Edgardo Cruzado Silverii

Las fiestas patrias se fueron, tenemos nuevo presidente, las vacaciones se han terminado y cuando el temporal sobre nuestra economía parecía disipado apareció, en el horizonte, el fantasma de una potencial suspensión de pagos de la deuda pública de Estados Unidos. Los mercados internacionales han reaccionado con nerviosismo, las bolsas sintieron el pánico de los inversionistas y los problemas financieros de Europa, en particular España, Italia y Bélgica, se agudizaron. Al momento de escribir esta columna el presidente Obama, junto con los representantes Demócratas y republicanos en el Congreso, anunciaba que se alcanzaba un acuerdo para incrementar el espacio fiscal para el endeudamiento, pacto que asegura hasta las elecciones presidenciales (2013) el cumplimiento de las obligaciones financieras de la mayor potencia mundial.

La amenaza no está muerta, solo anda de parranda. La verdad es que la situación económica de Estados Unidos, con todo lo que implica, abandona la condición de temporal para ponerse a niveles de tormenta eléctrica.. Para Obama, junto al partido Demócrata, la autorización de ampliar el espacio fiscal de endeudamiento debía ser acompañado con mayores impuestos a las grandes fortunas, que permita bajar la presión de la deuda sobre las cuentas fiscales y potencie la capacidad del gobierno para fomentar la alicaída economía americana. En cambio, para los republicanos, la ruta es muy diferente; el gobierno puede tomar más deuda pero la condición, establecida en la negociación, es disminuir el gasto público del gobierno americano en una proporción similar a la nueva deuda.

La economía americana esta fría, sus tasas de crecimiento industrial son bajas y sus niveles de Desempleo altos, el gasto público tiende a disminuir y la administración se está quedando sin herramientas para protegerse del fantasma de la recesión.

Los responsables de nuestra gestión económica tienen motivos para preocuparse, ya sabemos que la crisis en el norte nos afecta de manera impredecible, pero no afecta. También deben preocuparse los responsables de las políticas de inclusión, el escenario no pinta favorable, la economía nos mete miedo y, como en Estado Unidos, los pobres terminan pagando los platos rotos con la disminución del dinero para programas sociales. No tenemos que espantarnos, pero si preocuparnos.

 

Por Edgardo Cruzado
Investigador DESCO

Tenemos 10 años de descentralización, las certezas que deja el proceso pueden ser escasas pero son significativas. Una de las principales es que la descentralización representa, sin miedo a equivocarnos, la principal reforma del Estado peruano en los últimos años, la creación de gobiernos regionales y el fortalecimiento de los gobiernos locales, como operadores directos de las políticas de Estado, no tiene vuelta atrás.

Otra gran certeza, que nace de la experiencia más que de la teoría, es que en el proceso de descentralización las mejores opciones no son blancas o negras, en muchos casos la tonalidad adecuada es gris, resulta de un equilibrio de competencias compartidas, políticas coordinadas y evaluaciones sucesivas que perfeccionan las decisiones tomadas.

El gobierno que sale ha tenido, en esta materia, mucho ruido y pocas nueces. Se limitó a concentrarse en metas numéricas de transferencias de funciones, sin considerar las lecciones aprendidas. Con esta visión, que lo pone todo en blanco o negro, se perdieron los espacios de coordinación, se limitó la institucionalidad del proceso y nos quedamos en el pragmatismo de construir “obras por encargo”.

Pero el rol del Estado no es solo construir, su tarea es proveer servicios públicos de calidad, asegurar un gasto social bien focalizado y promover oportunidades para todos. Sobre esto es poco lo que hemos avanzado. Tres prioridades, a nuestro modesto entender, para la consolidación del proceso de descentralización:

1) Reconstruir una instancia rectora: la Secretaría de Descentralización (PCM) no ha estado a la altura de la circunstancia, para conducir el proceso. Se requiere una instancia pública renovada, con participación de los gobiernos regionales y locales, que promueva una agenda de mediano plazo para la descentralización. Esta instancia debe ser responsable de promover el desarrollo de capacidades en las regiones y localidades, debe identificar los cuellos de botella en el proceso de asignación de funciones y tendrá que promover una articulación de los sectores del gobierno nacional con los subnacionales.

2) Promover una política social compartida y un sistema de focalización eficiente: la experiencia internacional demuestra que la lucha contra la pobreza debe ser prioridad nacional, por tanto es compartida entre los niveles de gobierno. Necesitamos un sistema de focalización de hogares eficiente y eficaz, con mecanismo de actualización permanente y con capacidad de brindar confianza a todos. Los gobiernos subnacionales son los operadores naturales de la política social, lo que no limita el rol rector y promotor del gobierno nacional. La operación del servicio en una ciudad es responsabilidad local, pero asegurar un estándar mínimo para todo el territorio peruano es responsabilidad nacional.

3) Implementar la descentralización fiscal: el componente fiscal de la descentralización es el menos desarrollado del proceso, los gobiernos subnacionales son dependientes de las transferencias de recursos, su espacio fiscal es reducido y su asignación no tiene relación con sus necesidades. Se requiere una nueva ley de descentralización fiscal, que ordene el sistema de transferencias, promueva la innovación y asegure el financiamiento para los departamentos y provincias menos desarrollados.

Edgardo Cruzado

En unas semanas asume el nuevo gobierno y las promesas electorales se tienen que concretar en políticas públicas. En varias intervenciones el ahora presidente electo manifestó que “el canon lo deben pagar las empresas y no el Estado”, esto es lo que repitió en la reunión con los presidentes regionales y ahora se debe concretar en una nueva forma en que se define el canon en el Perú.

Una primera constatación es que el canon existe, con diferente nombre, en Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. En todos los casos, como en el Perú, los gobiernos locales y regionales de las zonas productoras reciben una parte de los recursos fiscales generados por la explotación de los minerales y los Hidrocarburos (petróleo y gas).

Segundo, en la mayoría de países las regiones no productoras participan de parte del canon. En el caso de Colombia lo hacen como parte del Fondo Nacional de Regalías (hoy transformado en fondos específicos) y en Bolivia directamente con una asignación porcentual en el canon total. Entonces, el canon no debe ser solo para las zonas productoras, lo que no implica que el beneficio de las zonas productoras deba ser relativamente mayor que para las zonas no productoras.

Un tercer elemento, relevante para el debate, está relacionado con los tributos que conforman el canon. En la experiencia internacional, de nuestros vecinos y otros países del mundo, el canon se conforma de las rentas asociadas al derecho de utilizar los recursos naturales (en la jerga económica “regalías”). Es verdad que en muchos casos las circunstancias han llevado a definiciones particulares. Por ejemplo, en Ecuador, el gobierno ha disminuido la participación de los trabajadores sobre las utilidades de las empresas extractivas de 15% a 3% y con la diferencia se forma el canon. Ahora bien, en ningún caso el impuesto a la renta es utilizado para la formación del canon.

Entonces, la propuesta de recuperar el impuesto a la renta para el gobierno nacional, que debe financiar los programas sociales y los servicios públicos para todo el territorio nacional, no resulta descabellada. Y bajo la misma argumentación, en el momento que se establezca un impuesto a las sobre ganancias los recursos generados deben ser considerados como parte del canon para las regiones productoras.

Edgardo Cruzado Silverii

El presidente electo, en su visita a Chile, anuncio que desde ese momento se terminaba con la política de cuerdas separadas. Ya no es posible avanzar en el tema económico y comercial, sin enfrentar los problemas de límites o los tratados de inmigración. La verdad es que esto de que la economía puede ir por su camino, sin considerar los resultados que genera sobre el nivel de empleo y los salarios, no es sostenible.

La tarea no es sencilla, las políticas integrales y multisectoriales son complejas, requieren mucha coordinación y planificación. Pero son indispensables. Un caso urgente, donde las cuerdas separadas deben eliminarse, es nuestra política social. Actualmente el Ministerio de la Mujer y de Desarrollo Social es el responsable de la política social, pero no cabe duda que la práctica deja mucho que desear y este ministerio responde por una parte muy pequeña del gasto social.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el responsable de promover el acceso a agua segura en los hogares, la principal herramienta en la lucha contra la desnutrición infantil. Así mismo, el Ministerio de Energía y Minas es el responsable de que las conexiones eléctricas lleguen a los pueblos más alejados, con electricidad la calidad de vida mejora y el potencial productivo de sus actividades aumenta significativamente.

Pero eso no es todo. Uno de los principales programas de lucha contra la pobreza en nuestro país es Juntos, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros. Los servicios de salud y educación, con los que debe trabajar Juntos, dependen de sus respectivos ministerios. En el camino de todas estas acciones se encuentra el Ministerio de Economía y Finanzas, responsable de asignar los recursos entre las entidades públicas y promotor del presupuesto por resultados.

La tarea nos es sencilla, un gobierno elegido para atender a los más pobres tiene que terminar con las cuerdas separadas. Es indispensable la coordinación entre Ministerios, un mecanismo que asegure la participación de los gobiernos locales y regionales y, sin duda, un sistema de planificación que define metas de corto y mediano plazo, que trace un camino seguro en la lucha contra la pobreza. 

Edgardo Cruzado Silverii

El debate en torno al impuesto a la sobreganancias está regresando a la campaña. La semana pasada Keiko Fujimori, durante su visita a Cajamarca, la tierra de la segunda empresa productora de oro a nivel mundial, se manifestó a favor de que el Estado recaude una parte de las grandes utilidades que vienen obteniendo las mineras por los buenos precios internacionales.

Con este anuncio las cosas se ponen parejas. Ambos candidatos han ofrecido recaudar más de las mineras, también ofrecen mejorar la calidad de la educación e incrementar el gasto en salud. La verdad es que propuestas no faltan, entre pensión 65, institutos superiores en cada departamento,  cunas para todos y desayunos escolares, tenemos para llenar un bosque. El asunto es que todas las ofertas, muchas de ellas consistentes con el Acuerdo Nacional, se requieren más recursos para incrementar el gasto público.

En la segunda mitad de los ochenta, el juvenil presidente Alan García, decidió financiar el gasto público con la “maquinita”. La emisión descontrolada de billetes trajo una sucesiva devaluación (cada vez con la misma plata se compraba menos), que nos dejo quebrados y con la inflación por los cielos. En los noventa, luego del shock, el presidente Fujimori vendió las joyas de la abuela para financiar los programas sociales y uno que otro negocio de compra de armas. La verdad es que vendimos en el peor momento, nadie podía asegurar que se terminaría el terrorismo y las “comisiones” se daban en tajada doble. Más temprano que tarde el dinero de las privatizaciones desapareció.

Con varios golpes a cuestas los peruanos hemos aprendido que el tamaño del gasto público está en función de los ingresos generados. La lección la tenemos bien aprendida, en economía no hay lonche gratis. También sabemos que a las empresas, como a las personas, no les gusta pagar impuestos. La actual campaña de las empresas extractivas es una buena muestra. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha financiado sendos estudios para defender su posición. Según la SNMPE sus asociados son los principales contribuyentes del fisco en números absolutos y la carga tributaria de las empresas mineras en muy alta. Como mencionaba Campodonico (www.cristaldemira.com), en un artículo durante la segunda vuelta en el 2006,   “no quieren cambiar nada para que nada cambie”.

I

La historia se repite

La verdad es que el debate por las sobreganancias mineras no es nada nuevo. Durante la segunda vuelta presidencial entre Humala y García, hace cinco años, la propuesta de imponer un impuesto específico a las mineras era compartida por ambos. Los precios internacionales de los minerales venían subiendo vertiginosamente y las grandes empresas, la mayor parte con contratos de estabilidad tributaria, se negaban a acatar el fallo del Tribunal Constitucional que mandaba el pago de regalías mineras. El TC definió que las regalías no son un impuesto, sino una contraprestación (un pago a cambio) por la explotación de un activo propiedad de la nación; por tanto, todo aquel que explota minerales debe pagar al Estado por ellos un precio justo.

La imposición del pago universal de las regalías mineras era parte de la promesa electoral. Ambos candidatos mostraban los altos precios internacionales y las extraordinarias ganancias de las empresas mineras. Ambos ofrecieron un impuesto “especial” para el sector minero, que recupere para el Estado parte de las utilidades de las empresas por los buenos precios de los recursos naturales de la nación.

Terminada la campaña, con el Presidente García en el gobierno, la promesa se la llevó el viento. El gobierno decidió renunciar a más ingresos públicos y firmó, con las principales empresa mineras, un convenio para un “aporte voluntario”, también llamado “óbolo minero”. Las empresas ofrecieron invertir una parte de sus utilidades, casi equivalentes a las regalías que dejaban de pagar, en responsabilidad social. Es decir, las empresas gastaban la plata de todos, a su antojo y según su conveniencia.

II

Lo nuevo del debate

En cinco años mucha agua pasó por debajo del puente y con ella se fueron varios millones. Pero la historia puede ser diferente.

En primer lugar, para sorpresa de todos, esta vez los organismos multilaterales son más radicales que los candidatos. Para el FMI y para el Banco Mundial el pacto fiscal peruano no es adecuado, el Estado debería recibir una parte significativa de las ganancias extraordinarias de las empresas. Es verdad, recomiendan la revisión de la presión tributaria minera para incrementar los recursos pagados al Estado peruano.

Los precios de los minerales siguen por las nubes. Según el Informe Electoral (MEF-PCM) los precios promedios del cobre, plata, oro y zinc de la última década (2001 – 2010) fueron 107%, 106%, 79% y 56%, mayores que los precios promedio de la década anterior (1991 – 2000). Lo que implica que las tasas de retorno de las empresas están por los cielos.

Para muestra un botón. En el caso de Antamina, la mina de cobre de Ancash, la inversión proyectada en 2002 superaba los US$ 2,000 millones y se estimaba una tasa interna de retorno (TIR) de 14%, es decir que los inversionistas recuperarían su inversión en siete u ocho años. La coyuntura internacional cambió todo, los inversionistas recuperaron su plata al año y medio y la TIR se encuentra fuera de cualquier estimado.

Un segundo elemento, novedoso respecto al proceso electoral anterior, son las experiencias internacionales de aplicación de impuestos a las sobreganancias. Los casos más sonados, aunque no los únicos, son Australia, Bolivia y Chile. En el caso de Australia el gobierno establece un impuesto a la renta específico para el sector minero y de hidrocarburos, que se aplicará desde 2012. Bolivia, con el presidente Evo Morales, ha definido una contraprestación plana de 50% para todos los hidrocarburos aplicable desde el 2005. En Chile, a solicitud del Poder Ejecutivo, el Congreso aprueba un incremento en las tasas de regalías y define un marco de negociación para incrementar las regalías de las empresas con contrato de estabilidad tributaria.

III

La tarea por delante

La historia no se puede repetir, están en juego casi S/.4,000 millones anuales, con ese dinero se pueden hacer muchas cosas. Se puede crear un fondo para los departamentos que no tienen canon, se puede definir un fondo intangible para mejorar la calidad de la educación o simplemente se puede guardar para la época de vacas flacas.

Los candidatos deben poner sus cartas sobre la mesa. Explicar la forma en la que aplicarán el impuesto (ya que la oferta de instrumentos es variada), el monto que estiman recaudar y el destino propuesto para esos recursos.

Insistimos, el impuesto a las sobreganancias se cae de maduro.

Edgardo Cruzado Silverii

Abril empieza a despedirse y la campaña se calienta, la semana pasada, en medio del descanso por semana santa, hemos presenciado un carga montón contra la propuesta de establecer una pensión para los mayores de 65 años de Ollanta Humala.

El primer cuestionamiento vino de un ex funcionario del MEF  señalando que la pensión 65 es simplemente inviable. La caja fiscal  no podría soportar la carga que representa este gasto y su aplicación implica incentivos perversos para el sistema contributivo de pensiones.

Este comentario no tiene bases sólidas. Según la Organización Internacional del Trabajo “…existe  un amplio consenso sobre la utilidad de un régimen de pensiones no contributivas como política pública dirigida a mitigar la baja cobertura de los regímenes contributivos, así como, evitar o atenuar las situaciones de pobreza entre los adultos mayores” (“Viabilidad de las pensiones no contributivas en el Perú. Proyecciones demográficas y financieras”, del 2008).

Según la OIT el establecimiento de la Pensión 65, en su propuesta S/.100 mensuales para los adultos pobres,  implica un costo menor al 0.15% del PBI anual promedio desde ahora hasta el 2050. Es decir, su costo es menor al actual Programa Juntos, solo un poco más que el actual gasto público en el programa de vaso de leche y, aproximadamente, menos de un tercio de la reducción del 1% del IGV realizada por este gobierno.

El cuestionamiento también señala que al dar una pensión “gratis”, las personas pierden el interés de asegurarse recursos para su vejez, es decir, la pensión no contributiva genera un desincentivo a aportar. Al respecto, el estudio señala que tampoco es cierto. Una asignación relativamente baja (como son 100 o 200 soles) no representa un incentivo para que los trabajadores eviten aportar para obtener una pensión adecuada para su futuro.

El segundo cuestionamiento, menos enfocado en la propuesta y dirigido a poner en la mesa más miedo que debate, ha sido mezclar pensión 65 con la protección de los fondos privados de pensiones. El objetivo ha sido confundir a los electores, sembrando la duda del origen de los recursos para financiar la pensión 65, diciendo que serían expropiados de los fondos privados de pensiones.

La verdad, como lo dice el informe 99 de la Defensoría del Pueblo, es que el actual sistema de pensiones deja a buena parte de los peruanos. Pensión 65 es una corrección de emergencia y necesaria, pero queda pendiente una reforma a fondo del sistema contributivo, como esta es caro y de baja cobertura. De esto nos ocuparemos en otro artículo. 

Los malabares de la descentralización para la campaña 201

Edgardo Cruzado Silverii

Los procesos electorales son buenos momentos para hacer balances y plantear la agenda. En un mes y medio, en medio de la partida electoral de para presidente y congresistas, se instalará la 3ra generación de autoridades elegidas en gobiernos regionales y locales, desde que se inicio el proceso de descentralización en 2003. Ahora todos los potenciales candidatos, de derecha, izquierda y centro, buscan alianzas que los articulen con los Movimientos Regionales, aquellos que lideran los procesos políticos del interior del país y los actores principales de la descentralización.

Las flamantes autoridades electas gozan, en la mayoría de casos, de una alta legitimidad; que proviene de su capacidad para aglutinar una buena cantidad de votos (pocas regiones, donde no consiguieron pasar el 30%, tendrán segunda vuelta), como por el reconocimiento que han alcanzado las instituciones que conducirán. La capacidad de gasto de los GR y GL crecido, su participación en la inversión pública nacional se ha consolidado y son reconocidos como actores centrales en la definición de políticas públicas para promover la competitividad.

Sin duda, los próximos meses son fundamentales para el futuro del proceso de descentralización. La intensidad del debate, la calidad de las propuestas y el nivel de consenso que se puede alcanzar, permitirán que los nuevos poderes nacionales implementen las propuestas en los primeros 100 días de su gestión.

Siguiendo esta dirección las asociaciones de los gobiernos sub-nacionales (REMURPE, AMPE y ANGR) vienen trabajando con el MEF y PCM, en el Marco de una Comisión Multisectorial, en la formulación de una propuesta de descentralización fiscal, en relación con ingresos, gastos, transferencias y gestión financiera de los gobiernos sub-nacionales.

La Comisión ha identificado un conjunto de propuestas sobre las que se tienen consenso, otras donde existen orientaciones contrapuestas y un conjunto de temas pendientes, que requieren mayor análisis y debate entre los actores.

Entre propuestas y propuesta se puede inferir dos cosas. La primera, el proceso de descentralización es irreversible, cada día el protagonismo de GR y GL será mayor en la gestión de las políticas públicas. La segunda es que es necesario, en el corto plazo, ordenar la estructura institucional, normativa y fiscal del proceso de descentralización.

Para muestra un botón, el caso del canon. Actualmente tenemos 10 transferencias por la participación de GR y GL en las rentas generadas por la explotación de recursos naturales. Estas transferencias han sido definidas por 4 normas diferentes, con sus propias reglas de formación, con diferentes criterios de distribución y con procesos administrativos diversos. ¿No sería mejor tener un marco general?, ¿es posible hacerlo?. No será sencillo, pero es necesario. Enfrentar los profundos desequilibrios por las transferencias de canon exige agrupar y organizar sus partes, integrándola en un sistema articulado.

No se trata de inventarnos todo de nuevo. La descentralización requiere un “nuevo pacto”, que involucre a los diferentes actores involucrados, de los tres niveles de gobierno y los diferentes poderes del Estado. La cancha está marcada, es una oportunidad para ordenar la casa y asegurar que esta reforma, la principal en el horizonte, se evidencie en mejores servicios públicos, mejores políticas o, simplemente, en un mejor Estado.

Edgardo Cruzado

Hoy se inicia el proceso de renovación de alcaldes y presidentes regionales y en unos meses le sigue el nivel nacional con cambios de gobierno y su congreso más.  Nuevas autoridades, ¿pero también nuevas ideas y mejoras en la calidad de vida para los peruanos?

Si relacionar Estado y economía no es una tarea sencilla, más complicado aún, es definir la relación, sana y equilibrada, que debe existir entre política y economía. La mayoría de peruanos consideramos que la descentralización es buena para la economía. Siendo esto verdad, es hora de meterle el diente a aspectos importantes y urgentes en el proceso descentralización. Tanto en la agenda interna, al interior de cada municipio y cada gobierno regional, como en la agenda externa o nacional.

Una descentralización con mejor chorreo

Uno de los principales objetivos del proceso de descentralización, iniciado en 2003, ha sido enfrentar el histórico y apabullante centralismo de la economía peruana. Terrible es constatar, que en siete años de proceso de descentralización el centralismo de la economía peruana no sólo se ha mantenido, sino que hasta se agudizó.

El INEI, en una publicación de julio sobre el PBI departamental, nos muestra que a nivel nacional, es decir, en promedio, el PBI por persona se ha incrementado en 44% en estos años de descentralización (2009 versus 2002). Además, en todos los departamentos la producción por persona ha crecido en este mismo periodo. Y sin embargo, el crecimiento económico no ha disminuido la distancia entre las regiones pobres y las regiones más potentes económicamente, es decir las de la costa y, sobre todo, Lima.

En la experiencia internacional, en procesos más antiguos que el nuestro, se han definido políticas tributarias y fiscales activas para regiones menos desarrolladas. Políticas que buscan promover la convergencia económica, cuando se parte de un fuerte centralismo de la producción nacional, por consiguiente, de grandes disparidades entre regiones. Dejar las cosas en manos del mercado no revierte los procesos de concentración económica, lo esperado es que se agudiza la disparidad.

El gobierno actual empezó prometiendo programas y políticas activas. Sierra exportadora y las exoneraciones tributarias para las zonas andinas; son dos ejemplos emblemáticos. Pero fue mucho ruido y pocas nueces. El resultado, con políticas públicas inexistentes, es la continuidad de la centralización económica.

El gráfico muestra el caso de los 6 departamentos más atrasados. La situación de Apurímac, el departamento con la menor producción por persona, no ha cambiado respecto al resto del país, en siete años de descentralización. En el 2002 cada ciudadano de este departamento producía 73% menos que el promedio de los peruanos. Con descentralización, 7 años después, el peruano de Apurímac sigue un 73% más lejos.

Algo parecido ha pasado con los otros 5 departamentos con menor producción y con aquellos relativamente menos desarrollados. El proceso de descentralización, como está diseñado y en sus condiciones actuales no genera convergencia económica entre regiones.

Incluso hay casos como Huánuco y Puno  donde la brecha no sólo no ha disminuido, sino que se ha incrementado; es decir, hoy se encuentran más lejos del promedio nacional que cuando empezó la descentralización.

La consolidación de la descentralización en el Perú, la principal reforma del Estado, dependerá de la capacidad que tengamos de enfrentar este problema. Las regiones más pobres no pueden seguir siendo pobres, mientras que las regiones con mayores recursos acumulan, cada vez, más recursos.

Las nuevas autoridades, en municipios y regiones, además de asumir sus responsabilidades al interior de sus territorios tendrán que aportar a sostener este proceso de descentralización. En el corto plazo se requiere revisar las competencias de los diferentes niveles de gobierno, definir los aspectos fiscales de la descentralización y constituir espacios de diálogo entre los niveles de gobierno.

Y sobre la marcha, no es posible esperar más. Debemos definir, junto al nuevo Congreso y el Poder Ejecutivo, una política de fomento de la equidad territorial. Las regiones más pobres, además de concentrar la población con mayores necesidades, son las que tienen problemas para activar su crecimiento.

El centralismo económico peruano es un problema nacional. Y, por tanto, requiere políticas nacionales, que ataquen las trabas estructurales que tienen las regiones menos favorecidas para lograr mejores niveles de vida para sus ciudadanos.

Edgardo Cruzado Silverii Economista

El Poder Ejecutivo, como todos los años al final del día de Santa Rosa de Lima, en el plazo máximo que otorga la ley, ha enviado al Congreso el proyecto de ley de presupuesto del próximo año. Ahora empieza la negociación sobre la mesa para su aprobación en diciembre.

Todo ciudadano puede acceder, gracias a la internet y la Ley de Transparencia, al proyecto de ley de presupuesto 2011 en el portal del Congreso (http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf)

Aprovechamos está columna para compartir nuestras primeras impresiones sobre lo bueno, lo malo y lo feo del proyecto.

“Lo bueno”, el presupuesto mantiene la prudencia fiscal, la “fiesta electoral” por las elecciones presidenciales del próximo año no cuenta con niveles de gasto que puedan poner en peligro la estabilidad macroeconómica del país. “Lo malo”, el proyecto refuerza el centralismo en el control de los recursos públicos. La participación del gobierno nacional, en el total de recursos, se incrementa sustancialmente respecto a gobiernos regionales y locales.“Lo feo”, fuera de iniciativas puntuales el grueso del gasto público del Perú sigue siendo inercial, no responde a criterios u objetivos consensuados y, por consiguiente, no podemos saber, en la mayor parte del presupuesto, si gastamos bien o mal.

Veamos:

1. El presupuesto 2011 se incrementará en S/.6,600 millones, es un 8% más de lo que tenemos programado para este año y no es poca plata. La meta es mantener un déficit fiscal prudente, gastaremos un poco más que los ingresos proyectados; pero sin poner en peligro la estabilidad macroeconómica. Los nuevos recursos se destinan tanto para gasto de capital (4 mil millones) como para gasto corriente (3 mil millones) y se disminuye, haciendo reprogramaciones, el pago de la deuda del Estado (-600 millones).

2. Los recursos para el gobierno central se han incrementado mucho más, en estos cinco años de gobierno, que para los gobiernos regionales y municipios. Por cada S/.100 del gobierno central en 2007 se le asignan en el proyecto S/.147 (un incremento del 47%); mientras que a los gobiernos locales, por S/.100 soles asignados en el 2007 solo se le asignan S/.116 en el proyecto para el 2011 (incremento del 16%).

3. Entre 2007 y 2011 el presupuesto se habrá incrementado en casi S/27 mil millones, un poco menos del 50%; sin que las iniciativas públicas para asegurar que esos nuevos recursos, y los que ya se venían utilizando, sean destinados con equidad en el territorio nacional, con calidad y en relación con las prioridades de los ciudadanos. Sobre esto es muy poco lo que hemos caminado.

Por suerte quedan 4 meses para hacer ajustes y en año electoral la cosa es complicada. ¿De dónde sale la plata para las ofertas electorales?, ¿dónde deben ir los S/.3,800 millones que se incrementa el gobierno central?; ¿se gastarán en el primer semestre del 2011 o son recursos para la siguiente gestión?

Hagan sus propuestas (y apuestas). 

Eduardo Cruzado

Este mes se cambiaron los criterios aplicados para asignar el Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN (Decreto Supremo 060-2010-EF). Este fondo es la principal fuente de financiamiento de los municipios. A diferencia del canon, la fuente con mayores recursos, que se concentra en las 6 regiones de mayor explotación minera y de hidrocarburos, el FONCOMUN se reparte entre todas las municipalidades del territorio nacional.  Son más de tres mil millones de soles, que representan 5% del total del presupuesto público, y para algunas municipalidades, las más pobres según REMURPE, puede llegar a representar el 90% de los recursos con los que cuentan.

Un primer cambio es que por fin se utilizarán los datos oficiales actualizados de población. Desde finales del 2006 el INEI cuenta con información actualizada, pero por una cosa u otra no se venía utilizando.

El segundo cambio está vinculado a los criterios para asignar los recursos. Se hace en dos pasos. Primero se define una asignación territorial entre las provincias (en la actualidad 194). Aquí se ha reemplazado el criterio de tasa de mortalidad infantil por tasa de población sin servicios de agua, energía eléctrica y desagüe. Esperemos que el INEI pueda entregar información consistente y actualizada para este indicador a nivel de provincia. En un segundo paso, definido lo que corresponde a cada territorio provincial, se determina la asignación para cada una de las municipalidades que la conforman. Para esto se han agregado al criterio de población unos asociados con gestión municipal y dimensión territorial; vale notar que la varianza de ambos criterios es baja cuando se toma al interior de las provincias.

Los cambios en los criterios de asignación del FONCOMUN no son significativos. Podríamos decir que su principal logro ha sido dejar las cosas como estaban. Incluso la norma asegura que ningún municipio recibirá menos de lo que venía recibiendo. Se trata de una salida inteligente para un último año de gobierno, mejor no pelearse con nadie y dejar las cosas como están.

Sigue pendiente definir reglas transparentes y consistentes para el conjunto del financiamiento de gobiernos locales y regionales. Tarde o temprano debemos enfrentar la inequidad generada por la distribución del canon, incluso entre provincias del mismo departamento. Es necesario aproximar el financiamiento a la recaudación, que las poblaciones vean que una parte de los impuestos que pagan regresan en sus presupuestos municipales.

La descentralización fiscal no es sencilla, implica hacer cambios y definir prioridades. Este gobierno, que ya está terminado, no quiso asumir la tarea; solo se acordó del tema para los discursos de fiestas patrias. 

Tenemos material para el debate electoral de cara a las elecciones de noviembre.

Edgardo Cruzado Silverii; Economista

El objetivo central de la descentralización es aproximar el Estado a sus ciudadanos. La idea es que las instancias de gobierno más cercanas, municipios y gobiernos regionales, tengan más competencias, más recursos y, con ellos, puedan responder a los ciudadanos a los que representan, en los espacios territoriales que se encuentran bajo su responsabilidad.

En esta línea un Estado centralizado es menos eficiente, porque está obligado a simplificar y tiende a homogenizar, no pudiendo aprovechar la diversidad. El caso es que el Perú sigue siendo un Estado muy centralizado, sobre todo cuando de recursos se habla. Y esta situación se agudiza con el lanzamiento de losprogramas de incentivos a las municipalidades realizado por el gobierno central.

En nuestro país el MEF mantiene el poder de asignar la plata para cada uno de los 1,834 municipios, no importa si es un pequeño municipio rural de Junín, uno de las playas del sur de Lima o un municipio de la selva de Madre de Dios. ¿Y cómo puede hacer esto? El MEF define un conjunto de formulas para todo el país, que alimenta con variables que pueden ser expresadas en números y que existen para todos los municipios.

Las particularidades regionales y las visiones de desarrollo local no son relevantes para un sistema que homogeniza. Las cosas se hacen de arriba hacia abajo. Hacerlo de abajo hacia arriba, como debería ser en un proceso de descentralización, le quitaría la discrecionalidad que el gobierno central quiere mantener y que viene incrementando.

Este año, el presupuesto de los municipios ha disminuido en S/.2,500 millones. Como compensación se definieron dos programas de incentivos por S/.1,300 millones (13% del presupuesto total de los municipios). Su aplicación es una evidencia del mayor centralismo de la presente gestión.

A inicios del año se definieron las reglas de juego del Programa de Modernización Municipal (DS 002-2010 EF) y del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (DS 003-2010 EF). Para operarlo se ha organizado a los municipios en dos grupos: de ciudades principales que son 249 (40 de tipo A y 209 de tipo B) y los otros, que son 1,585, diferenciados entre los que tienen más de 500 viviendas urbanas (555 municipios) y menos de 500 viviendas urbanas (1,030 municipios). Para cada uno se definen metas a cumplir para conseguir el dinero del MEF: recaudación, inversiones, desnutrición, simplificación de trámites y apoyo a los negocios.

Las metas, por ser “objetivas” y aplicables para todos, resultan inadecuadas para alcanzar los objetivos de los programas. Por ejemplo, 1,030 gobiernos locales, 56% del total nacional, reciben las mismas metas sin importar su perfil productivo o los intereses de sus ciudadanos. En la práctica cualquier mecanismo de incentivos aplicado desde Lima, sin considerar las particularidades de cada región y gobierno local, será general e inadecuado para todos.

Una primera propuesta, para empezar el debate, es abandonar la distribución homogénea. Que cada región, como se hace en otros países, defina los criterios para la asignación de los recursos de los programas de incentivos en función de sus propias prioridades. ¿Por qué no?

Principal

Edgardo Cruzado Silverii
Hay quienes huyen o se tapan los oídos al escuchar la palabra economía, no solo porque últimamente no le vaya muy bien, sino sobre todo porque los términos y las explicaciones alrededor de la economía son comúnmente inentendibles. En este artículo no trataremos de explicar el fondo de esta dificultad, pero sí queremos sustentar que cuando hablamos de la economía del país, en realidad hablamos de varias “economías”, la suma de muchas partes que en conjunto representan un total, pero es un termómetro del momento que no recoge la diversidad.
Conocer la diversidad es importante cuando queremos saber ¿hacia dónde camina la economía peruana? Y dentro de esta, ¿cuál es el futuro de mi región? Claro, antes tendremos que saber ¿dónde estamos?
Esta semana el Banco Mundial ha presentado en Lima su Informe sobre el Desarrollo Mundial (2009) que ha denominado “Una nueva geografía económica” (www.bancomundial.org.pe). En el estudio se describe, con muy buena información, y muchos mapas coloridos, la foto actual: “la mitad de la producción mundial se da en menos del 5% de la superficie terrestre del mundo”. Conclusión. Hoy día, al resto del planeta (el 95%) le queda muy poco.
Hasta aquí, no hay mucho de nuevo, todos sabemos que unos cuantos países, llamados “desarrollados”, explican la mayor parte de la producción y el consumo del mundo. Sin embargo, el informe se ocupa de mostrar que la polarización se repite al interior de la mayor parte de países, desarrollados o no. Una parte pequeña del territorio de cada país concentra la producción y deja para el resto muy poco; esto se repite al interior de las regiones. Esta “foto” es similar no importa si se trata deEstados Unidos, Japón, China, África o América Latina.
En nuestro país la ciudad de Lima concentra, además de buena parte de la población del país, la mayor parte de la producción. La diferencia con Arequipa, Trujillo y Piura es inmensa, y mucho mayor si la comparamos con Sicuani, Chachapoyas, Sechura o Yauyos.
Mas allá de la foto actual es necesario saber ¿qué es lo que nos ha llevado a esta disparidad territorial? Y, mucho más importante, ¿hacia dónde estamos caminando? Y ¿hacia dónde queremos ir? Estamos incrementando la disparidad? ¿La estamos logrando reducir? En este punto los economistas tenemos, entre nosotros, diferencias sustanciales.
El Banco Mundial, en su informe, cita una serie de casos donde fracasaron los intentos por disminuir la concentración económica; concluyendo que es mejor dejar al mercado funcionar y reconocer que la concentración económica territorial es “natural”. La sierra y la selva, con menor concentración de población, mayor distancia de los mercados y con mayores particularidades (lingüísticas y culturales, entre otras), deberán comprender que el desarrollo, hoy y en el futuro estará en la costa y en Lima. Yo creo que esta conclusión es, por lo menos, discutible.
También lo piensa la Unión Europea, a los que el gobierno aún no incluye como parte del complot internacional. Desde 2006 la Unión Europea estableció que el 30% de su presupuesto estará destinado a las regiones donde la producción promedio (PBI) por persona sea menor al 75% del promedio de todos los países que la conforman. A esto los europeos le denominan Políticas de Convergencia Regional.
Esperemos que estas alternativas y no solo parches a la política al continuismo sean parte del debate de las Mesas para ver los temas andinos y amazónicos. No podemos partir del “modelo bueno” y el “modelo malo”, pero no estamos de acuerdo con lo que el modelo actual ofrece para la sierra y la selva. ¿Usted sí?
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Edgardo Cruzado

Haga click en la imagen para ampliar la imagen. Los problemas por la mala distribución del canon entre Tacna y Moquegua generaron una crisis anunciada casi un año antes. Nadie puede explicar por qué el gobierno, en particular el Ministerio de Energía y Minas, utilizaba un índice de distribución que nada tenía que ver con el valor del material extraído en cada departamento. Son cosas del Orinoco, que tú no sabes y ellos tampoco. El problema se podía solucionar con un decreto supremo, una norma administrativa que esta en la cancha del ejecutivo, y que cambiaría una mala práctica que desvirtúa el espíritu y la lógica de la Ley de Canon. A diferencia de lo que pasó con el canon, donde el gobierno jugó al muertito, en el caso de los puertos se jugó a la ofensiva. Se ha modificado, de raíz, el marco legal vigente. La Ley de Puertos data de marzo del 2003 (Ley Nº 27943) y se había reglamentado en febrero del 2004 (DS 003-2004-MTC); en estas normas se definía la orientación de la política portuaria y se establecía una nueva institucionalidad, con el establecimiento de la Autoridad Portuaria Nacional-APN Autoridades Portuarias Regionales – APR. Además, entre las primeras medidas se estableció la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Portuario, aprobado en marzo del 2005 DS No 006-2005-MTC, donde se desarrolla la estrategia portuaria nacional, con el objetivo de ordenar y coordinar la modernización y sostenibilidad del Sistema Portuario Nacional. Parece que esta estructura legal no era suficiente para agilizar y facilitar los procesos de privatización en curso, entonces decidieron saltarse todos los requisitos y utilizar las competencias legislativas delegadas por el Congreso. Se ha decidido poner el acelerador a los procesos de privatización de Paita y Pisco en el corto plazo, para luego ocuparse de Salaverry e Ilo. Nadie puede estar en contra de la modernización de nuestros puertos, por el contrario. Por ejemplo, los exportadores de mango de Piura este año han incrementado nuevamente su volumen exportado de fruta fresca, han superado las 80 mil toneladas del 2007 y consideran importante que mejore la competitividad de sus servicios de exportación. Pero, ¿quién le ha dicho al gobierno que esto pasa principalmente por privatizar el puerto? En Chile, los productores han logrado una sociedad con su política portuaria nacional, que potencia sus negocios. A los puertos regionales les falta mucho más que un nuevo dueño. Los clientes del puerto de Paita, importadores y exportadores, los de ahora y los de mañana, tienen una agenda para el puerto. Cómo hacemos para que su administración guarde sintonía con ellos, potencie los negocios de la macro región norte y no se oriente sólo a maximizar las utilidades de un operador. Paita es el segundo puerto del país, moviliza más de 100 mil contenedores y en total traslada más de un millón de toneladas anuales. Sin embargo, las frecuencias de las naves siguen siendo muy pocas, en promedio se tiene solo un barco por día, los servicios asociados están poco desarrollados y la poca seriedad de las agencias de aduanas asustan a cualquier exportador. Celebramos que en el caso de los puertos, a diferencia del canon y la descentralización fiscal, tenemos un gobierno con las pilas puestas. Es crucial, sin embargo, que los más interesados en un puerto más competitivo, aquellos que vienen produciendo y exportando y cuyo comercio quiere promoverse, encuentren reflejados sus intereses en las políticas. No vaya a ser como con Moquegua, donde la sensación fue que los locales son la última rueda del coche y solo importa el gran capital. Tener puertos más competitivos es mucho más que una venta por cerrar. Este artículo también lo puede leer en http://aeperu.blogspot.com

Actualidad Económica

Canon para el que corresponde ¿PARA QUIÉN?

Edgardo Cruzado
Economista
La distribución del canon, la principal fuente de financiamiento de gobiernos regionales y municipios, en los departamentos donde existe minería, gas y petróleo, se mantiene en el debate. En este diario, y en otros, se han publicados notas sobre el desequilibrio existente en la asignación de estos recursos, tanto entre departamentos como al interior de los departamentos, entre las provincias y los distritos.
¿De dónde sale esta distribución?, ¿por qué resulta "injusta"? Antes de aventurarnos a dar una respuesta recordemos que el canon representa una conquista de las sociedades regionales donde se extraen los recursos naturales. Se origina como una asignación "especial" para los departamentos productores de petróleo, Loreto en un inicio y Piura después; se trataba de una compensación por la extracción. La misma debía ser entregaba a los departamentos productores para aportar en su desarrollo sostenible; es decir, se regresaba parte de la riqueza natural extraída, como financiamiento de inversión pública.
Luego de establecer el canon petrolero se han añadido los canon minero, pesquero, gasífero, hidroenergético y forestal. Para cada uno se definió una fuente de recursos específica de lo que recauda el Estado por la explotación del recurso (regalías, impuesto a la renta u otros) y la proporción que corresponde a la región productora. Por ejemplo, en el caso minero corresponde 50% del impuesto a la renta, en el caso del gas es 50% de las regalías y 50% del impuesto, y en el caso del canon pesquero es 50% de la recaudación por derechos de pesca y 50% del impuesto a la renta de las empresas pesqueras.
Entonces, lo que tenemos es una "norma plana". Se ha establecido una proporción fija de recursos sin importar el nivel de riqueza de la mina o el pozo petrolero explotado, para la distribución al interior del departamento no se considera si este se encuentra dividido en muchos gobiernos locales o en pocos, si los gobiernos locales y el gobierno regional tienen muchos recursos o pocos; tampoco se considera la capacidad de los gobiernos locales y regionales para gestionar la cantidad de recursos que le corresponden durante un año determinado, entre otros.
En la experiencia de otros países se tiene un menú de alternativas; estas van desde el establecimiento de un canon para las zonas que no son productoras directamente, la definición de topes máximos de los recursos que pueden ser asignados a cada entidad hasta la definición de fondos de estabilización o fondos intergeneracionales cuando las rentas de los recursos naturales son extraordinarias.
Y nosotros ¿Cómo podemos enfrentar esto? Se debe partir de reconocer que no existe una sola respuesta, ninguna medida será inocua y, en todos los casos, se debe negociar. Esta es una oportunidad para definir un sistema de asignación fiscal que reconozca las diferencias entre departamentos, y la diversidad al interior de los departamentos, somos un país diverso y esa debe ser la base sobre la que se deben tomar las decisiones.
El Congreso de la República ha dado un primer paso, frente a más de 30 proyectos en cartera para modificar la Ley del canon, se ha formado un Grupo de Trabajo multipartidario para debatir una propuesta integral. Queda pendiente extender este debate a los actores involucrados, a las empresas que son partidarias de concentrar los recursos en las zonas donde están produciendo, a los ministerios involucrados que representan los intereses del gobierno nacional (especialmente Economía y Energía y Minas), a los propios gobiernos sub nacional, productores y no productores, y a la ciudadanía en general.

Edgardo Cruzado Silveri.
Economista.
La prueba de selección de maestros para los colegios del Estado ha confirmado la seriedad del problema en la calidad de la educación pública. Con el ánimo de profundizar en el debate, nos preguntamos si el Estado gasta más en educación o no y, en todo caso, qué tan bien gasta.
El gobierno de Alejandro Toledo ofreció duplicar el salario de los maestros, en cinco años. Así, buena parte de los recursos adicionales que recibió Educación se destinó a los salarios de los profesores. Se trataba de una medida necesaria y urgente, los maestros peruanos eran, y siguen siendo, los empleados públicos peor pagados. No se podía empezar ninguna reforma si el salario de los maestros no mejoraba. Hoy los salarios no son buenos, pero son mejores que hace un lustro.
El gobierno del presidente García también incrementó los recursos para educación, pero orientándolo a otros fines. Ahora, la prioridad son los "programas nacionales": de Infraestructura Educativa (para mejorar escuelas), de Alfabetización, de Educación Básica para Todos (mejora de materiales de las escuelas) y de Formación y Capacitación Permanente (capacitación de profesores). Durante el año 2007, el presupuesto del sector Educación se incrementó en S/. 965 millones con respecto al que aprobó el Congreso a finales del 2006; estos recursos nuevos se destinaron en su mayoría a estos programas. (Reporte Nacional 14 de Vigilancia del Proceso de Descentralización del Grupo Propuesta Ciudadana; página 10).
¿Saludable? Sin duda. Aunque mirándolo en detalle, ni tan beneficioso como podría ser, ni tan consecuente y cercano al discurso que maneja el gobierno. Empecemos por lo segundo. Básicamente esta estrategia es contraria a lo que se dice en el discurso. El actual presidente, como candidato, primero, y como presidente, ofreció una guía a seguir en Educación que permitía abrigar ciertas esperanzas sobre el futuro del sector. Los ejes fundamentales fueron: profundizar la descentralización, traspasar el 100% de las funciones y competencias a los gobiernos regionales y municipalizar la educación (algo que también ofreció para Salud). Sin embargo, ya pasado un tercio del actual mandato, vemos que las medidas presupuestales adoptadas por el gobierno de García contradicen los objetivos inicialmente planteados. Los recursos extras que tiene educación, los maneja y controla el gobierno nacional.
Sin lugar a dudas se requiere de inversiones para mejorar el servicio educativo del Estado, más allá del aumento de sueldos. Pero conseguir resultados no solo depende de mayor presupuesto, es importante tener claro el objetivo, las metas, los resultados esperados y la metodología, aspectos ausentes en la política que lleva adelante el gobierno.
Podríamos discutir sobre objetivo y metas, pero todo esto es en vano si la metodología está viciada. Es muy probable que no se logren los objetivos si se concentra el presupuesto en Lima; hacer capacitación docente, alfabetizar o construir escuelas en Madre de Dios, en Puno o en la sierra de la Libertad desde la capital es caro e ineficiente. Se requiere coordinar entre niveles de gobierno y definir indicadores de resultados en calidad.
¿Quién le pone el cascabel al gato? Nos hace falta una política educativa transparente y que se respete. El Acuerdo Nacional empezó definiendo prioridades hace varios años, el Consejo Nacional de Educación (CNE) ha preparado un plan nacional y, en cada departamento, los Consejos Regionales de Educación (COPARE), presididos por los Directores Regionales, han elaborado sus Planes Regionales de Educación. No se puede hacer borrón de lo avanzado y regresar al centralismo inoperante.
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Escribe Edgardo Cruzado Silveri

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La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha presentado una propuesta de descentralización fiscal, elaborada por una consultora especializada (“La descentralización fiscal en el Perú” INDE Consultores – www.participaperu.org.pe). El objetivo central es definir reglas fiscales transparentes y predecibles sobre los recursos destinados a los gobiernos regionales, lo que disminuye el alto margen de discrecionalidad del Gobierno Central, en particular el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para decidir cuánto les asigna y a qué gobierno regionales le da más y a cuáles menos.

La propuesta es neutra fiscalmente, pues no solicita más recursos de los que ya reciben los gobiernos regionales en conjunto (25% de los ingresos tributarios). Es directa y clara: cambiar el enfoque. Actualmente la principal fuente de recursos son las “transferencias presupuestales”; se plantea cambiar a un esquema en que exista una “coparticipación en los ingresos fiscales”. La iniciativa también es simple, no se plantea crear un nuevo sistema de recaudación o fragmentar la SUNAT en 24 entidades.

¿La descentralización fiscal está en la agenda del gobierno central? La respuesta es no. Para el gobierno, el tema es irrelevante e incluso ocioso. En su discurso de Fiestas Patrias, el presidente Alan García mencionó que 70% de los recursos para inversión está en gobiernos locales y regionales, por lo que la descentralización de los recursos es un hecho y muestra la voluntad descentralista del gobierno de turno. En realidad, la cifra no es exacta: solo considera parte de las entidades del gobierno nacional e ignora, a propósito, que parte de la transferencia adelantada de canon minero son recursos correspondientes al 2008.

Cifras mayores o menores, el tema de fondo es que esta descentralización ‘oficial’ no es real. En primer lugar, hay más recursos en municipalidades y en gobiernos regionales, por el incremento del FONCOMUN y el CANON, transferencias que ha realizado el MEF por obligaciones legales pre- existentes y no por voluntad del gobierno actual. Sin embargo, estos recursos, en particular el canon, están concentrados en seis departamentos y, por tanto, lo que parecen mayores recursos para todos son sólo para algunos. En segundo lugar, no solo de inversiones viven los pueblos, una buena parte de los gastos de los gobiernos regionales es pago de las planillas de maestros y personal de salud, y nadie puede negar que sean gastos prioritarios. Actualmente existe una gran inequidad entre departamentos para los gastos en educación y salud, la brecha entre los que más reciben y los que menos reciben es significativa, y son los departamentos más pobres los que tienen menos recursos. Mientras se mantenga la inercia presupuestal, sin descentralización fiscal, no enfrentamos las disparidades existentes entre regiones pobres y ricas.

La mesa está servida. Las autoridades regionales tienen una propuesta sobre cómo hacer una descentralización fiscal. Empezar el debate asegura que dejemos de negociar en el Congreso pequeñas obras y dejarle a la Comisión de Presupuesto los temas de fondo en las finanzas públicas; dejar de lado la proliferación de abultados créditos suplementarios asignados como se le ocurra al gobierno y, finalmente, que los gobiernos regionales y locales sean los verdaderos responsables de la gestión pública de sus departamentos, con reglas fiscales simples y transparentes.