Armando Mendoza

Con cada día, se hace más evidente que hemos entrado a un periodo de volatilidad financiera y desaceleración económica global; y que con la reciente reducción del rating crediticio de los EE.UU., se ha iniciado una reacción en cadena de consecuencias impredecibles. En estas circunstancias; es bueno hacer memoria y rescatar las lecciones de la pasada recesión del 2009 para la política económica; no sólo sobre lo que se debe hacer, sino también; y en particular; sobre lo que no se debe hacer.

-1ro. No asumir que estamos “blindados”

Si algo deben evitar los ejecutores de la política económica, es caer en el triunfalismo barato del 2008-2009; cuando, ante las crecientes señales de desaceleración económica, el gobierno proclamó que “estábamos blindados”, perdiéndose un tiempo valioso en reaccionar ante la crisis.

Por supuesto, la realidad dejo en claro que no estábamos para nada “blindados”, pues la economía se desaceleró brutalmente en el 2009, con un crecimiento casi nulo del PBI (0.9%), que, en opinión de más de un conocedor, en realidad fue un decrecimiento real.

Ojala esta vez dejemos de lado las declaraciones bombásticas, y se asuma con realismo y responsabilidad (pero, sin histerias) que vamos a ser impactados y es necesario tomar medidas al respecto.

-2do: Aplicar el sentido común

Si alguna lección podemos extraer del pasado, es que la respuesta estatal debe basarse en el sentido común. Es decir: ante una desaceleración económica y contracción de la inversión privada, la respuesta debería ser expandir el gasto público para alimentar el crecimiento. Así de simple.

El problema es que esta lección a veces se olvida. Justamente eso pasó en el 2008, cuando ante las señales clarísimas de recesión, el entonces Ministro de Economía, Valdivieso, salió con la peregrina idea de “modular” el gasto público, contrayéndolo; es decir, el equivalente a querer curarse la gripe bañándose en agua helada.

Ojala, esta vez prevalezca la sensatez y se apliquen políticas contracíclicas. En ese sentido, la rápida implementación de algunas propuestas del gobierno; tales como la pensión 65 o la expansión de Juntos; podrían tener un beneficio secundario: contribuir a incrementar la demanda interna y moderar la corriente recesiva.

-3ro. No posponer las reformas

En la presente coyuntura, sin duda más de uno saldrá a pescar a río revuelto, proclamando que no es el momento de hacer olas, y, por ello, hay que archivar el impuesto a las sobreganancias mineras, suspender la renegociación de los contratos de Camisea, patear para adelante la reforma laboral, etc., etc., etc.

No caigamos en esa trampa. Justamente en coyunturas como la actual debe tomarse conciencia de la necesidad de tener bases sólidas para nuestro desarrollo económico y social; y, por ello, hay que avanzar en la reforma tributaria, la reforma laboral, el proceso de descentralización, la revisión de la política comercial, entre otros temas críticos que no debemos posponer.

En suma, estamos en un periodo que exige un manejo firme y responsable de la política económica; pero que ello debería ser un acicate para el cambio; porque una crisis, bien administrada, puede ser una oportunidad; y esa es una lección que vale la pena recordar.

 Armando Mendoza

Suena el teléfono: es un viejo amigo de la universidad, perteneciente al sector de los “emprendedores” (adjetivo huachafo a más no poder), quien la ha hecho linda con el boom constructor. Se araña porque no ganó Keiko; “que garantizaba  estabilidad y crecimiento”; y me pregunta si de verdad esta vez se jodió el Perú, Mendozita; y es hora de hacer maletas y chapar su visa para un sueño antes que le estaticen la empresa.

El angustiado emprendedor también quiere saber porque en un país con tasas de crecimiento tan altas, con indicadores económicos en positivo, y donde el consumo y la riqueza se expanden, puede haber tanto cuestionamiento al “modelo”, y si eso es producto de una conspiración comunista. Bueno, le aclaro algunos puntos a mi amigo (y de paso a tanto neoliberal en crisis existencial), porque, si, pues: el “modelo” tiene serios problemas y limitaciones estructurales, porque crecimiento no necesariamente empata con desarrollo, y requerimos reformas sustanciales.

Le explico a mi amigo que no pues, que el tan mentado auge no ha beneficiado a todos; que en algunos aspectos se han exacerbado las desigualdades, y persisten el atraso y la marginalidad. Le mando un grafiquito del PBI per capita por regiones, para que entienda que aunque a él le va bien, en regiones como Apurimac o Huanuco la prosperidad no es tan evidente. Le explico que Perú no puede seguir siendo un ente esquizofrénico; donde coexisten Suiza y Biafra; y que el país no termina en el kilómetro 97.5 de la Panamericana Sur doblando a la derecha.

También le explico que ser “competitivo” en base a pagar un ripio a sus trabajadores ya fue, que del “cholo barato” debe evolucionar al “cholo bien pagado y altamente productivo”, y que debe invertir en la capacitación de su mano de obra. Igualmente, le explico que apostar nuestra prosperidad al crecimiento continuo de la demanda por materias primas y que los altos precios internacionales continúen, es peligroso;  y que es hora de establecer una estrategia de desarrollo sostenible en serio, para cuando la mina se cierre y el pozo se agote.

Le explico que en este proceso es indispensable fortalecer y modernizar al estado. Que es una vergüenza que el Perú tenga una incidencia de tuberculosis cercana a Haití, que no  podemos seguir con un sistema educativo tercermundista, y que la inseguridad ciudadana nos cuesta 5.1% del PBI al año, según estima el BID. Es hora de tener una policía, un sistema de salud y una educación como la gente. Pero eso cuesta, así que hay que ser concientes, meterse la mano al bolsillo aunque duela, y pagar impuestos; apóyame, varón.

Finalmente, le explico que no se asuste, que si algo queda de estas elecciones es que el Perú voto por el cambio, y que mal haríamos en permitir que el escepticismo y el miedo nos controlen. Le explico que hay una natural preocupación, pero que la economía esta firme, las perspectivas son bastante buenas, y que al final un Perú más inclusivo, con oportunidades para todos, será mas estable, productivo y prospero, con  lo que el también se beneficiara. Así que, chochera, tranquilo no más.

Ante tanta belleza, dos preguntitas necesarias

Armando Mendoza

En este periodo electoral, cuando abundan las promesas y las declaraciones de elevados objetivos; tales como reducir a cero la desnutrición infantil o erradicar la pobreza extrema; los ciudadanos haríamos bien en hacer dos preguntitas: eso, ¿quién lo hará?, y; más importante aún; ¿cómo se pagará?, porque, salvo mejor parecer, será el tan vilipendiado Estado el llamado a asumir las responsabilidades, dada la íntima relación que existe entre presencia estatal y desarrollo económico y social.

En ese sentido, el reporte de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano en el Perú para el 2009, indica que la presencia estatal es clave para el desarrollo local, pues si graficamos las 10 provincias (excluyendo aquellas que, como Lima o Arequipa, son capital regional) con los valores máximos y mínimos en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), se encuentra que provincias con valores mínimos de IDH (puntos rojos) registran baja presencia estatal, en tanto que provincias con valores máximos del IDH (puntos azules) registran elevada presencia estatal. En cristiano, eso significa que en provincias pobres (como Datem del Marañon, Pachitea o Paucartambo) el Estado está menos presente que en provincias prosperas (como Ilo, Chincha o Santa).

¿Casualidad?. Las provincias más pobres son también aquellas donde menos presencia del Estado hay

Sin entrar a una discusión del tipo “que-fue-primero-el-huevo-o-la-gallina”, se puede decir que la acción estatal; a través de programas y proyectos de inversión; más allá de inconvenientes y deficiencias, contribuye sustancialmente al bienestar y al desarrollo de la población, garantizando derechos y creando oportunidades. Por ello, en un país como el Perú es fundamental el fortalecer al Estado, modernizándolo, reformándolo y fortaleciéndolo; lo que implica aumentar la tributación.

Lógicamente, muchos se erizan ante la idea de elevar la tributación, pero no se puede hacer tortilla sin romper huevos, pues pretender un país desarrollado sin un Estado fuerte y bien financiado, es buscar la cuadratura del círculo, o querer meterse al mar sin mojarse; ¿no funka, manyas?. ¿Ó podemos tener buena educación pública, salud de calidad, etc. que sean gratis?. Necesitamos una reforma tributaria que eleve la recaudación por encima del 19.5% del PBI, a menos que creamos que los patrulleros y ambulancias corren con agua bendita, que policías y enfermeras viven del aire, y que a los pacientes se les cura no con medicinas sino haciéndoles piojito.

Sin más ingresos tributarios, no tendremos un Estado que ejerza soberanía efectiva sobre todo nuestro territorio y atienda adecuadamente a la población. Así que cuando escuche hablar de desaparecer la desnutrición infantil o erradicar la pobreza, pregunte quien lo hará y como se pagará tanta belleza. Sí el candidato/candidata no sabe que contestar, se va por las ramas, o responde algo como “la plata está, es sólo cuestión de gastarla bien”; bueno, pues, ya sabe que ahí tiene a un demagogo/demagoga.

Armando Mendoza

Como en otras ocasiones, nuevamente las sobreganancias mineras han parecido en la agenda pública; y, como en una trama bien ensayada, ya han surgido las voces que se pronuncian en contra de su establecimiento, alegando que no es necesario gravar las sobreganancias, pues ya contamos con el Aporte Minero Voluntario (“Óbolo Minero”), y que, más bien, hay que extender la vigencia de dicho Óbolo.

Lo que olvidan los promotores del Óbolo es que existe una multitud de razones para estar en contra de su continuidad, por motivos de su ineficiencia, poca transparencia e inequidad tributaria. Aquí, algunas de las razones más evidentes para pedir su liquidación:

• Porque en 4 años de vigencia el Óbolo ha recaudado sólo US$ 595 millones de dólares; que equivale apenas al 8% de lo recaudado en igual periodo por el impuesto a la renta del sector minero (US$ 7,287 millones) y el 2.5% de sus utilidades declaradas. Así, el Óbolo se ha ganado bien su nombre; pues es, literalmente una propina, un capillo, una ¨yapita¨; gracias, taita.

• Porque por toda la eficiencia y dinamismo que se prometió al dejar en manos privadas su manejo; en la práctica el Óbolo se mueve con igual pachocha que la satanizada inversión pública, pues a noviembre del 2010 apenas había ejecutado el 58% de sus recursos disponibles. Considerando que es un programa con 4 años de existencia; resulta cuestionable que en todo este tiempo apenas haya utilizado la mitad de sus fondos.

• Porque ni siquiera hay reglas claras sobre quien aporta y quien no; pues, como su nombre lo indica, es “voluntario”; siendo sólo 39 las mineras participantes; pero existiendo una cantidad nada despreciable de empresas que han zafado cuerpo.

• Porque como algún empresario minero ha reclamado, lo que el Perú necesita es un estado fuerte y eficiente, que tenga presencia efectiva en todo nuestro territorio; pero eso no sucederá mientras persistamos en privatizar a rajatabla las funciones y deberes del estado, inventando engendros como el FORSUR o el Óbolo.

• Porque, lógicamente, las mineras orientan las inversiones del Óbolo a sus zonas de operación, a fin de ganar legitimidad social. Es decir, seguimos concentrando recursos en localidades que ya reciben canon, regalías, fondos privados de la minería, etc., cuando la idea de gravar las sobreganancias es destinar lo recaudado a un fin especial, de alcance nacional; por ejemplo, inversión en ciencia y tecnología.

• Porque nos pone al nivel de una republiqueta bananera; un estado fallido incapaz de regular soberanamente la distribución de la renta que sus recursos naturales; no quedándole otra que mendigar un billetito extra. El Perú no puede aceptar esa clase de tratamiento: si queremos ser un país desarrollado, empecemos a exigir el respeto debido.

• Y finalmente, porque ya es hora de establecer un régimen tributario minero como Dios manda, con reglas claras y equitativas para todos, que regule el tratamiento de las sobreganancias, tal como se hace en otros países.

Así que por estas, y otras razones, lo que deberíamos estar discutiendo y acordando en relación al Óbolo, es su liquidación, no su extensión. Así de claro.

Armando Mendoza

Así como hablamos de personajes del año o de la década; también deberíamos hablar de temas del año o de la década: es decir, aquellos que se han convertido en cuestiones fundamentales en el Perú y el mundo. Pues bien, el Cambio Climático es uno de ellos, por sus enormes implicancias económicas, sociales y ambientales.

Se sabe que el incremento de la temperatura de la atmosfera se debe en gran medida a las emisiones de gases de efecto invernadero generados por el uso de combustibles fósiles, principalmente en los países desarrollados. Asimismo, se sabe que dicho incremento de temperatura esta vinculado a fenómenos como sequías y lluvias irregulares, inundaciones, calor extremo, perdida de biodiversidad, etc. ¿Y ello importa para el Perú?; por supuesto, pues somos un país excepcionalmente vulnerable al Cambio Climático.

Así, la severidad y recurrencia del Fenómeno del Niño –que cada cierto tiempo nos destroza el país- se relaciona al incremento de la temperatura, al igual que fenómenos como las inundaciones que asolaron Cusco a inicios del 2010, los episodios de friaje en Puno, y la desaparición de los glaciares andinos, entre otros. Para tener una idea de lo que implica en pérdidas económicas, baste decir que los episodios de Niño del 82-83 y 97-98 le costaron al Perú miles de miles de millones de dólares, o el equivalente a 182 y 146 dólares, respectivamente, por cada peruano.

Estimaciones preliminares indican que de no adoptarse políticas adecuadas de respuesta al Cambio Climático, las perdidas económicas en el Perú crecerían exponencialmente, y podrían ascender a casi una cuarta parte del PBI potencial al año 2050. Igualmente, se estima que el costo de una política nacional de prevención y adaptación demandaría anualmente tanto como el 1% de nuestro PBI, es decir estamos hablando de cientos de millones de dólares para cada año.

Por ello, es de vital importancia para el país que se avance al nivel internacional en relación a la mitigación y adaptación al Cambio Climático, pero el problema es que lo avanzado hasta ahora es penosamente insuficiente. En particular, resulta frustrante que no se haya logrado un acuerdo global vinculante, por la renuencia de las grandes economías a asumir sus responsabilidades ambientales. Así, los resultados de la reciente conferencia mundial en Cancún sobre el Cambio Climático son del tipo vaso medio lleno/vacío, dependiendo de cómo se mire.

Entre lo positivo de Cancún está el que países como Estados Unidos y China, que literalmente venían haciéndose los suecos, han reconocido su compromiso con la reducción de emisiones (aunque dicho compromiso es recontra laxo y ambiguo). Igual de importante es que se acordó la formación del llamado “Fondo Verde”, financiado por los países desarrollados, y que proveerá de recursos para la adaptación al Cambio Climático en los países en vías de desarrollo. Lo malo es que no se ha decidido quien, cuando y como se dará dicho financiamiento; todo ello esta aún pendiente; y mientras tanto el Cambio Climático sigue avanzando.

Mientras no se logre que funcione este “Fondo Verde”, cada país tendrá que bailar con su propio pañuelo. En el caso del Perú ello exigirá considerables desembolsos, seguramente restando recursos a otros temas vitales, como la educación o la lucha contra la pobreza. Más grave aún, es que para financiar la adaptación al Cambio Climático, nuestro país podría verse obligado a recurrir a prestamos, es decir, endeudarnos e hipotecar nuestro futuro para hacer frente a un fenómeno causado por los países desarrollados, ¿Qué les parece?.

En suma, el Cambio Climático importa e importará aún más en el futuro, debiendo figurar en la agenda pública como un tema crucial para nuestro desarrollo, porque; como en la canción; cambia, todo cambia, incluyendo el clima.

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El Mejor

Por Armando Mendoza
Economista

En estos días llega Al Gore al Perú para participar en una conferencia medioambiental. Dada su visibilidad como ex vicepresidente de los EEUU y  ganador del Premio Nobel por su activismo en relación con el calentamiento global y el cambio climático, no estaría de más solicitarle que asuma la promoción de una serie de temas medioambientales que son motivo de preocupación, particularmente en lo referente a las decisiones de políticas que deberemos adoptar frente al impacto del cambio climático.

• ¿Podríamos tener una estimación realista del costo de la adaptación al cambio climático?

El Perú es uno de los países más vulnerables al fenómeno del cambio climático, cuyo impacto negativo se refleja en una multitud de hechos, desde la desaparición de los glaciares andinos hasta el incremento de la severidad y la recurrencia del fenómeno del friaje. Establecer políticas públicas que prevengan y compensen estos impactos negativos, indudablemente, tiene un costo. El problema es que en el Perú las estimaciones hechas hasta el momento son extrapolaciones gruesas sobre cálculos globales provenientes de las Naciones Unidas.

Así, urge la construcción de estimaciones específicas para el Perú, basadas en información compilada directamente y en un análisis sistemático e integral de los sectores que se verán afectados, en especial en el caso del agro ya que desde hace años estamos esperando que se realice un nuevo Censo Agrario.

• ¿Podríamos asumir el tema de la mitigación no como una oportunidad para hacer grandes negocios?

Una de las cuestiones más controversiales en relación con el cambio climático es la llamada “financializacion” de las actividades de mitigación, es decir de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en las que los llamados mecanismos de mercado (principalmente los bonos de carbono) han disfrutado de un nivel de promoción considerable por los gobiernos y las instituciones financieras multilaterales.  

Existen numerosas críticas sobre la legalidad y la efectividad de dichos esquemas, que mercantilizan lo que esencialmente es un problema con graves implicancias para el medioambiente y el bienestar de las personas, y que no puede dejarse en manos del mercado. Sin embargo, cuando uno revisa las declaraciones y documentos oficiales, da la impresión de que para las autoridades la mitigación del cambio climático es simplemente otra gran oportunidad para que algunos grandes empresarios la hagan linda obteniendo subsidios para sus proyectos –incluyendo aquellos– como algunas hidroeléctricas, cuyo impacto sobre el medio ambiente es cuestionable.

• ¿Tendremos una discusión realista (no utópica) sobre los límites del modelo de desarrollo y su sostenibilidad?

De la mano del auge de los precios internacionales de las materias primas, el Perú ha profundizado en los últimos años su carácter de economía primario exportadora, basada en la explotación de los RRNN por las industrias extractivas (minería, hidrocarburos, etc.). Este modelo, qué duda cabe, ha disfrutado de un periodo de auge, y, en la euforia, pocos están pensando en el tema de los reales costos económicos, sociales y ambientales, y de la sostenibilidad de dicho modelo.

Sin embargo, cuando se ven determinados temas como la proyección de la demanda de electricidad, por ejemplo, uno no puede menos que admirarse (y paltearse) por la forma como todo se viene supeditando a las industrias extractivas, sabiendo que la enorme mayoría de la demanda adicional por energía corresponderá a los grandes proyectos mineros (véase gráfico).

Evidentemente, el Perú tiene y debe aprovechar sus recursos naturales, pero ese aprovechamiento debe ser racional y reconocer el problema de la sostenibilidad de estas actividades, considerando que tarde o temprano toda mina se agota, y si en su momento no planificaste y te preparaste para ese momento, simple y llanamente te quedas en el aire.

• ¿Sería posible tener evaluaciones objetivas y honestas del impacto medioambiental de los megaproyectos regionales en los que nos embarcamos?

Cuando se ve lo que viene sucediendo con determinados megaproyectos, tales como la integración vial y energética con el Brasil, da la impresión de que el tema medioambiental apenas se toma en consideración.

Un caso específico es el proyecto de la represa de Inambari, el cual inundará una extensa área en la selva amazónica (volándose de paso parte de la carretera interoceánica) con un impacto sobre la flora y fauna, la población, etc., que va a ser considerable y que le trasladará al Perú los costos medioambientales del Brasil, que es quien se va a abastecer de la energía generada. Está bien ser buenos vecinos, pero no nos pasemos.

Estas son solo algunas de las muchas cuestiones pendientes que existen en relación con la política medioambiental en el Perú, cuestiones que ojalá Mister Gore promueva durante su estadía en Lima, y es que a veces parece que solo así se puede avanzar algo en el diálogo sobre los problemas medioambientales. Así que, bueno, Mister Gore, si acaso llega a leer estas ideas, háganos la taba y promuévalas ante el gobierno peruano. Quizás a usted le hagan más caso que a la ciudadanía.

 

Armando Morales

Uno de los temas que se vienen discutiendo en el escenario internacional es la posibilidad de una crisis global de alimentos, tal como sucedió en el 2007-2008, cuando se dio un alza generalizada de precios internacionales, lo que repercutió severamente en la inflación doméstica en el Perú y muchos otros países. Así, los recientes incrementos en el precio del trigo y otros alimentos básicos en los mercados internacionales nuevamente ponen sobre el tapete el tema de la seguridad alimentaria.

Las causas para estos incrementos son claras: una devastadora sequía en Rusia ha afectado las cosechas de trigo de este país; uno de los principales proveedores mundiales. Más aún, el riesgo de plagas en Australia, otro mayor productor triguero, ha alimentado la incertidumbre y nerviosismo en los mercados de cereales. La respuesta de los gobiernos de algunos países, prohibiendo la exportación temporal de trigo y otros alimentos básicos para proteger su abastecimiento interno, tampoco ha contribuido a restablecer la calma, y, así, los precios internacionales se han elevado considerablemente.

Sin embargo, ello no significa que nos encontremos necesariamente ad portas de una nueva crisis alimentaria. Actualmente, las reservas mundiales de alimentos se encuentran en niveles aceptables, y el componente especulativo que fue clave en las alzas del 2007-2008 hoy es comparativamente menor. Así, el actual incremento de precios probablemente sólo es una disrupción temporal, y los mercados internacionales deberían estabilizarse en las próximas semanas.

No obstante, el alza de precios internacionales, aunque episódica, no deja de ser un oportuno recordatorio de lo que países como el Perú tienen en juego en términos de seguridad alimentaria, particularmente si consideramos que entidades como el Banco Mundial estiman que la escasez global de alimentos persistirá, con alzas y bajas, por lo menos hasta el 2015.

La seguridad alimentaria en el Perú es una cuestión crítica por sus implicancias económicas y sociales. En un país donde la cuarta parte de los niños menores de 5 años padecen de desnutrición crónica y un tercio de la población total padece de algún tipo de déficit calórico, pues no ingieren alimentos suficientes para reponer las calorías que pierden, el acceso a los alimentos debería ser  una cuestión prioritaria para nuestras políticas de estado, lo que exige ir más allá de extender los programas sociales, estableciendo mecanismos que garanticen que los precios de los alimentos se mantengan en niveles asequibles.

Asimismo, nuestra dependencia de alimentos importados, especialmente del trigo, es otro tema a encarar con medidas que diversifiquen la canasta de consumo de las familias, reduciendo dicha dependencia. Lógicamente, no se trata de alcanzar una ilusoria autarquía alimentaria, pero sí de reducir nuestra vulnerabilidad a los vaivenes y especulaciones de los mercados mundiales, que ya nos han golpeado en el pasado. La clara correlación que existe entre el costo de los alimentos y la pobreza es algo que siempre hay que recordar y que debería guiar nuestras políticas social y agraria, porque la seguridad alimentaria no puede dejarse a la buena de Dios.

Otra vez, las sobreganancias sobre el tapete



Por Armando Mendoza
Economista

Como cada cierto tiempo, la controversia sobre las sobreganancias y la tributación de la minería ha vuelto a encenderse, con posiciones en favor y en contra. Interesantemente, la misma ministra de Economía ha alborotado el cotarro al declarar que el gobierno estudia elevar las regalías mineras. ¿Escopeta de dos cañones? El tiempo lo dirá.

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Armando Mendoza
Economista.

La corrupción e ineficiencia que plaga al Estado peruano indudablemente es un mayor problema para los ciudadanos, quienes a diario nos vemos perjudicados y obstaculizados por un sector público que funciona –cuando funciona– de espaldas al país. Sin embargo, la incapacidad estatal para atender debidamente a la población no justifica el mensaje de sectores que propugnan el desmantelamiento del Estado y la privatización de sus deberes y responsabilidades como la receta para el desarrollo.

La realidad es que actualmente existen marcadas disparidades en el acceso a los servicios que el Estado ofrece, dependiendo de la región y localidad. Por ejemplo, no es lo mismo ser cusqueño en la misma ciudad del Cusco, donde mal que bien hay acceso fácil y suficiente a los servicios y programas estatales, que ser cusqueño en provincias como Paucartambo o Paruro, donde la presencia del Estado es comparativamente menor. Al respecto, la revisión del Índice de Desarrollo Humano e Índice de Densidad del Estado, elaborados por el PNUD, indica una elevada correlación entre la presencia del Estado y el nivel de desarrollo económico y social (véase gráfico).

Así, regiones donde la densidad del Estado es mayor (por ejemplo, Lima, Arequipa o Tacna) resultan ser precisamente aquellas donde la población disfruta de mayor esperanza de vida, ingresos más altos, etc., todo lo cual se refleja en un mayor valor para el Índice de Desarrollo Humano. Esta correlación entre Estado y desarrollo también se observa al nivel provincial y distrital; reflejando como en localidades donde los servicios y programas públicos están presentes, la población tiene mayores oportunidades para desarrollar sus potencialidades.

A estas alturas, decir que una presencia fuerte del Estado es un requisito indispensable para el desarrollo suena a disco rayado, pero igual vale la pena repetirlo. ¿Significa ello que hay que disculpar la enorme corrupción e ineficiencia existente en el manejo del Estado? Por supuesto que no, pues no se trata de jugar al mal menor; pero tampoco se trata de curarse la jaqueca cortándose la cabeza. Para la población de las zonas más alejadas y marginadas del Perú, la presencia o ausencia del Estado no es un tema de discusión teórica y exquisiteces ideológicas, sino que significa cosas concretas y puntuales: la comisaría, la posta médica, la escuela, la línea eléctrica; cosas que en aquellas zonas pueden ser la diferencia entre el progreso y el estancamiento.

Ciertamente, el sector privado y el sector estatal deben colaborar en el campo del desarrollo regional y local, pero pretender sustituir a rajatabla al Estado por lo privado refleja una grosera ceguera ideológica y una incapacidad para entender la realidad nacional. Hacer al Estado más eficiente y transparente es –qué duda cabe– una labor ardua, lenta e ingrata, pero que resulta indispensable si queremos convertirnos en un país realmente integrado, donde las enormes disparidades y exclusiones existentes sean cosa del pasado. Eso es lo que algunos –que despotrican desde la comodidad de sus escritorios– no terminan de entender.

Armando Mendoza

Ayer se publicaron los nuevos estimados sobre las reservas de gas de Camisea; que tanta controversia han generado últimamente, y que, seguramente, seguirán generando, pues el tema es extenso y complejo. Así, se ha anunciado que, acorde a la última evaluación, el volumen de reservas se habría elevado a entre 11.2 y 18.6 TCF (Trillones de Pies Cúbicos), con lo que estarían largamente asegurados el abastecimiento interno y la viabilidad de la exportación.

Al respecto, vale la pena hacer algunos comentarios para ver como la controversia sobre Camisea está aún muy lejos de haberse solucionado. En primer lugar, esta la cuestión de cuales son las reservas realmente existentes; y aquí debe distinguirse entre reservas “probadas”, “probables”, y posibles”:

Probadas: aquellas reservas estimadas sobre las cuales hay una real y razonable certeza de que son recuperables (explotables) comercialmente

Probables: hay menos seguridad de que sean recuperables comercialmente (usualmente  un 50% de probabilidad de que se concrete el volumen estimado)

Posibles: hay alto riesgo e incertidumbre (la probabilidad de que lo estimado se concrete puede ser tan baja como 10%)

Es decir, reinterpretando la estimación de reservas en Camisea tenemos que probadas o “seguras” hay supuestamente 11.2 TCF, y lo demás son no probadas; que ojala se concreten, pero que también puede que no se den. No se trata de ser aguafiestas pero igual hay que tener mucho cuidado con los “Don Óptimos”. ¿Recuerdan cómo en los 70 y 80 se creía que en la Selva Norte había un mar de petróleo y que Venezuela sería chancay de a medio al lado del Perú?. Al final, todo fue promesas, pues hasta ahora no la vemos.

Otra observación a hacer es sobre la transparencia de las estimaciones de reservas, pues se han barajado las cifras más contradictorias y caprichosas. Así, llama la atención como en el 2009 Pluspetrol anunciaba con bombos y platillos que las reservas probadas de Camisea eran 14.1 TCF. ¿Extraño, no? ¿Cómo se explica que un año después una consultoría independiente encuentre, que, en el mejor de los casos, las reservas probadas sólo son 11.2 TCF? ¿Se evaporó la diferencia?

Lo anterior refleja como en este tema de las estimaciones de reservas las cifras, y los intereses detrás de ellas, varían ampliamente, y por ello, es urgente, que se establezcan procedimientos regulares y transparentes para estimación y verificación de las reservas, no sólo de Camisea, sino de cualquier otra explotación hidrocarburífera en el país.

Y finalmente, debe mencionarse la cuestión del abastecimiento interno. La exportación del gas se justifica afirmando que el abastecimiento del mercado nacional esta “asegurado para los próximos 20 años”. ¡Qué bacán! ¿Pero, y después? ¿Qué garantías de abastecimiento tendremos, si no se encuentran nuevas y sustanciales reservas?. Cambios al contrato original de Camisea rebajaron la obligación de los inversionistas de asegurar el abastecimiento interno antes de exportar, a sólo 20 años, contados a partir de la firma del contrato, y ahora estamos viendo las consecuencias. Así, como vemos, más allá de las sonrisas y anuncios, en lo que corresponde a Camisea algo aún huele mal, y no es precisamente el gas.

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Por Armando Mendoza
Economista

Las recientes figuras que el INEI ha publicado sobre la evolución del producto bruto interno en el último trimestre del 2009, así como los avances de los niveles de actividad para enero, merecen atención, pues empiezan a marcarse algunas tendencias y a detectarse algunos puntos críticos, para destacar:

• No es la “década perdida”, pero el 2009 si fue el “año perdido”

El último reajuste del INEI a las cifras del PBI del 2009 ha dado una magra cifra de crecimiento en términos reales, de apenas 0.9% anual. Ello, si consideramos el incremento poblacional en ese mismo periodo, nos lleva a niveles cercanos a cero en términos de crecimiento del PBI per cápita.

Hay que recordar que, en términos absolutos, el Perú fue uno de los países donde más abrupta fue la desaceleración económica, pues pasamos de crecer 9.8% en el 2008 al ya mencionado 0.9% en el 2009 –una diferencia de casi 9 puntos–, cortesía del modelito primario-exportador que, como sabemos, apuesta por la demanda externa como motor del crecimiento, lo que en buen romance significa que cuando la economía global se expande nos vamos arriba, pero cuando esta desacelera nos hundimos como piedra.

•Les cuadre o no les cuadre, el Estado debe seguir empujando la economía.

A los neoliberales criollos les ha sabido a chicharrón de sebo que haya sido el detestado Estado peruano el que, como en el resto del mundo, viniera al rescate de la economía. Así, nuestro mayor gasto estatal en el 2009 –monse, lenteja y todo– fue clave para que el PBI no se contraiga, contrarrestando la brutal reducción del volumen de importaciones y de la inversión bruta fija.

Preocupantemente, bastó que algunos indicadores de actividad registren una incipiente recuperación para que los ideólogos de siempre salgan a reclamar la suspensión del estímulo fiscal  para que el sector privado “lidere” la reactivación.   

Esto es absurdo, pues –como los analistas sensatos han indicado– contraer el estímulo fiscal cuando no sabemos con certeza si hemos entrado a una recuperación sostenida y persiste la incertidumbre sobre la economía mundial sería prematuro e irresponsable.  Muchachos del MEF, por piedad, no presten atención a esos loquitos anti-estado, porque se arriesgan a una barrabasada peor que la de Valdiviezo y su “modulación del gasto”.

• Las exportaciones han comenzado a recuperarse pero aún no salimos del hoyo.

Ciertamente el valor total de las exportaciones en enero superó largamente el nivel registrado en el mismo mes del 2009, lo cual es bueno, pero debe tenerse en cuenta que incluso con esta recuperación aún estamos muy por debajo de los niveles del 2008.

Preocupa especialmente que la exportación no tradicional, tras recuperarse en los últimos meses del año pasado, ha vuelto a caer, reflejando la contracción de nuestras exportaciones textiles, pesqueras y metalmecánicas. Si ello responde a causas coyunturales/estacionales, o refleja un estancamiento persistente, es aún pronto para estar 100% seguros.

En suma, los primeros datos económicos del 2010 dan para un moderado optimismo, pero no para extravagancias ni exabruptos ideológicos. Así, este año la consigna debe ser tener prudencia y sentido común en el manejo económico, a ver si llegamos a buen puerto en diciembre.

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Por Armando Mendoza
Economista

Aunque la economía presenta algunos signos de reactivación, existen sectores que siguen en el fondo del barranco y cuya recuperación en este 2010 sera difícil o improbable. Entre esos casos destaca la industria de textiles y confecciones, cuya crisis se explica en parte por la desaceleración económica general, pero también por serios problemas de competencia desleal. 

Un reciente reporte de la Sociedad Nacional de Industrias no deja dudas de la grave crisis sufrida por este sector, pues entre el 2008 y el 2009 la producción de textiles se contrajo un 34.1% mientras que la de prendas de vestir cayó en un 31.6%. 

Obviamente, entre las causas de este bajón está la recesión mundial, que redujo nuestras exportaciones y el consumo interno. Por ello, en la medida de que las economías peruana y mundial se recuperen, así también la demanda doméstica y externa deberían recobrarse. Sin embargo, existe otro factor que contribuye a la crisis textil y que es mucho más peligroso, dado que no es temporal: la masiva entrada de importaciones chinas al mercado peruano.

Según señala un estudio encargado por CEPES y REDGE (http://www.redge.org.pe/system/files/ 

201202+RedGE+TORRES+TLC+China+ResEject.pdf) entre el 2000 y el 2008, el valor total de las importaciones de textiles y confecciones chinas creció en nada menos que el 5,000%. Esta enorme oleada de importaciones viene desplazando a los productores locales, que pierden mercado ante los productos chinos, más baratos.

Claro, se podría alegar que eso es normal, pues si el productor nacional es menos eficiente, es inevitable que pierda mercado. El problema es que este copamiento por las importaciones chinas tiene poco que ver con costos reales y eficiencia, y sí mucho con precios subvaluados y otras prácticas comerciales desleales. Hace tiempo que se sabe que China no juega limpio en el comercio internacional: falsificaciones, subvaluación, etc., son practicas frecuentemente vinculadas a las mercancías chinas alrededor del mundo.

En ese sentido, la implementación del Tratado de Libre Comercio con China implica riesgos adicionales para nuestros productores, pues para acceder a dicho TLC, el Perú debió reconocer a ese país como “Economía de Mercado” (algo así como la cuadratura del círculo), renunciando, de paso, a usar las salvaguardas especiales que la Organización Mundial del Comercio ha establecido para combatir las abusivas prácticas comerciales chinas. Ante esto, urge implementar el Acuerdo de Cooperación Aduanera con China, y reforzar el control y sanción a la falsificación y subvaluación de importaciones. No se trata de ser proteccionista, sino, más bien, de que el Estado peruano tenga la firmeza suficiente para exigir juego limpio.

Ojalá no pase que, deslumbrados por China y sus 1,200 millones de potenciales (ojo, potenciales) consumidores, las autoridades sigan ignorando sus malas prácticas comerciales. ¿Acaso creen que nuestros productos podrán entrar a los mercados chinos, si ni siquiera podemos defendernos en casa? Sería una pena que nuestra industria textil, que durante los 80 y 90 sobrevivió y prosperó entre paquetazos, hiperinflación, apagones y bombazos, ahora sea sacrificada y termine como el chinito del chiste: pula veldula, nomá.

Armando Menoza

Interesante el debate en curso sobre el neoliberalismo “peruano” (“chicha” para los amigos), pues algunas cosas van aclarándose (otras no tanto) en la discusión. Así, los defensores del neoliberalismo buscarían definirlo como “lo que funciona”, en oposición a lo que “no funciona”. Perú, Chile, Brasil, etc., serian economías “neoliberales”; mientras Ecuador, Venezuela, etc., serian “no neoliberales”; por lo cual les estaría yendo hasta el queso.

El problema es que ese esquema choca con la realidad. Como algunos mencionan, el planteo del debate es reduccionista al extremo: verlo todo en blanco o negro, ignorando la cantidad de matices de gris existentes. Así, Gonzalo Aguilar (gonzaloaguilarpucp.blogspot.com) apunta que el “neoliberalismo” debe ser una etiqueta enorme para poder aplicarse a economías tan disimiles.

Se entendería que las economías “neoliberales” apuestan por el libre mercado, la inversión privada y la reducción del estado (que es la bestia negra). Todo bien, pero no se como cuadra en esa visión la existencia de CODELCO en Chile, PEMEX en México, o PETROBRAS en Brasil; todas empresas estatales o mixtas de enorme peso económico, y cuyo rol en el desarrollo de esos países ha sido gravitante. Como que descuadra los esquemas, ¿no?.

Más aun, saliendo del barrio encontramos otros casos que le rompen el discurso al neoliberal más pintado. Por ejemplo, China, que en menos de una generación se ha convertido en una potencia económica. ¿Qué hacemos con China? ¿otro éxito del “neoliberalismo”? ¿acaso una “economía de mercado”?. Bien difícil de creer.

Cualquier análisis serio de China concluiría que su economía es dirigida por el estado, con planificación central, con presencia del mercado y la actividad privada en algunas áreas, pero con un dominio estatal abrumador sobre la banca, las industrias estratégicas, los recursos naturales, el comercio exterior, etc..

Según la lógica neoliberal, China debería estar tan mal como la Venezuela de Chávez, pero no es así, demostrando que los “modelos” de desarrollo que aplican los países son complejos, y van más allá de las meras ideologías. Como Germán Alarco mencionó en la columna de Actualidad Económica del pasado domingo, existiría un “modelo chino” de desarrollo, uno de cuyos puntales es una política comercial agresiva para alimentar su expansión económica.

Al respecto, un estudio por Víctor Torres sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y China; a publicarse en breve por REDGE (www.redge.org.pe); resalta el riesgo de que dicho acuerdo profundice y perpetué la naturaleza primaria-exportadora de nuestra economía, condenándonos al doble rol de proveedor de materias primas baratas y consumidor dependiente de manufacturas.

Imagino que el TLC con China cuadra con la visión neoliberal. Pero un acuerdo comercial para seguir exportando minerales, o para que Saga y Ripley tengan más facilidades para importar, desembarcando a los productores locales, no parece la mejor receta para el desarrollo.

Necesitamos un modelo de desarrollo “peruano”, propio y pragmático, por encima de discursos ideológicos. Eso lo entendieron los chinos hace tiempo, y lo aplican en su política comercial, con decisión, realismo, y harta mala leche, pues como ellos dicen; “lo que importa no es el color del gato, sino que cace ratones”. Mientras, por aquí seguimos con nuestro “neoliberalismo”, apostando al gato capón primario-exportador.

Pregunta repetida: ¿para cuando la reforma tributaria?

Armando Mendoza

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La información recientemente publicada por el Banco Central de Reserva sobre la evolución de la economía durante los primeros meses del año arroja resultados tajantes: la inversión privada se ha desacelerado dramáticamente, y se espera que crezca apenas 2.5% este 2009. Lo cual es lógico, sí se piensa un poco, porque en el actual contexto de desaceleración económica e incertidumbre, el empresariado es renuente a arriesgarse e invertir.

Y es que más allá de visiones románticas que presentan a los empresarios como heroicos y desinteresados benefactores del país, la realidad es más bien prosaica: el real motor y motivación del empresariado es simple y llanamente el lucro, operando e invirtiendo según la racionalidad de maximizar ganancias y minimizar costos y riesgos, lo cual es finalmente su legítimo derecho. Sí la economía se desacelera, el empresariado simplemente se resguarda y allí quedo el patriotismo.

Esto nos deja entonces con el estado como el principal, por no decir el único, agente dispuesto a invertir en este escenario recesivo. Así, hoy resulta evidente la importancia de políticas públicas contraciclicas como el mecanismo más rápido y efectivo, pese a sus limitaciones, para combatir la recesión. En el Perú, lo mismo que en Estados Unidos, China, Europa y el resto del mundo, es el estado el que ha tenido que arremangarse y meterse a empujar la economía, implementando programas de estimulo y expandiendo el gasto. Obviamente, estas políticas expansionistas tienen un costo considerable. Así se estima que el costo de las medidas de estimulo económico establecidas en Perú para el periodo 2008-2010, equivaldrá a 3.2% del PBI. (Véase gráfico)

Ahora bien, sí el estado tiene que gastar más, el problema que surge es como cuadrar las cuestas, pues como resultado del desbalance entre ingresos y egresos, el déficit fiscal para el 2009 y el 2010 alcanzara 1.8% y 1.7% del PBI, respectivamente. El Gobierno ha optado por financiar su déficit con mayor endeudamiento, lo cual es un paliativo de corto plazo que deja un sabor amargo a los que recordamos el elevado costo que tuvimos, y aun tenemos que pagar, por el manejo irresponsable de la deuda pública en los años 80 y 90.

Así, ¿qué ideas podemos extraer de la actual situación? Primeramente, que el estado, hoy más que nunca resulta indispensable e irremplazable -por más que a nuestros neoliberales les duela- como regulador y promotor de la economía. En segundo lugar, que la agilización e incremento de la eficiencia en el gasto público es una tarea pendiente. Pero una tercera cuestión es reconocer la insuficiencia de los ingresos fiscales, pese al auge relativo de los últimos años, y la necesidad de incrementar dichos ingresos, única manera de garantizar la solvencia del estado en el mediano y largo plazo, porque endeudarse para salir del paso es una receta peligrosa que, tarde o temprano, nos va a reventar en la cara.

Con una presión impositiva que actualmente apenas llega al 14% del PBI -muy por debajo de los estándares internacionales- no podemos llegar lejos. La falta de voluntad política para reformar y expandir la tributación, la estamos pagando ahora con un estado desfinanciado. Así, incrementar los ingresos fiscales, sustancial y sostenidamente, tiene que ser la prioridad de la agenda nacional, pues mientras no concretemos una real reforma tributaria, el estado Peruano seguirá siendo una entidad endémicamente débil.