavizan los impactos sobre los consumidores, estableciendo una banda de precios. Cuando se rebasa, las refinerías mantienen los precios, pero se crea deuda del gobierno a favor de éstas. Si el mecanismo de ajuste de la banda no es periódico y la tendencia de los precios del petróleo es alcista, se acumulan subsidios que afectarían las finanzas públicas.

En el largo plazo no debería existir subsidio alguno a los productos petrolíferos. Hay que tener en mente que emiten mayores emisiones de gases efecto invernadero y de lluvia ácida que otros energéticos, incluyendo el gas natural. El sistema actual del fondo tiene problemas, ya que las referencias internacionales no corresponden a los productos que realmente se importan. Humberto Campodónico ha trabajado el tema. También habría que revisar, a la baja, como propone Carlos Herrera los márgenes de refinación, almacenamiento, distribución y comercialización de estos productos.

Ojala que el gobierno enfrente el problema del fondo de estabilización de los combustibles y de la política energética de manera sistemática. No debe trasladar estos pasivos a las próximas autoridades. Anualizados son equivalentes al 130% de todo el programa Pensión 65. Al mismo tiempo, corresponde al gobierno, volver a insistir en el cambio de la matriz energética hacia el gas natural. Otras personas también proponen que se podría declarar libre acceso, para promover la competencia, a la infraestructura portuaria, de almacenamiento y distribución de combustibles. INDECOPI tiene la palabra y OSINERGMIN sería la encargada de establecer las tarifas de uso de acuerdo a estándares internacionales (En: La Primera, 20/5/2011).

Germán Alarco

Se garantiza estabilidad macroeconómica y se descarta creación de mayores impuestos (Entrevista en La Primera, 11/5/2011, p.16-17). 

La Primera tuvo acceso a Germán Alarco, columnista de este diario y parte del equipo técnico independiente que apoya a Gana Perú en esta segunda etapa del proceso electoral. Nos comentó que el grupo ya completó su primera tarea relativa a elaborar unos lineamientos generales de política económica que son un complemento al Compromiso con el Pueblo Peruano emitido por Ollanta Humala y al Plan de Gobierno 2011-2016 depositado en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Nos informó que ya se puede divulgar su contenido, señalándonos que el candidato presidencial ha estado al tanto de su desarrollo y que próximamente se suscribiría formalmente.

¿Estos lineamientos sustituyen al Plan de Gobierno?

No, son un complemento que precisa y ordena algunos elementos del Plan. Son una aportación de los nuevos

técnicos y los que previamente trabajaron el documento formal depositado en el JNE. Este se basa en el Compromiso con el Pueblo Peruano firmado por Ollanta Humala donde se establece que la gran transformación se realizaría de manera gradual pero persistente. Sus principios fundamentales consisten en que los cambios se realizarían en el marco del estado de Derecho, respeto absoluto a la división de poderes del estado, honrando todos los compromisos del Estado y restableciendo la ética pública combatiendo la corrupción y el despilfarro.

¿Cuáles son los ejes de estos lineamientos económicos?

Son siete. Las políticas sociales, La política macroeconómica con crecimiento económico inclusivo, la política tributaria, la nueva política energética, las políticas de regulación, las políticas de empleo de calidad y la reforma del Estado. La política macroeconómica se divide a su vez en tres componentes que procuran la estabilidad de precios y la sostenibilidad fiscal; la promoción de la inversión, la diversificación productiva y competitividad y el desarrollo emprendedor y empresarial a partir de las MYPES.

¿Han cambiado estos ejes respecto de lo que aparecía previamente en el Plan?

No. Los electores que apoyaron a Gana Perú en la primera vuelta electoral verán en estos lineamientos las mismas plataformas de antes. Sin embargo, hay algunos cambios de matices. Por ejemplo, la política macroeconómica con crecimiento inclusivo busca mantener el crecimiento económico. Este es un activo que debemos preservar, pero incorporamos que el mismo debe ser inclusivo y procurar la mejora de la distribución del ingreso y la riqueza.

¿Ya no se habla de economía nacional de mercado?

No en este complemento, pero es un excelente postulado que se mantiene en el Plan de Gobierno. Se trata de centrar el desarrollo en la expansión de mercados para lograr aumentos de productividad y alcanzar ventajas competitivas. Ahora no lo hemos incorporado explícitamente porque el término nacional es mal utilizado por los que quieren hacer una lectura malintencionada del Plan de Gobierno.

¿Segmentos de la población temen que Gana Perú vaya a tener un manejo irresponsable de la macroeconomía del país?

Para nada. Estos lineamientos retoman lo que ya está señalado en el Plan de Gobierno. Los elementos que se ratifican son tres: el respeto absoluto a la independencia y autonomía del Banco Central de Reserva del Perú, la implementación de una política fiscal responsable y contra cíclica y el mantenimiento de la actual política cambiaria. Con todo esto se ratifica que la posibilidad de una crisis de alta inflación o hiperinflación o una severa recesión como la de finales del primer gobierno aprista es imposible.

¿Cuáles son los otros componentes de la política macroeconómica?

A la estabilidad de precios y sostenibilidad fiscal se agregan las políticas a favor de la promoción de la inversión, diversificación productiva y competitividad y las políticas para promover el desarrollo emprendedor-empresarial y de las MYPES. El plan de gobierno de nuestros opositores no tiene precisión alguna en el campo de lo macroeconómico. También insisten en su modelo económico basado en la exportación de materias primas. En el plan y con estos lineamientos se insiste en que si nos quedamos haciendo lo tradicional simplemente no tenemos futuro. Aquí también estamos ampliando la importancia del desarrollo emprendedor, de las micro y pequeñas empresas. Se trata que estas aumenten su productividad y de esta forma permitan mayores ingresos para su stakeholders (todos los actores vinculados a la actividad).

¿Qué lugar hay para la ciencia y tecnología?

Muy importante, ya que contribuiría a la competitividad del país y a la mejora de la calidad de vida de la población. Debemos resaltar que estos lineamientos de política son breves y que en este caso, para mayores precisiones, debemos remitirnos al Plan de Gobierno original. Allí se habla de la creación de sistemas de información, ampliación de recursos para la actividad, alianzas entre el sector académico-empresa y gobierno, mayores fondos concursables para proyectos científicos, tecnológicos y de innovación, entre otras políticas.

¿Ahora se habla de competitividad, antes se hacía?

Si se incluía el término, pero ahora tiene mayor énfasis que antes. La inversión en infraestructura, el desarrollo de encadenamientos productivos y clusters, la política de ciencia –tecnología e innovación, la revolución educativa y el desarrollo del mercado de capitales son las políticas claves para fomentarla. Aquí también coadyuva la promoción del comercio exterior e integración económica internacional a través de la eliminación de cuellos de botella y fallas de mercado en las diferentes etapas de las cadenas logísticas.

¿Qué pasó con los micro empresarios en los lineamientos?

Tienen una sección especial dentro de la política macroeconómica para el crecimiento inclusivo. Obviamente aquí se habla de acceso a servicios de desarrollo empresarial, capacitación, asistencia técnica, servicios financieros, entre otros. Es también muy importante el fortalecimiento de los mecanismos de simplificación administrativa y de agilización de trámites para el inicio de actividades productivas. Gana Perú también propone asegurar la plena vigencia de los derechos de propiedad. Este no es un tema exclusivo de Hernando de Soto. Siempre estuvo en el plan de gobierno. Lo que ocurre es que el cree ilusamente que entregando simplemente títulos de propiedad la gente se convierta en rica. Está equivocado, ya que ello depende en gran medida del desarrollo y profundidad del sistema financiero.

¿Qué se dice de las políticas sociales?

Obviamente nos ratificamos en todos los compromisos de campaña. Es un tema esencial y de justicia. El crecimiento tienen que ser inclusivo y es imprescindible mejorar la distribución del ingreso. En los lineamientos no se incorporan todos los programas ofrecidos porque la lista sería muy larga. Sólo se destacan los más importantes como la duplicación de la cobertura del programa Juntos, el programa Cuna más, la Pensión 65 que costaría en su aplicación integral un poco menos de 4,000 millones de soles, el programa de desnutrición cero con desayunos y almuerzos escolares y plan de salud preventiva para los alumnos, la atención del déficit de profesores en las zonas rurales del país, el sistema de atención móvil de urgencia, entre otros.

¿Cómo se financiarían estas actividades?

Los programas sociales tendrían la primera prioridad. Sin embargo, se aplicarían gradualmente bajo el principio de una política fiscal sostenible, que es una política clave para mantener la estabilidad macroeconómica del país. El objetivo en la política tributaria es ampliar los ingresos tributarios permanentes en 3 puntos porcentuales del PBI. Actualmente es de poco menos del 15%. La verdad es que todavía sería poco, ya que Chile está por encima del 18% y Bolivia sobre el 17%. Ni que hablar si nos comparamos con las economías más desarrolladas que tienen el doble de la presión tributaria.

¿Pero, cuales son las políticas concretas?

Combatir la evasión tributaria en el impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta que son equivalentes al 37% y 49% de la recaudación actual respectivamente. Luego la tributación minera a partir de mayores regalías e impuestos que permitan compartir parte de las ganancias extraordinarias en esta actividad. Obviamente a niveles que no desalienten la inversión. La tercera fuente sería el aprovechamiento de los mayores ingresos fiscales a propósito del crecimiento económico. Hay que destacar también que los programas sociales se financiarían con recursos del Tesoro Público. Las aportaciones periódicas y los fondos acumulados en las AFPs son intocables.

¿Qué ocurre con los otros impuestos propuestos en el Plan de Gobierno y el sector hidrocarburos?

En estos lineamientos se señala claramente que no se crearán nuevos impuestos ni se aumentará la carga tributaria a los ciudadanos de ingresos medios y bajos. Los sectores populares y los medios no tienen que preocuparse en lo absoluto del tema fiscal. No hay nuevos impuestos, ni elevación de tasas impositivas. La estrategia consiste en aprovechar las tres fuentes de ingresos mencionadas en la pregunta anterior. Respecto de los hidrocarburos, se debe señalar que pagan en general regalías mayores que la minería. Sin embargo, estás son diferenciadas por lote. En forma negociada, al igual que con la minería, se deberán resolver gradualmente estas disparidades procurando el interés público. Es un tema que se definirá más adelante. No hay que olvidar que los Compromisos y estos lineamientos se establecen en el marco del estado de derecho y honrando los compromisos del Estado.

¿Qué pasó con la política energética?

Es una política central de estos lineamientos, del Plan de Gobierno y de la campaña del candidato. Aquí se ratifica que el gas natural es primero para los peruanos. Hay que renegociar contratos. Es imprescindible despetrolizar la matriz energética nacional masificando el consumo del gas natural tanto en el ámbito doméstico, industrial y para el transporte. También es fundamental promover el desarrollo de una industria petroquímica. Dentro de las propuestas se promueve el uso de energías no renovables y se impulsaría la construcción del gasoducto del sur y del norte. Se insiste en la eficiencia energética y en garantizar energía eléctrica para las regiones norte y sur del país.

¿Se habla de estatizar en estos lineamientos?

No. Eso no aparecía en el Plan de Gobierno. Obviamente en estos lineamientos se trata de fortalecer y mejorar la regulación. Para ello se propone potenciar los mecanismos de defensa de la libre competencia y protección del consumidor o usuario final. Mejorar la eficacia de los organismos reguladores e integración y fortalecimiento de la regulación mediante la constitución de un organismo autónomo de regulación ambiental.

¿Cuál sería el futuro de los trabajadores asalariados en estos lineamientos?

Se iniciaría con el aumento del salario mínimo a $/. 750 y ajustes progresivos de acuerdo a la productividad de la mano de obra y el costo de la canasta básica. Con esta política se resarciría algo de los atrasos, ya el incremento de producto per cápita de la última década no tuvo vinculación alguna con el incremento de las remuneraciones reales. La participación de las remuneraciones en el PBI estuvo en constante decrecimiento. Otras políticas son las de fortalecer la fiscalización efectiva de los derechos laborales, intensificación de programas de capacitación laboral, entre otros programas.

¿Qué otras políticas se mencionan?

La reforma del Estado donde destaca la implementación de reforma del servicio civil de carrera, capacitación del personal para el empoderamiento de la capacidad de gestión de las regiones, priorización de la inversión pública en regiones sin canon, entre otras. No debemos olvidar que en el Plan de Gobierno se destacaba el fortalecimiento del CEPLAN para que las decisiones de corto plazo estén siempre tamizadas por una perspectiva de mediano y largo plazo. El documento termina con una propuesta de fortalecimiento y autonomía para el INEI que se encargaría de la medición de resultados. Hay que poner fin a la posibilidad de que se manipule a conveniencia la información estadística, señaló Alarco.

Nota: Gana Peru publicó el día de hoy  "LINEAMIENTOS DE POLITICA ECONOMICA PARA UN GOBIERNO DE CONCERTACION NACIONAL". El lector interesado puede descargar el documento en la siguiente dirección electrónica : http://www.ollantapresidente.p
e/images/archivos/ollanta_humala_hoja_de_ruta.pdf

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

La semana pasada comentábamos las intenciones para que el actual presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sea ratificado en el cargo, en el futuro gobierno, por cinco años más. Se reseñaban también algunos de los diversos temas problemáticos que enfrenta la actual administración del banco, donde cabe mencionar la excesiva concentración de las reservas internacionales (RIN) en activos denominados en dólares americanos respecto de otras monedas. Con esta política, fuera de los estándares internacionales, se elevarían los riesgos y se podrían generar pérdidas en el poder de compra de nuestras RIN.  

En el último informe de gestión trimestral de las RIN del BCRP al 31/3/2011 se señala que el 80.8% se denomina en dólares americanos y el 17.3% mayoritariamente en euros. Al cierre de 2010 la composición era del 81.7% y 16.5% respectivamente y adicionalmente 1.8% en oro. Para la misma fecha, el Banco Central de Chile tenía sólo el 52.1% de sus activos de reserva en dólares americanos, 33.3% en euros y 2.5% en libras esterlinas. Según el reporte COFER del Fondo Monetario Internacional las economías emergentes y en vías de desarrollo mantuvieron a finales del 2010 sólo el 58.3% de sus activos financieros internacionales en instrumentos denominados en dólares americanos, 28.3% en euros, 5.5% en libras esterlinas, 2.8% en yenes y 5.1% en otras monedas.

Es  cierto que los rendimientos financieros en dólares americanos son superiores a los establecidos en otras monedas. Asimismo, a pesar de que las paridades cambiarias se modifican día a día, desde la creación del euro a la fecha, el dólar americano se ha depreciado en algunos momentos por encima del 50%, generando una pérdida del poder de compra de nuestras RIN. El excedente peruano de RIN en dólares americanos es de aproximadamente US$ 10,000 millones como diferencia del parámetro nacional y el estándar mundial. En estas circunstancias la pérdida en términos de costo de oportunidad, números gruesos, podría rodear los US$ 250 millones anuales suponiendo un rendimiento en US$ de 3.5%, rendimiento en euros de 2% y una depreciación del dólar respecto al euro del 4% anual.

El Banco de México anunció la semana pasada la compra de oro para acrecentar sus RIN. Quizás ya es demasiado tarde para el BCRP. No se aprovecharon las oportunidades cuando los precios eran bajos, siendo el quinto productor mundial de ese metal. La composición de RIN en US$ está por encima de los parámetros internacionales, mientras los flujos comerciales y financieros son menos dolarizados. Estas diferencias respecto al mundo deben ser explicadas (En: La Primera, 13/5/2011).

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

La semana pasada el presidente de la CONFIEP propuso que el actual presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) se mantenga en el cargo durante la próxima administración, ya que ello les daría mucha seguridad. Por esos días, otro reconocido comentarista de La República manifestó lo mismo. Luego, el propio presidente del BCRP señaló que la autonomía de esa institución no estaría necesariamente garantizada durante el próximo gobierno, ya que el actual Congreso de la República no aprobó el nombramiento escalonado de sus actuales directores.

La autonomía del BCRP está garantizada en la Constitución Política. Tiene autonomía en el marco de su ley orgánica. Los directores no representan a entidad, ni interés particular alguno. En la Carta Magna, para cerrar el círculo, se establece la prohibición de conceder financiamiento al erario (gobierno). Al mismo tiempo, si se revisa el criticado plan de Gobierno 2011-2016 de Gana Perú se observa una coincidencia plena y hasta mejora de los postulados anteriores. Se propone igualmente un BCRP autónomo e independiente, tanto de objetivo como de instrumento, que basa su gestión en fundamentos profesionales y técnicos, transparencia y rendición de cuentas (p.65).

Se reconoce al BCRP como una de las instituciones más sólidas del país. Sin embargo, hay problemas. Con el actual directorio se retrocedió en términos de procurar una menor inflación, su objetivo principal. Entre 2005 y 2007 fuimos la economía de menor inflación en América Latina, mientras que en 2009 y 2010 tuvimos la sexta y tercera posición respectivamente. Somos el penúltimo país con mayores márgenes de intermediación financiera. Los niveles de crédito interno como proporción del PBI están por debajo de los estándares regionales. La proporción de las reservas internacionales denominadas en dólares americanos, respecto de otras monedas, rebasa los valores de las economías emergentes, según el FMI, entre otros problemas.

La autonomía del BCRP está garantizada y se fortalecería en un gobierno encabezado por Gana Perú. Fujimori aprovechó el autogolpe de 1992 para cambiar el directorio sin motivo. La posibilidad de una alta inflación o hiperinflación como la observada a finales del primer gobierno aprista está conjurada. Es prematuro discutir los nombres del futuro directorio. El balance y marco normativo son claros. Tres de estos serán elegidos por la mayoría absoluta legal de los miembros del Congreso, otros tres serán designados por el Poder Ejecutivo. El presidente del directorio será seleccionado por el Presidente de la República y ratificado en el Congreso (En: La Primera, 6/5/2011, p.11).

Puertos hacen agua

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

En noviembre del año pasado escribimos sobre la necesidad de otorgar vacaciones útiles a un conjunto de instituciones públicas, donde destacaba Proinversión. Se trataba de que no funcione hasta que el nuevo gobierno decida cómo actuar. La operación de esta dependencia genera más daños que beneficios. Ahora nuevamente como resultado de los apresuramientos gubernamentales estamos ad-portas de un nuevo conflicto, ahora internacional. El concesionario portuario estrella del Callao, Dubai Ports (DP World) contra el Estado a propósito de la concesión del Muelle Norte a APM Terminals.

La acusación directa es que se promoverían condiciones de competencia desleal que favorecen a APM en contra de DP World. Esto radicaría en que la asignación del Muelle Sur se hizo a partir de la mayor inversión con una tarifa preestablecida. Ahora con infraestructura y equipo prácticamente regalado por el gobierno se asignó en base a una menor tarifa. Un operador liquidaría al otro por condiciones desiguales. Otro pleito serio, por carecer de un marco legal para frenar concentraciones, ex ante, en Indecopi fue la discusión sobre si DP World podía o no participar en el concurso del Muelle Norte.

Adex y la Cámara de Comercio de Lima señalaron a inicios de noviembre del año pasado que los procesos del Muelle Sur (asignado a DP World) y Paita (TPE) no bajaron los costos al exportador ni mejoraron la competitividad. No han cometido el mismo error con el Muelle Norte al obtener tarifas más reducidas, pero se sigue careciendo de una visión integral del sistema portuario, a la par que los conflictos con los trabajadores portuarios no se resuelven. Nadie sabe cuánto nos va a costar fiscalmente la operación privada en Paita, ya que se trata de un proyecto cofinanciado donde el Estado garantiza ingresos mínimos para el operador portuario, ni si esta opción es mejor que desarrollarla desde el sector público.

La infraestructura portuaria es precaria. Ningún puerto, o mejor dicho muelle, fuera del Callao cuenta con superficies terrestres adecuadas para la operación y almacenamiento. Menos para el desarrollo de actividades logísticas, de procesamiento y servicios colaterales. El sector privado, salvo DP World, sólo ha realizado modificaciones marginales. La mejora de la infraestructura portuaria parece ser un reto del Estado. Hay que crear administraciones portuarias integrales en cada puerto y dejar, caso por caso, que el sector privado incluyendo cooperativas y empresas de los trabajadores portuarios se encarguen de las operaciones. Estos son temas que debe analizar cuidadosamente el próximo gobierno (En: La Primera, 29/4/2011, p.10).

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

La primera mayoría relativa de Gana Perú en la primera vuelta electoral abre nuevas perspectivas. Un conjunto de temas que antes estaban fuera de la agenda nacional ahora son parte de esta. Sin embargo, hay que revisar si las propuestas económicas de campaña son o no suficientes para el nuevo reto de convencer a otro segmento importante de la población. No se trata de desnaturalizarlas, sino ajustarlas. El plan depositado en el Jurado Nacional de Elecciones es el más serio y riguroso respecto de todos los otros. Sin embargo, el logro de un nuevo consenso es la prioridad.

Elementos bajo evaluación

Las expresiones y acciones del líder de Gana Perú en aras de la concertación son positivas. Hay que evaluar el impacto de modificar algunos contenidos y el lenguaje. Más que asumir la necesidad de cambiar el modelo económico, se podría alcanzar un consenso señalando la necesidad de ajustarlo. En la práctica se está proponiendo una variante de modelo de economía de mercado inclusiva y sostenible con el objetivo principal de redistribuir la riqueza nacional. Eso está muy bien. Quizás habría que agregar las categorías de mantener nuestro dinamismo económico y mejorar la capacidad emprendedora. Por esas razones se debería analizar si la noción de economía nacional de mercado ayuda o no en esta nueva etapa.

Gana Perú debe ser contundente en señalar que nunca planteó estatizaciones, controles de precios, cerrar la economía, intervenir en la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y un tipo de cambio fijo. La alusión a los elementos estratégicos y al nacionalismo es sólida y tiene su contraparte en lo que hacen la mayoría de países en el mundo. Sobre estos temas hay numerosos ejemplos en la economía norteamericana. Sin embargo, podría negociarse que no habrá nuevas empresas públicas (en telecomunicaciones o en el transporte aéreo) a cambio de mejorar el marco regulatorio y colocar límites a la participación del capital extranjero en determinados sectores económicos como en Brasil y México. Se avanzaría mucho si simplemente se fortalecen, luego de una reingeniería en su caso, a las empresas públicas actuales.

Plataforma fija

La situación actual en cuanto al gas natural es insostenible. Tiene racionalidad financiera privada, pero ninguna racionalidad económica para el país. El gas natural debe ser primero para los peruanos. Es imprescindible igualar a los nacionales con el ventajoso trato a los capitales extranjeros y ajustar hacia arriba la contribución fiscal de la minería e hidrocarburos al Estado. La presión tributaria debe aumentar para hacer posible la lucha frontal contra la pobreza y la desigualdad que son la prioridad de Gana Perú. Sin embargo, se debe procurar que la negociación paso a paso en estos temas no afecte el dinamismo económico. Uno es el trato con las grandes empresas extranjeras y algunas nacionales, y otro el relativo a los otros grandes, medianos, pequeños y micro empresarios locales. No estaría mal implementar una estrategia de cuerdas separadas.

El otro frente que es necesario potenciar, son las áreas y temas donde sólo los ultra liberales estarían en contra. Hay que darle más espacios al Perú pujante, emprendedor y competitivo. Se trataría de ampliar significativamente las propuestas con relación a la MYPES. Muy pocos se opondrían a mejorar las articulaciones productivas a través del desarrollo de clusters. Potenciar actividades a favor de la libre competencia, evitar los neolatifundios e implementar la evaluación ex ante de las concentraciones económicas, como en Chile, EE.UU. y la Comunidad Europea. Más programas de fomento a la creación de empleo productivo. Potenciar a la ciencia y tecnología para mejorar la calidad de vida y apoyar la transformación del aparato productivo, pero sin nuevos ministerios. Introducir la política monetaria anticíclica. Reducir fallas de mercado en las cadenas logísticas del comercio exterior, desarrollar más infraestructura pública y el mercado de capitales, entre otros.

Hay mucho que hacer en el frente de la regulación sectorial. Hay que rebalancear a los reguladores con un mayor énfasis a favor de los consumidores y los usuarios finales como en EE.UU. y Gran Bretaña. Por ejemplo, no es admisible que las tarifas eléctricas al consumidor sean superiores al promedio estadounidenses cuando aquí se les vende el gas natural a bajo precio. Las decisiones del Estado, que representa a la Nación, no pueden someterse al arbitraje. Todos los indicadores internacionales de la competitividad (privados) del WEF e IMD señalan que hay un serio problema con las elevadas tasas de interés activas y los altos márgenes de intermediación financiera que afectan al aparato productivo y a los deudores en general.

Estabilidad macroeconómica

Se debe transmitir que el programa macroeconómico de Gana Perú contribuye a la estabilidad. Aquí destaca la propuesta de política monetaria basada en la independencia y autonomía del BCRP. La política fiscal sería contracíclica y sostenible, misma que evitaría cualquier aproximación a la lamentable alta inflación de finales del primer gobierno aprista. Las propuestas de política tributaria y de endeudamiento público son sólidas. En cuanto a política cambiaría se mantendría un régimen de flotación administrada, en el contexto de libre movilidad de capitales, para mantener un tipo de cambio estable y competitivo. Por último, el consenso debe procurar una adecuada y responsable transferencia al nuevo gobierno, exigiéndole al actual la desactivación de las numerosas bombas de tiempo y ataduras legales que ha dejado bajo la mesa.

20-4-2011.

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

La segunda etapa electoral exige obtener un nuevo consenso en todos los temas, incluido el económico. Ya existe acuerdo para revisar los contenidos del Plan de Gana Perú, lo cual es muy positivo. Sin embargo, las opciones que se plantean, tal como la propuesta personal de PPK o de CONFIEP tienen serias limitaciones. También lo es la exigencia de que los dos candidatos suscriban los lineamientos y acciones del Acuerdo Nacional, establecido en 2002, que no fueron firmados por Fuerza 2011 y el Partido Nacionalista, entre otros.

El nuevo pacto por el Perú propuesto por PPK es un documento elemental y serviría poco. Es escueto y en lo económico plantea asuntos en los que nadie estaría en desacuerdo, pero tampoco implicaría una exigencia real para un futuro gobierno. En la quinta condición se establece la necesidad de promoción del desarrollo económico para todos los habitantes y regiones. En la sexta confina la participación del Estado al mantenimiento de una economía de mercado con apoyo estatal y privado para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los peruanos más necesitados. Fuerza 2011 condicionó su firma incluyendo dos condiciones: la eliminación de la pobreza extrema, la desnutrición y el respeto absoluto al ahorro nacional.

Lamentablemente el nuevo Presidente de CONFIEP ya tomó partido por Fuerza 2011. Acaba de declarar que ese plan si está en la ruta económica adecuada para el país. Se trataría entonces de cruzarse de brazos, ya que ese documento no tiene contenido alguno sobre la política económica, más allá de defender la Constitución de 1993 y los acuerdos comerciales. Solo sería necesario un poco más de gasto social. Asimismo, luego de denostar los contenidos del Plan de Gana Perú en cuanto a la participación del Estado, industrias estratégicas y otros, avaló la honestidad de los fujimoristas. Unos días antes propuso que los candidatos ratifiquen el Acuerdo Nacional.

Gana Perú podría firmar la propuesta de PPK, con la salvedad de que la Constitución de 1993 puede estar sujeta a modificaciones, respetando los canales establecidos en la Ley. El Acuerdo Nacional fue un buen avance pero tiene muchos problemas de forma y de fondo. Carece de diagnóstico, parte del supuesto de que la Constitución actual y el marco regulatorio es perfecto. Tiene muchas carencias y errores, por ejemplo, convierte instrumentos como la sostenibilidad fiscal y el manejo de la deuda en objetivos. Debe ajustarse, ya que elude toda la problemática de la distribución del ingreso, una nueva política energética y ajustes al sistema tributario que son esenciales para Gana Perú (En: La Primera, 22/4/2011).

19-4-2011.      

Perú no competitivo

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Un segmento relevante de la población, especialmente limeña, se ha olvidado en qué país vive. Se extrañan de los resultados electorales, cuando estos eran a todas luces evidentes. Un tercio de los habitantes del país no está de acuerdo con las condiciones establecidas por el modelo económico. La razón objetiva de sus discrepancias puede vislumbrarse fácilmente en diversos indicadores internacionales como el de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En esta oportunidad nos referiremos a los indicadores de competitividad del Institute for Management Development (IMD) de Suiza y de competitividad regional (ICR) elaborado por CENTRUM Católica.

Un primer elemento a destacar es que ahora la competitividad alude a la administración eficiente de recursos para el beneficio de sus pobladores y el incremento de la productividad empresarial. No se circunscribe sólo a la mayor participación en el comercio o el PBI mundial, sino que debe tener una clara contribución al bienestar. Los pilares del IMD para medir la competitividad son contar con un adecuado desempeño económico, alta eficiencia en el gobierno, elevada eficiencia empresarial y una adecuada infraestructura. En el caso de los ICR son cinco: economía, gobierno, personas, infraestructura y empresas.

El último informe del IMD posiciona al Perú en el lugar 41 de 59 economías con datos al 2009. En 2007 y 2008 estuvo en la posición 35 y 37 respectivamente. De acuerdo a este índice se estaría avanzando, pero las otras economías lo harían más rápidamente que nosotros. Perú tuvo un puntaje de 54.2 respecto de Singapur que obtuvo 100. Esto representaría una nota cercana al once, a pesar de lo que dicen nuestros gobernantes, muchos empresarios y sus medios de difusión. Lima y Callao ocupa el primer lugar en los ICR con 73.6 puntos que sería equivalente a una calificación de veinte a nivel nacional. Con este criterio sólo seis regiones adicionales tendrían nota aprobatoria: Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Tacna y Moquegua y las otras 17 estarían desaprobadas.

La situación de la mayor parte del país en términos de la competitividad es negativa. Algunas regiones de la costa, todas las de la Sierra y de la Selva tienen serios problemas. Huánuco, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Apurímac y Huancavelica están peor. El diagnóstico y propuestas desde la perspectiva de la competitividad regional en el plan de Gana Perú es poco desarrollado. Esta es una visión útil que contribuiría al Perú pujante, emprendedor y competitivo que no se debe olvidar en la segunda fase del proceso electoral (En: La Primera, 15/4/2011, p.10).