Por Fernando Eguren Presidente de CEPES.

 El miércoles 24 el presidente del Consejo de Ministros dará a conocer de forma más detallada la orientación del nuevo gobierno: el discurso presidencial el 28 de julio fue aun muy general. Una de las expectativas es saber cómo se distanciará el gobierno de Humala del discurso del Perro del Hortelano. Esencialmente excluyente, este discurso guió la política de Alan García que se tradujo en la entrega de los recursos naturales a la gran inversión minera, petrolera y agraria, en la exclusión de poblaciones y comunidades locales, la pequeña agricultura y en la escasa preocupación por los impactos ambientales.

 La ‘inclusión’ ha sido un concepto muy utilizado por Gana Perú en la campaña electoral y en los primeros días de su gobierno. Y por buenas razones, dado el reconocimiento de la situación de marginación –de exclusión– de una buena parte de la población. Pero la significación del concepto no ha sido precisada; por momentos pareciera que inclusión es igual a ‘redistribución’ a través de programas sociales: cuanto más recursos redistribuidos, habría más inclusión. Aun cuando esta forma de redistribución es necesaria, su resultado puede ser contrario a lo deseado: mantener la exclusión. Después de todo, la superación de la pobreza –y el acceso a la ciudadanía plena– pasa por la participación activa en la actividad económica, social y política. Son los que no participan –los excluidos– los que reciben los beneficios de dichos programas.

 Por tanto, y para no referirme sino al plano de la economía, la ‘inclusión’ pasa por un acceso más equitativo de la población a los activos productivos y, en el caso de los trabajadores dependientes, a condiciones laborales más justas. En el caso de los espacios rurales, la inclusión supone un acceso más equitativo de campesinos y pequeños agricultores a las tierras agrícolas. Un discurso sobre la inclusión, por lo tanto, debería hacer referencia al proceso de concentración de la propiedad de la tierra en nuevos latifundios, un típico proceso de exclusión. ¿Habrá límites al acaparamiento de tierras? También debería hacer referencia a las condiciones laborales de los asalariados rurales. Informes de inspectores del Ministerio de Trabajo y estudios independientes dan cuenta de que en muchas empresas agroexportadoras con gestión muy moderna y tecnologías de punta no se respeta la legislación laboral y se erigen obstáculos para la libertad sindical. ¿Se aplicará el Ministerio de Trabajo a sancionar estas violaciones de la normatividad vigente? Un gran número de pequeños agricultores –quizá más de medio millón– orientan la mayor parte de su producción al mercado, y son el sustento de la seguridad alimentaria del país. Pero están excluidos del acceso al crédito, la información, la asistencia técnica y adecuados sistemas de comercialización. ¿Cuáles serán las políticas que contribuirán a su mejor inclusión?

 La exclusión también tiene una dimensión territorial. En gran parte del país, sobre todo en la sierra y la selva, las poblaciones rurales están mal comunicadas, mal informadas, mal remuneradas, con deficientes servicios de educación y de salud, lo cual se expresa en que tienen menos oportunidades económicas, sociales y políticas. Sin embargo, son estas poblaciones rurales las que sostienen muchas de las economías regionales. En el esperado discurso ante el Congreso ¿cuáles serán las medidas que promuevan la disminución de las brechas existentes entre estos territorios y aquellos urbanos y costeños?

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Por Fernando Eguren
presidente de Cepes

Varios de los ofrecimientos del presidente Ollanta Humala no difieren mucho de los que hicieron otros partidos en el pasado: política económica inclusiva, ampliación del gasto social, apoyo decisivo a la educación, reforma del Estado, mejora de la educación en extensión y calidad. Ya sería una diferencia importante con los gobiernos previos si es que cumpliese estos ofrecimientos, como todos esperamos, y más aún si se implementan ofrecimientos inéditos, como el de la pensión 65. Si lo hiciera, además, luchando decidida y persistentemente contra la corrupción, como también esperamos, sería un gobierno notable.

Pero, a pesar de todo, sería insuficiente para los tiempos que corren, pues estas políticas no necesariamente iniciarían la transformación del país en dos aspectos fundamentales: en la reducción de las diferencias regionales y en la modificación de las condiciones que hacen que la pobreza se sigan reproduciendo.

Lograrlo no es tarea sencilla ni de un solo gobierno. Pero hay un camino por donde empezar: priorizar –esta vez de verdad– el desarrollo de los espacios rurales.

Hay varias razones para ello. Mencionaremos tan solo tres. La primera es que en la mayor parte de las regiones las actividades económicas más importantes se realizan en los espacios rurales. La agricultura, la ganadería y las actividades forestales son las principales y son las que más empleo generan: a ellas se dedican más de dos millones de hogares. El peso del PBI agrario, si se consideran los eslabones a la entrada y a la salida y no solo la actividad primaria, supera el 30% del PBI total nacional. Muchas ciudades intermedias dependen de la producción agraria y de las actividades ligadas a ella. No hay manera de que se logre un desarrollo regional y descentralizado sin el desarrollo de los espacios rurales.

En segundo lugar, el desarrollo rural es el medio más adecuado para derrotar la pobreza, como lo muestran diferentes estudios. La incidencia de la pobreza en el campo es muy superior a la de las ciudades, sobre todo en la sierra rural, en donde dos de cada tres pobladores son pobres. Los programas sociales para aliviar la pobreza no pueden reemplazar al desarrollo rural, único camino para que estas poblaciones la superen de manera sostenible.

En tercer lugar, son los espacios rurales en donde se produce la mayor parte de los alimentos que el país consume. La volatilidad de los precios internacionales de algunos alimentos claves de consumo masivo –entre ellos el maíz, el trigo y las oleaginosas- ha puesto sobre el tapete la necesidad de diseñar y ejecutar estrategias de seguridad alimentaria que promuevan la producción interna y reduzcan la dependencia de las importaciones.

Ahora bien, decir desarrollo rural es decir desarrollo de la pequeña y mediana agricultura, de las comunidades campesinas y de las poblaciones amazónicas. Es este inmenso sector social, sus actividades y el territorio en donde habitan los que deben ser la primera prioridad del gobierno de Gana Perú. Sería el comienzo de la “gran transformación”.

(1) Ver La Revista Agraria No 130, http://www.larevistaagraria.org/

Agricultura familiar, mercado y seguridad alimentaria
Fernando Eguren

Existe una serie de ideas preconcebidas sobre las características de nuestro agro. Una de ellas es que la mayor parte de la agricultura familiar es de autoconsumo, y que no participa del mercado, al menos en un porcentaje significativo. La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2009), fuente de información que utilizamos para este artículo, muestra lo contrario: alrededor de dos tercios de agricultores familiares  están vinculados al mercado de productos agrícolas, es decir, venden una proporción variable de sus cosechas. De hecho, son los principales abastecedores de alimentos para la población peruana, urbana y rural.

Tomemos como ejemplo algunos cultivos de consumo masivo. Hay más de 1.3 millones de productores de papa, según la fuente indicada. Aproximadamente el 98% de éstos son agricultores familiares y son responsables también de un 98% de la producción de ese tubérculo.

El peso de la agricultura familiar en la producción de arroz, otro de los cultivos de consumo masivo, es también predominante. El cultivo involucra a 184 mil productores; nueve de cada diez son agricultores familiares, y son responsables de tres cuartas partes del total de la producción.

El plátano es uno de los principales productos alimenticios de la dieta de la población amazónica, y un exitoso cultivo de exportación de la costa norte. Hay más de medio millón de productores de esta fruta, de los cuales el 94% es agricultura familiar; en su conjunto, producen el 92% del total de plátanos del país. 

En cuanto al maíz, hay dos tipos diferentes: el maíz amiláceo y el maíz amarillo duro. El primero es sobre todo un cultivo serrano, mientras que el segundo es producido en la costa y la selva y utilizado sobre todo como alimento en la industria avícola. En la costa, el 90% del maíz amarillo es producido por agricultores; en la sierra, la agricultura familiar produce el 99% del maíz amiláceo.

Lo propio ocurre con el acervo pecuario, se trate de vacunos, ovinos o porcinos. Más de las tres cuartas partes del ganado vacuno es criado por familias que poseen menos de 10 hectáreas; lo mismo ocurre con 4 de cada 5 ovinos y 9 de cada 10 porcinos. 

En estos tiempos en el que el futuro de la seguridad alimentaria es materia de preocupación en el mundo, es claro que la agricultura familiar tiene un papel estratégico que no se corresponde con la poca o nula atención de los poderes públicos, los que, por el contrario, solo tienen ojos para el neolatifundismo exportador. 

Hasta estos últimos días previos a la elección presidencial, los candidatos no parecen mayormente interesados en pronunciarse por los desafíos de la seguridad alimentaria y el destino de la agricultura familiar, de la cual depende.

La seguridad alimentaria en tiempos de globalización

Por Fernando Eguren

Los campesinos y demás agricultores deben producir no solo para alimentarse a si mismos, sino también a la población urbana que, en elPerú, son las tres cuartas partes de la población.

La demanda de alimentos crece constantemente, pues la población es cada vez más numerosa y tiende a aumentar su capacidad adquisitiva. La oferta de alimentos debe también crecer ininterrumpidamente para que el país tenga asegurada su alimentación.

¿Qué pasa si la producción doméstica no alcanza? Hay tres opciones que no son necesariamente excluyentes: producir más alimentos ampliando nuevas áreas de cultivo, aumentar los rendimientos por hectárea, e importarlos.

Las nuevas tierras de cultivo más fértiles están en la costa, pero están siendo utilizadas para la exportación. En cuanto al aumento de rendimientos, casi no hay investigación y extensión técnica, sin lo cual los pequeños agricultores –que son los que producen los alimentos – difícilmente elevarán sus rendimientos. Queda la importación, opción preferida del presidente Alan García, para quien “El Perú debería cambiar su Gas Natural–convertido en forma de plástico y petroquímicos- por alimentos, y no obsesionarse en el concepto de tener una seguridad alimentaria, una idea que ya no sirve en el mundo.”

Cuanto más alimentos importamos respecto a la producción nacional, la seguridad alimentaria del país se vuelve más dependiente del mercado internacional, lo cual es cada vez más un problema crítico dada la evolución de los precios. Y ciertamente los TLC no ayudan. Desde los años 2007-2008 los precios internacionales tienden a subir. Hace poco han vuelto a elevarse los precios del trigo, el maíz y la soja. En 2010 importamos el 85% del trigo que consumimos, el 60% del maíz amarillo y el 99% del aceite de soja. Como consecuencia, los precios de la harina, el pan, los fideos, las galletas, el pollo y el aceite –todos ellos alimentos de la canasta popular- son directamente afectados. Los primeros y principales perjudicados son los pobres.

¿Qué estrategia tiene el Perú frente a esta situación? Mientras que la FAO, el FMI y el BM prevén que los precios seguirán subiendo en los años por venir, aquí la estrategia de seguridad alimentaria se limita a programas sociales orientados a los sectores más vulnerables, que cada vez serán más numerosos a medida que los precios de los alimentos suben, mientras que salarios y empleos no lo hacen a la velocidad necesaria. Es necesario replantear esa política hacia una que vincule las políticas agrarias a una estrategia de seguridadalimentaria que conduzca a una menor dependencia del exterior. ¿Qué dicen los candidatos a la Presidencia y al Congreso?

Fernando Eguren/ enero 4, 2010

Presidente del CEPES

Con acierto, el ministro de Agricultura, Rafael Quevedo, declaró hace pocos días que daría prioridad a la ganadería en la Sierra.

¿Cuán importante es la ganadería para la economía campesina? Tomando en sentido amplio el término de ‘campesino’ como todo trabajador rural poseedor de 10 hectáreas o menos, es claro que la ganadería tiene una gran importancia. Ellos son, según el último Censo Agropecuario de 1994, cerca de 1.5 millones de familias, y representan el 85% del total de explotaciones agropecuarias. En el 48% de estas pequeñas explotaciones se crían vacunos, en el 39% ovinos y en el 37%  porcinos. En cuanto a los camélidos, en las explotaciones de pequeños pastores, con áreas menores de 10 Has, se criaban el 59% de llamas y el 44% de las alpacas.[1] Según una fuente, en el altiplano puneño el 98% de los hogares rurales poseen ganado.[2]

Pero la ganadería campesina no es sólo importante para estas familias, sino para el país, pues concentra un gran porcentaje del acervo ganadero del Perú. Siempre según el Censo de 1994, el 68% del ganado vacuno estaba en manos campesinas, así como el 67% de ovinos y el 79%.

La ganadería cumple múltiples funciones para los campesinos. Además de restituir la fertilidad de los suelos de cultivo gracias al estiércol y de proporcionar tracción y transporte animal, representa un ingreso económico importante. También cumple función de ahorro y de capitalización, y de garantía para acceder a créditos. Abastece de alimentos a la familia y de materia prima para la artesanía. Permite, asimismo, amortiguar los riesgos de la agricultura.[3]

Por lo general, el conocimiento de cómo funciona la economía campesina lamentablemente no ha caracterizado nunca al Ministerio de Agricultura. Ello ha contribuido a que varias iniciativas que expresaban cierta voluntad de apoyar el desarrollo rural de la sierra hayan finalmente fracasado. Fracasó el Plan de Desarrollo Agrario de la Sierra de 1988, durante el primer gobierno de Alan García; fracasó el tardío proyecto Sierra Verde de Fujimori; el programa Sierra Exportadora de este segundo gobierno del Apra se está extinguiendo sin logros destacables. Ninguno de ellos valoró la importancia de la ganadería. Cuando ha habido intentos de apoyarla, han sido experiencias episódicas sin impactos significativos.

El ministro Quevedo aún no ha dado mayor explicación sobre en qué consiste su propuesta. Puede resultar finalmente en un saludo a la bandera, pues en el medio año que falta para el cambio de gobierno poco se puede hacer.

Queda por saber si los candidatos a la Presidencia de la República recogerán la iniciativa.

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[1] La realización de un nuevo Censo agropecuario es urgente, indispensable para la definición de políticas adecuadas para el desarrollo rural.

[2] Mario Tapia, “La ganadería en el altiplano de Puno”. En Perú: el problema agrario en debate. SEPIA XII. Lima, 2008.

[3] Bernardo Fulcrand, “Las dos zootecnias y el desarrollo agropecuario en el Perú”. En Perú: el problema agrario…. Op.Cit.

Los neolatifundios vistos por el Banco Mundial

Mar, 14/09/2010 - 05:00

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Por Fernando Eguren
Presidente de Cepes

En los años más recientes, las adquisiciones de grandes extensiones de tierras para uso agrícola se han convertido en un fenómeno mundial, y junto con ello los impactos negativos que puede tener este acaparamiento de tierras.

Este acaparamiento puede tener distintas características. Hay estados que compran tierras a otros estados, para garantizar su propia seguridad alimentaria ante un futuro incierto, o para asegurarse la provisión de agrocombustibles. También hay corporaciones transnacionales que invierten por las perspectivas económicas atractivas del negocio de la producción de alimentos (se prevé un futuro de alza de precios), por la creciente demanda mundial de agrocombustibles, o simplemente lo hacen con fines especulativos, en un contexto en el que la crisis financiera revaloriza algunos activos, como la tierra y otros recursos naturales.

También hay procesos nacionales, como en el Perú, donde el acaparamiento de tierras es estimulado por las políticas neoliberales y pro exportadoras del Estado, tanto para la exportación de productos alimenticios de alto valor como de biodiesel y etanol.

Según un reciente informe del Banco Mundial , hasta el 2008 cuatro millones de hectáreas habían sido objeto de grandes transacciones de tierras de aptitud agrícola, mientras que antes de finalizar el 2009 esta cifra ya se había incrementado a 45 millones de hectáreas, tanto en Asia como en África y América Latina. El informe subraya que este proceso ha generado dos corrientes de opinión: algunos ven una oportunidad para países cuyas tierras no han recibido inversiones ni han alcanzado un desarrollo tecnológico adecuado, y que requieren la creación de nuevos empleos. En contraposición, otros enfatizan los riesgos para los Estados débiles, en donde los derechos de propiedad son poco definidos y las instituciones regulatorias no tienen recursos suficientes. En estos casos, la concentración de tierras podría resultar en el beneficio de pocos, en la profundización de las desigualdades y en la degradación de los recursos. 

Para reducir los efectos adversos que puede traer el acaparamiento de tierras y las grandes inversiones agrarias, el Banco Mundial, en acuerdo con la FAO, el FIDA y la UNCTAD, formula siete principios: (1) respetar los derechos existentes sobre la tierra y los recursos naturales; (2) garantizar la seguridad alimentaria; (3) garantizar la transparencia, la buena gobernanza y un ambiente favorable; (4) consultar a todos aquellos que pueden ser materialmente afectados, debiendo los acuerdos ser registrados y acatados; (5) reflejar las mejores prácticas de la industria; (6) ser socialmente sostenibles; y (7) ser ambientalmente sostenibles.

Poca duda cabe de que el Perú se ubica, lamentablemente, en el de los Estados con escasa capacidad de poner por delante el interés público sobre los intereses del gran capital, en el que los derechos de las comunidades sobre los recursos comunales son cada vez menos respetados y en el que las entidades regulatorias no solo no tienen suficientes recursos sino que están además atravesadas por la corrupción, como lo muestra el caso de Cofopri.

Rising Global Interest in Farmland. Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits? (Creciente interés por las tierras agrícolas. ¿Podrá generar beneficios sostenibles y equitativos? Banco Mundial. Setiembre 7, 2010). Accesible en internet:http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/ESW_Sept7_final_fina...

"El Perú es minero, no agrario"

Por Fernando Eguren

Según el presidente Alan García, "el Perú no es un país agrario" sino "esencialmente minero". ¿Por qué? Según el presidente, por tres razones: porque la cantidad de tierra agrícola por habitante es baja, inferior a la de Ecuador, Colombia y Argentina ; porque para tener seguridad alimentaria ("idea que ya no sirve en el mundo", dice) más importante que la producción interna de alimentos es tener recursos para importar alimentos, como hace el Japón; en tercer lugar, porque en la historia del país los indígenas de las comunidades campesinas fueron confinados a las tierras más pobres.

Algunas aclaraciones son pertinentes.

En primer lugar, lo deseable sería que el Perú fuera caracterizado no por los recursos naturales que posee, sino por su excelencia en transformarlos. Es lo que hacen las economías desarrolladas: agregar alto valor a las materias primas. El problema del Perú a lo largo de su historia es que se ha mantenido hasta hoy como una economía básicamente primaria, con escaso desarrollo de su capacidad transformadora, con incipiente industria y deficiente sistema educativo (base para la formación del capital humano necesario para una economía transformadora). El presidente García piensa como un gobernante del siglo XIX.

En segundo lugar, si entramos a la lógica presidencial de caracterizar al Perú por la importancia económica de sus recursos, el aporte de la agricultura al producto bruto interno es similar al minero, con tres grandes diferencias: (1) la agricultura da empleo directo a casi un tercio de los trabajadores del país, mientras que la minería lo hace al uno por ciento; (2) la agricultura es la base de la economía de la mayor parte de las regiones, mientras que la minería tiende a tener características de enclave; (3) la actividad agrícola, por ser realizada por centenares de miles de familias, es fuente descentralizada de ingresos, mientras que las inmensas rentas mineras se concentran básicamente en un reducido número de grandes empresas.

En tercer lugar, darle un carácter segundón a la agricultura con el argumento peregrino de que "la seguridad alimentaria es una idea que ya no sirve en el mundo" y que podemos canjear gas por alimentos, va no solo contra el sentido común, sino en directa oposición a las preocupaciones mundiales sobre el problema alimentario, particularmente a partir del año 2008, y de la que se hacen eco los organismos multilaterales como la FAO e incluso el Banco mundial.

No le falta razón al presidente, sin embargo, cuando afirma que las comunidades fueron en la historia confinadas a las tierras más pobres. ¡Él mismo se está ocupando de que continúe esta lamentable tradición!

1 Entrevista al presidente García publicada como suplemento especial del diario Expreso el lunes 6 de setiembre. De lectura obligada. Según información de la FAO, la disponibilidad de tierras agrícolas por habitante es solo algo mayor en Ecuador que en el Perú, y bastante menor en Colombia.

2 Según información de la FAO, la disponibilidad de tierras agrícolas por habitante es solo algo mayor en Ecuador que en el Perú, y bastante menor en Colombia.

Escribe Fernando Eguren


El mundo de los trabajadores rurales es más complejo que la imagen que de él tienen los políticos y, en general, los citadinos.

Los trabajadores rurales son el 37% del total nacional. Es generalizada la idea de que se dedican sólo a la agricultura. La realidad es mucho más matizada, como lo muestran las Encuestas Nacionales de Hogares que el INEI realiza. Así, según la ENAHO del año 2008, una cuarta parte de los trabajadores rurales no se dedica a actividades primarias, sino a la manufactura, al comercio y a diversos servicios.

La inmensa mayoría de los trabajadores rurales que se dedican a la agricultura son independientes: son agricultores familiares y campesinos, y su número es mucho mayor en la sierra que en las otras dos regiones.

En cambio, los asalariados agrícolas son una minoría: sólo uno de cada siete trabajadores en el campo es asalariado, siendo esta relación una de las más bajas de América Latina. Puede sorprender que casi la mitad de estos asalariados –el 45%– estén en la sierra, en donde hay un menor desarrollo relativo de la agricultura capitalista comparado con la costa, en donde labora el 32% de los asalariados. Ello indicaría que una parte importante de pequeños agricultores de la sierra emplea a trabajadores asalariados, aun cuando sea sólo eventualmente.

También puede sorprender que un apreciable porcentaje de trabajadores de la agricultura sean residentes urbanos: lo son una tercera parte de los asalariados agrícolas.

La participación de la mujer trabajadora es importante, pero en el mundo de la pequeña agricultura un elevado número no recibe remuneración. Sólo un porcentaje reducido de mujeres son trabajadoras asalariadas, aun cuando su número ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo con el desarrollo de la agroindustria moderna.

La incidencia de la pobreza entre los trabajadores rurales es muy alta, 55%, pero lo es más en aquellos que se dedican específicamente a la agricultura: 58% entre los hombres y 63% entre las mujeres.

La escasa disponibilidad de tierras, los bajos rendimientos y el escaso acceso de servicios necesarios para la producción contribuyen a mantener en la pobreza a la pequeña agricultura independiente. En el caso de los asalariados rurales, más de las tres cuartas partes ni siquiera reciben la remuneración mínima vital, lo cual expresa un altísimo porcentaje de incumplimiento de la legislación laboral, aun en la costa. Contribuye a la precaria situación de los asalariados agrícolas la inestabilidad en el trabajo, situación que se mantiene aun en las empresas debidamente constituidas gracias a la flexibilidad de ciertos tipos de contrato.

Según las planillas electrónicas del Ministerio de Trabajo, dos terceras partes de los trabajadores agrícolas en empresas formales tienen contratos ‘a modalidad’, los cuales no garantizan su seguridad en el empleo.

El conocimiento de las características de los trabajadores rurales es indispensable para que las políticas laborales, las de desarrollo rural y aquellas que pretenden reducir la pobreza rural, sean eficaces.

Fernando Eguren/Presidente del CEPES. 24 junio 2010.

Un día como hoy, hace 41 años, el gobierno del general Velasco promulgó la ley de reforma agraria y, simultáneamente, ocupó los grandes complejos agroindustriales azucareros de los llamados ‘barones del azúcar’.

En los siguientes seis años, fueron expropiadas todas las haciendas del país. Sus tierras fueron adjudicadas a cooperativas agrarias de producción (alrededor de 2.3 millones de hectáreas), a Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS, 2.9 millones) y a comunidades y otras organizaciones campesinas (3.5 millones). Se beneficiaron 375 mil familias. Regionalmente, fueron expropiadas y adjudicadas el 53% de las tierras de uso agropecuario de la costa y el 23% de la sierra.

Las cooperativas y las SAIS no resistieron el paso del tiempo: las primeras fueron divididas por los propios trabajadores en parcelas familiares, y las tierras de las segundas fueron, salvo excepciones,  distribuidas entre las comunidades campesinas.

Desde el punto de vista de la producción, la reforma agraria no fue exitosa. Pero al redistribuir las tierras, mejoraron los ingresos de centenares de miles de familias. Desde el punto de vista social y político fue muy importante: puso fin al gamonalismo y a las relaciones serviles, democratizó la sociedad rural y permitió la conversión de los campesinos en ciudadanos.

La contrarreforma agraria, iniciada tímidamente en los ochenta se aceleró en la década de 1990. La Constitución de 1993 eliminó las restricciones a la propiedad agraria y redujo la protección a las tierras de las comunidades. Muchas leyes posteriores profundizarían la liberalización del mercado de tierras, marginarían a la agricultura familiar  y debilitarían aún más las normas que amparan los derechos comunales. El manifiesto escrito por el presidente García, “El síndrome del perro del hortelano” en octubre de 2007 puso en blanco y negro el decidido apoyo de su gobierno a la reconstitución de latifundios: campesinos y nativos no deben ser los propietarios de sus recursos pues, afirma el presidente, no saben y son pobres; esos recursos deben ser transferidos a los grandes inversionistas, que tienen las tecnologías y recursos económicos, y que además se convertirán en sus nuevos patrones.  Continúa así la orientación de los gobiernos de Fujimori y Toledo de reconstitución de latifundios.

Cuarentaiún años después de la reforma agraria hay neolatifundistas mayores que los que existieron antes de la reforma agraria. El más grande de todos, el grupo Gloria, controla alrededor de 60 mil hectáreas en la costa de Ancash y La Libertad; el grupo Romero, unas 20 mil hectáreas en Piura, Huaral y San Martín; el grupo Dyer (Camposol), alrededor de 24 mil hectáreas en varios valles de la costa; la empresa Maple, 12 mil hectáreas en el valle del Chira. Hay decenas de neolatifundios que tienen más de mil hectáreas. Y las casi 150 mil hectáreas de nuevas tierras públicas, que se ganarán en la costa con nuevas irrigaciones hechas con dineros también públicos en los años  venideros serán transferidas, según declaran los propios funcionarios,  a grandes inversionistas, muchos de ellos extranjeros.

El general Velasco declaraba con énfasis que la reforma agraria sería irreversible. Ingenuo. ¿Será ingenuo decir hoy que la contrarreforma agraria es irreversible?

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Fernando Eguren
Director Ejecutivo de CEPES

La Comisión Agraria del Congreso aprobó por mayoría el dictamen de proyecto de ley que limita la propiedad de la tierra cultivable a un máximo de 40 mil hectáreas. Según un miembro aprista de dicha comisión, este límite “impedirá el resurgimiento del latifundio”.

Para su información, en cualquier parte del mundo –y ciertamente en el Perú– 40 mil hectáreas de tierras de cultivo –y para el caso, 10, 20 o 30 mil hectáreas– es un latifundio. En el fondo, pues, la Comisión Agraria propone que se consolide el latifundio y, de paso, responde seguramente a presiones de grupos económicos que quieren cortarle las alas al Grupo Gloria, que hoy por hoy controla alrededor de 55 mil hectáreas de tierras de cultivo.

En discrepancia con el dictamen, el ministro de la Producción afirma que la mínima escala para ciertos cultivos es 6 mil hectáreas o aún extensiones mayores. Por su lado, el presidente de ADEX declaró que poner límites afectará a los inversionistas en el agro.

Para quienes tienen conocimiento de la historia social y económica de la segunda mitad del siglo pasado del Perú y América Latina, el límite de 40 mil hectáreas es un despropósito.

Conviene recordar que antes de la reforma agraria de 1969 la propiedad más grande de tierras de cultivo –el complejo azucarero Casagrande– no llegaba a las 30 mil hectáreas, y era el exponente máximo del latifundio en el país. La liquidación del latifundio fue uno de los objetivos de las reformas agrarias latinoamericanas en la década de 1960, pues la concentración de la propiedad de la tierra era una de las causas de la pobreza y la marginación de la población rural, situación que motivó grandes convulsiones sociales.

Pero ¿es cierto lo que afirma el ministro de la Producción sobre las escalas ideales para la actividad agropecuaria? Sería muy interesante que muestre cuáles son los estudios sobre los que basa su afirmación y, si los hay, cuáles son los criterios utilizados. Esto es muy importante, pues lo que está ocurriendo es la consolidación de un neolatifundismo que ahonda las diferencias socioeconómicas, ya graves, en el país.

La existencia de economías de escala vinculadas al tamaño de las explotaciones agrícolas ha sido un tema de estudio y debate en el mundo, y está ampliamente cuestionada. Me permito citar in extenso al principal especialista del Banco Mundial sobre el tema, Hans P. Bingswanger-Mkhize: “…casi un siglo de investigación por economistas agrícolas en todo el mundo ha producido un hecho estilizadamente contradictorio: los agricultores a pequeña escala por lo general usan la tierra, la mano de obra y el capital más eficientemente que los agricultores a gran escala, que dependen principalmente de mano de obra contratada. Esta ‘relación inversa entre tamaño de granja y productividad’ implica que la agricultura se caracteriza, por lo general, por deseconomías de escala, lo que significa que la redistribución de la tierra de los grandes agricultores hacia los agricultores familiares puede traer ganancias de eficacia a la economía”. (1)

A fines de la década de 1950, una comisión nombrada por el gobierno conservador de Manuel Prado y conformada en su mayoría por hacendados modernos de la época recomendaba que el límite máximo de las propiedades debería ser de 250 hectáreas, argumentando que debían considerarse no solo criterios económicos, sino también políticos y sociales.

(1)  Binswanger et al. Agricultural Land Redistribution. The World Bank, 2009. Pág. 11.

por Fernando Eguren
presidente de cepes. sociólogo

Hace pocos días fui invitado a hacer una exposición a un grupo de ciudadanos alemanes. El encargo fue exponer en 20 minutos el tema que encabeza este artículo. Para cumplir con el desafío opté por escribir 6 pastillas para guiar mi exposición. Tengo la sospecha de que para muchos lectores estas pastillas les pueden ser útiles. Así que aquí van.

1. Según el censo demográfico de 2007, la población total del país supera las 27 millones de personas; el 24% es rural. Sin embargo, con una definición más amplia de ‘población rural’, ésta puede llegar al 40%. Se estima que tres cuartas partes de esta población es ‘pobre’ o ‘muy pobre’, y se distribuye en las tres regiones. El desarrollo rural es, pues, una necesidad, pero se plantea en cada región también de manera distinta.

2. En el Perú hubo una muy importante reforma agraria entre los años 1969 y 1975. Todas las grandes haciendas fueron expropiadas. Pero la reforma agraria fue más importante social y políticamente (permitió la emergencia de una ciudadanía rural) que económicamente (se distribuyeron tierras pero no se apoyó la mejora de la producción).

3. Cuarenta años después, se aprecia que las políticas económicas neoliberales han promovido la concentración del control sobre la tierra en manos de empresas agrarias modernas dedicadas a la exportación, a la producción de agrocombustibles y a la explotación de minerales, gas y maderas. El agro peruano tiende a polarizarse así entre una parte, minoritaria, de empresas medianas y sobre todo grandes, modernas, capitalizadas  y orientadas a los mercados externos, y otra parte mayoritaria, de pequeños productores que producen para el mercado interno o el autoconsumo. Han quedado marginadas de la atención gubernamental la pequeña agricultura y las comunidades campesinas y nativas.

4. La costa es la región más moderna, urbana, y con mejores tierras. Allí se desarrolla la agricultura moderna de exportación y se concentran los obreros agrícolas. Esas empresas conviven con una pequeña y mediana agricultura orientadas a la producción para el mercado nacional.

En esta región, las posibilidades de un desarrollo rural están muy vinculadas (a) a la necesidad de mejoramiento sustancial de las condiciones laborales de los trabajadores asalariados y (b) al acceso de los pequeños agricultores a los servicios necesarios para la producción.

5. La sierra es la región más campesina, ‘tradicional’, culturalmente diferente, y también la más pobre, a pesar de que tiene importantes recursos. Predomina la pequeña propiedad y las comunidades campesinas. Aunque están vinculadas al mercado, una parte importante de sus economías está orientada al autoconsumo. Esta región es la que tiene más necesidades insatisfechas. Es la fuente de una importante y sostenida emigración de población joven hacia las ciudades. El enfoque de ‘desarrollo rural territorial’ pareciera el más adecuado para esta región, que plantea superar tanto la visión sectorialista de desarrollo rural, como la disyuntiva rural-urbano.

6. En la selva pueden distinguirse dos subregiones: la selva alta, más agrícola, de pequeños productores de alimentos tanto para el mercado como para el autoconsumo. Es también la región en donde se produce la hoja de coca para el narcotráfico, razón por la cual hay graves situaciones de conflicto. La selva baja es más forestal, con más presencia de comunidades nativas. Así como para la población de la sierra, el desarrollo rural de esta región requiere de un enfoque de desarrollo territorial.

Para que haya desarrollo rural en las tres regiones es indispensable el decidido y sostenido apoyo del Estado nacional y subnacional –hoy poco presente– tomando en cuenta, sin embargo, que los caminos al desarrollo rural en el Perú son diversos como diversos son sus espacios rurales.

Este artículo también lo puede leer en http://aeperu.blogspot.com

A propósito del Síndrome del perro del hortelano

Un presidente para el siglo XIX

Fernando Eguren

La Revista Agraria - CEPES

Noviembre 2007

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“…hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indo­lencia o por la ley del perro del hortelano que reza: "Si no lo hago yo que no lo haga nadie".

Alan García Pérez, presi­dente del Perú

El artículo del presidente Alan García publicado en El Comercio el 28 de octubre (El Síndrome del Perro del Hortelano) ha suscitado comentarios a favor y en contra. Su principal mérito es que contribuye a promover una discusión, prácticamente ausente en los últimos años, sobre modelos de desarrollo socioeco­nómico. En lo que sigue, subrayaremos algunas de sus afirmaciones que nos parecen importan­tes dada la condición del autor.

El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro

La primera es que el presidente García suscribe de manera implícita la metáfora atribuida erróneamente a Raimondi: que el Perú es un mendigo sentado sobre un banco de oro. El banco de oro viene a ser la suma de los muchos, variados e importantes recursos naturales que el país posee, y a los que se refiere el presidente: las maderas de la Amazonía, la tierra, los recursos minerales, gas y petróleo, el mar. El mendigo – que oficia de ‘perro del hortelano’– representa un mundo heterogéneo compuesto, en la relación presidencial, de comunidades campesinas y minifundistas, poblaciones nativas, pescadores artesanales, trabajadores que exigen derechos laborales, ciudadanos que aún adscriben a ‘ideologías superadas’ (los ‘anticapitalistas’, precisa); en suma, de ociosos, indolentes e indigentes. Aunque es difícil saber cuántos ciudadanos están incluidos en esta impresionante relación, con toda seguridad supera largamente al número de peruanos que votaron por el presidente García.

Para aprovechar el oro, discurre el razonamiento presidencial, hay que desbancar al mendigo. ¿Cómo? Cambiando las reglas del juego para sentar en el banco de oro (en realidad, para llevárselo de a pocos) a los grandes inversionistas. Si son transnacionales, mejor, pues son las que traen la tecnología.

Es así que cobran sentido pleno los proyectos de ley que otorga poderes especiales a la Cofopri para reconocer y desconocer derechos de propiedad sobre la tierra durante cua­tro años y el proyecto de ley que declara de necesidad pública los intereses particulares de veinte empresas extractivas, con el fin de sortear los derechos de propiedad consagra­dos por la Constitución que favorecen también a comuneros, pueblos nativos y otros ciudadanos representados por el mendigo en la metáfora.

La fuente de la riqueza

La segunda afirmación presidencial es que la riqueza del Perú reside sobre todo en sus recursos naturales (aunque los ejemplos que, según él, debe seguir el Perú: Japón y Corea, tienen relativamente pocos recursos naturales) y no principalmente en la capacidad transfor­madora de la población. El mundo ha llegado hace tiempo a la conclusión de que el conocimiento es el real creador de riqueza y el capital humano su principal factor, y sobre ellos se sustenta la competitividad. Por eso se habla hoy de la ‘sociedad del conocimiento’. El presidente se retrotrae siglos atrás para considerar que la materia inerte extraída y con escaso valor agregado es la verdadera riqueza. No sorprende, entonces, el disminuido valor que su gobierno – y, justo es decirlo, también los gobiernos anteriores - da a la educación, forjadora principal del capital humano. Sabemos que la educación peruana, sobre todo la pública, es una de las peores en el mundo. En estas condiciones, el Perú no podrá ser competitivo: en mucho es simplemente un perceptor de rentas. En contraste, los conocimientos acumulados de campesinos y pueblos nativos sobre las complejas realidades en las que habitan y sobreviven, son ignorados o despreciados por el mundo oficial.

LRA no está contra la gran inversión. Más aún, considera que en muchos casos ésta es indispensable para la adecuada explotación de los recursos naturales, entre ellos los mi­nerales, el petróleo y el gas. Pero al mismo tiempo no confunde el fin – el mejoramien­to sostenible de la calidad de vida del conjunto de la población del país - con los medios – entre los cuales, el tipo de inversiones-. Sosteníamos en el editorial de LRA 87 del mes de octubre con relación a la minería (¿Minería es desarrollo?), que “No existe… una relación mecánica entre tener y explotar recursos naturales, sean éstos mineros u otros, y generar desarrollo”; y que “es necesario redefinir el papel que [las actividades extractivas] deben tener en el desarrollo local y regional…no en cumplimiento de una «responsabilidad social» de la empresa —término que suele ser un eufemismo de «rela­ciones públicas» y que depende enteramente de la voluntad de la empresa—, sino como una función esencial de esa actividad económica. Esta función debería quedar explícita en los contratos. Y es precisamente por la naturaleza misma de esa función que los contratos mineros deberían ser aprobados por la población local.”

Lo moderno es lo sostenible

La tercera afirmación se deriva de la confusión presidencial entre lo que es la tecnología de punta – la que supuestamente trae la gran inversión extranjera – y la manera moderna de explotar adecuadamente los recursos naturales. Gran parte de la tecnología de punta actual de las empresas mineras y petroleras corresponden todavía a un paradigma de la revolución industrial de hace más de 200 años, en la que la relación con la naturaleza era ‘extraer sin reponer’. Se constata hoy que las consecuencias acumuladas de este paradigma son terribles: desaparición de especies biológicas, contamina­ción de las aguas y suelos, calentamiento progresivo del planeta. Hoy lo moderno requiere todo lo contrario: es la búsqueda de un desarrollo que asegure la sostenibilidad de los recursos.

Los anticapitalistas

En esta sostenibilidad se está jugando el futuro de la humanidad, como lo acaba de confirmar el 17 de noviembre en Valencia el Grupo Intergu­bernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su 27ª Sesión Plenaria. El Secretario General de las NNUU, en su alocución final, subrayó que el cambio climático “afectará más a los países en vías de desarrollo. Los que son más vulnerables son también los que corren más riesgos ante esta amenaza. La deglaciación desencadenará inundaciones y conducirá a reducir la disponibilidad de agua en Asia meridional y en Sud América.” Y “si las proyecciones más severas del IPCC se revelan ciertas, gran parte de la Amazonía se trans­formarán en llanuras sin vegetación arbórea”.

Estas deberían ser preocupaciones centrales del Perú y de su presidente. Pero el presidente sostiene que hay una corriente anticapitalista transecular que cambia de piel según las épocas: comunistas en el s. XIX (¡se supone que gobernaron en el s.XX!), proteccionistas en el s. XX (¡Gran Bretaña, EEUU y otros países capitalistas se caracterizaron por ser proteccionistas!) y ambientalistas en el s. XXI (¡cuando el premio Nóbel de la Paz ha sido otorgado precisamente al IPCC y a Al Gore, difícilmente catalogables de anticapitalistas!).

Lo grande es hermoso: la hacienda: el nuevo paradigma de desarrollo

Según el presidente García, las tierras de las comunidades son “tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología…”. El presidente debería aclarar si los derechos de propiedad de los que ‘no tienen formación ni recursos económicos’ (que califica de ‘aparentes’) son de categoría inferior a los derechos de propiedad de los grandes inversionistas que traen tecnología. Esto es finalmente el sustento de los dos proyectos de ley que mencionamos párrafos más arriba.

La idea de ‘los grandes lotes que trae tecnología’ como solución a la puesta en valor de los recursos naturales la extiende el presi­dente a las explotaciones mineras, petroleras, pesqueras y madereras. Su concepción de organización de la economía es finalmente la de una multiplicación de haciendas modernas: grandes latifundios (para la agricultura, para la minería, para la pesca, para la explotación maderera y gasífera) de propiedad de grandes inversionistas, por un lado, y miles de campe­sinos, nativos y pescadores convertidos en obreros (probablemente mal pagados y mal tratados, dada la escasa capacidad y/o voluntad del gobierno de mejorar las relaciones labora­les). Nada más contradictorio a la construcción de una sociedad equitativa, ambientalmente sos­tenible, con muchos actores, instituciones fuer­tes, con mercados locales dinámicos y un estado activo y al mismo tiempo descentralizado.

El Perú no puede desarrollarse en el siglo XXI con visiones propias del siglo XIX.

La Revista Agraria – noviembre 2007

Tendencias de transferencia y concentración de la propiedad de la tierra

La Revista Agraria – octubre 2007

Fernando Eguren

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La propiedad de la tierra en el Perú se está concentrando nuevamente, después de tres décadas de la reforma agraria.

La concentración de la propiedad de la tierra es un tema política y socialmente sensible. Recordemos que una de las razones por las que las reformas agrarias de la década de 1960 aparecían como legitimadas ante la sociedad y los gobiernos fue que había una gran concentración de la propiedad de la tierra, y que ello generaba grandes tensiones sociales. [1] Los gobiernos latinoamericanos, instados por el gobierno de los Estados Unidos, acordaron hacer reformas agrarias tanto para evitar situaciones como la revolución cubana de 1959, como para eliminar obstáculos a los procesos de modernización social y económica. El gobierno de derechas de Manuel Prado se adelantó, nombrando una Comisión de la Reforma Agraria y de la Vivienda en 1957, integrada en parte por hacendados relativamente modernos. Una de las recomendaciones del informe, presentado en 1960, fue la de establecer límites – 250 hectáreas – a los tamaños de la propiedad rural. Casi una década después, la ley de reforma agraria del gobierno de Velasco de 1969 fijó los límites a 150 hectáreas de tierras agrícolas. Pero desde 1980 se inició un proceso de liberalización de la propiedad de la tierra que culminó en 1995 con la llamada Ley de Tierras [2], que eliminó todo límite a los tamaños de los predios. [3] Un año antes, 1994, se realizó el último censo nacional agropecuario, que reveló que el 92 por ciento de las 1.74 millones de predios eran menores de 20 hectáreas, y que tres de cada cuatro hectáreas de cultivo bajo riego y una de cada tres de secano están en predios menores de 20 ha.:

En los últimos doce años han ocurrido cambios muy importantes, cuyos alcances aún no se conocen con precisión pues no se ha actualizado el censo agropecuario ni se han hecho estudios sobre los procesos de concen­tración.

Son varios – aquí estamos considerando seis – los procesos que están contribuyendo al proceso de transferencia y concen­tra­ción de la tierra.

La ampliación de la frontera agrícola en la costa . La modificación de la política de ac­ceso a las nuevas tierras irrigadas ha permitido la formación de modernas empresas agrarias de gran extensión, particularmente en la costa norte (Piura, Lambayeque, La Libertad). La frontera agrícola ganada en el pasado gracias a grandes inversiones públi­cas era entregada, bajo varias modalidades de pago, a pequeños y medianos agricul­to­res. Pero al menos desde la década de 1990, las nuevas tierras irrigadas son puestas a la venta en condiciones tales que sólo pueden ser adquiridas por grandes inversionistas para formar latifundios moder­nos. Así, en 1997 se subastaron, en la Primera Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (que incluye el valle Virú), 12751 hectáreas en 76 lotes, en cuatro sectores; en tres de ellos el tamaño promedio de cada lote varió entre 671 y 786 hectáreas, y en el cuarto, 65 ha. En algunos casos, como la empresa Camposol, en el valle de Virú, la extensión supera las dos mil hectáreas. Danper Trujillo posee 1600 hectáreas, la mayor parte de ellas también en Virú. En contraste, en la década de 1980, por ejemplo, las tierras gana­das por la irrigación de Majes, en el departamento de Arequipa, fueron distribuidas en lotes de 5 hectáreas. El criterio de subastar lotes de gran tamaño, al que sólo pueden acceder grandes inversionistas, sigue primando en la actualidad.

La frontera agrícola en la selva no sólo es abierta por colonos provenientes de la sierra, sino también por grandes adquisiciones de tierras a precios muy bajos. El caso más conspicuo es probablemente Palma del Espino, del grupo Romero, en la zona de Toca­che. En 2004 tenía sembradas 7500 hectáreas de palma aceitera, y actualmente bordea las 10 mil ha. En los cuatro años siguientes seguirá expandiéndose a razón de 1,500 hectáreas anuales.

La concentración vía el mercado de tierras. Puede distinguirse diferentes situaciones: la compra de tierras de pequeños agricultores por empresas agroexportadoras (los mismos departamentos mencionados más arriba, más Ica); el arrendamiento de tierras por las mismas empresas; la adquisición de grandes empresas agrarias por otras empresas agra­rias, notablemente el caso de los complejos agroindustriales azucareros (grupo Gloria en el departamento de La Libertad). Como ejemplo: la empresa Agrokasa posee actual­mente más de 2.6 mil hectáreas. El grupo Romero posee alrededor de 500 hectáreas en lo que alguna vez fue la Cooperativa Agraria Huando, en el valle de Huaral. Según el último censo de productores de espárragos, hay 47 empresas que, en promedio, dedican 280 hectáreas a es cultivo. Como no todas son monoproductoras, la extensión total de muchas de ellas supera largamente ese promedio. La mayoría se encuentran en los valles de los departamentos de La Libertad e Ica. ¿Cuánto hay de capital extranjero en este proceso? Las inversiones extranjeras directas en agricultura – no necesariamente todo en compra de tierras – se sextuplicaron entre 1997 ( 7.7 millones de US$) y el año 2000 (44 millones de US$), cifra ésta que se ha mantenido hasta la actualidad. [4]

La conversión de las cooperativas agrarias azucareras en empresas privadas . Lo notable aquí es la transferencia de la propiedad de los complejos agroindustriales azucareros de las cooperativas de producción – cuyos socios eran los propios trabajadores – a inversionistas particulares. Suman más de 50 mil hectáreas, sobre todo en la costa norte. Son los más grandes terratenientes del país. Mención especial es el grupo Rodríguez Banda, dueños de Gloria y desde hace poco de los com­plejos Cartavio y Casagrande, que suman más de 30 mil hectáreas en un solo valle, Chicama, en el departamento de La Libertad.

Denuncios y concesiones. Los denuncios y concesiones mineras se extienden particular­mente sobre tierras de comunidades campesinas en casi todos los depar­tamentos andi­nos. Sus derechos como propietarias comienzan a ser cuestiona­dos en la práctica por las empre­sas mineras aún antes de la fase de exploración, a través de distintos tipos de pre­sión, económicas y extraeconómicas, para acceder a las tierras. En la fase de explo­tación los comuneros no sólo pierden sus derechos, sino que las tierras pierden su vocación agraria. Según el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, a la fecha los derechos mineros se extienden sobre más de 14 millones de hectáreas.

Los denuncios y concesiones de otras industrias extractivas (petroleras, gasíferas,) en la cuenca amazónica, por su lado, se extienden actualmente sobre________ hectáreas. En cuanto a las concesiones forestales entregadas, suman 7.5 millones de hectáreas, aproximadamente el 10 por ciento de la superficie total de la selva baja y alta. [5]

La producción de biocombustibles. Los estímulos a la pro­duc­ción de biocombustibles (menores precios que los combustibles fósiles, expectativas de exenciones tributarias, subsidios, etc.) están incentivando la formación de grandes planta­ciones princi­palmente de caña de azúcar y palma aceitera. Los complejos azucareros, entre ellos el grupo Gloria y , del que hemos hecho ya mención, dedicarán parte de la producción de caña a la fabricación de etanol. La empresa norteamericana Maple, por su lado, ha adquirido más de 10 mil hectáreas en el valle de Chira para la producción de caña de azúcar para etano, generando desde ya presión sobre la disponibilidad del agua. En el mismo departamento, el grupo Romero dedicará al mismo fin por lo menos 3.5 miles de hectáreas. En la selva, el grupo Romero prevé la expansión del área dedicada a la palma para la producción de biodiesel. El hechizo de los biocombustibles también parece querer apoderarse del programa Sierra Expor­tadora. Su presidente anuncia que se dedicarán 200 mil hectáreas a la canola, para biodiesel. Pero en este caso parece ser más bien un deseo irrealizable.

Turismo. Aunque en escalas menores, también en algunas zonas de gran atractivo turís­tico las tierras agrícolas adquieren un alto valor para ser destinadas a otros usos, pero con fre­cuencia implicando la pérdida de control por los campesinos y agricul­tores. Es el caso del Valle Sagrado (Urubamba), en el departamento del Cuzco, que paulatinamente se está convirtiendo en un emporio turístico con inversiones en ho­teles, albergues, res­taurantes, casas de campo, etc. [6]

Tendencias

Nada indica que estas tendencias revertirán. Antes bien, algunas de ellas están siendo francamente impulsadas por el gobierno [7], otras seguirán el impulso que ha adquirido la agricultura de exportación. Estas desigualdades crecientes en la distribución de la tierra, (que no debe confundirse con un regreso a la situación previa a la reforma agraria, pues el contexto histórico es completamente diferente) deben llamar a preocupación, pues tienden a profundizar las ya notables desigualdades sociales y económicas existentes en el país.

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[1] El censo agropecuario realizado en 1961 indicaba que el 54% de las tierras estaba en manos del 1,2% de las explotaciones agropecuarias, y que tan sólo el 4,3% era controlada por el 84% de las explotaciones.

[2] Ley 26505, "Ley de inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas", promulgada el 14 de julio.

[3] Sobre la evolución de la legislación que estimuló estos cambios, ver Fernando Eguren, "Las políticas agra­rias en la última década: una evaluación". En F. Eguren, M. Remy y P. Oliart, (editores), Perú: el problema agrario en debate. SEPIA X. Sepia/Oxfam, Lima, 2004. También en la Web en www.sepia.org.pe.

[4] Fuente: Preinversión.

http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1744

[5] Antonio Brack Egg, "Opinión sobre el proyecto de ley Otorgamiento de tierras de dominio del estado en la amazonia peruana para fines agropecuarios y agroindustriales ". Lima, 15 de enero del 2007

[6] Aunque no necesariamente se refieran a tierras agrícolas, es expresión de la notable transferencia de los derechos sobre la tierra en proceso en el país la rápida privatización de muchas playas de la costa –algunas de ellas de comunidades campesinas-, tanto en el sur chico como en los departamentos norteños de Piura y Tumbes.

[7] Como ejemplos están las propuestas del Ejecutivo de recortar casi 210 mil hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene para extracción petrolera, de declarar de interés público 20 grandes proyectos de extracción; también, el mantenimiento de los criterios de asignación de nuevas tierras irrigadas a inversionistas grandes y la promoción de la producción de agrocombustibles.